Hubo un presidente de El Salvador que, cuando representaba la bandera roja que vio nacer como político al todopoderoso Nayib Bukele, ya había experimentado qué era tener cifras de aprobación cercanas al 80 %, como esas de las que el ahora dictador se ufana en las redes sociales. Se llamaba Mauricio Funes. Hubo también un presidente de la Asamblea Legislativa que hizo todos los trucos a su alcance para torcer los procesos e imponer a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se llama Sigfrido Reyes. Hubo un expresidente de derecha que saqueó las arcas del Estado y que ocupaba a los mismos peones de la desinformación y la propaganda que ahora saturan las redes en favor de Bukele y en contra de sus críticos. Se llama Antonio Saca y está condenado desde 2018 por haber lavado unos $300 millones de dólares del erario público. Hubo pactos con pandillas, de la derecha y de la izquierda. Hubo planes de seguridad vendidos por políticos como soluciones exprés cuando no eran más que cascarones publicitarios. Hubo también empresarios millonarios que se ganaron el favor del poderoso de turno agachando la cabeza y acabaron presos. Hubo mucho de aquello que aún hoy se ve en el panorama nacional. Y de todo eso hubo hace poco, muy poco, en las últimas décadas, aunque parezcan recuerdos y nombres de políticos de otro siglo.
Se atribuye al célebre escritor inglés Oscar Wilde la siguiente frase: “Si no se habla de una cosa, es como si nunca hubiese sucedido”.
En El Salvador se habla poco ya de los nombres que van a encontrar en este álbum de políticos extintos. Porque si bien algunos siguen vivos, sus posibilidades de volver a ostentar poder alguno en el país son improbables: ya sea porque están demasiado viejos, ya sea porque están demasiado desprestigiados, ya sea porque están presos o escondidos en otra dictadura, la de Nicaragua. Ya sea porque están muertos. Ya sea porque en El Salvador hoy la dictadura no permite ni un espacio para la oposición. Su posibilidad de volver a la palestra política se extinguió.
Es, retomando a Wilde, como si nunca hubiesen sucedido todos esos hitos políticos, tropelías bajo otras banderas y acumulaciones de poder que no lleven el nombre de Bukele. Pero Bukele, aunque ya instauró una dictadura, solo controla el Ejecutivo desde hace casi siete años. Pero Bukele, aunque ya dijo que quisiera quedarse otros diez años más, y aunque ya nada se lo impida, no lleva en la Presidencia que ahora ostenta de forma inconstitucional ni el 20 % del tiempo de la posguerra. Arena ya gobernaba cuando se firmaron los Acuerdos de Paz de 1992, y mantuvo esa silla hasta 2009; el FMLN se la arrebató y durante diez años, entre 2009 y 2019, fue suya.
Después llegó Bukele, con toda su retórica de que la guerra y los Acuerdos de Paz fueron farsas y que todo político anterior a él es uno de “los mismos de siempre”, borró el recuerdo de decenas de hombres y mujeres que fueron poderosos cuando él apenas era el alcalde de un municipio con pírrica importancia nacional o cuando directamente no era nadie en la política. Echó una destellante luz sobre sí mismo y una densa sombra sobre esos que ahora están extintos. Y, como dijo alguna vez el escritor mexicano Octavio Paz, “la mucha luz es como la mucha sombra: no deja ver”.
Alguno de estos personajes aparece fugazmente en la narrativa de Bukele y sus fieles, pero solo cuando les imputan algún delito, solo cuando les capturan, los muestran a las cámaras y los refunden en un juicio secreto. Después, otra vez la densa sombra.
Algunos de esos políticos no han respondido ante la justicia que, previo a ser tomada por Bukele, reunió evidencia que permitía sospechar que habían cometido algún delito metiendo mano en las arcas públicas. Ahora, ya es tarde. Los que pudieron salir del país antes de que Bukele ordenara apresarlos ya no tendrían posibilidad alguna de enfrentar un juicio mínimamente justo. Ya serían show político y luego olvido otra vez.
Pero, de muchas maneras, sin estos políticos no existiría el Bukele todopoderoso ni tampoco el hartazgo que tan bien supo aprovechar cuando a sus 38 años armó una campaña vendiéndose como alguien distinto a todos ellos y los arrasó en las urnas en 2019 reuniendo más votos que todas las otras banderas juntas.
Pero entre todos estos políticos extintos encontramos también vínculos con personajes que ahora resplandecen en el bukelismo. Y, aunque ya no sean parte del ecosistema político y languidezcan lejos del país que gobernaron, son parte de una historia demasiado reciente como para olvidarla.
Mauricio Funes Cartagena se convirtió en el primer político de izquierda en llegar a la Presidencia de El Salvador, con la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con el 52 % de los votos y tras 20 años de Gobierno de Arena, partido de derechas que nació con la guerra fría. Funes, que durante décadas fue un reconocido periodista televisivo, gobernó de 2009 a 2014 en alianza con Gana, un partido de disidentes de Arena que dio gobernabilidad legislativa a cambio de dádivas en efectivo y cargos públicos. En 2015 todavía era una de las figuras políticas más populares del país, en competencia con el entonces alcalde capitalino del FMLN, Nayib Bukele. Durante su primer año como presidente, Funes llegó a tener niveles de aprobación mayores al 80 % en varias encuestas. Nunca fue cuadro orgánico, por eso su gabinete no representó completamente a la bandera de la exguerrilla. Implementó algunos programas sociales que se mantienen a día de hoy, como la entrega de uniformes y útiles escolares. Creó el Instituto de Acceso a la Información Pública, que terminó de ser desmantelado años después por Bukele. Pero también, y pese a que lo negó en repetidas ocasiones, dirigió al Gobierno que estableció el primer pacto con las pandillas de El Salvador, conocido como La Tregua, que implicaba reducción de homicidios a cambio de beneficios carcelarios, algunos de ellos ilegales, como fiestas con licor y mujeres en las prisiones. Murió el 21 de enero de 2025 en Nicaragua, a sus 65 años, arropado en la dictadura de Daniel Ortega. Huía de la justicia por distintos casos de corrupción relacionados con el uso de partidas secretas, despilfarros para privilegiar lujos personales y distanciado del partido de izquierda. Funes aseguró en su declaración de probidad que vivía y mantenía a su familia con su salario como presidente, de $4,312, pero este medio documentó que algunos meses llegó a gastar hasta $51,000 dólares en compras o pago de préstamos. Esta foto fue tomada en Casa Presidencial el 22 de marzo de 2011, en la primera visita del presidente estadounidense Barack Obama a Centroamérica, cuando Funes era aún el político más querido en El Salvador. Foto de El Faro: AFP.Sigfrido Reyes, al centro y con chaleco del FMLN, proviene del ala más radical, el Partido Comunista de El Salvador, liderado por José Luis Merino, el también fundador y administrador del conglomerado de empresas Alba Petróleos de El Salvador. En la foto, le acompañan Nidia Díaz y Lorena Peña. Los tres huyeron del país por temor a una detención y encarcelamiento bajo el control total del poder por parte de Bukele, que, según información de la organización Cristosal, tiene ya a 86 presos políticos encerrados. A la par de Reyes, está Orestes Ortez, exministro de Agricultura beneficiado y ligado con la millonaria revolución Alba. En la foto están cuatro de las figuras más influyentes del colectivo que tomó las decisiones en los diez años que el FMLN gobernó el país, 2009-2019, justo antes de que Bukele llegara a la Presidencia, rompiendo el bipartidismo en ese cargo que imperaba desde 1989. Reyes, siendo presidente de la Asamblea Legislativa, marcó algunos de los hitos autoritarios del FMLN, como ignorar un fallo de la Corte Suprema de Justicia o, junto a otros partidarios, romper la cerradura de la oficina de la Presidencia de la misma Corte en octubre de 2013, e imponer a un magistrado, así como otras estrategias políticas para controlar a la institución. Reyes escaló en poder e influencia entre el 2010 y 2019, tras asumir la vocería principal del FMLN y luego convertirse en presidente de la Asamblea Legislativa (2011-2012). Su poder derivó de una alianza con los partidos bisagra Gana y PCN, ambos de derecha. Fue parte de la dirigencia del FMLN en sus años dorados: cuando llegaron a controlar el Ejecutivo, el Legislativo e intentaron un golpe al Judicial. Reyes, junto a familiares y socios, tiene orden de captura desde 2020 por un caso de lavado de dinero, peculado y estafa por más de 5 millones de dólares. En 2021, Estados Unidos lo incluyó en la Lista Engel por fraude y malversación de fondos públicos. En la misma lista, también se incluyó a cuatro altos funcionarios del Gobierno de Bukele. Foto de El Faro: Archivo. René Mario Figueroa inició su carrera como diputado en 1997 y salió del pleno para convertirse en ministro de Gobernación del tercer gobierno de Arena, con Francisco Flores, que fue presidente entre 1999 y 2004. En su paso por la Asamblea, Figueroa se convirtió en padrino político del diputado que heredó gran parte de su poder, Guillermo Gallegos, fundador de Gana en 2010, y ahora una especie de influencer de las redes sociales a favor de Bukele, que se dedica a insultar y difamar a periodistas y activistas críticos con la dictadura. En 2004, con el cambio de administración y la llegada a la Presidencia de Antonio Saca, Figueroa asumió el segundo mando del partido Arena y se convirtió en el hombre fuerte del gabinete de su compadre. Figueroa acumuló un patrimonio injustificado de más de $3 millones y recibió depósitos de más de medio millón de dólares del expresidente Saca, que cumple condena por delitos de corrupción. Fue detenido en octubre de 2019 acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pero logró cumplir medidas alternas a la prisión. El encarcelamiento fue cambiado por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública y se comprometió a devolver junto a su esposa $1,5 millones. La mano derecha en propaganda y operaciones políticas de René Figueroa fue