Los olvidados del represivo mayo de 2025: un busero muerto, 13 capturas sin pruebas y $12.6 millones del erario público

Modesto, un empresario de 53 años, estaba en el caserío El Milagro, sobre la carretera que de Quezaltepeque conduce a San Juan Opico, cuando dos policías lo capturaron sin ninguna explicación. “Los agentes José Luis Salazar Guillén y José Eduardo Cruz Martínez dejan constancia de la detención en flagrancia del imputado”, consigna el acta policial que los agentes elaboraron aquel día, 7 de mayo de 2025.

Los policías no detallaron el delito ni las pruebas para detener a aquel hombre fornido, moreno, cabello negro y barba de candado que no perdió el semblante alegre ni cuando lo fotografiaron esposado. En la cuenta de la red social X, la Policía lo acusó de cuatro delitos: extorsión, peculado, incumplimiento de deberes y denegación de auxilio, pero minutos después, borró el tuit. La información se expandió por la red, retomada por medios y cuentas de redes sociales, y al detenido lo llevaron a la Dirección de Tránsito de la Policía, por incumplir una orden de Nayib Bukele, el autoritario líder salvadoreño que anunció una semana de pasaje gratis por medio de sus redes sociales.

En El Salvador, las rutas del transporte pertenecen al Estado, pero están concesionadas a privados. El servicio es deficiente por la falta de renovación de unidades, por el maltrato al usuario y la violación constante a las normas de tránsito, como circular con música estridente. La flota de buses y microbuses no cubren la demanda y hay aglomeraciones en las paradas durante las horas pico del tráfico: por la mañana, cuando la gente va al trabajo, y por la tarde, cuando regresan a casa. El Gobierno paga un subsidio porque el pasaje está congelado. En abril de 2026, la Mesa Nacional de Transporte calculó que la administración Bukele les debe ocho meses de subsidio: $18 millones. Los impagos del Gobierno limitan mejorar el servicio, dicen los empresarios.

La noche del cuatro de mayo de 2025, Bukele anunció por medio de un tuit que el pasaje sería gratis del 5 al 11 de mayo. En ese momento, él enfrentaba una ola de críticas y reclamos por una serie de derrumbes en la carretera Los Chorros que provocaron el cierre de la principal vía que conecta la capital con el occidente del país. En esos días, el 1 de mayo, El Faro publicó una entrevista con dos cabecillas pandilleros que escaparon del régimen de excepción de Bukele, gracias al Gobierno de Bukele. Era la primera de las entregas que se publicaron hasta el día tres. La serie fue el centro de conversación en un territorio que Bukele controla usualmente: las redes sociales.

A las dos de la tarde del primero de mayo de 2025 se publicó la primera parte de la entrevista: “Las confesiones de Charli: “entrevista con un líder pandillero que pactó con el Gobierno de Bukele”. Tras 24 horas al aire, la entrevista alcanzó 326,837 vistas; a dos meses de su publicación, las tres partes de la entrevista alcanzaron dos millones de visitas en Youtube. En el resto de las redes sociales del periódico, los fragmentos de la entrevista publicados superaron las 15 millones de visualizaciones.

El presidente Bukele, un publicista experto en imponer temas en la agenda pública, en desviar la atención sobre asuntos incómodos para su imagen, anunció la semana de pasaje gratis justo cuando era criticado por su ineficiencia en los trabajos de Los Chorros y cuestionado por el largo pacto criminal que le permitió gobernar la capital (2015-2018) y luego ganar su primer período presidencial (2019-2024). Bukele, cosa rara, había perdido la narrativa.

Entonces, la noche del 4 de mayo, anunció el pasaje gratis en todo el país, a pesar de que la carretera de Los Chorros solo hace conexión con el occidente.

“Entendemos las molestias que genera el tráfico adicional por los trabajos en la carretera de Los Chorros. Por eso, además de otras medidas de mitigación, hemos decidido que durante toda la semana el transporte público será completamente gratuito. Esto incluye buses y microbuses, tanto urbanos como interdepartamentales, especiales y ordinarios”, escribió Bukele en la red social X, a las 6:36 de la tarde del 4 de mayo de 2025, un día después que las entrevistas a sus exsocios pandilleros hubieran terminado de emitirse.

Al siguiente día, las terminales y paradas de buses amanecieron abarrotadas. En las paradas de la plaza Salvador del Mundo y la Cuarta Calle, El Diario de Hoy fotografió a un centenar de personas que esperaban buses, mientras que los microbuses estaban llenos de usuarios parados en el pasillo. Los noticieros de televisión grabaron una decena de conos color naranja que indicaban el cierre de tres carriles en un tramo de Los Chorros y, entre los gestores de tránsito y policías, se observaban a jóvenes que con sus mochilas sobre la espalda caminaban hacia sus trabajos. “La situación es insostenible”, dijo Anabel Espinoza, una usuaria entrevistada por El Diario de Hoy. “Es demasiada gente la que ocupa esta parada y es imposible que todos lleguemos a tiempo”, opinó Francisco Esquivel, uno de la multitud que esperaba bus en la plaza Salvador del Mundo.

Ante el fracaso de su medida, Bukele acusó a los transportistas de orquestar un boicot y ordenó por redes sociales capturas por los delitos de peculado y extorsión, alegando que el Gobierno ya había pagado la semana de pasaje gratis y ellos no brindaron el servicio.

La Policía capturó a 14 empresarios. Mientras esto sucedía, el oficialista Diario El Salvador destacaba que las fuerzas del orden “brindan seguridad” en transporte público gratuito. La nota destaca que en la terminal Nuevo Amanecer de Soyapango, la Unidad Canina de la División Antinarcóticos de la Policía montó un dispositivo para evitar el traslado de ilícitos. Ni una línea sobre el caos tras la medida de Bukele.

Uno de los 14 capturados fue José Modesto Menjívar Vásquez. Cuando fue arrestado, acusado de negarse a seguir las órdenes de Bukele, hacía ya cuatro años que su ruta, su negocio de buses, había cerrado. A Modesto lo capturaron por negarse a circular unos buses que no tenía.

Modesto era empresario de la ruta 97, que recorría varias colonias de Santa Tecla. La ruta dejó de circular el 11 de marzo de 2021, según dan cuenta páginas de noticias de Facebook y testimonios de vecinos de la colonia Quezaltepeque, donde estaba el punto de buses. La amplia calle asfaltada donde los buses esperaban a los pasajeros ahora es un parqueo de doble fila. “Esa ruta dejó de trabajar después de la pandemia”, explica una señora que en una esquina tiene una tortillería.

El transportista estuvo detenido durante 16 días. El 19 de mayo de 2025, la Fiscalía presentó la acusación en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador y en el caso de Modesto solicitó al juez un sobreseimiento definitivo. En el documento, los fiscales no explican por qué fue detenido ni por qué pidieron el cierre de su caso. Todo lucía tan arbitrario como la manera en la que Bukele había anunciado en sus redes que el transporte sería gratuito.

Un domingo de marzo de 2026, El Faro buscó a Modesto en una colonia de Santa Tecla. Sonriente, atendió en la puerta, pero dijo que tenía una llamada telefónica con un familiar por un negocio inmobiliario y no podía atender. Pidió que se le contactara posteriormente por mensajería electrónica. “Tengo ciertas cuestiones que comentar”, respondió en uno de los mensajes, antes de pactar una reunión. Luego, el empresario no respondió más.

En junio de 2025, una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (UCA) reveló que seis de cada diez salvadoreños tienen “más cuidado” al momento de emitir su opinión política. El 48.3% de los encuestados teme expresar sus opiniones por miedo a ser detenido o encarcelado. Esta percepción está relacionada con la aplicación arbitraria del régimen de excepción, en vigor desde marzo de 2022, y que ha sido usado para encarcelar a excombatientes y veteranos de guerra, sindicalistas, maestros, y activistas de derechos humanos. El miedo al régimen de Bukele es tal que hasta hay familias que niegan a sus parientes fallecidos en las cárceles.

La ocurrencia que costó $12.6 millones

Los siete días de transporte público gratuito que el Gobierno de Bukele aprobó para contener la crisis por los derrumbes en Los Chorros costaron al erario público $12,643,855.45, según documentos oficiales obtenidos por El Faro.

El Gobierno pagó $1,317,068.12 diarios para la circulación de 6,429 buses urbanos, interurbanos e interdepartamentales A y B (la categoría A corresponde a buses especiales que cobran una tarifa más alta por tener comodidades como aire acondicionado). Otros $489,201.23 diarios fueron usados para el pago de 3,178 microbuses urbanos, interurbanos e interdepartamentales A, según uno de los cuatro documentos, que en total suman 88 páginas, que una fuente entregó a este periódico.

“La partida contable 10573, del 5 de mayo de 2025, con la descripción partida contable para recibir transferencias de fondos según lote de pago #9107, tiene como débito bancos comerciales M/D por el valor de $12,643,885.45 y crédito por el mismo valor a la cuenta del Tesoro Público Nacional”, consigna la información del Viceministerio de Transporte (VMT), en la que se detalla que la partida tiene un anexo de la operación al número de cuenta bancaria en la que se recibió “el pago de proveedor Ramo de Obras Públicas”.

Pese a que el Gobierno acumulaba dos meses de impago del subsidio a algunos transportistas, la noche del cuatro de mayo, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) comenzó a pagar el dinero del pasaje gratuito. Sin embargo, muchos empresarios desconocían el plan y ni siquiera sabían que esos fondos serían depositados en sus cuentas en la madrugada, apenas unas horas antes de comenzar a brindar el servicio.

