Nayib Bukele ha recurrido al sobreendeudamiento para financiar la consolidación de un régimen de partido único en El Salvador tras su reelección ilegal en 2024. Organismos internacionales, la banca local e inversores extranjeros han dado un espaldarazo a la consolidación de una dictadura en El Salvador con créditos por $7,596 millones con los que financian el 26% del gasto de sus presupuestos, según informes de gestión financiera del régimen del 1 de junio de 2024 al 30 de noviembre de 2025. No es la lucha contra la corrupción, no es el turismo ni los conciertos de Shakira ni mucho menos el bitcoin. A la dictadura salvadoreña la mantiene el endeudamiento.
El despegue económico que el millonario aparato de propaganda de Bukele vende en redes sociales, medios tradicionales y a través de influencers es un espejismo. El Salvador está sobreendeudado y, para seguir pagando sus deudas, necesita sobreendeudarse más. Con el respaldo de la administración de Donald Trump, desde su regreso al poder en enero de 2025, el bukelismo está aprovechando una coyuntura sin precedentes: tiene la posibilidad de acceder a múltiples líneas de crédito con organismos internacionales que han decidido ignorar todas las alertas rojas sobre incumplimientos del régimen en transparencia, en sostenibilidad fiscal, en el respeto al estado de derecho y a los derechos humanos.
La dictadura en El Salvador tiene tres importantes fuentes de financiamiento en estos últimos dos años: en 2024, logró el respaldo de inversores extranjeros a través de la emisión de $3,000 millones en bonos en mercados internacionales. Los organismos multilaterales aportaron $2,305 millones y los inversores locales (la mayoría de ellos banca local y las administradoras de pensiones) están aportando $1,272 millones a través de la compra de títulos valores del régimen en el mercado local.
Cuando apenas va a cumplir dos años de su segundo periodo presidencial inconstitucional y con la puerta abierta a la reelección indefinida en las elecciones del 28 de febrero de 2027, Bukele aceleró el proceso de sobrecarga de gastos de los presupuestos con préstamos. En casi dos años, ha pedido prestado lo mismo que en los cinco años anteriores de su primer periodo legítimo (2019-2024), cuando organismos internacionales, la banca local e inversores extranjeros arrojaron un salvavidas de $7,767 millones, que el bukelismo utilizó para financiar el 20% de los gastos de los presupuestos del quinquenio 2019 - 2023.
Sin este acceso a créditos, el régimen bukelista estaría en aprietos financieros y no tendría excedentes para pagar las 440,000 laptops y paquetes escolares que asegura haber entregado en enero de 2026, y con las que saturó de propaganda a través de cuentas y medios oficiales; tampoco podría llevar a cabo la construcción del Aeropuerto del Pacífico ni podría implementar medidas como el uso de inteligencia artificial a través de la aplicación Dr. SV para el programa de telemedicina.
El régimen bukelista está pagando todos estos programas, promocionados por el aparato de propaganda del Estado, gracias a excedentes de fondos públicos que genera el sobreendeudamiento.
Para mantener estas líneas de crédito abiertas, Bukele se comprometió con el FMI a hacer un ajuste fiscal de 3.5% del PIB en tres años. Son recortes masivos de gasto social: $623 millones en 2025, que debe crecer a $1,039 millones en 2026 y a $1,410 millones en 2027.
La factura del sobreendeudamiento de la dictadura salvadoreña recae en las municipalidades a las que gracias a una reforma ordenada por Bukele se les quitó los fondos para obra pública el 18 de noviembre de 2021, con la creación de la Dirección de Obras Municipales (DOM). El 60% de los fondos que Hacienda trasladaba a las Alcaldías antes de 2021 fue reorientado a la DOM, controlada por la Presidencia: eso significó que, de $500 millones que recibían en promedio cada año los gobiernos locales, pasaron a recibir solo $200 millones. El Gobierno prometió al FMI nuevos recortes en los próximos tres años para estas 44 alcaldías.
