Apenas 72 horas después, el tres de abril de 2022, Walter era un cadáver con signos de tortura: tenía hematomas en los pies, brazos y hombros. Tenía las muñecas casi cortadas por la presión de las esposas. Walter murió por un trauma cerrado de tórax, según la esquela de Medicina Legal. Un trauma cerrado de tórax es una lesión en el pecho provocada por un impacto contundente. La familia cree que Walter murió por una golpiza y por eso desde abril de 2022 solicitó a Medicina Legal la autopsia, pero esta institución se ha negado a entregarles ese documento durante los últimos tres años.
Walter es el primer fallecido del régimen de excepción, aprobado a finales de marzo de 2022, tras el fracaso de la negociación del Gobierno de Nayib Bukele con las pandillas. Durante los 40 meses de régimen, la Policía ha capturado a 86,400 personas, según la última prórroga que aprobó la Asamblea Legislativa, controlada por Bukele. Hasta el 17 de agosto de 2025, Socorro Jurídico Humanitario, una organización que asesora a víctimas de violaciones a los derechos humanos, reportó 435 muertes en las cárceles salvadoreñas. “Han muerto sin haber sido vencidos en juicio (...) 94% de las personas no tenían perfil de pandilleros y murieron bajo la tutela del Estado y en total impunidad”, informó en su cuenta de la red social X.
Decenas de personas han sido capturadas por fichas que los policías armaron incluso después de la detención. En algunos expedientes de captura solo se dice, literalmente, que la persona mostró “nerviosismo”. Los testimonios de tortura sistemática ya se cuentan por docenas, en su gran mayoría de salvadoreños sobrevivientes a esas celdas, pero también de varios venezolanos que pasaron por el Cecot, la megacárcel que Nayib Bukele prestó a Donald Trump para enviar a cientos de venezolanos, muchos de ellos sin más falta que haber migrado de su dictadura hacia Estados Unidos. Algunos de los salvadoreños que sobrevivieron a ese encierro hablan de capturados que no sobrevivieron ni a la primera noche, tras la paliza de recibimiento propinada por los custodios.
La razón por la que Walter fue detenido es ambigua. Dos policías, José Samuel Ramírez Martínez y Manuel Alfredo Martínez Escalante, consignaron en un acta que una persona, a quien no identifican aduciendo que temía a represalias, les informó que en la calle principal de la colonia San Alfonso, en Ahuachapán, se encontraba un grupo “al parecer miembros de pandillas, que estaban intimidando y exigiendo dinero a las personas que pasaban por el lugar”. En ese lugar era normal que hubiera un grupo de hombres, porque hay una cantina. Walter era un habitual, y para el día que se aprobó el régimen había consumido bebidas embriagantes sin interrupción durante ocho días.
La familia dice que la captura de Walter ocurrió porque estaba a la hora y en un lugar equivocado. Ellos reconocen que vivían en una zona controlada por una pandilla, donde la Policía constantemente lanzaba operativos. Pero sus familiares aseguran que Walter no era pandillero y por eso nunca había sido capturado antes.
No, si él ahí anduvo vueltiando por todo esto y le digo de que aquí habían muchos muchachos pandilleros y aquí anduvo la STO, andaban en todas las fuerzas especiales de la Policía, a él ni siquiera lo paraban en la calle. Hay veces que los muchachos iban en carrera en la calle que lo iban siguiendo y él se encontraba con los señores ahí y solo le decían: “Buenas tardes”. A él no lo detenían.
Los documentos oficiales consignan que Walter manifestó a los policías “ser miembro activo de la pandilla dieciocho con grado de soldado”, aunque el acta no tiene la firma del detenido, solo la de los oficiales. La familia rechaza ese vínculo y atribuye la captura de Walter a las “cuotas” de capturas que las jefaturas impusieron a los agentes al inicio del régimen, algo que denunció el Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) y más recientemente un informe de Human Rights Watch. El Faro ha documentado un centenar de casos de régimen donde la información policial es contradictoria, falsa o ambigua: 690 personas fueron detenidas por criterios como parecer nervioso o sospechoso; en otros casos, la información policial es contradictoria, como en el caso de un abogado acusado de extorsión que al momento de los hechos que le imputaban ya estaba detenido; y también hay casos de fichas policiales falsas que, literalmente, han convertido a los detenidos en pandilleros de la noche a la mañana, como le ocurrió al rapero N-Real.
La familia rechaza vínculos de Walter con la pandilla y asegura que fueron víctimas de la guerra por territorios entre las pandillas en El Refugio, Ahuachapán.
“Fíjese que yo trabajaba con unos albañiles, que por cierto, eran mis sobrinos y allí en un lindero de esa de esa colonia andaban, ahí los mataron a ellos. Yo, gracias a Dios, salí libre de esa balacera ahí. No, fíjese que este, no nos dijeron nada, yo creo que simplemente porque éramos de esta colonia. Fíjese de que nos agarraron así de repente y los agarraron a andar allí a punta de pistola todos y de repente me soltó, me tiró para la calle. Uno le dijo al que estaba en la calle que me matara con un fusil y yo a lo que pude salí huyendo por la calle y me metieron una mira, pues cómo me libré yo”.
Que Walter y su familia fueron víctimas de las pandillas es algo que no solo está documentado con este testimonio. El Faro verificó en hemerotecas que los hermanos Marvin y Alex, ambos de apellidos Reyes Castro, sobrinos del padre de Walter, fueron asesinados a balazos el 27 de julio de 2019, cuando construían una casa en la colonia Alicante, cantón San Antonio, de El Refugio, Ahuachapán. Según notas en medios de comunicación como El Salvador Times el móvil del doble crimen fue: “Los hermanos residían en una colonia donde predominan pandilleros de la 18, y en donde fueron asesinados delinque la Mara Salvatrucha (MS-13)”.
Según documentos obtenidos por la filtración Guacamaya Leaks, la Fiscalía abrió una investigación por el homicidio de Walter después de su detención, y la Inspectoría del Ministerio de Seguridad y Justicia también inició una investigación disciplinaria. Tres años después, la familia no tiene ningún resultado de esas indagaciones.
A inicios de agosto de 2025, un familiar de Walter concedió una entrevista a El Faro y reiteró su deseo de justicia por las torturas que Walter sufrió en las bartolinas de Ahuachapán. Dos semanas después de esa entrevista, el Gobierno de Estados Unidos afirmó categóricamente que “no hubo informes creíbles de abusos significativos de los derechos humanos” en El Salvador. El de Walter es apenas uno de los 435 casos documentados de muerte bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción.