Una corte en Guatemala tardó ocho años en pronunciar una condena por la muerte de 41 niñas el 8 de marzo de 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, cuando las autoridades las mantuvieron encerradas a pesar de un incendio que consumió su dormitorio. La brutal ironía del crimen se reflejó tanto en el nombre del centro, “Hogar Seguro”, como en el hecho de que las niñas murieron en el Día Internacional de la Mujer.
El pasado 12 de agosto, el día en que el tribunal presentó la sentencia, la sala se llenó de periodistas, observadores internacionales, familiares y buena parte de las 15 sobrevivientes. Es un espacio pesado y caluroso, bañado en amarillo pálido por el tinte de las ventanas. Los pocos ventiladores de la sala se encendían por minutos, ya que el ruido de sus motores ahogaba las voces. Un hombre del público gritó al juez que hablara más alto y fue amenazado con ser expulsado.
Las sobrevivientes se hundieron en sus asientos de plástico a la espera del veredicto. Una de ellas, Elba Alina Contreras Ixjotop, había asistido a muchas sesiones, de manera que el clic de las cámaras y las miradas intensas en la sala del tribunal no la tomaron por sorpresa. Se había preparado con unos guantes que cubrían sus manos, ahora cicatrizadas; una sudadera azul marina con capucha, bien ajustada sobre la cabeza; y unas grandes gafas de sol que le opacaban la cara. Pasó un tiempo eligiendo dónde sentarse, susurrando nerviosamente con sus compañeras, hasta que se decidió por el centro de la primera fila.
La jueza Ingrid Cifuentes tardó horas en narrar una larga cronología de sucesos que llevaron al incendio. Gran parte del público lloró al escuchar, una vez más, la reconstrucción de la escena del crimen. Según uno de los testimonios recogidos en el juicio, cuando las llamas comenzaron a consumir las instalaciones, una agente policial gritó, “¡que ardan!” A finales de la tarde, la jueza Cifuentes dictó la sentencia.
El tribunal condenó a seis exfuncionarios a entre seis años y dos décadas de prisión por abuso infantil, negligencia en el cumplimiento del deber, abuso de autoridad y homicidio involuntario. Entre ellos figuran el entonces director del Hogar Seguro, un secretario de Bienestar Social, el Defensor de los Derechos de los Niños de la Oficina del Ombudsman de Derechos Humanos y un subcomisario de la Policía Civil Nacional.
El tribunal ordenó a la Fiscalía que amplíe su investigación hacia el notoriamente corrupto expresidente Jimmy Morales, bajo acusaciones ventiladas en el juicio de haber intercambiado llamadas con los responsables y ordenado a la policía permanecer dentro de Hogar Seguro. Las niñas, junto con otros niños alojados en las instalaciones, habían intentado escapar el día antes del incendio.
Las jóvenes que sobrevivieron y las familias de las 41 niñas fallecidas han mantenido vivo su recuerdo. La sentencia fue un hito para algunos: el cumplimiento de su promesa de buscar justicia. Para otros solo es el comienzo de su lucha. Los condenados ya han apelado el veredicto y, mientras la sentencia no esté firme, aún no han pasado un solo día en prisión.
El altar conmemorativo de las niñas asesinadas en Hogar Seguro, situado justo enfrente del Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala, había sido vandalizado 19 veces hasta el día de la sentencia. La Colectiva Plaza de las Niñas volvió a pintarlo una vez más. Promueven que en el centro histórico de Zona 1 bautice la Plaza de la Constitución, el kilómetro cero de todas las carreteras del país, como la Plaza de las Niñas.
Elba Alina Contreras Ixjotop, sobreviviente del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ahora tiene 22 años. Habló con El Faro en su casa de la ciudad de Guatemala. Hace ocho años, en la madrugada del 8 de marzo, Elba descansaba cerca de una ventana con una amiga, esperando a ver si les daban permiso para bañarse, comer o usar el baño. Notó que uno de los colchones se incendiaba. Dentro de poco tiempo, el fuego se propagaba por todo el cuarto. A pesar de que las niñas gritaban para que las dejaran salir, las puertas del dormitorio permanecían cerradas. Desde fuera, Elba oyó una voz que decía: “Que se quemen esas hijas de puta. Si fueron pilas para fugarse, tendrán pilas para enfrentar el fuego”.
Durante los siguientes nueve minutos y medio, Elba y su amiga se turnaban respirando en la ventana. Se daban golpecitos cuando ya no soportaban el humo. Al cabo de un rato, su amiga dejó de responder y Elba comenzó a rezar. Lo último que recuerda es una luz brillante que atravesaba el humo. Utilizó el resto de sus fuerzas para correr hacia ella.
“Cuando me desperté de coma, fue lo más triste porque desperté el día de mi cumpleaños”, recuerda Elba. Había pasado un mes y se recuperaba de sus quemaduras profundas en un hospital de Estados Unidos, rodeada de desconocidos. Era una de las 15 niñas que sobrevivieron. Pero su amiga, Ashely Angelie Rodríguez Hernández, murió. Cuando Elba despertó, se llenó de ira y le prometió a Ashely que nunca dejaría de buscar justicia. “Era más que mi amiga, era mi hermana”, afirma.
En los últimos años, Elba ha sentido estigma e intimidaciones por alzar su voz. Ella atribuye parte de su resiliencia a los años de terapia que le proporcionó una organización sin fines de lucro cuando regresó a Guatemala. El día después de la sentencia, Elba describió que sentía que por fin podía dejarlo atrás. “Que se sepa la verdad, que nosotras desde el inicio hablamos con la verdad. Lo único que hicimos fue defender nuestra verdad”, dijo.
A la izquierda está el abogado defensor Luis Fernando Ruiz Ramírez. A su lado está Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social, mientras ambos escuchan la declaración final de una sobreviviente.
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La Colectiva Plaza de Las Niñas y los voluntarios colgaron pancartas y carteles a lo largo de la Sexta Avenida, la principal calle peatonal de la ciudad de Guatemala que atraviesa el centro histórico, el 5 de julio de 2025. “No fue el fuego, fue el Estado”, dice un volante. “Las niñas no se tocan, no se violan, no se queman, no se matan”, denuncia otro.
El tribunal determinó que, el día antes del incendio, unos 100 adolescentes intentaron escapar del maltrato que sufrían en el hogar destinado a cuidar a jóvenes en situación de riesgo. Fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil, que utilizaron gas pimienta, esposas y amenazaron con usar municiones reales. A la mañana siguiente, los administradores del Hogar Seguro retuvieron como castigo a 56 niñas en una habitación cerrada con llave, de siete por seis metros. La habitación solo tenía dos docenas de colchones de espuma, se les prohibió el acceso a los baños y se colocó a docenas de agentes alrededor del edificio. Se prendió fuego a un colchón para llamar la atención de los guardias, pero el tribunal determinó que las puertas se mantuvieron cerradas a sabiendas.
Las autopsias de las niñas detectaron fentanilo, morfina y quetiapina. Cuando las niñas intentaron huir el 7 de marzo de 2017, algunas tuvieron que cruzar ríos llenos de aguas residuales, pero la policía las devolvió al centro y las encerró. Pasaron la noche sucias, mojadas y sin zapatos. Aunque se les dio comida, no comieron por temor a que estuviera mezclada con pastillas para hacerlas dormir. Las niñas murieron horas más tarde, el 8 de marzo, durante el Día Internacional de la Mujer.
“Por las 41 que no están. Somos la voz de ellas. Ellas ya no están, pero nosotras estamos por ellas”, declaró una de las sobrevivientes ante el tribunal, a distancia y de forma anónima para proteger su identidad.
Un punto ciego
En la primera imagen, Dacia Ramírez, de 42 años, madre de Achly Gabriela Méndez Ramírez, sostiene el vestido favorito de su hija en su casa en Jutiapa el pasado 3 de agosto. Decidió no colgar fotografías de su hija en la casa para evitar revivir el dolor. Solo tiene un pequeño dibujo de Achly fuera de su dormitorio. Dacia guarda las pocas pertenencias de su hija en cajas escondidas. Justo antes de la sentencia, las abrió por primera vez en ocho años. Revisó cuidadosamente las fotografías, los objetos sentimentales y la documentación de la tragedia. El certificado de defunción de su hija detalla que murió con quemaduras en el 90 % de su cuerpo.
Cada vez que va a la corte, Dacia se despierta a las cuatro de la mañana para preparar a sus tres hijos para el viaje en autobús de casi tres horas desde la zona rural de Jutiapa hasta la Corte Suprema de Justicia, un gigantesco edificio gris en el centro de la capital.
Antes de la sentencia del 12 de agosto, habían pasado 120 audiencias. Dacia perdió la cuenta de cuántas había visto en persona, pagando cada vez alrededor de cuarenta quetzales en billetes de ida y vuelta en autobús. Siempre la acompañaba su madre Marta. Achly tenía 15 años cuando la mataron. Había sido bombera juvenil en su pueblo y una vez fue coronada Señorita Carnaval en un certamen de Hogar Seguro.
Cuando era pequeña, Dacia le daba un beso en la nariz y le decía “mi pulga”. Solo unos días antes de su muerte, Achly le había dicho a Dacia que le escribió una carta, pero fue incautada como prueba por el Ministerio Público. Desde entonces, la fiscalía se ha negado a entregársela. Ahora, Dacia está estudiando derecho penal y criminología. Dice que un día quiere recuperar la carta.
Tras la sentencia, anocheció en la Plaza de las Niñas mientras las familias y los simpatizantes se reunían para un memorial. En el centro de un altar frente al palacio presidencial, encendieron velas de cera blanca, amarilla, rojo rubí y negro púrpura, los cuatro colores del maíz en la cosmovisión maya.
Un pequeño grupo de mujeres anunció al unísono “¡Presente!” tras leer cada uno de los 41 nombres de las fallecidas. Colocaron nuevas cruces para las niñas y pusieron una agrietada placa conmemorativa sobre las llamas. “Para todas las niñas que prácticamente mataron, quemaron, fue muy poca la sentencia”, lamentó Carmen Urías, madre de Mayra Haydeé Chután Urías. “Esperábamos 50 años por cada niña”.