Porfirio Chica, exdiputado suplente de Arena y hoy uno de los principales encargados de la maquinaria de propaganda de Bukele. Foto de El Faro: AFP. Rodrigo Ávila Avilés es un militante histórico de ARENA. Ocupó en dos ocasiones la dirección de la Policía Nacional Civil: entre 1994 y 1999; y nuevamente entre 2006 y 2008, años del auge del fenómeno de las maras en El Salvador y de la implementación de las políticas de Mano Dura y Súper Mano Dura impulsadas por los gobiernos de ARENA, estrategias que fracasaron en contener la violencia y que han sido ampliamente criticadas por sus efectos. En 2009, con 72 homicidios por cada 100,000 habitantes, unos 12 homicidios al día, la derecha dejó a El Salvador como el país más homicida del mundo. Sin embargo, ese mismo año de 2009, Ávila fue el candidato presidencial de ARENA por selección de René Figueroa y el saliente presidente Tony Saca, en una campaña en la que se estrenaron como estrategas de publicidad y propaganda Porfirio Chica y Christian Guevara, socios de la empresa Plan B. Guevara es ahora el jefe de la bancada de Nayib Bukele en la Asamblea Legislativa que controlan por completo. El exdirector de la Policía volvió a la Asamblea y fue diputado entre 2015 y 2021. En 2018, fue uno de los ocho exfuncionarios del expresidente Saca que admitieron haber recibido sobresueldos, un extra salarial pagado al margen de la ley. Hoy ha desaparecido de la vida política. Cuando su partido todavía era clave como contrapeso legislativo hacia la Presidencia de Nayib Bukele, entre la legislatura de 2018 y 2021, bajó su perfil público. Foto de El Faro: Víctor Peña.Alfredo Cristiani fue el primer presidente de El Salvador con la bandera del partido Arena, entre 1989 y 1994. Fue conocido como el arenero que logró la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 en contra de su estamento militar, aunque muchos pongan esa tensión en duda. También fue conocido como el político al que el fundador de Arena y asesino de Monseñor Romero, Roberto d’Aubuisson, heredó la candidatura presidencial en 1989. Cristiani siempre estuvo en el centro de la polémica acusado de haberse beneficiado con la privatización de la banca en 1990. Cuando dejó el poder en 1994, y ya siendo uno de los hombres más ricos del país gracias a herencias de compañías farmacéuticas, cafetaleras y algodoneras, se dedicó a abrir compañías por el mundo: entre ellas, 16 empresas de papel en paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas y Panamá, utilizando también los nombres de hijos, esposa, sobrinos y hermano mayor. Cristiani rehuyó siempre a la prensa. Salió del país antes de una arremetida autoritaria de Bukele, el 1 de junio de 2023, cuando la Fiscalía General de la República, ya controlada a plenitud por Bukele, le incautó 150 propiedades, vehículos, sociedades y un helicóptero, bienes valorados en más de 10 millones de dólares, y le acusó de haberse llevado más de 4 millones de dólares de dinero público durante su presidencia. El anuncio de las órdenes de captura e incautaciones contra Cristiani lo hizo Bukele en el cuarto informe de gobierno ante una Asamblea que controlaba a plenitud. Sin intentar ocultar su control sobre la Fiscalía, dijo que en ese mismo momento que él hablaba iniciaba un plan contra la corrupción y la Fiscalía embargaba bienes de Cristiani por todo el país como acto de inauguración de esa campaña. “El Salvador no volverá a ser la finca de nadie y los que se creyeron dueños van a pagar caro. Vamos a ir tras cada corrupto en este país”, dijo Bukele, sobre cuya administración pesan decenas de casos de corrupción en un país donde ya no hay debido proceso ni independencia judicial ni transparencia de ningún tipo. Hace unos días, la Interpol eliminó la difusión roja de captura contra Cristiani, que pesaba sobre él por requerimiento de un juzgado salvadoreño y bajo la acusación de haber participado en el encubrimiento de la masacre contra seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en 1989. Esto reduce las posibilidades de cooperación internacional en cualquier intento de captura del expresidente. En la imagen, Cristiani camina hacia el escenario del edificio del Consejo Ejecutivo Nacional del partido Arena, minutos antes de expulsar al expresidente Antonio Saca de las filas del partido, el 14 de diciembre de 2009. Hoy vive fuera del país. Foto de El Faro: Archivo.En la foto, tomada el 17 de septiembre de 2017, el presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, camina por los jardines de la Presidencia de la República junto a su secretario privado, Manuel Melgar, ambos en su momento de mayor poder político en El Salvador. Durante la guerra, Cerén fue uno de los principales comandantes de la guerrilla y proveniente de las Fuerzas Populares de Liberación. Esta imagen fue tomada hace apenas ocho años y medio, cuando el entonces alcalde por San Salvador, Nayib Bukele, estaba a un mes de ser expulsado del partido de izquierda, acusado de agredir verbalmente a una síndica municipal. Las tensiones de Bukele con su partido empezaron desde antes a acrecentar en su cabeza la idea de lanzarse por su cuenta a una candidatura presidencial sin la bandera roja. Para muchos efemelenistas, la expulsión de Bukele, que ocurrió en octubre de 2017 fue un error de cálculo de la dirigencia, que hubiera podido contener el fenómeno político desde dentro. Cerén fue el vicepresidente de Mauricio Funes (2009-2014), y luego asumió la candidatura presidencial de un FMLN que había decidido lanzar a un “pura sangre” y dejar atrás a un Funes que nunca gobernó en pleno acuerdo con el partido. Cerén y su equipo decidieron para la campaña distanciarse de La Tregua con pandillas que el gobierno anterior había implementado. Sánchez Cerén ganó las elecciones y, siete meses después, en una comparecencia ante cámaras en enero de 2015, dijo que no habría ninguna negociación con pandillas y lapidó La Tregua. Poco tiempo después, devolvió a los líderes pandilleros a las cárceles de máxima seguridad. Las pandillas respondieron como podía esperarse de un grupo criminal traicionado y asesinaron a más de 60 soldados y más de 90 policías en descanso durante esos años. La Policía respondió con una ira similar y, en muchas ocasiones, actuó como un grupo de exterminio, como ocurrió en las masacres de San Blas y Zaragoza. Aquella actitud policial fue solapada por las autoridades de Seguridad del Gobierno de Sánchez Cerén, y el discurso de que todos los muertos eran pandilleros caídos en enfrentamiento se hizo oficial, similar a lo que ocurre ahora con los más de 97,000 encarcelamientos realizados bajo el régimen de excepción de Bukele: todos pandilleros, según el dictador. Bajo su administración, Sánchez Cerén sumió a El Salvador en el año más violento de toda la posguerra, con una tasa de 106 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2015. Cinco años después de esa foto, cuando Bukele ya controlaba todo el aparato judicial, la Fiscalía General acusó a Melgar y Sánchez Cerén de lavado de dinero y peculado por irregularidades en el manejo de fondos públicos por $187 millones de dólares, en el caso llamado “Saqueo Público”: un esquema que el FMLN heredó del partido Arena, usando partidas de gastos reservados para enviar fondos a cuentas bancarias no autorizadas y vinculadas a empleados de la Presidencia y el Estado Mayor Presidencial. Melgar rechazó los cargos, alegando que los fondos fueron utilizados para operaciones de inteligencia del Estado y que nunca llegaron a cuentas personales. Ambos tienen asilo político en Nicaragua y viven en zonas de clase media. Sánchez Cerén fue el último presidente antes de que Bukele llegara al poder y luego violara cuatro artículos de la Constitución para permanecer en esa posición. Foto de El Faro: Archivo. El 8 de junio de 2018, Mecafé aparece pensativo en una silla de una sala de los tribunales de justicia de El Salvador. José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como Mecafé, es quizá el personaje más emblemático del caso de corrupción que rodea al expresidente Mauricio Funes. Antes de entrar en la política, Mecafé construyó un conglomerado empresarial que lo hizo millonario. Fundó la comercializadora de café que lleva su nombre, una de las empresas de seguridad privada más grandes del país, COSASE, y afianzó la distribución de la línea de electrodomésticos Kawaki, conocida por sus ventiladores. Era uno de los miembros más prominentes del grupo “Amigos de Mauricio”, el círculo íntimo que financió y acompañó su candidatura, distanciándolo del FMLN. Mecafé tejió una red de influencias sobre varias instituciones del Estado, cuyos directivos eran familiares, empleados o amigos de su confianza. Fue él, según algunos dirigentes del FMLN que lo conocieron de cerca, quien acercó a Funes a la vida de derroches y lujos que lo convirtieron en tristemente célebre. Mecafé era amante de los vehículos, las armas y las fiestas nocturnas. Fue nombrado por Funes presidente del Centros Internacional de Ferias y Convenciones, que ahora alberga al Hospital El Salvador, y al menos tres fuentes que tenían acceso al círculo íntimo de Funes durante su mandato aseguran que el experiodista solía pasar largas horas de la jornada laboral en las oficinas de Mecafé, muchas de ellas en actividades lúdicas. Mecafé sacó provecho de su cercanía con el popular presidente: consiguió, por ejemplo, por más de 14 millones de dólares, el 47 % de los contratos de seguridad privada otorgados por la Presidencia. En mayo de 2014, El Faro publicó una investigación que revelaba cómo Mecafé había infiltrado a personas de confianza en instituciones como el estatal Banco Hipotecario y cómo luego recibió préstamos injustificados de esa institución en una trama que incluía un Spa administrado por una mujer que en aquel entonces era la pareja de Funes. Cuando Funes dejó la Presidencia en 2014, anunció que viviría con su familia en una mansión que alquilaría a Mecafé. La Fiscalía identificó a Mecafé como pieza central del llamado caso “Saqueo Público”. Recibió un avión Beechcraft King Air 90 como soborno de un empresario guatemalteco, a cambio de que el Gobierno de su amigo Mauricio Funes adjudicara un contrato de construcción en el Ministerio de Obras Públicas por 8.4 millones de dólares. Fue condenado en agosto de 2022 a ocho años de prisión por lavado de dinero, convirtiéndose en la primera persona del círculo del primer presidente de izquierda de El Salvador en ser declarada culpable. Foto de El Faro: FGR.Medardo González (derecha en la imagen) fue secretario general del FMLN y controló el partido de izquierdas en su momento de más crecimiento y poder, de 2004 a 2019. Siempre tuvo un contrincante interno que se hizo llamar reformista y al que traspasó el poder como secretario general del partido en 2019, Óscar Ortiz (izquierda en la imagen), un popular alcalde de Santa Tecla y vicepresidente de El Salvador durante la administración de Salvador Sánchez (2014-2019), antes de la llegada de Bukele a la Presidencia en 2019. González dejó el país tras la llegada de Bukele ese