En Quetzaltenango hay vida después de la deportación
Carlos Barrera
Cuando en 2008 Vicente Sacor regresó deportado de la ciudad de Los Ángeles, California, se enfrentó a una realidad para la que no estaba listo. Los trece años que vivió en Estados Unidos habían cambiado su perspectiva de la vida. Con un salario decente hecho por las largas jornadas de trabajo en una compañía de construcción había vivido de forma decente y ayudado a su esposa y tres hijos. Los años separados de su familia y del país hicieron lo suyo: sus hijos ya eran adultos y en Quetzaltenango lo marginaron, no le daban trabajo porque sobre él pesaba el estigma de que deportado es equivalente a delincuente. La falta de empleo, la razón por la que migró al inicio, se agudizó a su vuelta. Su esposa, Maribel Hernández, mientras él seguía en Estados Unidos, se hacía cargo del cuido de los niños. En algún momento, Maribel pensó en hacer el viaje indocumentado, tentada por las decenas de vecinos que migraban y a petición de su marido, pero la detuvieron los testimonios sobre decenas de personas que desaparecían, eran capturadas por Migración, regresaban deportadas después de años, quedaban endeudadas o con una familia desintegrada.
En 2012, cuatro años después de la deportación de Vicente, ante las consecuencias de la deportación y la falta de ayuda estatal, él y Maribel decidieron organizarse en su barrio para dar apoyo a los deportados, retornados y a sus familiares, así como para prevenir que los jóvenes tomaran la decisión de migrar. Así surgió la Asociación de Migrantes y Deportados Garibaldi, AMIDEGA. Garibaldi es el nombre del barrio de Quetzaltenango, donde al lado de pequeñas casas también se construyen otras de mayor presupuesto, lo que muchos conocen como la arquitectura de las remesas, y eso, según Maribel, es lo que incentiva a las personas a imaginar una vida igual y endeudarse con un préstamo para pagar un coyote y migrar a Estados Unidos y erigir una de aquellas casas de dos o tres plantas.
De los 55,276 deportados que Guatemala recibió en 2025, 48,500 fueron deportados desde Estados Unidos y 6,776 mientras atravesaban México. Quetzaltenango, con 3,818 deportados, es uno de los cuatro departamentos que más personas recibió en 2025, ya bajo la nueva administración de Donald Trump, que ha prometido deportar más que ningún otro presidente estadounidense. Pero Garibaldi, donde muchos regresaron a la fuerza hace casi dos décadas, como Vicente, nos recuerda que las deportaciones masivas han sido una constante aún bajo administraciones demócratas: solo en el último año de su presidencia, el demócrata Joe Biden deportó a 61,680 migrantes hacia Guatemala, 13,118 más de los que Trump deportó en 2025, el primer año de su segundo mandato. Al menos según información oficial, en las deportaciones a diferentes países del mundo la diferencia es abismal entre Biden y Trump: en el año fiscal 2024, que va de octubre del 2023 a 30 de septiembre del 2024, Biden deportó a 271,484 personas, mientras que, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, más de 605,000 personas fueron capturadas y deportadas hasta diciembre del 2025, el primer año del segundo mandato de Trump. En Quetzaltenango, la tradición migrante es histórica, así como sus deportaciones y retornos, las familias donde las mujeres se encargan de todo son la norma. Basta con caminar por las calles y platicar con alguien para que te diga que fue deportado, como Melvin Valle, de 45 años, quien fue deportado hace seis meses y ahora da vía con un rótulo de Alto en el centro de Xela. En el garaje de su casa en el barrio Garibaldi, Maribel Paz hace lo posible mediante talleres de cocina para que las personas tengan una razón para quedarse en Guatemala, para que a su retorno de Estados Unidos la integración a la sociedad se haga menos dura. Sus aprendices son personas que regresaron hace años y que ahora colaboran con la asociación, pero también quienes regresaron hace pocos meses debido al terror que impone ICE en las ciudades estadounidenses. “Aquí la gente regresa con ansiedad, pánico y le cuesta reintegrarse. Nosotros hacemos comunidad para que la vida del retornado se facilite”, dice Maribel.
