Una sociedad al mando de un empresario austriaco que se ha rodeado de exempleados y amigos de Nayib Bukele en su junta directiva, y que durante la pandemia de COVID-19 fue investigada por corrupción y señalada de haber cometido “hechos que podrían ser constitutivos de delito” por una comisión internacional creada por el mismo Bukele, ejecuta cinco contratos con instituciones públicas por $19,441,391. La empresa ha encontrado un mecanismo de carrusel para aumentar sus ganancias beneficiándose todo lo posible del Estado:un banco estatal le aprobó un préstamo por $28,667,000 para que pueda ejecutar los contratos firmados con el Gobierno. O sea, que el Estado controlado a plenitud por el bukelismo le otorga contratos y el mismo Estado le ayuda a financiar su ejecución.
La empresa se llama Coatl, S.A de C.V y entre sus directivos figuran personas de confianza de Bukele. Antes de la llegada de Nuevas Ideas al poder, entre julio de 2018 y marzo de 2019, el vicepresidente suplente era Ernesto Castro Aldana, entonces asesor de Bukele y hoy presidente de la Asamblea Legislativa. Luego, en 2021, la vicepresidenta de Coatl fue Claudia Juana Rodríguez de Guevara, la burócrata de confianza de Bukele que, entre otros cargos, ha sido Secretaria Privada de la Presidencia y Delegada Presidencial cuando el autócrata pidió seis meses de permiso para participar en la campaña electoral para su reelección inconstitucional.
Uno de los contratos de Coatl está relacionado con la Red Nacional de Conectividad, un proyecto gubernamental para aumentar el acceso de la población a los servicios de banda ancha, fija y móvil. Coatl ejecuta trabajos de instalación de fibra óptica por un monto de $15,244,349, según el balance que presentó al Registro de Comercio para el cierre de 2025.
En enero de 2020, el Gobierno presentó la Agenda Digital 2020-2030, la ruta para “una verdadera transformación digital”. Uno de los componentes es el Plan Nacional de Conectividad para reducir la brecha digital por medio del diseño y despliegue de la infraestructura de redes de telecomunicaciones, la entrega de servicios públicos digitales y el desarrollo del comercio electrónico, objetivos para los cuales se requiere una inversión de $485 millones, según la Secretaría de Innovación de la Presidencia.
“La Secretaría de Innovación de la Presidencia, a través de ETESAL, inició la primera fase del Plan de Conectividad Nacional de Conectividad con el proyecto de Conectividad de 218 Centros Escolares intervenidos por FOMILENIO II, en beneficio del Ministerio de Educación”, consigna un documento PDF de la Secretaría de Innovación en el que explica el plan.
El documento no detalla montos de inversión, pero confirma que el ejecutor de los proyectos de telecomunicaciones y digitalización es Coatl, empresa en la que tiene participación accionaria el austriaco Uwe Christian Martinz, también socio de la alcaldía en el nuevo sistema de mercados de San Salvador; y la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), una subsidiaria de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), la autónoma encargada de generar, administrar y distribuir la mayor parte de la energía eléctrica del país.
Un año antes de reportar en su balance los $15,244,349 del Plan Nacional de Conectividad como una de las “construcciones en proceso”, en 2024, Coatl solicitó al Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), financiado con fondos públicos, un crédito a largo plazo para “la consolidación de deudas productivas”. Y el banco le aprobó millones.
El 28 de octubre de 2024, Bandesal aprobó a Coatl un crédito por $28,667,000, pagadero a un plazo de 180 meses (15 años). Durante el primer año de contrato, a la empresa se le concedió un período de gracia para pagar únicamente los intereses y las cuotas de seguros. Luego pagará 167 cuotas mensuales de $280,127.38 correspondiente a capital, intereses y seguro.
La garantía que entregó Coatl para obtener el crédito millonario fue uno de los contratos que firmó con el Gobierno. La empresa aceptó una orden irrevocable de pago a favor de Bandesal por $13,372,518 sobre los ingresos a percibir del contrato N E-1286, proyecto “Servicios de conectividad a la banda ancha para sitios públicos”.
El trabajo de Coatl para ETESAL incluye las dos fases de diseño de un sistema de ingeniería de software: HDL (High-Level Design o diseño de alto nivel) y LLD (Low-Level Design o diseño detallado y granular de cada pieza del sistema) de una red IP-MPLS, la cual consiste en una infraestructura de telecomunicaciones que acelera y organiza el tráfico de datos.
