La derrota electoral del Partido Republicano y de Donald Trump podría tener una víctima colateral en América Latina: Nayib Bukele. El presidente salvadoreño ha convertido su alianza con Trump en uno de los pilares de su estrategia internacional y en una fuente de respaldo político para su proyecto de concentración de poder. Pero el terremoto electoral del martes 3 de noviembre podría alterar ese equilibrio.
Con los demócratas al frente de ambas cámaras del Congreso, la relación entre Washington y San Salvador quedará expuesta a una fiscalización mucho más intensa. Los acuerdos migratorios, la cooperación en seguridad, las violaciones de derechos humanos y el respaldo estadounidense al gobierno salvadoreño podrían convertirse en objeto de investigaciones y audiencias legislativas. La derrota de Trump, por tanto, no solo representa un revés para los republicanos: también pone en entredicho la estrategia de Bukele de acercarse al trumpismo para obtener, a cambio, carta blanca para concentrar su poder.
El martes 3 de noviembre golpeó el equivalente a un tsunami sobre el Partido Republicano y el presidente Donald Trump. Los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso en lo que se ha considerado una de las mayores victorias electorales en 50 años. La onda expansiva fue tal que lograron desplazar a los republicanos de posiciones clave de poder en estados tradicionalmente conservadores como Texas y Arizona. La victoria es tan grande y profunda que el propio Trump la ha aceptado sin despertar los fantasmas de un fraude electoral.
Una de sus posibles víctimas colaterales podría ser Nayib Bukele. El presidente salvadoreño ha convertido su relación con Donald Trump en uno de los pilares de su estrategia internacional. Su gobierno se ha alineado abiertamente con la administración republicana y ha hecho de la cooperación con Washington, particularmente en materia migratoria y de seguridad, una de sus principales cartas de presentación. Ese alineamiento también lo ha colocado en una posición de confrontación directa con el Partido Demócrata y la maquinaria anti-Trump.
Si bien la política exterior sigue estando fundamentalmente en manos de Trump, el Partido Demócrata adquiere ahora una relevancia mucho mayor en las relaciones de Estados Unidos con El Salvador. La nueva mayoría tendrá la posibilidad de influir en la elaboración de los presupuestos de cooperación internacional y en las condiciones bajo las cuales Washington mantiene su relación con el gobierno de Bukele.
Sin embargo, su herramienta más importante será el poder de supervisión y fiscalización de las relaciones entre Washington y San Salvador. Con este poder, un Congreso demócrata se convierte en un megáfono para abordar los temas de derechos humanos, democracia y seguridad en la relación entre Trump y Bukele.
Con los demócratas al frente del poder legislativo, Estados Unidos puede autorizar delegaciones bipartidistas a El Salvador, interpelar a cualquier funcionario de Trump que tenga relaciones con el gobierno salvadoreño y solicitar información y documentación sobre acuerdos entre ambos países. La mayoría demócrata se convierte en un púlpito desde el cual exigir responsabilidades a Trump y a los republicanos por las decisiones que involucran al gobierno de Bukele.
El congresista Robert García, quien podría convertirse en presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, ya ha anticipado que hará uso de esas facultades. La estrategia de la oposición será desarrollar una prolongada campaña de exposición pública de los presuntos abusos de la administración Trump, con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2028. En ese escenario, la relación entre Washington y Bukele podría convertirse en uno de los asuntos sujetos a mayor escrutinio.
El primer paso de esta mayoría opositora será colocar a demócratas en posiciones de liderazgo en el Congreso y al frente de las comisiones relacionadas con Centroamérica. En el Senado, el senador por Virginia Tim Kaine podría sustituir al republicano Jim Risch como presidente del Comité de Relaciones Exteriores.
En relación con Bukele, Kaine es uno de al menos cinco congresistas demócratas que se han enfrentado públicamente al mandatario salvadoreño. Kaine ocupa el segundo puesto en el Subcomité para el hemisferio occidental y ha calificado a Bukele de «dictador en potencia». Junto al senador de Maryland Chris Van Hollen,y quien se baraja como una opción para dirigir la mayoría demócrata, Kaine ha presentado un proyecto de ley para imponer sanciones a funcionarios salvadoreños y otras personas involucradas en violaciones de los derechos humanos a nivel internacional. En la misma iniciativa, se pide la liberación de la presa política salvadoreña Ruth López.
En la Cámara de Representantes, el congresista de Texas Joaquín Castro podría presidir el Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, mientras que Gregory Meeks aspira a encabezar el Comité de Asuntos Exteriores. Ambos ya han exigido explicaciones sobre el pacto entre Washington y el Gobierno de Bukele para recluir en el CECOT a personas deportadas desde Estados Unidos.
La presión también podría venir de los comités de Supervisión y Reforma Gubernamental, que podría quedar en manos de García, y de Seguridad Interna, cuyo próximo presidente podría ser Bennie G. Thompson. Este último, junto a Jamie Raskin, posible futuro presidente del Comité Judicial, pidió en abril de 2025 al secretario de Estado, Marco Rubio, que hiciera público el acuerdo con El Salvador para enviar a más de 200 personas al CECOT y otros centros de detención del país. En 2025, García y Van Hollen viajaron a San Salvador para exigir el regreso de Kilmar Ábrego García, un inmigrante que había sido deportado por error a El Salvador.
El despliegue de militares salvadoreños en Haití podría poner a Bukele en la mira de un grupo de congresistas demócratas que han abogado por la permanencia del TPS para los haitianos. Esta intervención militar, que ha recibido amplia atención en la prensa estadounidense, también podría convertirse en objeto de escrutinio por los fondos que recibe de Estados Unidos y el papel que desempeña ese financiamiento en posibles violaciones de los derechos humanos de la población civil.
Las relaciones de Bukele con Estados Unidos son intensas y muchos de sus pilares descansan en la oscuridad de la dictadura salvadoreña. Una mayoría demócrata garantiza, al menos, la posibilidad de que ciudadanos estadounidenses como yo ejerzamos presión para revelar cómo los fondos estadounidenses y las propias instituciones de Washington facilitan el deterioro de derechos humanos en El Salvador. Esto será más fácil debido a que Bukele ha atacado personalmente a un manojo de congresistas que desde enero próximo tendrán más poder, y hacia los cuales, el mandatario salvadoreño ha alimentado la percepción de que quiere participar en la política interna de Estados Unidos.
El trumpismo va de salida y, lejos de las expectativas de los fieles a la iglesia de Nuevas Ideas, Trump no defenderá al dictador salvadoreño. Bukele y sus lobistas decidieron apostar por una sola banda, pero el tablero político estadounidense es mucho más grande y complejo. Las mentes de la dictadura no quieren entenderlo.