La factura también ha sido trasladada a los maestros de la tercera edad, que están siendo obligados a acogerse a un decreto de retiro voluntario; al personal de Salud despedido del Hospital Rosales (1,118 empleados públicos); a las más de 1,000 plazas de la Corte Suprema de Justicia que han sido suprimidas para 2026, gracias a la reforma constitucional con la que la dictadura despojó al Órgano Judicial de la autonomía que gozaba sobre su presupuesto desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.
Hay un sector que ya carga con el mayor peso de las facturas del sobreendeudamiento. Son ese 20% de los trabajadores, que tiene un empleo formal que les paga prestaciones de salud y quienes aportan mes a mes un porcentaje de sus salarios a una AFP para en algún momento poder tener una pensión de vejez. El régimen ha puesto en riesgo la salud financiera del fondo de pensiones que se nutre de estas cotizaciones y en lugar de reparar este daño está en proceso de profundizarlo más.
Bukele, desde 2023, comenzó el proceso de ajuste fiscal con la primera fase de la reforma de pensiones que castigó a esos trabajadores durante cuatro años, ya que en ese periodo el Gobierno dejó de honrar sus compromisos con el fondo de pensiones: el Gobierno se ahorró casi $2,000 millones que dejó de inyectar al patrimonio de los trabajadores, una medida contra la salud financiera del fondo de pensiones. Una misión técnica del FMI advirtió que la Cuenta de Garantía Solidaria del fondo de pensiones está en riesgo de agotarse en agosto de 2027, y esa cuenta aporta liquidez para poder pagar pensiones a los jubilados.
Previo a agosto de 2027, el régimen debe hacer una segunda reforma de pensiones antes de que la Cuenta de Garantía Solidaria se agote. Entre las posibles medidas a considerar está el incremento en la edad de jubilación y el incremento en la cotización que hace el empleador y el trabajador.
En El Salvador, para tener derecho a una pensión, los trabajadores deben haber aportado cotizaciones a la AFP durante 25 años; los hombres pueden pedir su jubilación a los 60 años y las mujeres a los 55 años. Para reparar los daños de la reforma de pensiones de 2023, el régimen estudia hacer que los salvadoreños tengan que trabajar más años y aporten un porcentaje mayor de su salario al fondo de pensiones.
El dinero alcanza cuando te sobreendeudas
Entre 2019 y 2021, Bukele degradó la capacidad de El Salvador de salir a los mercados internacionales a vender deuda con emisiones de bonos, con decisiones como la emisión de más de $3,000 millones en deuda para financiar fideicomisos opacos que se han convertido en cajas negras de la corrupción del bukelismo, sobre las que no ha habido rendición de cuentas a ninguna institución contralora; también con la inyección de préstamos a partidas de gastos de emergencias con los que se paga a proveedores en compras reservadas en las que no hay licitaciones ni competencia; y con la fallida implementación del Bitcoin como moneda de curso legal.
Entre 2021 y 2023, los mercados castigaron a El Salvador con tasas de interés altas, por arriba del 10%, si el Gobierno salía a vender bonos al mercado internacional. Esa realidad frenó que el Gobierno tuviera acceso a este tipo de deuda, debido al alto coste en el pago de intereses que implicaba este tipo de endeudamiento.
Los organismos internacionales, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aprovecharon esta coyuntura para multiplicar sus líneas de crédito hacia el Gobierno de El Salvador, aún en los años en los que el presidente Bukele ingresó con el Ejército a la Asamblea Legislativa bajo la excusa de presionar por la aprobación de dos créditos con el BCIE para la política de seguridad; o cuando de manera ilegal el bukelismo tomó el control de la Sala de lo Constitucional, de la Fiscalía y se arrogó la capacidad de destituir a un tercio de los jueces.
En mayo de 2023, Dante Mossi -el presidente del BCIE que respaldó a los regímenes autoritarios de El Salvador y Nicaragua- no fue reelegido como presidente del BCIE. Mossi ha sido un férreo defensor de su apoyo al bukelismo. “El Salvador, país que recibió el mayor apoyo financiero durante mi administración, ahora siéntase libre de darle el adjetivo que quiera a su país. Muy contento de haber apoyado al presidente Nayib Bukele cuando el crédito internacional le estaba cerrado”, dijo Mossi en la red social X el 16 de febrero de 2026.
En su primer quinquenio, el BCIE fue el principal organismo internacional que financió el proyecto de concentración de poder de los hermanos Bukele, con una inyección de $1,030 millones entregados bajo concepto de apoyo presupuestario o de apoyo al plan de control territorial. En una publicación de al menos seis medios coordinada por el Proyecto de Reportería sobre Corrupción y Crimen Organizado (OCCRP), el banco fue tildado como el banco de los dictadores, por su rol en el financiamiento de proyectos investigados por corrupción, graves violaciones de derechos humanos y daño ambiental en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. El BCIE respaldó al proyecto Agua Zarca en Honduras, durante la administración de Juan Orlando Hernández; un proyecto contra el que luchó la ambientalista Berta Cáceres, quien fue asesinada en 2016. En este segundo periodo, el BCIE ha seguido aportando recursos ($40 millones), pero en los presupuestos de 2024 y 2025 ya no es el principal organismo que financia al bukelismo.
El Banco de Desarrollo de América Latina, anteriormente conocido como Corporación Andina de Fomento (CAF), con $583 millones aportados entre 2024 y 2025, y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con una línea de créditos de $1,300 millones en proceso de desembolso, son los nuevos garantes financieros de la dictadura en El Salvador.
Debido al acuerdo con el FMI, cuatro organismos internacionales han abierto nuevas líneas de crédito que van a estar disponibles entre 2025 y 2027. “Hay importantes acuerdos de financiamientos para los próximos 12 meses y buenos prospectos para lo que queda del periodo, que incluyen al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Centroamericano de Integración Económica y a la Corporación Andina”, dice el informe de marzo de 2025 de una misión de técnicos del FMI. “El financiamiento de los organismos multilaterales en 2025 proyecta superar los $2,200 millones (de los cuales la mitad será para apoyo directo a los presupuestos)”, concluye ese informe del FMI.
El 11 de febrero de 2026, el presidente del BID, Ilan Goldfajn, anunció en una reunión privada en Casa Presidencial que este Organismo alista una línea de crédito que equivale a otro acuerdo con el FMI. Son $1,300 millones para proyectos asociados a Turismo y a Vivienda que el BID alista en créditos para El Salvador.
El FMI también está sirviendo de garante del Gobierno ante los mercados internacionales. Este organismo menciona que debido a la disponibilidad de estas líneas abiertas para el periodo 2025 - 2027, el Gobierno de El Salvador va a contar con la capacidad de pagar sus deudas, es decir, el Gobierno podrá pagar viejas deudas con nuevos créditos. “Mejoras en las posiciones fiscales internas y externas van a asegurar el acceso de El Salvador a los mercados y su adecuada capacidad de pago”.
Este apoyo del FMI ha sido utilizado para que la dictadura vuelva progresivamente a emitir bonos en mercados internacionales, una posibilidad que estaba parcialmente restringida entre 2021 y 2023, por las altas tasas de interés de este tipo de deuda. Este respaldo del FMI está facilitando que el bukelismo cargue más gastos del presupuesto a los créditos con una mayor velocidad que la registrada en el primer periodo presidencial y esta vez sin ningún contrapeso ni obligación de transparencia.
Aunque el acuerdo con el FMI incluía cláusulas de transparencia, los técnicos del organismo han validado informes vagos e incompletos, como estados financieros de empresas estatales y mixtas que no cumplen con ninguna norma de contabilidad de auditoría externa y que no permiten entender cómo están siendo administradas estas empresas públicas.
A la fecha, el Gobierno no ha publicado el registro de beneficiarios finales de las empresas a las que adjudicó contratos desde la pandemia de 2020. Ese registro era una obligación del Acuerdo Marco al que se comprometió el régimen bukelista.
El FMI ha sido tolerante con las violaciones flagrantes al acuerdo de parte del régimen salvadoreño, como cuando Bukele publicita que sigue comprando Bitcoin para las reservas del Gobierno, mientras aún no ha iniciado el proceso de desmontaje y venta de la empresa que administra Chivo, la billetera gubernamental de criptomonedas, uno de los principales compromisos del acuerdo.
"'Todo esto se detiene en abril. Todo esto se detiene en junio. Todo esto se detiene en diciembre. No, no se está deteniendo", publicó Nayib Bukele en su cuenta de X el 4 de marzo de 2025. Ese día, Bukele anunció la compra de 1 Bitcoin, pese a que el acuerdo con el FMI ya estaba en ejecución y para mayo de 2025 en su cuenta de X Bukele ya había anunciado que habían adquirido hasta ese momento 8 Bitcoins para la reserva nacional, aunque sobre ello no hay ninguna información pública disponible que permita verificar lo que Bukele pone en sus redes sociales.
Medicina amarga: ¿quiénes pagan el sobreendeudamiento?
Los únicos documentos públicos sobre la gestión de las finanzas públicas son los informes de gestión financiera, que a regañadientes el Ministerio de Hacienda publica como parte de los compromisos con el FMI incluidos en el Acuerdo Marco por los $1,300 millones. Esos documentos permiten concluir que la medicina amarga a la que hace referencia Bukele en sus discursos es un ajuste fiscal del 3.5% del PIB que debe ocurrir entre 2025 y 2027.
Esos 3.5% del PIB implican más impuestos y recortes masivos de gasto social hasta alcanzar la cifra de $1,410 millones en el año 2027. Son recortes millonarios en salarios, en compras de bienes y servicios, en inversión en obra pública en los municipios y, según el calendario de leyes claves para estabilizar las finanzas públicas, en letra pequeña incluye otra reforma de pensiones que debe suceder antes de agosto de 2027.
El recorte de gasto social es escalonado y, en el caso de remuneraciones, Bukele prometió un recorte de $293 millones en 2025; de $500 millones, en 2026; hasta llegar a $644 millones, en 2027.
Bukele ya comenzó a administrar esta medicina amarga. En diciembre de 2025, el personal del Hospital Rosales recibió notificaciones de despido. Ese hospital, que durante décadas fue uno de los más importantes de El Salvador, contaba con 1,818 empleados. “Nos han despedido de forma verbal y recursos humanos nos va a indicar la cantidad de dinero que nos van a poder dar”, dijo a YSUCA una persona que fue despedida. Otra empleada dijo que le ofrecieron una indemnización de $6,800, pero con la condición de aceptar ser sancionada. “Si aceptamos esta indemnización, no vamos a poder aplicar a otra plaza en el sector público por al menos cinco años, y papel de despido no tenemos. Todo ha sido verbal”, dijo.
El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) denunció que 7,772 personas fueron despedidas, entre empleados del Ministerio de Salud, de Fosalud, del Hospital Rosales y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
Estos despidos contrastan con la política de endeudamiento del sector Salud: el Gobierno está sustituyendo de manera progresiva al personal de salud del primer nivel de atención con el programa de telemedicina y con la implementación de inteligencia artificial.
El 22 de abril de 2024, el Gobierno suscribió un contrato de préstamo de $77 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para financiar el Hospital El Salvador, el antiguo centro de ferias y convenciones que fue adaptado como hospital durante la pandemia. El préstamo es para el “programa de implementación de un sistema de telemedicina en El Salvador”. En 2024, el Gobierno incorporó al presupuesto $33 millones de este préstamo y, en 2025, $11 millones. Con ese crédito de CAF se va a pagar la aplicación Doctor SV. El aparato de propaganda divulgó el lanzamiento de esa aplicación, que combina inteligencia artificial y telemedicina.
