“Buenos días, vengo a ver a Catalino Miranda”, digo a una mujer que atiende en la recepción del Hospital Bautista. “En la quinta planta”, me responde. Ni el nombre de la persona a quien visito ni mi presencia le parecen raras. Subo sin que nadie me pregunte nada más.
En la quinta planta, a mitad del pasillo, veo una puerta abierta que no tiene número y por donde se asoma uno de los reos más insignes de este momento. Es martes 16 de mayo de 2023. Catalino Miranda tiene el pelo engominado, aún está regordete y de buen humor. No tiene la apariencia de quien ha pasado más de un año dentro del inclemente penal de Mariona: no tiene sarna en la piel ni luce esquelético. Aún no le han diagnosticado cáncer.
“Buenos días, ¿no tuvieron problemas, vea?”, me pregunta, a modo de saludo, en su iluminada habitación del Hospital Bautista, a unas cuadras del Centro Histórico de San Salvador. Antes de recibirme, lo visitaron algunos familiares y sus abogados. Tiene en la mesa pan dulce, dos guayabas y un vaso de café helado. “No estoy enfermo”, me dice anticipando mi cara de sorpresa. Afirma que es su segunda salida al hospital privado desde que lo detuvieron.
Durante una hora y media conversaremos sin que nadie nos interrumpa, en una habitación que el reo utiliza como lo haría cualquier ciudadano libre, donde entra quien él quiere, sin policías en la puerta ni agentes penitenciarios. Me contará que su intermediario para salir es un narcotraficante que fue capturado en Nicaragua, que pagó miles de dólares, que fue estafado tras uno de esos pagos, que es obvio que las autoridades carcelarias están involucradas, pues no podría salir de una prisión sin su autorización, que el negocio de las autoridades es “exprimir” a los reos que saben que tienen dinero.
Aunque también se “exprime” aquiénes tienen algo para vender para poderse comprar pequeños privilegios. “Hay un señor ganadero de allá de Oriente que también le dan su visita, pero ese paga ocho. 800 para que llegue la visita a verlos. Hay visitas de $1,000, de $2,500, de $100, de $500”, me dice el transportista para explicar que hay hasta una especie de clasificación socioeconómica de los reos.
En marzo de 2025, El Faro documentó siete casos de familiares de detenidos que han pagado para ingresar a las cárceles, recibir cartas de sus parientes presos o salir a un hospital estando sanos. En los casos documentados por este periódico, la red corrupta enquistada en el sistema penitenciario y formada por abogados particulares y empleados de cárceles ganó $48,620 en apenas un año. En abril de 2022, una señora recibió un mensaje por Whatsapp en el que le explicaban los pasos a seguir para visitar a un familiar detenido en el penal de Mariona y le detallaron precios desde los $150 hasta los $500 dólares. Se vende todo: desde unos minutos para ver al reo en un cuartito dentro de Mariona hasta una visita íntima de una hora, todo un negocio montado sobre la desesperación de familiares de reos capturados durante el régimen de excepción, a quienes no han visto incluso en años.
Cuando converso con Catalino, el modelo de cárceles de Nayib Bukele, gracias a su megacárcel del CECOT, inaugurada en enero de 2023, ya da vuelta al mundo y muchos políticos de otros países ofrecen a sus votantes un sistema penitenciario estricto como el del salvadoreño. Catalino Miranda es una prueba más de que el CECOT es solo la carátula de un sistema penitenciario corrupto, en el que quien tiene dinero para sobornar autoridades consigue privilegios.
Se declara sano, aunque aclara que su anterior salida sí fue para realizarse exámenes generales de salud y le hicieron “una intervención menor”. Este 16 de mayo dice que no tiene ningún diagnóstico ni hoja clínica en su cuarto. El único medicamento que está tomando lo compró en una farmacia y está en una mesa: un frasco de ibuprofeno marca Tylenol, para el dolor de cabeza. En la hora y media que estuvimos en ese cuarto, ningún médico ni enfermera se acercó a monitorear al paciente-huésped.
