Los poderosos expulsaron a Erika Aifán, la jueza insigne de Guatemala

La jueza guatemalteca Erika Aifán renunció a su cargo. Durante varios años, resistió ataques del sector privado tradicional, de los militares, de las cuentas falsas desde las redes sociales. Con más de setenta denuncias, había logrado sostenerse hasta que un antejuicio falso, por supuestamente girar una orden de detención contra alguien que aún poseía derecho de antejuicio, llegó a la Corte Suprema de Justicia, desde donde pretendían retirarle la inmunidad para suspenderla del cargo y luego capturarla. La justicia de Guatemala está cada día más desahuciada.

Uno de sus grandes pecados fue no doblegarse frente al acaudalado G-8 (grupo de familias más ricas de Guatemala) cuando estos querían cerrar sus casos luego de haberse aliado con los políticos para que el congreso modificara el delito de financiamiento electoral ilícito. Aifán mantuvo su postura y no cedió a las presiones que pretendían que este delito dejara de existir.

Antes había juzgado a narcotraficantes, lo que le había valido que la trasladaran luego de fuertes amenazas. Tampoco cedió ante el empuje de las redes clientelares de abogados que dominan las elecciones de funcionarios judiciales que buscaron retirarla de las investigaciones por medio de denuncias espurias. Incluso, grupos criminales infiltraron su juzgado con personal que le trasladaba información a los acusados.

El valor de ser independiente tuvo su precio: debió salir exiliada a Washington el 9 de marzo, y el 21 hizo pública su renuncia.

La cacería en su contra fue descarada. En el último mes, la fiscal general Consuelo Porras le recetó tres antejuicios por supuestamente abrogarse la competencia de casos importantes. El fin, claramente, era arrinconarla hasta la desesperación. Aifán había anunciado su intención de lanzarse al cargo de fiscal general y, ante ese temor, el grupo neofascista Fundaterror, con alta influencia en la justicia, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad y esta lo otorgó, prohibiendo que los jueces se lanzaran por no contar con 10 años de ejercicio profesional al considerar inusitadamente que por su cargo no ejercen la abogacía. Esto impidió que Aifán y otros jueces decentes pudieran postularse para la jefatura del Ministerio Público.

Aifán era considerada una de las últimas “juezas de Berlín” que quedaban en el aparato judicial. Un día después de la renuncia de Aifán, al juez Pablo Xitumul, quien condenó a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por corrupción, fue separado de su cargo, habiendo perdido la inmunidad debido a una acusación por un incidente automovilístico. El policía que lo agredió deberá enfrentar juicio, lo que demostraría que Xitumul no cometió ningún delito, pero la intención del Ministerio Público es apresarlo arbitrariamente.

El concepto de “jueces de Berlín” nació como una leyenda en el mundo del derecho. En las periferias de Berlín el rey Federico II el Grande pretendía comprar un molino para luego demolerlo pues consideraba que estorbaba la vista de su palacio. El campesino dueño del molino no quiso vender. Esto molestó al rey y anunció que utilizaría todo su poder para hacerse de esa tierra, emitiendo, incluso, órdenes de expropiación.

El campesino viajó a Berlín y acudió con un juez a presentar sus alegatos para defender su derecho a no venderle su propiedad al rey. Sorpresivamente el juez emitió una resolución ordenándole al rey respetar el derecho del campesino a mantener su molino. El campesino acudió al palacio y entregó la sentencia. Los cortesanos previeron una enfurecida respuesta del rey, quien luego de leer la decisión del juez, dijo, aceptando la sentencia: “Todavía quedan jueces en Berlín”.

Esta historia recorre libros y charlas para ejemplificar la independencia judicial real. Un juez o jueza se legitima como tal frente a los más poderosos, quienes acostumbran a doblar las normas a sus intereses metiéndose en la bolsa a las cortes de los países. Las leyes no son mandatos que operan en el aire sino que existen en tanto se hacen valer por medio de las judicaturas.

En naciones como las nuestras, donde la justicia y la democracia son nada más entelequias, que jueces limpios respinguen entre un nauseabundo sistema de justicia es casi un milagro. Por eso es lamentable que una jueza premiada por Estados Unidos, por países europeos, reconocida por la población, quien ejerció sin titubeos la judicatura por veinte años, deba despedirse de su juzgado porque el sistema se encuentra tan corrupto que no tolera a los funcionarios que no se prestan a los intereses del statu quo criminal. En Guatemala, quedan contados “jueces de Berlín” que se encuentran, ahora más que nunca, en fuerte riesgo.

Aifán se suma ahora a más de una decena de fiscales, jueces y magistrados que han volado desterrados a Washington porque son perseguidos sin garantías procesales, parecido a lo que sucede en Nicaragua. Guatemala se desploma en caída libre hacia la destrucción democrática. Mientras tanto, la comunidad internacional continúa sin quitarle totalmente el respaldo al mandatario Giammattei, quien es abrigado por la patronal Cacif. El presidente es el punto central de la cooptación y el mayor responsable, junto a la fiscal general, de una cacería contra jueces y fiscales honestos.

En los últimos dos meses, se han girado órdenes de captura contra diez fiscales anticorrupción y han salido más de 15 del país. En un caso, liberaron a dos fiscales por no contar con pruebas y en otro les quitaron a dos investigadoras los delitos más graves. Se va demostrando que los procesos son inventados.

Estados Unidos se ha percatado de esta situación crítica y que está apañada por las élites, por eso el subsecretario para la región Brian Nichols mencionó la posibilidad de sancionar a miembros del Cacif si tienen los elementos necesarios. Esto provocó reacciones virulentas desde las cámaras empresariales, quienes fueron los principales críticos de la jueza Aifán. La conjunción de agendas de impunidad entre Cacif y el grupo Fundaterror (cuyos miembros fueron sancionados en la Lista Engel) es clara y si no hay un distanciamiento explícito, las consecuencias desde Estados Unidos apuntan a ser más concretas. 

Pero si no se observa una respuesta con más dientes de parte del gobierno de Estados Unidos ante este hecho que le pone el clavo al ataúd de la justicia guatemalteca, las fuerzas corruptas se consolidarán junto al narcotráfico por un buen tiempo. No sabemos hasta cuándo, porque no habría posibilidad de Estado de derecho. Ningún operador de justicia se animará a ser “un juez de Berlín”, porque tendrá claro que su único destino será el destierro o la cárcel.