El golpe de 1979: La oportunidad perdida

Tras el golpe de Estado de 1979, tanto la izquierda que luego conformaría el Frente Farabundo Martí Para La Liberación Nacional-FMLN como la ultraderecha coincidieron y conspiraron en derrotar una de las más importantes aperturas políticas que El Salvador ha tenido en su historia.  

Por primera vez, se presentaba una coyuntura que incluía a los salvadoreños en todas sus expresiones como actores políticos‑sociales —en el sentido revolucionario y, si se quiere, platónico de la democracia— y no simplemente como votantes pasivos, que es la definición formal de la democracia política. 

La ausencia de represión política y la libertad de pensamiento formaban parte explícita de la agenda de la primera Junta. Lo importante es que, durante esta coyuntura, amplios sectores de los salvadoreños estaban organizados de alguna forma, todos con una agenda política, social y económica que sigue sin ser superada hasta hoy.

La apertura de 1979 representó la oportunidad más seria de transformar el Estado salvadoreño sin recurrir a la guerra; su sabotaje por los extremos del espectro político cerró una de las ventanas más importantes de democratización sustantiva que el país ha tenido en su historia. La Junta de octubre de 1979 articuló sectores civiles, populares y militares que nunca antes habían coincidido en un proyecto de transformación. 

De haber sido manejada adecuadamente, esta iniciativa pudo haber evitado —o al menos mitigado de manera significativa— la espiral de violencia que desembocó en más de 70,000 muertes y millones de refugiados durante la guerra civil. 

En el plano civil, Guillermo Ungo (Movimiento Nacional Revolucionario-MNR), Rubén Zamora (ala progresista del Partido Demócrata Cristiano-PDC), Enrique Álvarez Córdoba (profesionales reformistas) y Salvador Samayoa (representante de las organizaciones revolucionarias dentro de la Junta) conformaron una fuerza con legitimidad y capacidad técnica para gobernar. Fuera de la Junta, el movimiento popular — estudiantes, sindicatos, organizaciones campesinas, trabajadores del campo, comunidades eclesiales de base, maestros, trabajadores de salud, asociaciones profesionales, amplios sectores de las capas medias, e incluso la diáspora— tenía la amplitud organizativa para movilizar centenares de miles de personas. En el plano militar, la Juventud Militar, encabezada por el coronel Adolfo Majano, miembro de la Junta de Gobierno, representaba un sector reformista capaz de contrarrestar coyunturalmente a los mandos reaccionarios dentro del ejército y fuerzas de seguridad tradicionalmente represivos. La oportunidad existía.

Dentro de la Junta operaba un golpe en desarrollo encabezado por el coronel Jaime Abdul Gutiérrez, orientado a bloquear reformas y restaurar el control tradicional. Ese contragolpe fue alentado y respaldado por la oligarquía, históricamente vinculada al ala represiva del ejército y a los aparatos de seguridad del Estado. La oligarquía actuó en tres niveles simultáneos que reforzaron al polo reaccionario: en el plano político, respaldó la línea del coronel Gutiérrez, del General de Brigada y ministro de Defensa Guillermo García, del Coronel y viceministro Nicolás Carranza y el ala represiva del ejército, apoyando la continuidad del aparato de seguridad y presionando para frenar o revertir las reformas estructurales; en el plano económico, ejecutó una presión sistemática sobre los exportadores para generar crisis de liquidez, debilitando al polo reformista y alimentando la narrativa de que “las reformas causaban caos”; En el plano internacional, miembros del sector empresarial conservador salvadoreño —a través de sus vínculos directos con la Embajada de EE.UU. y el Departamento de Estado— transmitió y reforzó la narrativa según la cual el programa reformista impulsado por Majano y los civiles (Ungo, Mayorga, et al)  podría abrir espacio a la radicalización izquierdista, mientras que el ala represiva del ejército representaba la opción de estabilidad y orden.

Aquí se presentó una dualidad de poder: coexistían dos polos de autoridad con capacidad real de decisión sobre el rumbo del Estado —el polo reformista (Majano, Ungo, Román Mayorga, Mario y Rubén Zamora, Álvarez, Samayoa y el movimiento popular) y el polo reaccionario articulado alrededor de Gutiérrez, el ministro de Defensa Guillermo García, su viceministro Nicolás Carranza, la oligarquía y el aparato de seguridad. Aun así, ese golpe podía haber sido abortado: la Juventud Militar tenía peso dentro del ejército; el Foro Popular y la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM) podían movilizar cientos de miles de salvadoreños; y el sector civil reformista tenía legitimidad y capacidad técnica para gobernar.