Me asegura que salió a través de pagos a una compleja red al interior del sistema penitenciario, operada por un misterioso narcotraficante capturado y condenado en Nicaragua, que por razones que no se explican en los documentos oficiales apareció en las cárceles de El Salvador y tuvo el privilegio de recibir un permiso formal para salir de prisión e ir a tratarse una diabetes a Cuba en pleno régimen de excepción. El Faro pudo verificar ese viaje con documentos de la Corte Suprema de Justicia y del juzgado de vigilancia que le dio el permiso.
Para este momento, Catalino Ezequiel Miranda tiene casi 14 meses de ser un reo símbolo de los transportistas de El Salvador, un exaliado incómodo del Gobierno al que la Policía llegó a traer a su casa frente a las cámaras de televisión a eso de las seis de la tarde del 12 de marzo de 2022.
Pero para entender por qué lo detuvieron hay que tener contexto. Al momento de su arresto, Catalino Miranda era uno de los principales voceros del gremio de empresarios de transporte de El Salvador: fundó una sociedad llamada ACOSTES, que tenía 313 permisos de circulación de buses para siete recorridos en 12 municipios del área paracentral, compuesta por San Salvador, La Libertad y Cuscatlán. A través de la Federación de Empresarios del Transporte (Fecoatrans), que él presidía y que reunía a más de 80 empresas de transporte, Catalino Miranda gobernaba más del 30 % de la flota nacional de autobuses, busetas y microbuses.
Antes de la llegada de Bukele al poder en 2019, Catalino Miranda era conocido como un empresario campechano, que siempre andaba armado y rodeado de guardaespaldas que portaban AK-47; y que se negaba a pagar extorsión a las pandillas. En una entrevista de 2016, dijo a El Faro que consideraba que “el fusilamiento” era la forma de alcanzar “la paz social sostenida”, porque un pandillero, “dentro de su religión satánica, jamás se va a componer”.
Horas antes de ser arrestado en marzo de 2022, Miranda estuvo en Casa Presidencial negociando con funcionarios del Gobierno, junto a más de una docena de empresarios de transporte de distintas federaciones o asociaciones, como Fecoatrans, la cual presidía. Lo que se estaba negociando no está tan claro: algunos reportes de prensa hablan de presiones de los transportistas exigiendo al Gobierno el pago de subsidios atrasados, otros hablan de la insistencia del gremio en aumentar las tarifas que se cobran a los usuarios. Lo que sí está claro es el mensaje que mandó la detención de Catalino en ese momento: el transportista que no esté alineado al Gobierno, será embestido.
El poder de Catalino Miranda como transportista, y también su vida, se vino abajo a partir de una serie de hechos que comenzaron el 10 de marzo de 2022, cuando Bukele anunció un paquete de medidas económicas para aliviar los bolsillos de las familias salvadoreñas y combatir la inflación.
Ese día, el presidente prometió reducir unos 25 centavos de dólar por galón al precio del combustible, un subsidio de ocho dólares al gas propano, la eliminación de aranceles en algunos productos de la canasta básica y el despliegue de inspectores estatales que garantizarían el cumplimiento de estas medidas. Entre las tareas de esos inspectores se incluyó que se respetara la tarifa del transporte público, de 20 o 25 centavos de dólar para la mayoría de recorridos urbanos, y de hasta tres dólares por recorridos interdepartamentales.
Al día siguiente, el 11 de marzo, a las cinco de la mañana, Bukele hizo su primera advertencia a los transportistas desde su cuenta de X: “El sector del transporte público de pasajeros DEBERÁ RESPETAR las tarifas establecidas y acordadas con ellos mismos. No respetarlas es un delito y será penado como tal”, escribió. A las cuatro de la tarde de ese mismo día, publicó otro mensaje: “El Gobierno está en toda la disposición de sentarse a trabajar con los transportistas para buscar las soluciones a los problemas del sector. Pero EL PUNTO DE PARTIDA debe de ser el COBRO EXACTO de la tarifa establecida, NI UN CENTAVO MÁS”. Y cerró con una frase que se hizo viral al ser usada por sus seguidores, entre ellos algunos funcionarios públicos: “no jueguen con fuego”. Ese mismo 11 de marzo por la noche, Catalino Miranda apareció en la televisión y en fotos difundidas por la Presidencia agradeciendo la apertura del presidente. “Estamos reunidos para encontrar una salida a esta problemática”, comentó como respuesta a un post de la cuenta de X de la Secretaría de Prensa de la Presidencia.