“El contratista se compromete a proporcionar a ETESAL las actividades de diseño HLD-LLD de red IP-MPLS, servicios de instalación de accesorios ópticos y equipos de energía, servicios de construcción de 4,412 km de fibra óptica, construcción de obra civil y electromecánica sitios nuevos, instalación, configuración y puesta en marcha de equipos DWDM e IP-MPLS, servicios de supervisión en instalaciones de equipos de telecomunicaciones, eléctricas y civiles y servicios de configuración e instalación de equipo última milla en la red de ETESAL”, consigna la nota 11 del balance.
Una segunda garantía que recibió el banco fue el “aval de la operación” por parte de ETESAL, la contratista de Coatl. Esto significa que ETESAL, la empresa de CEL, entregó contratos para hacer rentable un negocio privado en el que tiene mayoría accionaria el austriaco Martinz, y que esos contratos sirvieron para obtener financiamiento en el banco estatal.
En la directiva de ETESAL que respaldó ante el banco el crédito de $28.6 millones para Coatl figuran personas del círculo de confianza de Bukele, como Edwin Patricio Nuñez Alguera o Mharta Carolina Recinos de Bernal, según la última reestructuración de la directiva, inscrita en el Registro de Comercio el 27 de septiembre de 2021.
El presidente de ETESAL es Nuñez Alguera, concejal cuando Bukele gobernó la capital (2015-2018). En el 2016, también fue asesor de la Asamblea Legislativa, asignado al Partido Demócrata Cristiano (PDC) que en ese momento controlaba Rodolfo Parker. Cuando Bukele fue expulsado del FMLN y formó su propio partido, Nuñez Alguera se convirtió en emisario nacional de Nuevas Ideas. Fue nombrado presidente de ETESAL el 2 de julio de 2020 y desde un año antes era directivo de Coatl.
En la directiva de ETESAL también aparece Carolina Recinos, la comisionada presidencial de operaciones de Gobierno, nombrada como segundo director suplente en julio de 2020 y ratificada un año después. En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le retiró la visa por haber dirigido “un esquema de corrupción multimillonario” durante la pandemia. La funcionaria está alejada de los reflectores públicos desde junio de 2023, cuando el Tribunal de Ética Gubernamental la multó con $2,433.36 por beneficiar con una beca de $25,200 a su nuera.
El de $28.6 millones no fue el primer crédito para Coatl. El 7 de febrero de 2022, Bandesal aprobó un primer crédito por $23,213,719.51 para financiar la instalación de fibra óptica de la “Fase II de la Red Nacional de Conectividad como base para la digitalización de El Salvador”. El banco obtuvo cuatro garantías y ETESAL fue clave en el proceso.
La primera fue una orden irrevocable de pago para hacerla efectiva en caso de mora sobre dos contratos entre ETESAL y dos comercializadoras del servicio de transporte de energía eléctrica: el contrato N E-1002, suscrito con Energía del Istmo; y el contrato N E-784, con la Comercializadora Internacional El Salvador. La segunda garantía fue una orden irrevocable de pago “sobre futuros contratos entre ETESAL y Coatl”. La tercera, una orden irrevocable de pago sobre contratos que Coatl “vaya firmando” con instituciones gubernamentales. La última fue una garantía mobiliaria a favor de Bandesal sobre una cuenta corriente de Coatl.
Cuando Bandesal otorgó este primer crédito, Nuñez Alguera ya no era vicepresidente de Coatl. Ese cargo lo ocupaba Claudia Juana Rodríguez de Guevara, quien en ese momento ocupaba el puesto de Secretaria Privada de la Presidencia. Ella es una persona de confianza de la familia Bukele porque fue empleada de sus empresas publicitarias y luego fue nombrada en otros cargos importantes como Secretaria del Consejo de Ministros y Gerente Financiera de la Presidencia, entre otros cargos. El 30 de noviembre de 2024 fue nombrada delegada presidencial para que Bukele pudiera participar en las elecciones de su reelección inconstitucional.
Cuando Claudia Juana era encargada de despacho presidencial juramentó como presidente de Bandesal a Nelson Rivas Hernández, en diciembre de 2022. Luego, casi dos años más tarde, en octubre de 2024, la administración de Bandesal a cargo de Rivas Hernández aprobó el segundo préstamo para Coatl, la empresa en la que fue directiva Claudia Juana.
El lunes 28 de septiembre de 2026, El Faro llamó y escribió a los canales oficiales del diputado Ernesto Castro, de la exdelegada presidencial Claudia Juana Rodríguez de Guevara, del presidente de ETESAL Edwin Patricia Nuñez Alguera y de los representantes de la empresa Coatl para solicitarles una entrevista y concederles su derecho de respuesta, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo ninguna respuesta.