“A las 12 de la noche algunas cuentas (de transportistas) ya tenían el dinero pagado. Obviamente, la gente ni siquiera sabía porque no habían revisado las cuentas. ¿Quién va a revisar cuentas a la una de la mañana?”, explica una fuente que trabaja con el sector del transporte público, quien concedió una entrevista con la condición de reservar su nombre, por temor a represalias gubernamentales.

Lo que siguió a la improvisación del Gobierno fue un caos en las terminales y las paradas de buses, principalmente en las rutas que circulan desde el occidente hacia San Salvador. Ante la confusión y el desorden, y aunque no se tratara de pandilleros, el Gobierno aplicó a los buseros el régimen de excepción que está en vigor desde 2022. Entonces, la siguiente pieza de esta historia fue la muerte de un empresario y 13 capturas más, sin prueba alguna. Estas detenciones fueron tan arbitrarias que la Policía incluyó entre los detenidos a Modesto, el empresario de la ruta 97 que cerró operaciones en 2021, y que ahora se dedica a bienes raíces.

Derrumbes de una obra secreta

El domingo ocho de marzo de 2025 llovió en Los Chorros. La lluvia hizo huecos en los taludes y provocó derrumbes, a pesar de los cortes y anclajes de concreto que el MOP instaló para estabilizarlos en los meses previos.

El plan inmediato de las autoridades fue colocar plástico y sacos llenos de tierra para contener la erosión. La medida no calmó la preocupación de conductores y especialistas, quienes cuestionaban que los cortes de los taludes eran demasiado verticales y eso los convertía en un riesgo ante la llegada del invierno.

El coordinador de la carrera de ingeniería geológica de la Universidad de El Salvador (UES), Miguel Hernández, dijo a Diario El Mundo que la montaña que rodea Los Chorros es joven, con una antigüedad de apenas 55,000 años, con materiales poco cohesivos y alta probabilidad de erosión por lluvias o sismos. “Son depósitos piroclásticos que tienden a comportarse de igual manera, de manera que la verticalidad le hace mal, la verticalidad a esos suelos les provoca un colapso o una desestabilización”, dijo.

Pese al derrumbe del 8 de marzo de 2025, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, defendió los trabajos y la seguridad de la obra. “Sí, es seguro (...) si me preguntas si la carretera está más segura que antes del inicio de la construcción, yo diría que sí”, dijo en la entrevista Frente a Frente, el 9 de abril de 2025.

Dos semanas después de esas declaraciones, la madrugada del 26 de abril de 2025, un nuevo derrumbe bloqueó la carretera. El MOP prometió habilitar el paso para el siguiente día, pero nuevos deslizamientos prolongaron el cierre del lugar donde el Gobierno construye una obra millonaria: el viaducto de Los Chorros.

La construcción de la megaobra vial comenzó el 24 de mayo de 2022 y consiste en ampliar 15 kilómetros de la carretera Panamericana de cuatro a ocho carriles; y en construir un viaducto de un kilómetro de longitud, desde Los Chorros hasta un lugar conocido como La Pedrera. La inversión es de $300 millones y está financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de Corea.

El Gobierno promociona el viaducto como “el puente de ocho carriles más largo y más complejo en la historia del país”. No hay más datos oficiales del proyecto, porque el 5 de enero de 2024 el MOP declaró reservada toda la información al respecto: estudios, diseños, contratación y ejecución.

Sin embargo, las lluvias de marzo y abril de 2025 obligaron al Gobierno a revelar información sensible de la obra. El MOP reconoció problemas en tres de los siete taludes, confirmó la remoción de 10.000 metros cúbicos de tierra y anunció el cambio de la pendiente de los taludes en un 50%. El ministro Rodríguez lo explicó de otra manera en una conferencia de prensa: necesitaban “acostar la montaña”.

Aunque los conductores buscaron rutas alternas, como Comasagua, Quezaltepeque y Zaragoza, los trabajos para “acostar la montaña” provocaron congestión vehicular y aumentaron el tiempo de viaje del occidente hacia la capital, hasta en cinco o siete horas para recorrer 16 kilómetros, tramo donde se ejecuta la obra. Unos 900 buses y microbuses del transporte público fueron afectados por el costo del combustible y el desgaste de las unidades, según documentos del Viceministerio.

El 2 de mayo de 2025, el MOP ordenó a la Dirección General de Transporte del VMT que calificara de “urgente” los derrumbes en Los Chorros y tramitar el transporte gratuito del 5 al 11 de mayo. Aunque esta información no era del conocimiento ni de los transportistas ni del público.