Los transportistas privados que controlan los buses y microbuses de El Salvador siempre han tenido un estira y encoge con los diferentes Gobiernos, quejándose de las extorsiones pandilleras, del estado de las calles, de cualquier iniciativa de transporte estatal, todo lo que les permitiera pedir más dinero en subsidios estatales o reducción de impuestos
Lo que quedó claro al siguiente día es que esta vez no hubo acuerdos. El sábado 12 de marzo, a las 6:40 pm, la Policía publicó la foto de Catalino Miranda —el empresario que 24 horas antes estaba elogiando a Bukele por su apertura al diálogo— detenido en una patrulla policial por “incrementar el pasaje de forma ilegal y por obstaculizar la vía pública con sus unidades”. El operativo de captura estuvo dirigido por uno de los jefes policiales más importantes de todos los Gobiernos: de Arena, el FMLN y también de Bukele: Douglas Omar García Funes, conocido como Carabinero. Comisionado policial de Fuerzas Especiales de la Policía y principal impulsor de las manos duras contras las pandillas( fallecido el 8 de septiembre de 2024, cuando el helicóptero en el que viajaba junto con el director general de la Policía se estrelló).
Por la noche, Bukele publicó una foto del arresto de Miranda en su cuenta de X y fue explícito en su mensaje hacia el resto de transportistas: “Les dijimos a los transportistas: no jueguen con fuego. Pero no escucharon. Ahora ya es tarde para Catalino Miranda, pero los demás aún pueden no correr con la misma suerte. Solo tienen que respetar la ley cobrando el pasaje acordado y legal, solo eso”. Uno más de la lista de mensajes públicos de Bukele donde el subtexto marca su control absoluto sobre instituciones como la Fiscalía.
Unos minutos después, el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, dio una conferencia de prensa en la que también mandaba un complemento del mensaje gubernamental hacia el resto de transportistas: “Se ha decidido suspender la concesión (permiso de línea que otorga el Gobierno para transportar pasajeros) de las 293 unidades (de la personería jurídica que tenía Catalino Miranda )”. Al siguiente día, los salvadoreños empezaron a viajar en autobuses y busetas conducidas por soldados con uniforme verdeolivo y el fusil al lado. Fue una especie de confiscación exprés por la que nadie protestó.
Un año después de su captura, este martes 16 de mayo de 2023, mientras visito a Catalino Miranda en su hospital-hotel, casi enfrente de la puerta principal, sus unidades de transporte siguen circulando operadas por choferes del Gobierno que han sustituido a los soldados.
En el parqueo del hospital, por el que se pasa para llegar a recepción, hay dos picops con placas oficiales y otras dos camionetas que no tienen placas ni identificación, pero que están rodeadas por al menos ocho custodios con uniformes de la Dirección General de Centros Penales. Los custodios llevan gorros navarone y están distraídos, matando el tiempo. Quizá por negligencia —o quizás por instrucción—, pero no nos pidieron identificarnos ni a mí ni a mi colega.
Aunque el documento oficial en el que se le ordena al comandante de guardia dejar salir al reo Catalino Miranda recomienda “al personal de seguridad tomar las medidas necesarias para evitar incidentes”, nada me habría impedido llegar hasta él con un arma o con ilícitos: no fui revisado por nadie y nadie me preguntó nada. Catalino Miranda no tiene la vestimenta ni la custodia que suelen tener los reos que visitan hospitales.
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Miranda cuenta que los policías le mintieron al detenerlo: “Me secuestraron con mentiras. Porque (el comisionado) García Funes recuerdo que me dijo: ‘mire, que en Tránsito quieren una reunión con usted’. ‘¿Y a qué hora?’, pregunté. ‘A las 8:30 de la noche’, me dijo. ‘Ya me voy a ir’, les dije. ‘Mire -le dije yo-, si me va a detener, recuerde que si va a detenerme allá, sea muy consciente de enfrentar algo a lo que usted se está prestando’, eso sí se lo dije. Me subí al patrulla, yo iba con el celular y el policía me dijo: ‘usted no va detenido’”. Le mintió.