año. Aunque Ortiz intentó por años hacerse del control partidario, cuando lo consiguió desapareció como figura política y vocero al poco tiempo de haber asumido. Algunos militantes que lo conocen dicen que huyó a un país del norte, pero otros sospechan que hizo un pacto con José Luis Merino, excomandante guerrillero y encargado de administrar las empresas Alba Petróleos El Salvador, financiadas con petróleo de la dictadura de Venezuela, para darle gobernabilidad a Bukele. La foto es de cuando ganó la coordinación general, durante la trigésimo séptima Convención Nacional del partido, realizada el domingo 7 de julio de 2019, un mes y pocos días después de que Bukele tomara posesión de la Presidencia. Ortiz asumió el cargo de un partido en crisis tras la derrota presidencial, donde apenas obtuvo poco más del 14 % de los votos. En las siguientes elecciones de 2021, el FMLN solo ganaría cuatro diputados. Ortiz desapareció del mapa político mientras el partido que tanto había querido dirigir se reducía y llegaba a lo que es hoy: un partido cuyo mayor cargo nacional es el que ostenta una concejal de la Alcaldía de San Salvador Centro, controlada por el partido de Bukele, y donde esa funcionaria no tiene ningún poder de decisión. Foto de El Faro: Fred Ramos.En la imagen, José Luis Merino (al centro) junto a parte del gabinete de Gobierno del entonces presidente Salvador Sánchez Cerén, durante la toma de posesión del derechista Guillermo Gallegos como presidente de la Asamblea Legislativa, el 10 de noviembre de 2016. En el partido de izquierda fue más conocido por su alias de guerra “Comandante Ramiro”. Fue uno de los personajes más poderosos y enigmáticos de la política salvadoreña de la posguerra. Durante la guerra civil (1980-1992), fue jefe militar de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), el brazo armado del Partido Comunista Salvadoreño, y se le recuerda como símbolo de la efectividad de las operaciones especiales, incluyendo la retención y canje, en 1985, de la hija del entonces presidente Duarte por 96 combatientes detenidos. Tras los Acuerdos de Paz, asumió el liderazgo del Partido Comunista Salvadoreño y se convirtió en asesor principal y responsable de la estrategia de Alba Petróleos en El Salvador, el conglomerado creado con capital venezolano que llegó a articular una extensa red de empresas nacionales e internacionales. En junio de 2017, un grupo de 14 congresistas estadounidenses demócratas y republicanos firmaron una carta pidiendo al secretario del Tesoro de ese país que investigara los movimientos financieros de Merino, asegurando que “las estructuras financieras controladas por el señor Merino han adquirido cientos de millones de dólares en riqueza inexplicada al tiempo que han ayudado a la guerrilla de las FARC en Colombia, a elementos corruptos del gobierno venezolano, y a otros grupos criminales a mover fondos a puertos seguros”. En 2021, Merino fue incluido en la lista de actores corruptos elaborada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, junto a varios funcionarios de Bukele. Sobre él, escribieron: “ex viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo (bajo el Gobierno de Sánchez Cerén), incurrió en actos de corrupción significativos durante su mandato mediante sobornos. También participó en una trama de lavado de dinero”. En marzo de 2023, con Bukele en el poder absoluto, uno de los líderes del FMLN, Eugenio Chicas, dio una entrevista a El Faro, donde aseguró que, bajo el mando de Merino, se le estaba haciendo el juego a Bukele, y lo acusaba de haber pervertido Alba Petróleos El Salvador: “lo que José Luis Merino hace entre compadres, entre gente de la derecha, es empezar a repartir dinero hasta que tronó el proyecto… Entre esos, Bukele y gente vinculada a Bukele”. Chicas fue capturado en febrero de 2025, acusado de enriquecimiento ilícito y enfrenta un juicio secreto y con múltiples irregularidades, en medio de un contexto en el que la prisión política ha vuelto al país. Merino nunca ha sido acusado de nada bajo el régimen de Bukele. Además, mantiene conexiones financieras con el entorno de Bukele gracias a préstamos de Alba realizados a varios de los que ahora son funcionarios. Fuentes de su partido aseguran que aún mantiene parte del poder real en la política salvadoreña. Aseguran que, a diferencia de casi todos los excomandantes y veteranos dirigentes del FMLN, sigue en El Salvador. Foto de El Faro: Víctor Peña. El 20 de marzo de 2018, Carlos Cáceres (que estrecha la mano de la exdiputada efemelenista Lorena Peña) llegó a la Asamblea a informar sobre las finanzas públicas de El Salvador, un informe que por ley se entrega un par de veces por año. En esa plenaria, Cáceres informó que había sido nombrado embajador de El Salvador en México. A su regreso a El Salvador, fue detenido en julio de 2021, cuando Bukele ya controlaba la Fiscalía, como parte de una investigación contra exfuncionarios del gobierno del FMLN por delitos de lavado de dinero, activos y enriquecimiento ilícito durante la gestión del expresidente Mauricio Funes. Cáceres fue fundador del grupo de Amigos de Mauricio en 2009 y ministro de Hacienda de los dos gobiernos del FMLN. Su sobrino, Francisco Cáceres, fue el secretario privado de Mauricio Funes, y quien llevaba las cuentas de todo el derroche de dinero de la partida secreta realizado por el Gobierno del experiodista. Carlos Cáceres era una de las voces más escuchadas por el expresidente Funes y funcionaba como una especie de vocero del poder al interno del Gobierno, dando