Mientras el VMT preparaba el documento para declarar como urgencia los derrumbes en Los Chorros, Bukele lidiaba con las entrevistas a Charli y Liro que detallaron por primera vez en video sus pactos con la pandilla Barrio 18 Revolucionarios. Durante dos días, Bukele dedicó tuits a tratar de desacreditar la publicación utilizando una vieja fórmula de su retórica antiprensa: intentó relacionarla con el magnate George Soros y la agenda progresista de su fundación Open Society. El tema, sin embargo, siguió en la agenda pública.

“Está claro que un país en paz, sin muertos, sin extorsión, sin sangre, sin cadáveres todos los días, sin madres llorando a sus hijos, no es rentable para las ONG de derechos humanos, ni para los medios globalistas, ni para las élites, ni para Soros”, escribió en X, al mediodía del 2 de mayo de 2025.

Al siguiente día, el 3 de mayo de 2025, el director general de transporte del VMT, Herbert Ismael Flores Majano, firmó una resolución que declaró los derrumbes como una “URGENCIA A NIVEL NACIONAL” (Sic), y ordenó el transporte público gratuito, según el documento 062/2025-SERVCOL-DGTT-VMT/2025.

“La modificación presupuestaria será a través de la contribución especial para la estabilización de las tarifas del servicio de transporte público, según los artículos 19 y 22 de la Ley Transitoria para la Estabilización del Servicio de Transporte Público de Pasajeros”, consigna la copia de un documento del VMT en poder de este periódico. La decisión del transporte público siguió siendo un secreto para la población y para la mayoría de transportistas. La ocurrencia de Bukele se transformó, entonces, en un desastre para el transporte público.

“No son majes pa’ trabajar de choto”

El 5 de mayo de 2025, las terminales de buses del occidente amanecieron abarrotadas de personas que necesitaban ir a la capital o a lugares ubicados en la ruta. En una de las terminales, los 67 buses no dieron abasto por dos razones: la primera, porque las unidades salieron en la madrugada de la terminal, pero no pudieron regresar pronto por el tráfico pesado en Los Chorros.

La segunda razón del caos es que los dueños de unidades que no tienen permiso para circular decidieron no trabajar porque no reciben compensación del Estado. Se trata de buses, pickups y microbuses “piratas”.

“Alrededor de la terminal deambulan microbuses, buses amarillos, que agilizan el transporte, pero como esos buses no estaban obligados porque no tienen líneas, entonces esos buses no iban a ser majes pa’ ir a trabajar de choto. La gente se tuvo que ir para la terminal porque eran los únicos que salían, por eso se acumuló, ese fue el problema”, explica la fuente que trabaja con el sector.

Una segunda fuente, quien trabaja como asesor del sector transporte desde 1995 y que concedió declaraciones con la condición de reservar su nombre, agrega una tercera variable que contribuyó al caos: muchos motoristas se negaron a trabajar por miedo a que se repitieran los incumplimientos de pago del Gobierno.

“El pasaje lo dio gratis el Gobierno, pero los transportistas tenían problemas con sus motoristas. Los motoristas decían: si el pasaje es gratis, ¿cómo me va a pagar a mí el empresario? Si a mí me pagan de lo que yo recojo a diario. Hubo varios problemas en cuanto a eso, a los transportistas como tal los agarraron así de madrugada. Esa cuestión del Gobierno salió sin avisarles, sin decirles nada. Muchos empresarios no sabían del pasaje gratis, no habían sido informados a tiempo de eso”, explicó esta segunda fuente.

Según esta persona, la decisión de muchos motoristas de no trabajar el 5 de mayo de 2025 obedece a que el Gobierno nunca paga a tiempo la compensación mensual y por eso creían que el impago se iba repetir con el pasaje gratis. “El negocio se ha vuelto insostenible porque el Gobierno no libera la tarifa. La empresa israelí Tahal hizo estudios y estableció que el pasaje debía costar entre 50 y 75 centavos de dólar. ¡Y le estoy hablando de un estudio del 2005!”, explica el asesor. Actualmente, el pasaje cuesta entre $0.25 y $0.35.

Esto significa que, además de no informar oportunamente a los transportistas sobre el pasaje gratis, el Gobierno impulsó esa medida desde el desconocimiento de cómo funciona el ineficiente sistema nacional.

El 5 de mayo de 2025, Bukele acusó a los empresarios de no brindar el servicio, pese a que el Gobierno ya les había pagado. “Esta acción constituye un claro sabotaje al país y, como siempre, el más afectado es el pueblo”, escribió en sus cuentas de redes sociales a las 05:49 de la mañana. “La Policía Nacional Civil deberá proceder con la captura de los propietarios de las rutas involucradas. Nadie está por encima de la ley”. Así, sin ser fiscal ni juez, Bukele ordenó capturas a la Policía.