El secretario del Sindicato de Médicos Trabajadores del Seguro Social, Rafael Aguirre, cuestionó la apuesta del Gobierno por esta aplicación en el programa Diálogo 21. “Solo el 5% de la población utiliza esta aplicación”, dijo haciendo referencia a estadísticas de descarga de esa aplicación en teléfonos celulares y a la baja cobertura en el área rural. “El 60% de la población que fallece lo hace debido a enfermedades cardiovasculares y enfermedades crónicas degenerativas que no pueden ser tratadas con la aplicación”, añadió Aguirre.
El ajuste fiscal y el respaldo financiero del FMI también ha servido para terminar de sepultar la separación de poderes en El Salvador, que había sido vulnerada por el bukelismo en 2021 con la destitución ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. En diciembre de 2025, la Asamblea controlada por Bukele quitó al Órgano Judicial la autonomía que tenía sobre su propio presupuesto a través de una reforma constitucional, que eliminó la obligación de asignar el 6% de los ingresos corrientes del Estado al Órgano Judicial.
Bukele había prometido al FMI recortes en bienes y servicios: $293 millones, en 2025; $308 millones, en 2026; y $403 millones, en 2027.
Con la reforma constitucional, el bukelismo forzó al Órgano Judicial a hacer recortes presupuestarios. De un presupuesto de $492 millones en 2025, pasó a tener un presupuesto de $369 millones, un recorte de $123 millones.
El Órgano Judicial recortó 1,045 plazas, $32 millones en remuneraciones; también redujo de $83 millones a $68 millones la partida de bienes y servicios, un recorte de $15 millones; en infraestructura, pasó de contar con $59.8 millones en 2025 a $4.6 millones en 2026, un recorte de $55 millones más en el presupuesto de la Corte.
Las municipalidades también van a recibir la factura por el sobreendeudamiento: el bukelismo se comprometió con el FMI a focalizar o priorizar las asignaciones a las municipalidades y eso implica recortes de gastos, pero también concentración de poder. Si antes las municipalidades tenían asignada una tajada del presupuesto, ahora es Casa Presidencial quien decide a quién le dará y a quién no.
En 2025, fueron $293 millones menos para obras de los gobiernos locales; $77 millones menos, en 2026; y un recorte de $80 millones que ocurriría en 2027.
Con la creación de la Dirección de Obras Municipales (DOM), adscrita a Casa Presidencial, el Gobierno había limitado el presupuesto de las alcaldías -que de ser 262 pasaron a ser 44 gracias a una reforma hecha por el bukelismo bajo cálculos electorales en junio de 2023- y había creado una cartera millonaria en la DOM para el reparto a discreción de contratos a empresas constructoras, cuando estos se consideren “proyectos estratégicos”.
El 11 de febrero de 2026 era el plazo límite para que el régimen hiciera pública su propuesta de reforma de pensiones, según el calendario entregado al FMI. El régimen incumplió el calendario pactado con el FMI y hasta el cierre de este artículo no ha hecho público el borrador de reforma de pensiones. Desde la creación del sistema privado de pensiones en 1998 han pasado 28 años y, por primera vez, a partir de este año, comienza a jubilarse un grupo grande de trabajadores que ha cotizado durante toda su vida en el sistema privado.
Al régimen le urge pausar las jubilaciones porque ha tomado decisiones que han afectado la liquidez del fondo de pensiones y, al ritmo que la gente está llegando a su edad de retiro, la Cuenta de Garantía Solidaria que amortigua el pago de pensiones se va a agotar en agosto de 2027.
Previsiblemente, el régimen va a aumentar los requisitos para jubilarse y podría decretar un aumento en la edad de retiro o un aumento en la cotización que deben pagar los trabajadores y empleadores.
Son dos medidas pensadas para solventar problemas de caja del régimen y para seguir alimentando el círculo del sobreendeudamiento: menos gente se jubila, el fondo de pensiones vuelve a crecer y el régimen puede seguir utilizando este fondo para obligar a las AFP a que compren más títulos de deuda del Estado.