La captura y deportación desde EE. UU. de Norman Quijano, exalcalde de San Salvador (ARENA), vuelve a poner bajo la lupa una práctica que marca la política salvadoreña: pactar con pandillas para ganar elecciones. Su condena por 2014 expone un patrón que atraviesa partidos, incluido el gobierno de Bukele.

Cuando era candidato presidencial, Nayib Bukele firmó un documento en el que se comprometió a construir un hospital con “tecnología de punta” para excombatientes y veteranos de guerra. Casi ocho años después, no existe hospital, pero sí una reforma aprobada por el oficialismo que eliminó un aguinaldo, un bono, entre otras prestaciones.

Norman Quijano, excandidato de ARENA, ingresó a Mariona bajo detención provisional luego de ser deportado desde Estados Unidos y capturado en El Salvador, el 26 de enero, por pactar con pandillas. El 28 de enero, la Cámara Segunda de lo Penal canceló la audiencia de revisión de medidas al considerar que hay riesgo de fuga.

Mario Leal Castillo, el inversionista secreto detrás de DSS, la empresa socia de la Alcaldía de San Salvador, cobró $1.3 millones a un grupo de inversores extranjeros a cambio de una asesoría para obtener los contratos con la Alcaldía de San Salvador cuando la dirigía Nayib Bukele.