Documentos policiales obtenidos por El Faro consignan que la primera captura ocurrió tres horas después del mensaje de Bukele. A las 09:00 de la mañana del 5 de mayo de 2005, la Policía capturó a José Alejandro Arriaza Salguero, empresario de la ruta 202, que hace su recorrido desde Santa Ana hacia San Salvador, porque “habían pocas unidades prestando el servicio de ruta”. Al menos en el acta policial, los agentes no consignaron cuántas unidades tenía la ruta, cuántas estaban en la trabazón de Los Chorros o cuántas no habían trabajado. Era una acusación sin sustento probatorio.

Dos horas y media después, a las 11:35 de la mañana, José Alexánder Sorto García, fue capturado. Él es socio de STECS, la empresa que presta el servicio desde Sonsonate hacia San Salvador. La prueba contra él fue la percepción de los policías. “Los agentes observaron aglomeración de personas queriendo hacer uso del transporte público (...) preguntando a personas que estaban en el lugar y respondiendo las mismas que estaba prestando servicio de manera irregular, ya que no habían muchos buses para abordar por lo que procedieron a la detención del imputado” (sic), consigna el acta policial.

Tanto Arriaza Salguero como Soto García tenían un vínculo directo con el Estado porque eran concesionarios o presidentes de cajas únicas de empresas relacionadas con el transporte. Los empresarios que tienen concesiones o permisos provisionales tienen un contrato con el Estado que les impone una serie de obligaciones, como prestar el servicio de manera continúa y sin interrupciones. La normativa dice que los transportistas deben cumplir de “forma irrestricta los horarios, itinerarios, recorridos, flota, frecuencia, paradas de buses, uso de terminales”, entre otras especificaciones.

La Policía no solo capturó a los presidentes de caja única y concesionarios. A las 11:35 de la mañana del 5 de mayo, unos agentes detuvieron a Genaro Ramírez, uno de los dirigentes emblemáticos del sector transporte, por “no haber acatado las indicaciones realizadas por el VMT”. Ramírez es miembro de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), pero no tiene concesiones ni permisos provisionales a su nombre. La acusación en su contra también eran afirmaciones sin explicación alguna que permitiera entender la carga probatoria.

La mañana del 5 de mayo de 2025, Ramírez y otros transportistas fueron convocados a una reunión en el VMT, en Santa Tecla. La Policía lo capturó al salir de las oficinas, pero en el acta que elaboraron los agentes Pedro Vásquez Orellana y Edgar Omar Aguirre consignaron que fue arrestado en la División Central de Investigaciones. De la reunión de Ramírez con el Gobierno no consignaron ni una palabra. El Faro intentó entrevistar a Ramírez durante las reuniones semanales de AEAS, el 13 y el 20 de marzo de 2026, pero respondió por medio de un empleado que estaba “preciso” para atender otras cuestiones.

Durante el gobierno del derechista Francisco Flores (1999-2004), Ramírez fue uno de los dirigentes que tuvo encontronazos con esa administración, que terminaron en paros al transporte público. Además, fue uno de los que apoyó la reelección inconstitucional de Bukele: “Estamos solicitándole que considere participar de nuevo y decirle que como sector transporte estamos en toda la disposición de apoyarle si él se presenta en una reelección”, dijo en una conferencia de prensa, el 14 de septiembre de 2022. El empresario destacó que el régimen de excepción redujo las extorsiones a su sector.

Ramírez entró a la reunión en el VMT siendo un aliado del bukelismo y salió esposado, acusado del delito de incumplimiento de deberes y procesado por el régimen de excepción que antes había alabado.

El régimen por que sí

La captura de Ramírez y de los otros cuatro empresarios el 5 de mayo de 2025 no resolvió el caos del transporte. Al siguiente día, la situación seguía igual: terminales y paradas de buses abarrotadas. El Gobierno siguió apostando a la política del garrote para resolver el problema: entre el 6 y 7 de mayo, otros nueve transportistas fueron capturados por razones vagas, como “prestar el servicio de manera irregular” o “ser señalados por la población de negarse a prestar el servicio”, según las actas policiales.

La Policía capturó a los empresarios por los delitos de peculado e incumplimiento de deberes. El peculado era un delito exclusivo para funcionarios o empleados públicos que hurtaran fondos públicos de una dependencia estatal bajo su responsabilidad. Los transportistas no erogan fondos públicos, reciben subsidio de dinero público, pero el 7 de febrero de 2025, un mes antes de los derrumbes en Los Chorros, el oficialismo aprobó una reforma al Código Penal.

La reforma agrega la figura del “servidor público”. Este cambio permite que una persona que presta “un servicio temporal o permanente, remunerado o ad honorem, dentro del Estado, municipios o tribunales” sea procesada por peculado. Así, los transportistas se convirtieron en los primeros procesados por este cambio legal que aprobó la Asamblea Legislativa, controlada a plenitud por Bukele desde 2021. Y no solo eso: a los transportistas también les aplicaron el régimen de excepción.