El esquema de Coatl para obtener financiamiento por medio de negocios con instituciones estatales no es nuevo. Martinz también está al frente de Direct Security System (DSS), una empresa que, en 2016, se asoció con la Alcaldía que dirigía Bukele para crear la sociedad de economía mixta Nuevo Sistema de Mercados (Simerca), empresa en la que Nuñez Alguera también ha estado relacionado como directivo.
Simerca hipotecó el mercado Hula Hula y dos centros comerciales aún en construcción: uno ubicado en el expredio de la Biblioteca y otro en la colonia Escalón. La empresa usó los bienes municipales para pedir un crédito de $55 millones al Banco de Desarrollo Rural, conocido como Banrural Guatemala. El banco aprobó el préstamo el 11 de febrero de 2020. Es un mecanismo: ocupan bienes o contratos con la entidad pública dirigida por el bukelismo para obtener los préstamos con los que ejecutarán la misma obra.
Los otros $4.1 millones
Blue Comm era una pequeña empresa que tenía su local en una casa de esquina, una cuadra al oriente de la iglesia católica, en el barrio Concepción de San Rafael Cedros. “Lo que le puedo decir es que fue una empresa que nunca despegó. Desde hace tiempo no tengo ninguna relación con esa empresa”, dice Guillermo Valladares, uno de sus fundadores.
La sociedad fue creada en Apopa, el primero de diciembre de 2003. El objetivo de la empresa era operar redes comerciales de telecomunicaciones, pero nunca logró el éxito en ese negocio. Valladares atribuye el letargo empresarial a “la falta de contactos”. El capital de fundación de Blue Comm fue $$11,425.57, pero en los siguientes tres años no reportó ninguna actividad comercial al Registro de Comercio.
Entre el 2007 y 2015, reportó activos entre los $34,067.64 y los $14,384.79. Y en el 2016, justo un año antes de convertirse en socio mayoritario de ETESAL en el negocio de instalación de fibra óptica, no presentó balance al Registro de Comercio. Esta serie de anomalías administrativas y financieras no impidieron que el austríaco Martinz fuera nombrado presidente de la directiva en 2017 y, en los siguientes meses, firmara una serie de contratos millonarios con el Gobierno y obtuviera créditos con bancos estatales.
El 15 de noviembre de 2017, Blue Comm se asoció con ETESAL para la creación de Coatl, cuya actividad principal es diseñar, construir, administrar y operar redes de fibra óptica. El nombre de la nueva empresa es una palabra de origen náhuatl que significa “serpiente”. La elección de ese nombre es “por la forma que tiene la fibra óptica que atraviesa el país”, explica la compañía en su cuenta de Instagram.
La empresa más pequeña agarró la parte más grande de las acciones de Coatl: 375 de las 500, valoradas en $100 cada una. Así, ETESAL, la subsidiaria de CEL, quedó como socio minoritario: 125 acciones.
El futuro del exitoso negocio de la fibra óptica quedó bajo la dirección del austríaco Martinz, y en la directiva de Coatl comenzaron a desfilar nombres de personas cercanas a Bukele, antes de que tomara posesión del Gobierno en 2019. Por ejemplo, el 13 de julio de 2018, Ernesto Alfredo Castro Aldana fue nombrado vicepresidente suplente de la empresa, en reemplazo del abogado Belisario Amadeo Artiga Artiga, exfiscal general.
Castro dejó el cargo el 9 de marzo de 2019. Luego, fue nombrado Secretario Privado de la Presidencia y en 2021 fue electo diputado y presidente de la Asamblea Legislativa. En las elecciones del próximo año intentará reelegirse por tercera vez.
Coatl inició con un capital de $50,000 y, para 2019, reportó $4,938,212.41. Para el año de la pandemia (2020), cuando el encierro y la crisis económica de COVID-19 llevaban a la quiebra a muchas empresas, Coatl tuvo un crecimiento asombroso: $34,378,916.10.
En la exitosa gestión de negocios durante la pandemia hubo algo más que trabajo intenso. La Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicíes), un organismo internacional que Bukele creó para combatir la corrupción, encontró sobreprecios y otras irregularidades en una compra directa para el equipamiento del Hospital El Salvador: el “suministro e instalación de infraestructura de red e instalaciones especiales de señales débiles pabellón CA y UCI” por un monto de $859,000.50.