Las organizaciones que luego formarían el FMLN (Fuerzas Populares de Liberacion-FPL, Ejercito Revolucionario del Pueblo-ERP, Resistencia Nacional-RN, Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos-PRTC y Partido Comunista-PCS), sin embargo, actuaron con una orientación ideológica rígida y sin conocimiento histórico universal sobre cómo manejar dualidades de poder de forma favorable. Parte de la limitación política del FMLN era la idea errónea de implantar el socialismo en El Salvador, con una población de clara tendencia empresarial, lo que les hizo perder apoyo. En vez de fortalecer el polo reformista, lo desmantelaron presionando para que renunciaran. 

El empuje de la derecha, que incluyó el asesinato de Mario Zamora, aunado a la presión del FMLN para que los sectores progresistas abandonaran la primera y segunda Junta, catalizó la renuncia del sector progresista del PDC, algo que fue designio estratégico de la derecha.  La mayoría del sector progresista del PDC luego se unió al Frente Democrático Revolucionario (FDR). Con la evacuación progresista, el golpe de la derecha quedó sin contrapeso y la oportunidad democrática se destruyó antes de consolidarse. 

Una secuencia militar a destiempo

El cierre de la vía política empujó el conflicto hacia una secuencia militar que no correspondía a las condiciones del país. El Ejército Revolucionario del Pueblo y la Resistencia Nacional, dos de los grupos revolucionarios armados que luego conformarían el FMLN, impusieron una salida insurreccional a destiempo, lanzada en enero de 1981 cuando el movimiento popular ya estaba en recesión tras los asesinatos de Monseñor Romero y de los líderes de la CRM. 

La insurrección fracasó porque el movimiento había entrado en reflujo y había perdido a sus voceros más importantes, porque no existía capacidad logística para sostener operaciones urbanas sostenidas y porque el Estado conservaba cohesión institucional y control territorial. Tras ese fracaso, las Fuerzas Populares de Liberación –el mayor de los cinco grupos armados– impusieron una guerra popular prolongada, que en El Salvador solo podía terminar en empate.

La estrategia de desgaste que se revirtió contra el FMLN

Para mediados de los años ochenta, la guerra había evolucionado hacia un conflicto de guerra de guerrillas, con frentes definidos y combates guerrilleros, que favorecía estructuralmente al Estado. El FMLN operaba en un territorio estrecho, sin bases de retaguardia, sin profundidad estratégica y con una población rural limitada. Además, tenía que proteger a la población civil en las zonas bajo su control. Esa obligación —política, moral y estratégica— absorbía recursos, limitaba la movilidad, impedía repliegues profundos y hacía imposible replicar modelos como Vietnam, donde la insurgencia podía retirarse sin cargar con la defensa cotidiana de comunidades enteras.

A esto se sumaban cuatro condiciones estructurales que hacían imposible la victoria insurgente:

No había producción doméstica de armas: cada fusil, cada munición, cada radio y cada insumo médico dependía de abastecimiento externo o requisas al ejército.

La regeneración era menor que la tasa de desgaste: el ejército, apoyado por Estados Unidos, podía imponer pérdidas más rápido de lo que Cuba, Nicaragua o Vietnam podían reponerlas.

El apoyo estadounidense era continuo, integral y estratégico: inteligencia, logística, aviación, armamento y municiones, comunicaciones, entrenamiento y respaldo político garantizaban la subsistencia operativa del ejército durante toda la guerra.

El peso principal del combate lo llevó el ejército salvadoreño, no fuerzas estadounidenses, lo que impidió convertir la guerra en una lucha de liberación nacional contra un invasor.

La guerra popular prolongada descansaba en una premisa: que el tiempo jugaba a favor de la insurgencia y que el desgaste acumulado terminaría quebrando al régimen. En El Salvador el desgaste se revirtió contra el FMLN. El ejército, sostenido por la ayuda estadounidense, se expandió y se profesionalizó con cada año de guerra, mientras el FMLN no podía reponer sus pérdidas al mismo ritmo. La obligación de proteger a la población en sus zonas convirtió a esas comunidades en blanco de operaciones de tierra arrasada y desplazamiento, que vaciaron la base social de la que dependían el abastecimiento y el reclutamiento. El tiempo, que la estrategia suponía aliado, se convirtió en el factor que erosionaba a la propia insurgencia.