órdenes a los encargados de otras carteras. Salió en libertad en noviembre de 2023 a cambio de declararse culpable, devolver 210,000 dólares recibidos en concepto de sobresueldos y sustituyó su condena de 3 años de prisión por trabajos de utilidad pública. Foto de El Faro: Carlos Barrera. Esta foto del 31 de enero de 2019 es la única del expresidente Antonio Saca en prisión. Fue tomada en Mariona, cuando el fotoperiodista de El Faro visitaba esa cárcel y Saca se asomó. Antes de entrar a la política fue un exitoso locutor deportivo de radio y televisión que construyó un imperio de más de una docena de radios comerciales del país. Hoy, esas radios, son parte del aparato de propaganda de Bukele, y están en proceso de extinción de dominio y control del Estado. Saca se ufanaba de ser el presidente y político más popular del país durante su gobierno (2004-2009). Llegó a tener, tras dos años de gobierno, el 70 % de aprobación popular. Muchos agradecieron sus programas sociales, como la entrega de un vaso de leche diario a los estudiantes de escuelas públicas o de semilla mejorada a los campesinos, y también su publicitada “Mano Súper Dura” contra las pandillas, que terminó dejando a El Salvador en 2009 como el país más homicida del mundo con una tasa de 72 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Al terminar su mandato, perdió su popularidad tras hacerse de conocimiento público su extensa red de corrupción de la que todavía sobreviven algunas figuras en la esfera del Gobierno Bukele. Saca fue detenido el 30 de octubre de 2016, casi tres años antes de la llegada de Bukele a la Presidencia, durante la boda de su hijo. El hecho que detonó su arresto fue la detección de una transferencia de más de $15 millones a la cuenta de su exsecretario privado, Élmer Charlaix. Inicialmente negó su culpabilidad y aseguró ser víctima de persecución política, pero luego de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, confesó ser el líder del esquema para apropiarse de dinero público: ordenó crear cuentas subsidiarias de Casa Presidencial para extraer dinero hacia cuentas personales, con las que financiaba sus propias empresas radiales, pagaba sobornos a políticos y figuras públicas. En septiembre de 2018, fue condenado a diez años de prisión por peculado y lavado de dinero, reconociendo el desvío de más de $300 millones de fondos provenientes de partidas secretas. En 2019, recibió una condena adicional de dos años por cohecho, tras confesar que ofreció $10,000 a una empleada judicial para obtener información sobre su proceso. Se convirtió en el primer exmandatario salvadoreño condenado por corrupción. Foto de El Faro: Carlos Barrera. La candidata a diputada y ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar abraza a Norman Quijano luego de la reunión con miembros del comando electoral de Arena del distrito 2, en la sede central del partido en San Salvador, el martes 6 de marzo de 2012. Ambas figuras compitieron por la candidatura del partido Arena en distintos momentos: de Escobar, en 2009; y Quijano, para las presidenciales de 2014. De Escobar no obtuvo la candidatura; Quijano, sí. Eran dos de los líderes de Arena que dirigían al partido hacia la reconquista del poder. Ambas elecciones las ganó el FMLN. Quijano huyó del país tras un juicio por negociaciones con pandillas, tras perder su diputación y ser desaforado como legislador del Parlamento Centroamericano. La Fiscalía lo acusaba en 2020 de haber ofrecido a las pandillas eliminar la ley antipandillas si era electo presidente en 2014. Fue deportado de Estados Unidos el 26 de enero de este año y guarda prisión en Mariona. El bukelismo lo presentó como un trofeo en todas sus redes sociales, y con ello retomaron el discurso de que los partidos políticos habían gobernado en pacto con las pandillas, obviando la abundante evidencia de que Bukele construyó su ascenso al poder de la mano de esas mismas pandillas. De Escobar también abandonó El Salvador tras la llegada al poder de Bukele, en junio de 2019. Foto de El Faro: Archivo.David Munguía Payés fue el primer ministro de Defensa de la izquierda salvadoreña, cuando ya era un militar retirado, nombrado por el expresidente Mauricio Funes el 1 de junio de 2009. Para ello, Funes lo ascendió al grado de general. En noviembre de 2011, Munguía Payés fue nombrado ministro de Justicia y Seguridad, y fue destituido en mayo de 2013, tras una orden de la Sala de lo Constitucional que declaraba que su nombramiento y el de Francisco Salinas, entonces director de la Policía Nacional Civil, violaban la Constitución de la República porque esos cargos deben ser ocupados por civiles. Los militares retirados no tienen esa calidad. Unas semanas después de su destitución, Munguía Payés volvió a su cargo como ministro de Defensa, cargo que mantuvo hasta el 31 de mayo de 2019. En su gestión como ministro de Seguridad, Munguía Payés fue el estratega de la tregua del Gobierno con las pandillas del año 2012, que buscaba disminuir los homicidios en El Salvador, con el aval del presidente Funes. Munguía Payés se convirtió en el súper ministro de Funes, pues la Tregua le obligaba a coordinar y dar órdenes a otras dependencias del Estado. Aquella primera negociación fue la única de las reveladas a lo largo de los años que no incluyó el apoyo electoral de las pandillas directamente, sino solo la reducción de homicidios a cambio de prerrogativas carcelarias. Tras ese primer experimento, los partidos Arena y FMLN negociaron votos a cambio de dinero. Bukele llegó a la