Horas después, el presidente Bukele publicó que lo acusaban de desórdenes públicos, por parquear uno de sus autobuses sobre una acera y por resistencia al arresto, aunque en las imágenes de su captura no consta ningún gesto que pueda ser entendido como resistencia: entró pacíficamente a la patrulla policial, sin ser esposado y hablando por teléfono.
“Si me matan, podés publicar todo”
Desde su detención hasta su salida al Hospital Bautista, pasaron casi 14 meses. Nunca di seguimiento al caso, pero el 14 de mayo recibí una llamada. Catalino Miranda me contactó a través de intermediario, quien me aseguró que el transportista quería decir su verdad “con documentos en mano”. Tanto Catalino Miranda como su asesor me pidieron discreción: “no nos vayás a quemar, ya sabés que estos (en referencia al Gobierno) son unos hijos de puta vengativos”, me dijo el transportista. El intermediario también me pidió no mencionar ningún detalle que pueda identificarlo, por temor a represalias.
A esas alturas, el Gobierno había agregado una nueva acusación en su contra: lavado de dinero, alegando ilegalidades en un préstamo de 2 millones de dólares que le otorgó una cooperativa de ahorro y crédito a una de sus empresas familiares.
Al ser una entrevista poco tradicional, pedí a Catalino Miranda que me recibiera con un testigo y estuvo de acuerdo. En su cuarto del hospital, incluso me permitió tomarle una foto y me dio copia de su carta de salida de la cárcel al hospital. También me dio copia del expediente de su caso de lavado de dinero. La entrevista comenzó a las 11 am, pero antes de empezar la grabación acordamos los términos:
“Si me matan, podés publicar todo, con mi nombre y todo”, me dice. No dice “si me muero”, dice “si me matan”, y hace referencia a “un sistema” para presionar y torturar psicológicamente a los reos. Murió el 29 de septiembre de 2025 de un cáncer de riñón en fase terminal que hizo metástasis. Tras distintas presiones públicas de su familia de que lo dejaran morir fuera de la cárcel, pudo salir a un hospital público.
Catalino Miranda asegura haber pagado pequeñas fortunas en sobornos: Por ejemplo, dice que esta salida que nos ha permitido conversar le costó 35,000 dólares. “Este papel sin firma vale 35,000 dólares”, se queja y me muestra un documento con membrete de la Dirección General de Centros Penales en el que aparece su foto, su nombre y su número dentro del Sistema de Información Penitenciaria (SIPE). “Sr comandante de guardia, centro penitenciario La Esperanza, presente”, se lee en el encabezado de la hoja de salida que él despectivamente llama “papel sin firma”. Esta denuncia no es aislada.
Catalino Miranda alega que la prueba de sus acusaciones es él mismo, aparentemente sano, formalmente recluido en la cárcel de Mariona, pero recibiendo a un periodista sin ninguna supervisión en un hospital privado por donde han desfilado reos de todo tipo: líderes pandilleros que han pasado largas temporadas sin ninguna dolencia registrada, militares condenados por crímenes de guerra y él, un influyente transportista caído en desgracia.
Según el papel con membrete de Centros Penales, este reo salió de la prisión de Mariona a las 3:36 pm del 6 de mayo. Es decir que, cuando lo visito, ya tiene diez días hospedado en este cuarto que cumple más bien las funciones de un hotel. El cuarto de aproximadamente 20 metros cuadrados tiene una cama, un sofá cama para las vistas, una mesa de apoyo para comer y una mesita de noche, un televisor y aire acondicionado. Es iluminada por una ventana que da a la construcción de un centro comercial y desde la que se puede escuchar el tráfico de la transitada Primera Calle Poniente de San Salvador.