El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022, tras una masacre de 87 salvadoreños perpetrada por la Mara Salvatrucha-13 y la ruptura del pacto secreto entre el Gobierno de Bukele y las tres pandillas. Bukele ordenó un régimen de excepción por un mes y su Asamblea Legislativa lo aprobó de inmediato. Desde entonces, ha sido prorrogado cada mes, durante cuatro años, limitando derechos fundamentales como el debido proceso judicial, el derecho de defensa, y la ampliación de los plazos procesales para juzgar a una persona por agrupaciones ilícitas, lo que deriva en años de encarcelamiento sin una condena. Miles de ciudadanos inocentes han sido encarcelados bajo fichas policiales elaboradas sin pruebas o bajo argumentos como que mostraron “nerviosismo” y las cárceles se han convertido en centros de tortura sistemática.

El discurso oficial justifica el régimen de excepción como una herramienta legal para combatir a las pandillas. Sin embargo, el Gobierno utilizó el régimen para encarcelar a los transportistas por incumplimiento de deberes y peculado, delitos que no tienen ninguna relación con las pandillas.

¿Por qué la Fiscalía utilizó un decreto contra las pandillas para mantener en la cárcel a los transportistas?

Los fiscales Douglas Francisco Martínez Morales y Juan José Olivares Ruiz, que presentaron la acusación ante el juzgado, no dedicaron ni una línea para justificar por qué los transportistas debían ser procesados con el régimen de excepción. Se limitaron a consignar que el decreto está vigente “por la grave emergencia que se ha generado en nuestro país en las últimas horas debido al incremento de homicidios que está afectando a la población”.

Es decir, entre la violencia de las pandillas y los transportistas no hay ninguna relación, pero al aplicarles ese decreto, la Fiscalía consiguió más tiempo para presentar el caso a los tribunales (ampliar el plazo de tres a 15 días) y mantenerlo en reserva, en secreto.

El Faro también tuvo acceso a un documento del Juzgado Séptimo de Paz en el que no se objeta la aplicación del régimen de excepción, pese a que el expediente no tiene ninguna relación con las pandillas. “Continúa vigente el Régimen de excepción relacionado y, por tanto, suspendido el plazo constitucional de setenta y dos horas para la duración de la detención administrativa, previsto en el artículo 13 de la Constitución. En tal sentido, no ha existido un exceso de la duración de la detención en flagrancia”.

Tras el tuit de Bukele en el que acusaba a los transportistas de un boicot al país, el criterio de la Policía, fiscales y jueces estaba alineado para que siguieran en prisión. Un empresario murió bajo custodia del Estado, en medio de este entramado sin ningún sentido jurídico.

La muerte de Jaco Carranza

Los policías José Roberto Ávila Cabrera y Francisco Beltrán Chávez llegaron a la terminal de buses de la Sociedad de Empresarios Independientes de Santa Ana (SEISABUS), a la 1:30 de la tarde del 7 de mayo de 2025, y escribieron en un informe que atestiguaron los horarios de salida de la ruta 201, la frecuencia y “verificaron con el encargado que no tenían unidades para salir a trabajar”.

En el documento no hacen ninguna referencia a cómo el derrumbe de Los Chorros había afectado el recorrido y la frecuencia de la ruta. Tampoco enumeraron prueba alguna de por qué los buses no regresaban a la terminal. Los policías llegaron a la conclusión de que los transportistas “no tenían ninguna justificante” para que la terminal estuviera casi vacía. Por esa razón, escribieron los agentes, procedieron a la captura “en flagrancia” de José Roberto Jaco Carranza, de 64 años, empresario fundador y, en ese momento, gerente general de SEISABUS.

Al igual que los cientos de capturas en el marco del régimen de excepción, la Policía manejó en secreto el lugar donde Jaco Carranza estuvo detenido. La familia obtuvo una escueta información hasta cinco días después, el 12 de mayo de 2025, cuando el empresario falleció en el Hospital Regional del Seguro Social de Santa Ana.

El Instituto de Medicina Legal reconoció el cadáver en la morgue del hospital y la forense Sonia Elizabeth García Mejía estableció como causa de muerte un “síndrome coronario agudo” (SAC), según los documentos obtenidos por El Faro. Un SAC ocurre cuando el flujo sanguíneo al corazón se reduce o detiene bruscamente, y lo padecen personas que tienen factores de riesgo, como la presión alta, colesterol elevado o diabetes.

Entre los posibles tratamientos para un SAC están la toma de fármacos o procedimientos médicos para abrir las arterias, a menudo afectadas por coágulos. En el caso de Jaco Carranza, no hay evidencia documental de que haya recibido tratamiento en la bartolina policial donde estuvo detenido o en el Hospital Regional del Seguro Social en Santa Ana. En el apartado de la esquela de Medicina Legal donde se debe especificar la “asistencia médica”, la forense García Mejía escribió que eso era algo “no precisado”.

