La brecha entre lo que afirma Heritage sobre El Salvador y sus propios datos
<p>Ante una comisión del Congreso de Estados Unidos, la Fundación Heritage intentó normalizar las deficiencias en la protección de los ciudadanos de El Salvador, presentándolas como comunes y corrientes en la región. Pero sus propios datos no respaldan esa idea.</p>
Daniel Olmedo
El 27 de marzo, El Salvador cumplió cuatro años bajo régimen de excepción. El 16 de abril, la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes de EE. UU. celebró una audiencia para examinar el impacto de esta medida vigente en los derechos humanos.
Entre los testigos que declararon ante los miembros de la Comisión se encontraban representantes de la Asociación de Periodistas de El Salvador, el Centro de Derechos Humanos Robert y Ethel Kennedy, Cristosal, Human Rights Watch y la Facultad de Derecho de Washington de la American University, así como de la Fundación Heritage.
Los primeros cinco testigos expresaron su preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos y la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en El Salvador durante el régimen de excepción.
Por el contrario, el representante de la Fundación Heritage reconoció que la política salvadoreña presenta ciertos desafíos, pero en términos generales la calificó de razonable y necesaria para combatir la violencia relacionada con las pandillas en el país. Además, argumentó que algunas denuncias de violaciones de los derechos humanos carecen de credibilidad.
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Aunque reconoció preocupaciones específicas —en particular el uso de la prisión preventiva—, sostuvo que estas cuestiones no son exclusivas de El Salvador, sino que forman parte de patrones regionales más amplios, y que ya estaban presentes antes de la actual administración.
Una forma de evaluar estas afirmaciones es mirarlas en el espejo del marco analítico de la misma Fundación Heritage, contrastándolas con sus propios estándares para evaluar las protecciones contra los abusos de gobiernos.
Desde 1995, la fundación publica su Índice de Libertad Económica, que mide 12 libertades en 184 países, incluida la eficacia judicial. Según su propia metodología, la eficacia judicial requiere “sistemas judiciales eficientes y justos que garanticen el pleno respeto de las leyes y la adopción de medidas legales adecuadas contra las violaciones”.
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El Índice evalúa factores como la independencia judicial, la calidad de los procesos judiciales y las percepciones sobre la calidad de los servicios públicos y la independencia de la función pública.
El sitio web de la Fundación Heritage publica datos sobre la eficacia judicial de 29 países del hemisferio occidental, que abarcan el período desde 2017 como parte de su Índice de Libertad Económica.
En 2026, El Salvador obtuvo una puntuación de 15.3 sobre 100 en eficacia judicial. Según la clasificación del Índice, esto sitúa al país en la categoría de “reprimido”, lo que indica un desempeño “por debajo del promedio mundial”.
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Un análisis más detallado del contexto regional subraya aún más el alcance de este resultado. Dentro del hemisferio occidental, El Salvador ocupa el tercer lugar por la cola entre los 29 países evaluados en esta dimensión. Solo Nicaragua y Venezuela registran puntuaciones más bajas.
Los datos de la Fundación Heritage indican además que países como Cuba y Haití —así como los demás Estados centroamericanos— obtienen mejores resultados que El Salvador en términos de eficacia judicial.
Centrándose específicamente en el desempeño de El Salvador a lo largo del tiempo, el Índice de Libertad Económica muestra que, desde 2017, el país ha registrado sistemáticamente puntuaciones de eficacia judicial por debajo de los 50 puntos, pero a un nivel compartido con muchos otros países de la región.
Sin embargo, una visión histórica revela un marcado deterioro a partir de 2022, año en que se introdujo el estado de excepción. A partir de ese momento, El Salvador experimentó un descenso abrupto, lo que lo situó dentro de la categoría de “reprimido”.
Las declaraciones del representante de la Fundación Heritage durante la audiencia ante la comisión del Congreso de Estados Unidos buscan normalizar las deficiencias en la protección de los ciudadanos en El Salvador, presentándolas como condiciones regionales comunes no relacionadas con el estado de excepción. Pero sus propios datos no respaldan esa idea.
Cuando estas afirmaciones se contrastan con el Índice de Libertad Económica, también elaborado por la Fundación Heritage, revelan una tensión entre el discurso público de la institución sobre El Salvador y la realidad reflejada en sus propios datos.
*Daniel Olmedo es un abogado y consultor de derechos humanos especializado en derecho internacional, estado de derecho y rendición de cuentas en Centroamérica.