Revista Factum publicó detalles de la investigación. La Cicíes determinó que el contrato fue adjudicado a Coatl por órdenes de Fabrizio Mena, entonces subsecretario de Innovación de la Presidencia, pese a que no tenía ningún rol oficial en las compras de la pandemia. Coatl inició los trabajos antes de la orden de compra del 17 de mayo de 2020. Y en los siguientes días hizo algo parecido a una fiesta de precios: el metro lineal de un tubo metálico para cubrir cables y alambres que costaba $2, lo vendió en $10.34. El punto de red para datos y wifi que costaba $35, lo vendió en $155.46.
Cuando Coatl vendió estos productos a sobreprecio al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y Ministerio de Salud (Minsal), el presidente de la empresa era el austriaco Martinz y el vicepresidente era Nuñez Alguera. Durante el año de la pandemia, el 2 de julio de 2020, dos meses después de vender a sobreprecio productos para el Hospital El Salvador, Nuñez Alguera también fue nombrado presidente de ETESAL.
“El equipo Cicíes procedió a desarrollar un análisis de precios unitarios de algunos rubros aleatorios y relevantes. Es de destacar que algunas partidas clave presentan sobreprecio en el costo unitario de hasta más del 500% (...) Presento el siguiente aviso a efecto de que se inicie la correspondiente investigación fiscal, de hechos que podrían ser constitutivos de delito”, consigna uno de los 12 avisos que la Cicíes presentó ante la Fiscalía General de la República, el 23 de marzo de 2021.
Tres meses después, el 4 de junio de 2021, Bukele disolvió la Cicíes. Desde entonces, el fiscal del oficialismo Rodolfo Delgado, un abogado que trabajó 29 meses como defensor para uno de los principales colaboradores de la Mara Salvatrucha-13, tiene engavetados los expedientes que salpican de corrupción al círculo cercano de Bukele.
Los hallazgos de la Cicíes no opacaron el aura ganadora de Coatl. En 2025 reportó al Registro de Comercio dos contratos relacionados con Centros Escolares: uno para la instalación de redes internas por $2,233,519 y otro para la conectividad por $1,839,394. El balance también consigna un contrato con el Ministerio de Justicia y Seguridad por $96,666 y un último con el Ministerio de Salud por $27,418.
Al cierre de 2025, reportó $56,615,027.15 en su balance, una cifra bien alejada de los $50,000 con los que inició operaciones, en noviembre de 2017.
La muerte de Blue Comm
Blue Comm, la empresa socia de ETESAL en el negocio de la fibra óptica, es una empresa liquidada.
El 4 de marzo de 2024, la compañía informó la venta de sus activos al Registro de Comercio, aunque no especificó a quién. “Conforme a lo establecido en la compraventa del activo mayoritario de la sociedad, los accionistas acordaron y se obligaron a no realizar actividades de competencia con la compradora que se dedicará al mismo rubro de Blue Comm, dejando a esta sin actividades que realizar, lo cual es del conocimiento de los accionistas, por lo que se estima conveniente llevar a cabo la disolución”.
El documento lo firmó el presidente de la empresa José Ramón Sanfeliú Rivera, miembro de la Comisión Nacional Electoral del partido Arena en 2019 y dueño de Talleres Moldtrok. La autobiografía del terrorista cubano Luis Posada Carriles, Los Caminos del Guerrero, lo menciona como una de las personas que lo refugió en El Salvador. “Me retiré a una casa de playa, de la que solo salía para cazar palomas. Solamente un amigo, en quien confío mucho, Ramón Sanfeliú y su hijo José, conocían mi paradero”.
A finales de la década de los noventa, notas periodísticas de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica le atribuyen a Sanfeliú haberle presentado a Francisco Chávez Abarca, responsable de la colocación de bombas en sitios turísticos de La Habana, en 1997. En el 2001, Talleres Moldtrok también fue investigada por irregularidades en una importación de armas y municiones desde España para la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
Sanfeliú Rivera fue nombrado presidente de Blue Comm el primero de mayo de 2023, en reemplazo del austriaco Martinz.
Para el 13 de diciembre de 2024, el liquidador Marvyn Eliseo Chávez Rodríguez informó los avances del proceso. “En el balance final se reflejó que el único activo son cuentas por cobrar por los anticipos de los activos repartidos a los accionistas. Manifiesta el compareciente que a esta fecha ha realizado los pagos y cruce de cuentas correspondientes y ha sido liquidada la cuenta por cobrar con los referidos anticipos, quedando a cero los activos”.
Así, Blue Comm murió después de 21 años de existencia. Por el momento, El Faro no ha podido documentar quién es el nuevo socio de ETESAL en el millonario negocio de la instalación de fibra óptica.