El Faro escribió una petición de respuesta a la Dirección General de Centros Penales, pidiendo una entrevista con el delegado que pueda explicar a este medio los criterios que justifiquen la salidas de reos sanos al Hospital Bautista. Hasta el momento de publicar esta nota no hubo respuesta, como ocurre desde hace años cuando se pide versión oficial a instancias públicas.
El narco preso que viajó a tratamiento a Cuba
El 1 de marzo de 2023, casi tres meses antes de mi visita al Hospital Bautista, y ya con un año de vigencia del régimen de excepción, un reo de Mariona recibió un beneficio carcelario anómalo en el sistema: estando preso, una jueza del Juzgado Cuarto de Vigilancia de San Salvador autorizó la salida del país de Cristobal Ramírez López, quien pedía permiso para recibir un tratamiento en el Centro Cubano de Atención al Diabético, en La Habana, Cuba.
Durante el régimen de excepción no se han permitido visitas a los familiares de los reos ni a sus abogados, tampoco a la Cruz Roja o a los organismos nacionales ni internacionales de defensa de Derechos Humanos, y cientos de reos han muerto por falta de tratamiento médico o medicinas. Según un informe de Cristosal sobre el primer año de vigencia del régimen de excepción, 139 personas murieron bajo custodia estatal, entre el 27 de marzo de 2022 y el 27 de marzo de 2023, mes en el que el narcotraficante recibió el permiso para viajar a Cuba.
Dice el documento judicial: “Se autorizó la salida del territorio a Cristóbal Ramírez López, con fines de salud, hacia La Habana, Cuba, previo a cumplir con los requisitos de: 1) la presentación actualizada de constancia expedida por el médico tratante en la que se lea correctamente su nombre o identificación; 2) cancelación de una fianza económica por la cantidad de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América ($5,000.00); y 3) itinerario y boleto aéreo a efecto de diligenciar lo pertinente con la dirección general de migración y extranjería”.
Según el formulario de registro de restricciones migratorias de Cristóbal Ramírez López, anexo a su expediente, la jueza de vigilancia Sandra Aguilar le autorizó un itinerario del 3 al 14 de marzo con distintas escalas: "Hacia la Habana, Cuba, con escala en Bogotá, Medellín y San José, Costa Rica."
La legislación penitenciaria salvadoreña (Ley Penitenciaria y su Reglamento) no contempla explícitamente permisos para que los reos cumplan tratamiento médico en el exterior. Se enfoca en la atención dentro del sistema de salud pública nacional y el derecho a salud digna, con permisos de salida solo para casos médicos graves o de emergencia dentro del país. Según el artículo 92 de la Ley Penitenciaria, se permiten salidas por emergencia, pero dentro del sistema de salud público o privado de El Salvador.
El Faro consultó con dos abogados penalistas y ninguno dijo conocer este tipo de permisos, con el agravante de que se trata de un reo con condena de narcotráfico. El Faro también escribió al juzgado de vigilancia que dio permiso al Ramírez López para que ahondara en las razones que justifican ese viaje y ese itinerario por cuatro ciudades. La jueza, Sandra Aguilar, explicó vía correo electrónico que Ramírez López “está con libertad condicional, es decir no es reo”. El Faro no pudo encontrar ningún documento que comprobara que, a fecha de su viaje en 2023, el narcotraficante estuviera en libertad condicional.
Según dijo la jueza, no podía aceptar una entrevista vía virtual para dar más detalles sobre la situación de Ramírez López, pero aclaró que este está cumpliendo su pena en el país porque tramitó ese traslado: “El Salvador es suscriptor de la convención sobre el cumplimiento de penas en el Extranjero, y resultando que el sentenciado es de origen salvadoreño, siguió el trámite respectivo que se hace entre Estados (El Salvador/ Nicaragua) y por lo tanto se somete al cumplimiento de la pena de acuerdo a la legislación salvadoreña (ley penitenciaria y código penal)”.
