Cuando la dictadura salvadoreña termine, como ha sido regla con todas, nos daremos cuenta de crímenes y horrores que no sospechábamos.
A quienes ostentan hoy el poder en El Salvador los hemos visto asociarse con criminales, los hemos visto torturar, matar, perseguir, amenazar, mentir y practicar tales niveles de corrupción y saqueo del Estado que se han convertido en la nueva élite del país. Sus crímenes han traspasado ya la barrera del delito común y son, según una comisión independiente de juristas, crímenes de lesa humanidad.
Estamos ante una cleptodictadura criminal cuyas cabezas requieren de decenas de miles de salvadoreños –los empleados públicos– para operar eficientemente la maquinaria que han instalado.
Entre los salvadoreños hay cómplices, hay atemorizados impotentes y hay también, por pocos que sean, quienes se resisten a vivir silenciados, a renunciar a su obligación ciudadana a ejercer la crítica y denunciar los abusos de poder. Que se resisten a ceder su dignidad y lo hacen de múltiples maneras: protestando, compartiendo información y documentos con periodistas, denunciando públicamente delitos y crímenes cometidos por agentes del Estado.
La voluntad y capacidad del régimen de castigar a críticos y de instaurar temor entre la población es fundamental para ejercer eficientemente su dominación.
Desde luego hay otros, como fiscales y jueces que operan ahora las acusaciones y los juicios masivos sabiendo que están arruinando para siempre las vidas de miles de inocentes, que no podrán alegar temor para justificar su participación en actos deliberadamente crueles. Estos son cómplices de crímenes y deberán responder por ellos.
Pero hay también otros que, sin involucrarse en estos crímenes, operan partes de la maquinaria del Estado bajo dominación de la dictadura. Hay, entre burócratas y otros empleados públicos, quienes nos han compartido su frustración, su sentimiento de impotencia, algunos recriminándose cobardía por no denunciar los abusos de poder, las mentiras, la corrupción. Su sostén económico depende directamente de la conservación de su trabajo y creen no tener alternativas. Se sienten asfixiados por el cierre de espacios para expresarse y sobre todo para actuar en contra de unas autoridades que lo que han ganado por la fuerza lo han perdido en legitimidad.
Pero además, ahora que la dictadura controla todo el sistema (el Judicial, la Policía y Fiscalía, el Legislativo y el Ejecutivo), cualquiera que pretenda hacer una denuncia se encontrará con que, al menos en la institucionalidad del Estado salvadoreño, no hay adónde hacerla.
Para un empleado del Ministerio de Educación será prácticamente imposible, por ejemplo, denunciar que la institución en la que labora está otorgando en secreto contratos millonarios a un exfuncionario acusado de desviar más de 100 millones de dólares de fondos públicos. No sólo no tiene adónde denunciar, sino que probablemente será él, y no el funcionario corrupto, quien pague las consecuencias de la denuncia.
Pero el miedo de estos empleados, su cobardía, su silencio y su impotencia no los eximen de responsabilidad sobre la actual situación. Son piezas de esa maquinaria que aplasta a quienes disienten de la única voz permitida. Podrán ampararse en que no tienen ninguna alternativa y en muchos casos esto es cierto. Pero la tendrán oportunidad, y podrán redimirse.
Cuando la dictadura termine y llegue la rendición de cuentas –y llegará–, los empleados tendrán que demostrar que no fueron parte activa en la comisión de crímenes o que actuaron bajo amenazas. Pero esa defensa deben prepararla desde ahora. Guarden registro de todo lo que pasa por sus manos o en sus oficinas. Tomen notas, incluyan detalles, asegúrense de que quede registro de todo. Sean guardianes de las pruebas que luego serán fundamentales. Mañana, cuando esta cleptodictadura termine, sus registros servirán para entender mejor cómo operaba la maquinaria, quiénes eran los responsables, qué hacían. Servirán para reivindicar a víctimas, para hacer justicia.
Los documentos de la burocracia han sido esenciales para determinar lo sucedido en varios lugares. Este mismo año, en Siria, los registros de la dictadura de Assad han servido para entender mejor los niveles de crueldad y criminalidad de su gobierno y para juzgar a figuras prominentes del régimen.
En Guatemala, en 2005, investigadores descubrieron escondido en una pared un masivo archivo de registros policiales. Esos archivos ayudaron a entender los mecanismos del terrorismo de Estado, a conocer el destino de muchas víctimas y sirvieron como prueba en juicios contra represores.
Fueron registros de burócratas los que permitieron a los alemanes del Este dimensionar hasta dónde llegaba el espionaje del régimen comunista contra sus ciudadanos, ejercido muchas veces por vecinos.
En El Salvador, cuando termine la dictadura, estos documentos servirán para comprender cómo sus operadores saquearon al Estado, cómo involucraron a tantos empleados públicos (policías, soldados, fiscales, jueces, carceleros, forenses, empleados municipales y ministeriales) en un esquema de represión sistemática, tortura y violaciones masivas a los derechos humanos.
Pero sobre todo servirán para hacer justicia a las decenas de miles de víctimas de esta dictadura y para que tengamos mejores provisiones, de tal manera que esto no pueda volver a suceder.
Quienes ahora se sienten impotentes, podrán ser útiles en la medida en que guarden el registro de lo que les tocó. Pero sobre todo podrán demostrar, ante tribunales y ante sus propios hijos, que no estuvieron de acuerdo con la criminal dictadura para la que hoy trabajan.