Alcaldía de San Salvador bajo la bandera del FMLN después de que ese partido pagara un cuarto de millón a las tres pandillas, para amedrentar el voto contrario y ordenar a sus estructuras y familias votar por él, según reveló el líder pandillero Charli en una entrevista publicada por El Faro en mayo de 2025. Durante una audiencia en agosto de 2017, Munguía Payés, frente a un juez, aceptó que esa tregua se originó en su despacho, algo que ya había hecho años atrás en una entrevista con este medio. En mayo de 2023, fue condenado a 18 años de prisión por delitos atribuidos a la tregua de la que fue protagonista. Payés tiene más de 70 años y su condena fue utilizada como propaganda por el Gobierno de Bukele. Foto de El Faro: Archivo.El secretario general del Partido de Conciliación Nacional (PCN), Manuel Rodríguez (sentado), saluda al secretario general del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodolfo Parker, en una actividad auspiciada por Naciones Unidas, el 18 de junio de 2018, como iniciativa de un grupo de ciudadanos que pedían acuerdos de nación entre los partidos políticos. Ambos partidos han sido a lo largo de los años de los más conservadores del país, aunque sirvieron en diferentes momentos como bisagras que se arrimaban a quien tuviera el Ejecutivo, de derecha o izquierda, para cambiarle gobernabilidad por prebendas políticas. Parker es un abogado que tomó las riendas del PDC, la bandera que llevó a Duarte al poder en 1984 y que lo posicionó como uno de los estrategas políticos de la derecha de El Salvador, al punto de ser el principal vocero de los sectores empresariales que alguna vez estuvieron en Arena. Parker fue uno de los políticos más importantes de las primeras dos décadas de este siglo a pesar de no vestir los colores del FMLN ni Arena. Su bandera pública desde la legislatura tenía en el centro medidas conservadoras como proteger el matrimonio entre un hombre y una mujer así nacidos, incluso a nivel constitucional. Fue clave en la oposición política que llevó a Bukele a tomarse el congreso de El Salvador el 9 de febrero de 2020, con la excusa de que la Asamblea Legislativa no le aprobaba un préstamo millonario para su secreto Plan Control Territorial, que luego se demostraría era un cascarón vacío. El oficialismo llegó a asegurar que Parker conspiró para acusar al Gobierno Bukele de dar un golpe al Órgano Judicial, algo que quedó filmado por decenas de periodistas y propagandistas de Bukele que coparon el Salón Azul de la Asamblea cuando Bukele ingresó con su escolta privada, el Estado Mayor Presidencial y decenas de militares. Parker está fuera del país y es acusado en un caso de enriquecimiento ilícito. Su alerta de Interpol por un caso de la guerra civil fue desactivada recientemente. Foto de El Faro: Víctor Peña.Norman Quijano, excandidato presidencial arenero, y Ernesto Muyshondt, celebran el triunfo por la Alcaldía de San Salvador de este último. Arena ganó el 4 de marzo de 2018. Ambos políticos están acusados de fraude electoral por la Fiscalía, por negociar con pandillas en nombre del partido Arena. El Faro publicó en 2016 un video que muestra a Muyshondt ofreciendo a líderes pandilleros una nueva tregua con esos grupos criminales si le daban a su partido la Presidencia en las elecciones de 2014. Muyshondt sigue detenido por distintos casos, entre ellos pactar con las pandillas. Forma parte de los 86 presos políticos documentados por Cristosal bajo el régimen de Bukele, pues sus procesos han contado con una interminable lista de irregularidades, que incluyen desoír las órdenes judiciales de libertad condicional en varios momentos. Al ganar la Alcaldía, en 2018, se distanció de la narrativa partidaria de Arena en una extraña alianza con Bukele. Fue alcalde hasta hace relativamente poco tiempo, 2021. Fue detenido al tercer día de haber dejado el cargo de Alcalde y en el tercer día del mandato de su exaliado Bukele. Fue el segundo al mando de una Arena todavía con poder como partido opositor, entre 2015 y 2018. Hoy pasa sus días entre el Hospital Psiquiátrico y la prisión, donde hay multiples denuncias de tortura y maltratos. Su primo, Alejandro Muyshondt, amigo de juventud y exasesor de Seguridad de Bukele, fue acusado de traición, de filtrar información a la prensa. Bukele ordenó su captura en un tuit en agosto de 2023. Murió a los seis meses de detención, sin haber recibido ninguna condena y su cuerpo fue devuelto a su familia con costuras amplias en el cráneo y una autopsia que no permitía discernir las causas reales de su muerte. Foto de El Faro: Víctor Peña.Gustavo López Davidson, cuando fungía como presidente del Coena, durante entrevista a El Faro el 17 de diciembre de 2019. Fue el último presidente de Arena que tuvo alguna relevancia en los círculos políticos del país, entre 2019 y 2020, justo cuando Bukele llegó al poder. Era un arenero de cepa, fue fundador del partido y empresario distribuidor e importador de armas, que hizo fuerte oposición al inicio del Gobierno de Bukele, cuando el dictador aún no tenía ningún diputado. En noviembre de 2019, Davidson demandó al presidente Bukele por calumnia y difamación y exigió una indemnización de 8 millones de dólares. “Bukele está utilizando su posición para llevar a cabo persecuciones de carácter político. Él ha hablado y escrito a través de Twitter un montón de cosas, que lo que esperamos es que sean comprobadas en un tribunal”, declaró el dirigente del partido ARENA en noviembre de 2019. Bukele lo acusó de haber estafado a la Fuerza Armada en una permuta