En las colinas que rodean el centro de Quetzaltenango, la segunda ciudad más grande de Guatemala, se encuentra el barrio Garibaldi. Allí la arquitectura de pequeñas casas familiares se fue modificando durante las décadas de migración. Ahora es común ver la construcción de casas de hasta tres niveles. Aunque la realidad no es la misma para todos los migrantes, según la directora de AMIDEGA, Maribel Paz, esas construcciones se convierten en una ilusión, en algo aspiracional para la gente de la zona. “Aquí la gente hace préstamos de miles de quetzales, no para construir, sino para pagar a un coyote, hacer el viaje a Estados Unidos, sacar adelante a su familia y construir una casa. Una de las mayores frustraciones de las personas aquí es no lograr lo que logró su vecino”, dijo.
A principios del 2025, Francisco Hernández hizo un préstamo de 175,000 quetzales (22,837 dólares), para hacer el pago al coyote que lo llevaría a Estados Unidos. Su tía, Maribel Paz, le aconsejó no hacer el viaje, pero él decidió salir en marzo. Semanas después de emprender su viaje, y debido a una confusión entre los grupos criminales que operan en Reynosa, fue secuestrado y pasó tres días siendo apuntado con fusiles mientras lo amenazaban con asesinarlo. Una llamada de otro coyote le salvó la vida. En la llamada dieron aviso de que ya había pagado por su paso por la zona. Después de eso fue llevado lejos para rodear las ciudades del otro lado de la frontera. Camino por días perdido en el camino, sus pies se ampollaron. “Yo ya no aguantaba, ya habíamos cruzado a Estados Unidos, pero yo no podía más. De la nada aparición la migra y nunca me había sentido tan feliz de verlos”, dijo. Gracias a los talleres en AMIDEGA, su esposa logró conseguir un empleo. Ahora él invierte todo su salario para pagar la deuda y sobreviven con el salario de su esposa.
En el garaje de la casa de Maribel Paz se reúne periódicamente un grupo de personas, en su mayoría mujeres que han retornado, fueron deportadas o tienen algún familiar en Estados Unidos, pero la ayuda económica no es suficiente. Allí otras personas retornadas imparten talleres de cocina, intercambian ideas para hacer emprendimientos. Los recursos son comunitarios, cada quien aporta para los ingredientes y las que imparten los talleres lo hacen sin recibir un pago. Cada diciembre, según comenta Maribel, reparten regalos en comunidades rurales de alto índice de deportaciones. Desde hace más de diez años se han capacitado personas que ahora tienen un negocio.
Maribel Paz Pac de 65 años, es la directora de AMIDEGA, estudió derecho, egresó de la carrera, pero no pudo graduarse, trabajaba y cuidaba a sus hijos porque su esposo, Vicente Sacor, emigró a Estados Unidos. Desde la fundación de la asociación, se encarga de organizar todo y no recibe un salario. La carga se volvió mayor, ya que Vicente tuvo que meterse de lleno en su compañía de construcción que logró retomar años después de su deportación. Todos los días, después de salir de su trabajo en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor del Ministerio de Economía, Maribel gestiona talleres o donaciones para la asociación, busca espacios para que los familiares atravesados por las deportaciones puedan vender y tener una fuente de ingresos. “El Gobierno no nos da nada, solo nos promete. Por ejemplo, hay muchas y muchos deportados que han pasado por la asociación que les dijeron que les iban a llamar del Ministerio de Trabajo y nunca pasó”, comentó después de una llamada a la municipalidad de Quetzaltenango para organizar una feria de emprendimientos.