Según Catalino Miranda cuenta en la entrevista en el hospital, uno de sus contactos para salir sin estar enfermo fue este mismo reo. Asegura que, al momento de nuestra entrevista, había ya pagado sobornos por un total de 155,000 dólares, que eran entregados a ese reo al que las autoridades permitieron viajar a Cuba o a su pareja, una abogada llamada Ana Margarita Flores Quiñónez: el primer pago fue por 120,000, para conseguir que un juez le permitiera seguir su proceso judicial en libertad, con medidas sustitutivas a la cárcel. Al parecer, este soborno no surtió efecto, porque en el 1 de junio de 2022, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador rechazó otorgar medidas sustitutivas a la detención, de carácter humanitario, solicitadas por los defensores del empresario de transporte, quien alegaba que requería suturas en una herida y un tratamiento por problemas de metabolismo.
El segundo soborno, asegura Catalino Miranda, fue por 35,000, para salir a este hospital. Según su relato, los sobornos fueron entregados a ese reo al que las autoridades permitieron salir a recibir tratamiento médico a Cuba y a su pareja, una abogada llamada Ana Margarita Flores Quiñónez.
Según los registros judiciales obtenidos por El Faro, Ramírez López es un salvadoreño de 52 años que fue detenido y condenado por el sistema judicial de Nicaragua a 30 años de cárcel hace 13 años. Ramírez López cumplió parte de su condena en Nicaragua y fue trasladado posteriormente a El Salvador, bajo circunstancias poco claras, para concluir el resto de su condena. Al momento de su captura, la comisionada de la Policía de Nicaragua señalaba al salvadoreño como el jefe de logística de una banda de narcos.
Según reportes de La Prensa Gráfica, fue vinculado por primera vez con el mundo criminal entre 2003 y 2004, cuando fue procesado por homicidio en uno de los múltiples robos atribuidos a la banda de asaltantes de furgones liderada por Margarita Parada Grimaldi, quien fue condenada por robo agravado y posteriormente asesinada al interior del Centro Penal de Mujeres en 2005. De este caso fue exonerado por un tribunal de instrucción en 2004, cuando recuperó su libertad.
Años después, el 5 de mayo de 2011, Cristóbal Ramírez López fue capturado en Nicaragua acusado de pertenecer a una banda de narcotraficantes liderada por Gabriel Maldonado Siller, un expolicía mexicano que fundó el Cártel de Los Charros, que entre sus miembros tenía a Henry Fariñas, el asesino del cantautor argentino Facundo Cabral. Al momento de su captura, la jefe de la Policía de Nicaragua, Aminta Granera, lo señaló de ser el jefe logístico de Los Charros. Fue condenado a 30 años de cárcel por los delitos de crimen organizado, tráfico internacional de drogas y lavado de dinero.
Ni Catalino Miranda ni los abundantes archivos judiciales de El Salvador sobre Ramírez López dan cuenta de cómo ese reo salvadoreño que cumplía condena en Nicaragua terminó en una de las cárceles de El Salvador. Según el registro de la oficina de delitos financieros de la Policía salvadoreña, el narcotraficante es dueño de una empresa de furgones con sede en una residencial de Santa Tecla. Según los datos de su documento único de identidad, Cristobal Ramírez López es transportista con domicilio en la colonia Escalón.
El Faro escribió un correo electrónico a la abogada Ana María Parada, representante de Ramírez López en los trámites para conseguir permiso de viaje, con el fin de consultarle si hay formas lícitas de hacer llegar preguntas a Ramírez López o gestionar una entrevista con su pareja, a la que también hace mención directa Catalino Miranda. Hasta el momento de publicar este reportaje, este medio no había obtenido respuesta.
El relato de Catalino Miranda no es el único en el que un narcotraficante aparece con contactos suficientes para influir en el sistema penitenciario salvadoreño: en junio de 2021, la Policía capturó a un pescador con 330 kilos de cocaína, cuyo valor estimado fue de 4 millones de dólares. El pescador fue procesado y enviado a la prisión de Mariona. Esta persona consiguió comprar permisos de salida para pasar temporadas en el Hospital Bautista y también consiguió que sus familiares lo visitaran en la cárcel.
