De la mano de Leticia, una activista por los migrantes de Louisiana, entramos al mundo del terror desatado por los operativos de ICE bajo el mandato de Trump: niños que quedaron solos, trailas vacías, gente que se duerme sin cenar, migrantes que se encierran en sus casas por más de dos meses, migrantes que eligen regresar a sus países antes de que los cacen y les quiten a sus hijos. Pero también redes de solidaridad entre ellos: chats colectivos donde quienes salen a patrullar informan si ICE anda cazando en la zona o si los migrantes pueden salir a trabajar. “Esto es terrorismo de Estado”, dice Leticia, líder de esta resistencia.

Las dos grandes pandillas guatemaltecas parecen estar evolucionando en direcciones distintas: el estridente Barrio 18 terminó convirtiéndose en un asunto político; desde el Gobierno se sugiere que esta pandilla está siendo utilizada por sus rivales para generar caos. Mientras tanto, con una serie de golpes estratégicos, la MS-13 acaba de arrebatar el monopolio del narcomenudeo al cártel que lo poseía desde hace más de 30 años.

Este extracto del libro “Negocios blancos en la cuerda floja” (Grijalbo, 2025) narra cómo un guatemalteco, un dominicano y un colombiano, luego de conocerse en una cárcel de la Gran Manzana, manejaron una furtiva operación de narcotráfico durante tres años, hasta que la DEA los descubrió por accidente.

La historia tiene, a veces, maneras sinuosas de hacerse presente. Las consecuencias inesperadas de algunas acciones pueden sorprendernos medio siglo después.

Después de la ruptura del Sur, las dos pandillas más grandes de Guatemala corrieron para alejarse de sus orígenes: casi ninguno de sus actuales miembros estuvo en Los Ángeles, muy pocos sobrepasan los 30 años y la clecha sureña –la filosofía y los valores de las pandillas del sur de California- se desprecia como se desprecia lo obsoleto y lo ridículo.

Un empresario austríaco acompaña a Nayib Bukele, y su círculo de confianza, desde que era alcalde de San Salvador. El empresario se llama Uwe Christian Martinz y, desde 2017, dos empresas en las que ha sido emisario, director y presidente se han beneficiado de usufructos millonarios de bienes públicos y de préstamos, que suman más de $87 millones. El esquema usado es el mismo: las instituciones ceden bienes públicos para hacer rentables negocios privados y los privados usan esos bienes para obtener créditos que son gastados sin rendición de cuentas.