Hasta después de la muerte de Jaco Carranza, la familia obtuvo escueta información sobre lo que pasó con el empresario después de su detención. Una nota de La Prensa Gráfica consigna que una fuente cercana a la familia contó que el empresario estuvo detenido en las bartolinas del 911 en Santa Ana. Luego, al sentirse mal de salud, fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, pero no pudo ser hospitalizado por falta de camillas. Finalmente, fue ingresado al Hospital Regional del Seguro Social. La bartolina del 911 en Santa Ana, donde Jaco Carranza estuvo detenido, ha sido un lugar de tortura policial durante el régimen de excepción. El Faro entrevistó a una persona que estuvo detenida en esa bartolina, el Señor G, como aceptó identificarse por temor a ser capturado nuevamente. Esto es lo que él recuerda de su estadía en esa bartolina durante abril de 2022: “torturaban a bastante gente, les metían unas bolsas negras (en la cabeza) y que no respiraran. Hasta que ya no aguantaban, les quitaban la bolsa. Les pegaban con un garrote en los pies. Ahí todos gritaban porque los zampaban en una pila con agua y sufrían. Yo vi todo eso”. Un segundo testimonio recogido por El Faro retrata la indolencia de los policías que vigilaban esa bartolina. En enero de 2024, Juan Carlos Cornejo Martínez, un discapacitado que rescataba perros y fue detenido sin pruebas por el régimen de excepción, fue testigo de la indiferencia policial ante la agonía de una detenida: “En el tiempo que yo estuve, murió una señora. Ella les pedía, de favor… era una persona VIH, insuficiencia renal, diabética, persona grave, pues. A los policías les dio igual. Cuando ella murió, se preocuparon, porque sabían que les iban a cuestionar, pero ahí ya estaba muerta. Se llamaba Juana, el apellido no me acuerdo, ahí murió en el 911. A ella le faltaba una pierna, andaba en silla de ruedas. ¿Cuál es el concepto de salud que ellos tienen? La señora agonizó, convulsionó, murió adentro, en el puro concreto, y ellos estaban cerquita, y no hicieron nada, la dejaron morir”.

El transportista Jaco Carranza llegó a la bartolina del 911 de Santa Ana 16 meses después de la muerte de Juana. Durante los últimos siete meses, El Faro buscó tres veces a familiares del empresario en una colonia de Santa Ana, para ampliar detalles sobre su detención, encierro y muerte bajo custodia del Estado, pero hasta el cierre de esta nota no respondieron. También se solicitó una entrevista con un representante de SEISABUS, pero tampoco hubo respuesta.

El 12 de mayo de 2025, la empresa publicó una esquela en redes sociales. “Con profundo dolor, compartimos la partida de nuestro querido fundador, empresario transportista y gerente general, Roberto Jaco. Un hombre visionario, íntegro y generoso, que dedicó su vida con pasión y entrega a construir esta empresa desde sus cimientos. Gracias por su legado, don Robertío. Gracias por creer, por luchar”. Desde la publicación de esta esquela, SEISABUS no se ha pronunciado más sobre esa muerte.

Vecinos de Jaco Carranza entrevistados por El Faro lo describen como generoso y reservado. “Él no se metía con nadie. Lo conozco desde hace más de 20 años y siempre pasaba trabajando. Cuando alguien necesitaba algún favor, lo hacía, y a veces hasta regalaba alguna cosita, como guineos”, cuenta una señora de pelo canoso, mientras barre la acera de su casa. Ella suelta esas frases con evidente temor, “por lo que le pasó” a su vecino, y sugiere no indagar más sobre el caso: “Usted está joven, no debería andar preguntando estas cosas, por la situación del país. Nunca se sabe lo que puede pasar”.

La muerte de Jaco Carranza impactó a sus vecinos y también al proceso judicial. El 23 de mayo de 2025, los empresarios enfrentaron una audiencia en el Juzgado Séptimo de Paz, que les concedió la libertad condicional. Una fuente del sistema judicial que estuvo en la audiencia cuenta que esa resolución fue resultado de la muerte de Jaco Carranza. “El señor de Santa Ana estaba enfermo y no debieron meterlo preso. Esa muerte les generó demasiados anticuerpos y por eso aceleran el proceso y los sacan”. Según esta versión, los demás buseros están libres porque Jaco Carranza murió.

La fuente judicial que habló con El Faro contó que atestiguó las advertencias de los policías a los buseros liberados tras la muerte del transportista: “La Policía les advierte a los señores que están detenidos, que los están poniendo en libertad, que hablen con sus abogados, pero que no vayan a combatir (criticar) nada. Les piden que se mantengan diciendo que están de acuerdo en las libertades y que ahí no haya discusión”.