Gracias a intervenciones telefónicas, las autoridades descubrieron que los familiares del acusado ingresaban a la cárcel mediante las gestiones de Wilfredo Hernández Molina, asistente del director general del sistema penitenciario y viceministro de Seguridad y Justicia de Nayib Bukele, Osiris Luna. Hernández Molina fue capturado y procesado por su relación con el pescador que transportaba la cocaína. Los documentos del caso hacen reiteradas referencias a la posibilidad de comprar otros privilegios en la cárcel de Mariona, como el derecho a elegir celda y a recibir comida especial. Mientras estaba detenido, según datos del Seguro Social, seguía activo como empleado de Centros Penales con un salario de 2,500 dólares. El abogado de la mano derecha de Osiris Luna lo confirmó en el expediente, al decir que su defendido seguía siendo empleado público.
Las escuchas telefónicas hechas por la Fiscalía General de la República (FGR) revelan que los procesados por narcotráfico tenían un contacto en Centros Penales al que llamaban “el maitro”. No podemos concluir que “el maitro” y Cristobal Ramírez López son la misma persona, ya que Catalino Miranda no ahonda en las conexiones concretas con las autoridades, pero toda salida de cárceles debe ser aprobada por alguna jefatura de Centros Penales.
Un documento del Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria, consigna, tal como lo afirma Catalino Miranda, que la pareja de Ramírez López es Margarita Quiñónez. Según el transportista, fue a ella a quien entregó los sobornos.
“Ahí le entregaron el dinero, ve”, dice Catalino y señala al fondo del pasillo del mismo hospital. Ahí (señala con la boca y la mano el pasillo) iban a traer a quien me iba a representar para sacarme con medidas (sustitutivas al encarcelamiento), pero hasta hoy estamos así, fue una estafa pues”, dice, quejándose de que el primer soborno que asegura haber pagado no produjo los beneficios que esperaba. “Eso fue el 27 y 29 de septiembre (de 2022)”, precisa. Según Catalino Miranda, vendió tres de sus busetas Coaster modelo 2018 para pagar ese soborno que no surtió efectos, como sí lo hizo el otro, el que le permitió salir al hospital donde conversamos.
El Faro encontró los antecedentes de Ana Margarita Flores Quiñónez, a quien en 2010 se le ratificó una condena a cinco años de prisión por el delito de estafa agravada, en un caso en que se le relaciona con una agrupación delincuencial conocida como "la banda Cara de Caballo”.
El Faro verificó con documentos de la Policía Nacional Civil y la Corte Suprema de Justicia (filtrados a DDoSecret) que confirman que Cristobal Ramírez sí estuvo preso en el momento que describe Catalino Miranda y que sí cumplió una parte de su pena desde el hospital privado donde Centros Penales daba permiso de salidas sin necesidad de urgencia médica.
“En el penal te seleccionan, te oprimen. Te quitan la visita tres meses, cuatro meses… Para darte una salida por $35,000 pesos para ver a tu familia, pero no es para cualquier preso. Ellos seleccionan a sus víctimas. En este caso están involucrados el director del penal (de Mariona), el señor Salguero y la mamá de Osiris, el director de Centros Penales”, asegura.
Catalino Miranda no explica cómo un narcotraficante capturado en Nicaragua y su pareja se relacionan con el director de Centros Penales, Osiris Luna, o con el entonces director del Centro Penal de Mariona, Ricardo Salguero, destituido sin mayor explicación en agosto de 2023, meses después de la entrevista con el transportista. Señala al director general de Centros Penales y a su madre, Yanira Meza, como los cerebros de un "sistema de estafadores peor que la pandilla", donde seleccionan a los presos para ofrecerles una "salida" a cambio de fuertes sumas de dinero. Es en esta circunstancia, fuera de la cárcel, y gracias a este soborno que dice haber pagado, cuando da su testimonio a El Faro.
Osiris Luna Meza y su madre tienen antecedentes de hacer negocios con bandas criminales, al punto de que la Fiscalía los investigó por vender en 2020 en el mercado negro 42,909 sacos de alimentos que eran para los afectados de la pandemia.
En medio de la trama de sobornos que denuncia Catalino Miranda queda este hospital, donde han sido trasladados algunos de los líderes más poderosos de las pandillas, narcotraficantes, como Cristóbal Ramírez López y el pescador al que le confiscaron 330 kilos de cocaína, y el propio Catalino Miranda: el Hospital Bautista.
