Ahora que las cárceles salvadoreñas están en la mira mundial por recibir a los deportados de Donald Trump, vale la pena mirar a quien dirige ese sistema: un hombre sancionado por Estados Unidos, perfilado por la propia policía salvadoreña como un criminal, y denunciado por regir cárceles donde se permite la tortura sistemática.

La Presidencia de la República ofreció 209,285.61 dólares, o una obra de valor equivalente —un gimnasio o una cancha de pádel—, al Condominio Residencial Los Sueños por la compra de la calle de acceso a los terrenos donde se construye la nueva residencia presidencial. La oferta quedó documentada en una carta enviada el 4 de febrero de 2025 por la Secretaría Privada de la Presidencia. En la carta también se ofrece, en nombre del presidente Nayib Bukele, una barbacoa para los propietarios que voten a favor de la venta.

La serie de deportaciones irregulares de venezolanos y salvadoreños ha escalado a una crisis constitucional en Estados Unidos, y un conflicto diplomático internacional entre tres países. El emblemático caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García evidencia fallas en la aplicación de la justicia y pone en entredicho el respeto al Estado de Derecho, incluso desde las más altas esferas del poder.

Ocho empleados municipales de San Salvador denunciaron a Carlos Rodríguez, cuando fue concejal y presidente del Instituto Municipal de la Juventud, por utilizar a jóvenes de un proyecto municipal para construir su casa en Nuevo Cuscatlán. Según la denuncia, Rodríguez también solicitó cuotas mensuales a trabajadores para conservar sus puestos. Rodríguez es actual empleado de la Asamblea Legislativa. El Tribunal de Ética Gubernamental abrió una investigación y lo absolvió.