de armas entre su empresa y esa institución. Según la versión de las autoridades salvadoreñas, ya bajo control total de Bukele, Davidson se suicidó el 21 de julio de 2022 al percatarse de que un grupo de fiscales y policías irrumpieron en su oficina, por una investigación que lo vinculaba con la supuesta venta irregular de armas. Foto de El Faro: Víctor Peña.Actividad de campaña de Javier Simán, tomada el 18 de abril de 2018, cuando competía para ser candidato presidencial por el partido Arena y enfrentar a Bukele en las urnas. Simán es uno de los empresarios de las familias más ricas del país que tuvo mucho impacto en su paso por la política, pero perdió la carrera presidencial en las internas de Arena y luego asumió como presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada de El Salvador, que estuvo acostumbrada por años a doblar la mano de diferentes políticos al reunir a muchos de los más acaudalados empresarios del país. Durante la pandemia, Bukele desconoció públicamente a Simán como representante de los empresarios, y lo acusó de boicotear el trabajo que el Gobierno hacía para paliar la crisis, ante las críticas de la ANEP al manejo público de ese periodo. Con el tiempo, se demostraría que la corrupción en el manejo de los fondos de la pandemia fue masiva. Simán vive hoy fuera del país y se distanció de la política tras empezar a recibir distintas presiones del Gobierno de Bukele, que en su primer año de gestión, 2019, lo declaró como uno de sus principales enemigos, al punto de emprender una campaña de desprestigio en contra de las empresas vinculadas a él. Bukele lo convirtió en uno de sus objetivos predilectos de ataque en redes sociales, haciendo referencias a posibles delitos: “¿Ya pagaste tus impuestos?”, preguntó en público en una ocasión, cuando ya controlaba el sistema de justicia. Foto de El Faro: Víctor Peña. Izalco, Sonsonate, 6 de octubre de 2018, cuando iniciaba la campaña para las elecciones presidenciales de 2019. Hugo Martínez, uno de los cuadros más jóvenes del FMLN tras la firma de los Acuerdos de Paz, militante de las juventudes que combatieron en la última ofensiva militar previa a los acuerdos de paz. Martínez habla 3 idiomas y tiene estudios universitarios en una prestigiosa universidad de Francia. Se convirtió en canciller del país en los dos gobiernos del FMLN. Cuando el partido de izquierda era opositor a Arena, fue vocero y encargado de Comunicaciones. Formó parte del grupo reformista que criticaba las radicales posturas de la dirigencia tradicional que representaba Medardo González y su grupo. Hoy vive fuera de El Salvador y dejó de opinar de política tras perder la presidencial de 2019. Fue el último candidato efemelenista a la presidencia antes de que Bukele consolidara su dictadura reeligiéndose inconstitucionalmente en 2024. En 2019, cuando enfrentó a Bukele en las urnas, el hartazgo de la población hacia su partido le entregó unos resultados catastróficos: Bukele le superó por más de un millón de votos. Solo obtuvo el 14.41 % de los votos. Arena obtuvo más del doble de sus votos. Foto de El Faro: Víctor Peña.Elecciones presidenciales del 3 de febrero de 2019. Carlos Calleja es el dueño de la cadena de Supermercados Selectos, la más grande del país. Es el hijo de un empresario ultraconservador ligado a Arena desde su fundación. Calleja tuvo un furtivo paso por la política de El Salvador al derrotar a otro gran empresario en las internas de Arena, Javier Simán. En la competencia nacional, durante su campaña, parecía el único que podía arrebatarle a Bukele la presidencia. Aquello no estuvo ni cerca de ocurrir: obtuvo menos de un millón de votos ante un Bukele que obtuvo casi millón y medio. Hoy es parte de los empresarios dóciles ante el régimen de Bukele y se dedica a dirigir su cadena de supermercados, beneficiando con publicidad a medios de propaganda, como por ejemplo Diario El Salvador. Foto de El Faro: Víctor Peña.“Si yo tuviera la actitud del presidente Bukele, no sé dónde estaría el país”, dijo Mario Ponce durante una entrevista publicada en El Faro el 10 de junio de 2020, después de criticar las medidas sanitarias para combatir la pandemia y la amenaza de golpe legislativo por parte de Bukele, el 9 de febrero de ese mismo año. Ponce, del conservador Partido de Concertación Nacional (PCN), fue el último presidente de la última Asamblea Legislativa independiente en los tiempos democráticos de El Salvador. Ponce intentó la diplomacia para llevar la fiesta en paz con el mandatario, hasta el 9 de febrero de 2020. En tiempo de pandemia, presidió una Asamblea que intentó monitorear el uso de 2,000 millones de dólares destinados para la crisis sanitaria. La relación inicial prometía acuerdos y buena relación: Bukele invitó a Casa Presidencial al recién juramentado presidente legislativo Ponce y dijo que su cargo abría “una nueva era” de colaboración entre su Gobierno y ese órgano de Estado. Ponce no logró la reelección, pese a que su partido era experto en conseguir diputados con el sistema electoral que permitía y beneficiaba a minorías legislativas. El PCN aún tiene dos diputados entre los 60 que conforman la Asamblea. Bukele tiene 54 y, aunque no necesita para ningúna decisión a los dos pecenistas, ambos son leales a él y votan por todo aquello que Bukele ordene. Tras perder su curul en 2021, Ponce dejó la política y, según dos cercanas a él, hace algunos años estaba planificando su salida del país para desaparecer del mapa político por temor a ser perseguido. Foto de El Faro: Víctor Peña.