Los departamentos del occidente de Guatemala tienen los números más altos de personas deportadas durante el 2025. De los 55,276 deportados, 34,078 eran originarios de occidente. Allí la presencia estatal, para evitar la migración o capacitar a personas retornadas, se reduce a la única escuela taller a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para todo occidente. En la imagen, dos jóvenes residentes de Quetzaltenango realizan prácticas en el taller de diagramado eléctrico para casas.
En 1993, Vicente Sacor emigró a Estados Unidos, se estableció en Los Ángeles, California, donde se dedicó a la construcción. Ayudaba a su esposa e hijos y tuvo el plan de pagar un coyote para llevarse a Maribel. Ella se negó a viajar para quedarse a cargo de sus hijos en Quetzaltenango. En 2008, cuando ya se había adaptado a la vida en California, Vicente fue deportado, su permiso de trabajo fue cancelado y después de eso agentes de inmigración se presentaron a su apartamento y lo detuvieron . A su llegada a Guatemala, se reencontró con la realidad de la que había escapado: la falta de empleo en un departamento donde, hasta 2023, el 77.9% trabajaba en el sector informal y el ingreso promedio mensual es de 2,225 quetzales, unos 290 dólares . La adaptación fue difícil, sus hijos eran adolescentes con cada vez más necesidades que cubrir y él no conseguía empleo. Vicente se dio cuenta de que no era el único que vivía esa realidad: “Cuando uno lo deportan vuelve sin moral. Yo estuve a punto de volver a Estados Unidos, pero nació la asociación y esa historia cambió mi vida. Yo a los jóvenes no les recomiendo dejar a la familia, el tiempo lo cambia todo”, dijo. Ahora Vicente tiene menos actividad dentro de AMIDEGA, pero desde su lugar sigue ayudando a los deportados. Gracias a sus habilidades de construcción, montó una pequeña compañía en la que contrata a hombres deportados de Estados Unidos.
Melvin Valle, de 45 años, vivió 15 años en Long Island, New York. Hace seis meses fue deportado, viajó horas encadenado en un avión hasta aterrizar en el aeropuerto de La Aurora. Desde entonces, y aunque nadie del Ministerio de Trabajo lo contactó, se dedica a dar vía donde no hay semáforo, en un cruce peligroso del centro de Xela, y vive de los quetzales que algunos conductores le dan y de ayudar a estacionar vehículos a unas cuadras del lugar. Melvin es uno de los 3,818 originarios de Quetzaltenango que fueron deportados en 2025.
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Ángela Soloj, de 57, es una de las veteranas de la asociación, y un testimonio de la migración histórica del departamento de Quetzaltenango. Cuando tenía 17 años emigró a Estados Unidos, se instaló en la ciudad de Los Ángeles, pero regresó a Guatemala pocos meses después debido a que el idioma, aún en esa ciudad donde hay miles de hispanos, fue una barrera que no pudo sortear. Desde que regresó, nunca ha tenido un trabajo estable, sus ingresos empezaron a estabilizarse hasta hace poco menos de diez años, cuando conoció a la asociación AMIDEGA. Ángela se dedica a bordar y vende sus tejidos cuando la asociación organiza ferias para que los retornados y deportados vendan sus productos. “Más allá de lo económico la asociación es una oportunidad de agruparnos entre personas que pasamos por la frustración del sueño americano”, explicó.
Para los talleres, Maribel se encarga de hacer las compras de los materiales, incluso si se le hace noche debido a sus compromisos laborales. Sus vacaciones las invierte en AMIDEGA. Para comprar los insumos se utilizan colaboraciones que hacen los asistentes, pero muchos no pueden pagar e igual se les invita para ser parte. “Somos conscientes de que las familias de la zona son pobres, de que el deportado muchas veces no tiene dinero, pero este es un compromiso que tenemos con la sociedad y, si paramos, quizá alguien perderá la oportunidad de aprender algo nuevo y tener un ingreso de dinero, y así empieza el deseo por emigrar”, dijo.