Cuando el juzgado ordenó procesarlos en libertad, los transportistas se retiraron del Centro Judicial de San Salvador sin decir ni una palabra sobre la muerte de Jaco Carranza ni sobre las arbitrariedades del proceso. Ha pasado un año, el silencio de los empresarios se mantiene y el caso sigue bajo investigación del Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador. El Faro contactó a cinco de los 13 procesados, pero no respondieron a la petición de entrevista. El abogado de uno de esos procesados dijo: “Atendiendo el deseo expreso de mi representado de mantener bajo estricta reserva su trámite judicial, por el momento no me es posible brindar declaraciones ni conceder entrevistas”.

El asesor explica que los transportistas no denuncian las injusticias y los problemas que enfrentan porque temen ser capturados como Catalino Miranda. Él era un reconocido dirigente del transporte que fue capturado el 12 de marzo de 2022, luego de una reunión en la Casa Presidencial, mucho antes del desastre de Los Chorros. Lo acusaron de cobrar en pasajes más de lo aprobado y lo encarcelaron en Mariona, donde fue víctima de la corrupción penitenciaria. Miranda murió en septiembre de 2025 y, durante la crisis de Los Chorros, Bukele usó el caso para demostrar que su voluntad está sobre la institucionalidad del país. “Pregúntele a Catalino Miranda cómo le fue la última vez que intentaron algo similar. Se equivocaron de nuevo”, escribió Bukele en la red social X, el 5 de mayo de 2025.

“Los buseros están organizados, pero el sector tiene miedo. Desde el caso contra Catalino Miranda el sector tiene miedo de decir, opinar algo, porque pueden ser apresados, les pueden aplicar el régimen. Tienen temor y por eso no marchan, no se expresan, no exigen y mejor se quedan callados”, cuenta el veterano asesor de los transportistas.

El busero muerto y los otros 13 que continúan procesados fueron las primeras víctimas de mayo de 2025, un mes que empezó con las complicaciones vehiculares por los derrumbes en Los Chorros y que siguió con las revelaciones de los cabecillas pandilleros Charli y Liro. La noche de la muerte de Jaco Carranza, el 12 de mayo de 2025, la Policía reprimió y capturó a habitantes de la comunidad El Bosque que protestaban frente al centro comercial Las Piletas y la Residencial Los Sueños (donde vive Bukele). Los manifestantes pedían la intervención de Bukele para evitar un desalojo, pero en respuesta fueron capturados, entre ellos el pastor José Ángel Pérez y el abogado ambientalista Alejandro Henríquez. Un día después de la protesta ciudadana frente a su casa, Bukele acusó a las organizaciones no gubernamentales de utilizar a los campesinos de la comunidad El Bosque y en represalia envió un proyecto de Ley de Agentes Extranjeros para imponer el 30% de impuestos.

La embestida del oficialismo contra organizaciones de la sociedad civil no terminó con la reactivación de la Ley de Agentes Extranjeros, que resultó en hacer inviable la vida financiera de varias organizaciones que eran críticas a la dictadura salvadoreña.

Los diputados aprobaron la Ley de Agentes Extranjeros el 20 de mayo de 2025. Desde entonces, al menos siete organizaciones y dos medios informativos cerraron o salieron del país debido a la ley: la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Cristosal, la Fundación Heinrich Böll, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Comunidades de Fe en Acción (COFOA), la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales y AIDS Healthcare Foundation (AHF), organización que cerró sus proyectos y programas para la prevención y tratamiento del VIH, los medios GatoEncerrado y FocosTV.

La noche del 18 de mayo de 2025, la Policía capturó a Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad Anticorrupción de la ONG Cristosal. Al siguiente mes, Bukele consolidó su autoritarismo con la captura del abogado constitucionalista Enrique Anaya, un crítico de las políticas oficialistas. En junio de 2025, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró la salida del país de 43 periodistas por acoso policial o tras leer la situación del que quizá es el mes más represivo de la historia del bukelismo.

El pastor Pérez y el abogado Henríquez, capturados arbitrariamente por acompañar a la comunidad El Bosque, fueron liberados el 17 de diciembre de 2025, tras siete meses en prisión. Los procesados se declararon culpables en un procedimiento abreviado, algo que la defensa consideró una decisión estratégica ante la ausencia de garantías constitucionales y de debido proceso en el país, y siguen bajo restricciones judiciales como salir de El Salvador. La activista de derechos humanos Ruth López y el abogado constitucionalista Enrique Anaya continúan detenidos y les han aplicado el régimen de excepción, pese a que los delitos por los que son procesados no tienen ninguna relación con pandillas. López y Anaya están incomunicados y sus procesos son secretos.

Sobre la muerte de Jaco Carranza, una muerte bajo custodia estatal, El Estado no ha anunciado ninguna investigación. El transportista apenas duró vivo cinco días en las bartolinas del régimen.