Bajo estas condiciones, la guerra popular prolongada sólo podía producir un empate estratégico, nunca una victoria insurgente. La ofensiva final de 1989 fue una operación planificada de triunfo o negociación, concebida ante la evidencia de que el inminente fin de la Guerra Fría reduciría aún más el apoyo de Cuba, Nicaragua y Vietnam; buscaba crear un punto de inflexión militar y político antes de que ese deterioro externo se volviera irreversible. Las redes de solidaridad continuaron existiendo, pero nunca fueron suficientes para compensar la reducción del apoyo estatal ni para cubrir las necesidades materiales de la insurgencia.

Por qué Estados Unidos empujó la negociación

Además del desgaste en el terreno, operaba un mecanismo de fatiga en los Estados Unidos. La cobertura continua y gráfica de los abusos contra los derechos humanos —los asesinatos de Monseñor Óscar Romero, de las cuatro religiosas estadounidenses y de los especialistas estadounidenses en reforma agraria, y masacres como El Mozote— erosionó de manera sostenida la disposición del Congreso y de la opinión pública a sostener el apoyo indefinidamente. Esa presión interna limitó la libertad de acción de Estados Unidos aun cuando las condiciones estructurales favorecían al gobierno salvadoreño. 

Los abusos tuvieron además consecuencias directas en la política: Washington usó su influencia para forzar depuraciones en el ejército y la disolución de los cuerpos de seguridad, como condición para continuar la ayuda y, finalmente, para la paz. No fue un problema de capacidad sino de intención: la voluntad estadounidense se desgastó por los costos políticos y morales de la conducta de su aliado. El Salvador ejemplifica así la fatiga de intención: una reducción de la disposición de la potencia de apoyo a sostener su compromiso sin condiciones, impulsada no por los resultados en el campo de batalla sino por las consecuencias políticas internas de la conducta de su aliado. El asesinato de los jesuitas de la UCA en 1989 terminó de deteriorar por completo el compromiso estadounidense con una guerra que no se había podido ganar en diez años.

La ofensiva de noviembre de 1989 no derrotó al Estado, pero demostró que, tras una década de ayuda estadounidense, el ejército tampoco podía derrotar al FMLN. Ese mismo mes, el asesinato de seis sacerdotes jesuitas de la UCA, su colaboradora y la hija de esta, a manos del batallón Atlacatl, erosionó el respaldo del Congreso de Estados Unidos, que redujo la ayuda militar. Con el fin de la Guerra Fría desapareció además la justificación estratégica de sostener una guerra sin salida militar. Washington pasó entonces a respaldar la negociación bajo mediación de Naciones Unidas, que culminó en los Acuerdos de Paz de Chapultepec en enero de 1992.

Gobiernos tímidos y contradictorios

Así perdió el FMLN su oportunidad estratégica. Sus gobiernos posteriores fueron conducidos con timidez y sectarismo. Nunca integraron a los profesionales más destacados del país y de la diáspora; algunos de los pocos que atrajeron, como el Dr. Héctor Dada Hirezi, se retiraron. Otros, como la Dra. María Isabel Rodríguez, fueron retirados de sus ministerios porque “era el turno” de una exguerrillera. No supieron publicitar sus contribuciones, no atacaron los problemas estructurales de fondo y no combatieron a las maras con integralidad y resolución. 

El gobierno de Mauricio Funes, además, estuvo plagado de corrupción, particularmente la del propio Funes. Además, el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, al igual que el de Funes, careció de una estrategia política de transformación y terminó, rechazado junto con Arena por la población.

El Salvador perdió una oportunidad histórica de transformar el país porque, en el momento decisivo, no surgieron dirigentes capaces de articular y hacer prevalecer una estrategia política factible. La coyuntura de 1979 ofrecía condiciones reales para una reestructuración profunda del Estado, pero la falta de conducción estratégica —en la Junta, en los civiles reformistas y en la propia ala reformista del ejército, así como en la izquierda— impidió convertir esa apertura en un proyecto nacional. El sector empresarial y oficiales conservadores tampoco interpretaron la coyuntura como beneficiosa para el país. La oportunidad existió; lo que no existió fue liderazgo capaz de encauzarla.

*Ingeniero‑Científico y Miembro de la diáspora salvadoreña. Reside en Washington, D.C.