Rebeca Hernández había dedicado su juventud al trabajo en el servicio doméstico. En 2017, durante el primer mandato de Donald Trump, hizo un préstamo para ir a Estados Unidos. Ella describe el viaje como una pesadilla: se fracturó un pie y tuvo que avanzar por días en el desierto. Al encontrarse con una patrulla fronteriza, no pudo correr, los demás se fueron, pero a ella un agente fronterizo la detuvo de una patada. “En ese tiempo, me trataron como a un animal, ahora me imagino que debe ser peor por todas las noticias que uno ve allá. A una mujer no le recomendaría hacer ese viaje, es mucho sufrimiento”, recordó. El préstamo que hizo fue de 50,000 quetzales (unos 6,550 dólares), y los logró pagar nueve años después. Cuando regresó a Guatemala, volvió a trabajar en el servicio doméstico hasta que conoció a la Asociación de Migrantes y Deportados Garibaldi. Con los talleres de emprendimiento, se dedicó a vender sus tejidos y con los ahorros que acumuló abrió una tienda en la aldea San Antonio Pajoc del municipio de Olintepeque, Quetzaltenango.
Todos los meses, la Asociación de Migrantes y Deportados Garibaldi organiza ferias de emprendimiento donde las personas, en su mayoría mujeres asociadas, venden sus productos. Para Maribel, directora de la asociación, esa es una forma de prevenir la emigración o paliar las consecuencias económicas que deja. “Cuando se habla de emigración, poco se comenta de las consecuencias: familias separadas, deudas y traumas. Todas las familias que son atravesadas por alguna de estas consecuencias necesitan ayuda que el Gobierno debería garantizar y no lo hace”, dijo Maribel.
Debido al trabajo y a sus compromisos con la asociación, Maribel sale constantemente de Quetzaltenango. Cuando eso pasa, su hija Débora Sacor queda a cargo de AMIDEGA, junto a un equipo de mujeres. Para ella, el compromiso que vio en su madre desde antes del inicio de la asociación la mueve a servir a los retornados y sus familias. “Desde que tengo memoria, mi mamá ha trabajado en mejorar la condición comunitaria. Con la asociación, mi mamá nos ayudó a nosotros mismo mientras ayudaba a otros. Al principio, yo no entendía por qué ayudaba sin que le pagaran, pero era porque nuestra situación fue similar en algún momento”, dijo. Cuando Débora tenía cinco años, su padre Vicente se fue a Estados Unidos, de donde regresó deportado casi dos décadas después.
En 2006, Marta Hernández intentó ir a Estados Unidos para vivir junto a su esposo, pero fue capturada cuando ya estaba en territorio estadounidense. La enviaron a un centro de detención en Albuquerque, Nuevo México, y luego fue deportada. En la asociación, colabora dando un taller para hacer embutidos y tiene su negocio propio. Marta dice que se prepara para lo peor: “creo que en algún momento van a deportar a mi marido, así como (Trump) está siguiendo a los migrantes allá, nada bueno puede pasar, y aquí gracias a la asociación al menos tengo un trabajo para poder mantener a mis hijos”, dijo.
Judith Pum, a sus 63 años, vivió el terror que ha provocado el Servicio de Migración y Control de Aduanas, conocido como ICE, por sus siglas en inglés. Vivió encerrada en la habitación que rentaba en la ciudad del condado de Los Ángeles llamada Inglewood. Se enteró de cómo sus conocidos eran arrestados por ICE, lo que la hizo perder su empleo y gastar sus ahorros en el pago de la renta. “Yo estaba aterrorizada, no salía para nada, y dije que esa ya no era vida. Mi hijo está allá y vive la misma situación, porque no tiene papeles. La gente no se imagina lo duro que es la vida del indocumentado”, dijo mientras revisaba su álbum fotográfico. Judith regresó hace cuatro meses a Guatemala y es la miembro de menos tiempo en la Asociación de Migrantes y Deportados Garibaldi.