El Faro pidió envió un escrito al sitio oficial del Hospital Bautista para pedir una entrevista con algún representante: ¿Quién paga los servicios de alojamiento de los reos que llegan sanos al Hospital? ¿El Hospital renta sus cuartos como alojamiento particular, sin necesidad de prestar servicios médicos? A la fecha, no ha habido respuesta.
El hospital-hotel de narcos y pandilleros
En octubre de 2020, la Dirección General de Centros Penales ordenó que uno de los cabecillas de la Mara Salvatrucha-13, Danilo Colocho, alias Chino Milo, que hasta ese momento guardaba prisión en la cárcel de máxima seguridad de Izalco Fase III, fuera trasladado “de emergencia” a otro hospital a más de cien kilómetros de distancia, a pesar de que el médico encargado de esa cárcel escribió en un documento oficial que el pandillero gozaba de un perfecto estado de salud. Fue uno de los primeros casos documentados que prueban que reos con condena tenían el privilegio de salir de prisión a tratamiento a centros hospitalarios estando sanos. Se suma el expediente judicial del pescador capturado con 330 kilos de cocaína, en el que se consigna que gracias a la intervención de llamadas telefónicas, los fiscales descubrieron que uno de los perfilados como miembro del cártel pagó para ser trasladado al Hospital Bautista, sin tener ninguna enfermedad, en una estancia que ese mismo reo describió como “un motel de lujo”. Los documentos detallan que los sobornos de los supuestos narcotraficantes permitieron a otro detenido en Mariona asistir al funeral de su madre y ser tratado “como dios” al interior del recinto penitenciario.
Años más tarde, por los cuartos del Hospital Bautista desfilaron reos de todo tipo. A finales de marzo de 2022, estuvo en este hospital Borromeo Enrique Henríquez, alias "Diablito de Hollywood", el más influyente líder de la Mara Salvatrucha-13. Borromeo fue trasladado el 25 de marzo de 2022 desde el Centro Penal de Zacatecoluca al Hospital Bautista en San Salvador, en un vehículo estatal placa N-7877, alrededor de las 2:30 p.m. No se reporta regreso inmediato ni motivo médico específico; el traslado ocurrió durante el fin de semana en que la organización que dirige el Diablito de Hollywood masacró a 87 salvadoreños, al considerar que el Gobierno había incumplido los acuerdos adquiridos desde el inicio de la gestión de Bukele.
También estuvo en los cuartos de este Hospital Carlos Tiberio Ramírez Valladares, alias "Snyder", "Tibi de Pasadena" o "Snayper", otro líder nacional de la MS-13. Carlos Tiberio fue trasladado junto a otros dos líderes el 25 de marzo de 2022, a las 12:20 a.m., desde Zacatecoluca al Hospital Bautista, por "consulta de emergencia". Aunque sí hay registró de que regresó al penal a las 3:00 a.m del 26 de marzo, no existen datos o evidencia de que haya sido tratado por una enfermedad real. En esas mismas fechas también estuvo alojado aquí Saúl Ángel Turcios, alias "El Trece”, otro cabecilla emeese que en ese entonces ya era requerido por Estados Unidos para extradición. Al igual que Borromeo y Carlos Tiberio, El Trece salió sin justificación médica documentada.
El Hospital Bautista es privado y está a diez cuadras del turístico Centro Histórico capitalino, en un viejo edificio de siete pisos, en una zona rodeada de hospitales públicos y clínicas privadas. Es el espacio en el que un grupo reducido de reos tiene el privilegio de recibir sus visitas familiares o a sus abogados. No hay una autoridad oficial pendiente de vigilar la entrada o salida.
Catalino Miranda tiene un vecino de cuarto. Este 16 de mayo de 2023, afuera de la habitación 515, hay dos policías sentados frente a una mesita para comer. Según Catalino Miranda y la misma sentencia del Juzgado de Dulce Nombre de María, el general y exministro de Defensa, José Guillermo García, cumple su condena desde ese hospital por el asesinato de cuatro periodistas holandeses durante la guerra civil.