Ramírez Rivas es una de las 547 personas que han muerto en las cárceles salvadoreñas desde que se aprobó el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, según el conteo de Socorro Jurídico Humanitario hasta el 15 de julio de 2026.
La mañana del 30 de junio de 2022, el pescador ayudaba a su padre a limpiar una piscina, cuando cuatro policías lo arrestaron por supuesta colaboración con una pandilla. José Valle, el padre de la víctima, recuerda que las autoridades le dijeron que no contratara un abogado porque eso no serviría de nada. La familia tampoco se enteró de la primera audiencia que ocurrió en el Juzgado Especializado de Instrucción C2 de San Salvador, junto con otros 29 capturados en San Luis La Herradura, Olocuilta y Cuyultitán.
Al pescador le violaron su derecho de defensa, no le permitieron presentar pruebas de descargo en el proceso por agrupaciones ilícitas y lo encarcelaron en Mariona.
Menos de dos meses después, el 24 de agosto de 2022, Ramírez Rivas salió tan grave del penal que no llegó con vida a la sala de emergencias del Hospital Zacamil. Cuando una médico revisó el cuerpo en la ambulancia determinó que tenía de seis a ocho horas de fallecido, según el tanatocronodiagnóstico (conjunto de técnicas y observaciones médico-forenses usadas para estimar el tiempo transcurrido de la muerte de una persona).
El rostro de Ramírez Rivas tenía señales de insolación, una de las formas de tortura descritas por sobrevivientes del régimen: castigos bajo el inclemente sol de Mariona. Además, Valle denuncia que su hijo fue víctima de un crimen. Un asesinato por perforación en el pecho. Las fotografías que tomó el empleado de una funeraria muestran que el cadáver tenía un agujero enrojecido, con un diámetro aproximado de 1.5 mm, ubicado unos 10 centímetros abajo de la clavícula derecha. Hay un patrón documentado por organizaciones internacionales que consideran que en el sistema penitenciario pueden haberse cometido crímenes de lesa humanidad.
Fotografía tomada por empleados de una funeraria de San Luis Talpa al cadáver de Dionicio Adonay Ramírez Rivas, de 24 años, quien tenía una perforación en el pecho. Ramírez Rivas no tenía tatuajes ni antecedentes relacionados con pandillas, pero las autoridades lo encarcelaron en Mariona, donde murió el 24 de agosto de 2022.
Los signos de violencia sobre el cadáver de Ramírez Rivas fueron ignorados en los reportes oficiales. La esquela y la autopsia que firmó el forense de Medicina Legal, Manuel Antonio Mendoza Rivas, consigna que la causa de la muerte fue un edema pulmonar. Bajo este eufemismo clínico, el Estado ha ocultado las muertes violentas en las cárceles. Eso han escrito en cientos de autopsias.
La autopsia de Medicina Legal consigna que la muerte está relacionada con problemas de hipertensión arterial. “Tomando en cuenta además la obesidad del ahora occiso que favorece el padecimiento de enfermedades de tipo metabólica”, dice uno de los documentos oficiales en poder de El Faro. Ni una palabra sobre el agujero.
El padre buscó justicia por la muerte de su hijo, pero la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Fiscalía, ambas instituciones bajo el control del régimen, ignoraron sus peticiones. El Juzgado de San Salvador a cargo del caso tampoco solicitó investigar la muerte de Ramírez Rivas. En la resolución de cierre del expediente, el juez se limita a consignar que “tiene acreditado el deceso” por edema pulmonar. El caso ya suma cuatro años de impunidad y no hay datos oficiales al respecto debido a que el Gobierno ha declarado información reservada todo lo relacionado con fallecidos en Centros Penales.
Ramírez Rivas tenía una hija de cuatro años y una esposa embarazada de gemelos cuando fue capturado. Valle cuenta en este testimonio que por el estrés y la angustia que vivió la familia, los bebés de cinco meses de gestación murieron en el vientre de su madre. Dice que concede esta entrevista porque su hijo era inocente y porque quiere que su nieta sepa, en un futuro, que su padre no era delincuente. El padre habla porque no quiere que el nombre de su hijo quede manchado por un delito que no cometió.
Desde la publicación de Testimonios, en junio de 2023, un especial que recoge entrevistas a víctimas de violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción, El Faro ha solicitado entrevistas a la Policía, Fiscalía y Dirección de Centros Penales, sin que hasta el momento se obtenga respuesta. El silencio es una política del régimen de Nayib Bukele ante los casos de corrupción de su administración, ante su negociación con las pandillas y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos.