El régimen de excepción lidera con 13 fotografías esta selección: una muchacha que huye, decenas de mujeres que duermen a la intemperie a la espera de que liberen de un penal a sus familiares, el sepelio de un hombre que murió en prisión sin deber nada. Pero también hay imágenes de un miserable caribe hondureño, de una jueza guatemalteca que tuvo que huir de su país, de islas de basura que flotan en El Salvador o de una comunidad que se resiste a que les roben su agua. Esta es la selección de las 22 fotografías de este 2022 realizada por el equipo fotográfico de El Faro.
Más de 20 personas de la comunidad El Tiangue intentaron sacar un vehículo con el motor fundido que quedó atrapado en el agua. Amarraron lazos; unos jalaban y otros nadaban para empujarlo hasta la calle principal. Eran las 9:00 de la mañana del lunes 10 de octubre cuando el agua alcanzó más de tres metros de altura. "Aquí los niños jugaban como si fuera una playa. Hacían piruetas para caer al agua y bañarse. El agua arrastró las casas más cercanas al río. El Mitch hizo menos que esto", dice Patricia Mata, habitante de la comunidad El Tiangue, de San Miguel, una de las más afectadas por la fuerza del río durante la Tormenta Julia que azotó a San Miguel en el mes de octubre. Foto de El Faro: Víctor Peña.
Luis Martínez tiene 19 años, es un garífuna de Cayos Cochinos, en el Caribe hondureño. En tres ocasiones ha intentado migrar hacia Estados Unidos, debido a la pobreza que vive su comunidad. Las tres veces fue deportado. Vive de ser ayudante de los buzos y durante horas tiene que esperar hasta que sus compañeros emergen, en ocasiones toma siestas bajo el sol de medio día y en la soledad del océano atlántico, a ese trabajo le costó adaptarse los mareos y vómitos eran constantes, comentó que en Honduras no tiene más oportunidades que esa, ''La última vez que me deportaron estaba por Monterrey, pero para alguien como yo es imposible no ser visto en otro país. La verdad no me gusta este trabajo, pero es lo único que me queda porque aquí oportunidades no tenemos'', dijo.
Miguel Ángel Sales cruza el río Las Cañas, un cauce de cinco metros de ancho donde corren las aguas negras que provienen del oriente de San Salvador. Aquí es el límite de los municipios de Soyapango y Tonacatepeque, del departamento de San Salvador, y donde en septiembre de 2022 este profesor de secundaria encontró un nuevo sitio arqueológico ubicado en medio de dos comunidades violentas que han estado bajo el control de las pandillas. Foto de El Faro: Víctor Peña.
En este terreno abandonado del cantón Palo Negro, en Coatepeque, Santa Ana, han aparecido 10 cadáveres en los últimos 6 años. En 2016, se encontraron 4 cuerpos en estado descomposición reportados previamente como desaparecidos. En 2017, ocurrió una masacre en la que murieron un expolicía, el hijo de un expolicía y dos hombres señalados como pandilleros. Entre 2016 y 2017, las autoridades también reportaron el hallazgo de 2 personas no identificadas. En el mismo terreno, en diciembre de 2020, Abraham Osorio encontró los restos de un muro que alguna vez fue casa y pintó los ojos de una mujer.Tituló a su obra Espejismo. Este mural puede apreciarse sobre el kilómetro 50 de la carretera Panamericana, en el trayecto que conduce de Santa Ana hacia San Salvador. Osorio, su autor, llama a su concepto "arte abandonado". Su intervención es en espacios rurales en estado de abandono, en infraestructura en ruinas de viviendas. Foto de El Faro: Víctor Peña.
Familiares y habitantes de La Reina, Chalatenango, acompañan el sepelio de Don Paco, el viernes 26 de agosto 2022. Don Paco, de 64 años, fue capturado frente a su vivienda durante el Régimen de Excepción, y murió el 24 de agosto en el Centro Penitenciario La Esperanza (Mariona). Dos meses después de su captura regresó a su casa muerto, con golpes y ematomas en su cabeza y el cuerpo. Una multitud caminó para despedirlo en el cementerio de este municipio del norte de El Salvador. La razón de su captura fue que había sido acusado previamente de colaborar con las pandillas, así como había aido absuelto de esos cargos por un juez y una Cámara. Foto de El Faro: Víctor Peña.
Desde la entrada en vigencia del Régimen de Excepción a finales de marzo del 2022, las entradas a centros penales se han convertido en áreas vigiladas por soldados y militares. Esto se debe a que, con las más de 53,000 capturas registradas en seis meses, estos lugares suelen lucir abarrotados, en su mayoría de mujeres , que corren de un lado a otro para conseguir alguna información de su familiar detenido. Uno de esos centros es Cárcel de Mujeres, en Ilopango, que en septiembre pasó a albergar hombres. A diario llegan camiones y picops de la Policía cargados con detenidos de todos los rincones del país, y las mujeres que buscan a sus familiares han vuelto a las puertas de este penal. Unas pocas, como la mujer en la imagen, logran tocar a sus familiares entre las rejas de un camión. Ambos lloraban. Durante unos segundos más, la mujer logró sostener la mano de aquel hombre. Luego, el portón se cerró. Foto de El Faro: Carlos Barrera
'¿Le armamos el paquete? ¿Cuál quiere? ¿El de Izalco o el de Mariona?', repite una y otra vez Lidia Cruz, una vendedora de ropa de un puesto en la Tercera Avenida Norte y Calle Arce, en los alrededores del mercado Hula Hula, en el Centro de San Salvador. Un paquete está conformado por una camiseta blanca, calzoneta o pants, unas imitaciones de sandalias Crocs y un juego de ropa interior. El paquete es, pues, el uniforme de los presos. El paquete de Izalco y de Mariona (una prisión en el occidente y otra en el centro del país) son distintos, según los vendedores: el de Izalco lleva pants y el de Mariona es con calzoneta. Si bien en el Centro era posible encontrar esta ropa antes, Cruz admite que 'todo aumentó con el Régimen de Excepción , con tanto detenido, pues'. En los mejores días de mayo, ella ha vendido hasta 25 paquetes. En la cuadra, otros vendedores de paquetes también han tenido la misma suerte que Lidia, pero se quejan del aumento de precio por parte de los proveedores. Aseguran que antes compraban cada paquete a $10, y ahora está a $12.50. Ese no ha sido impedimento para vender. Lidia lo compara con la Navidad: 'Ahorita mismo hay clientes que nos gastan hasta $35 exclusivamente en ropa que va para un penal. Esto solo en la época de Navidad lo vemos aquí. Así que se nos adelantó la Navidad', dijo a finales de mayo, cuando ya iban más de 35,000 capturados. Foto de El Faro: Carlos Barrera
Dos menores juegan en el estanque de la Hacienda La Labor, una comunidad del departamento de Ahuachapán que desde principios de año a estado a punto de perder su único privilegio: el agua que abastece a más de 500 familias. Fénix, una empresa inmobiliaria, realiza la construcción de 1,764, un proyecto que amenaza con quitar el agua a la comunidad. El estanque principal alcanza hasta para la diversión de muchas familias que cada tarde abarrotan esta piscina de 60 metros de largo. La distribución de esta agua está controlada por la comunidad, así como el mantenimiento de las instalaciones y las tuberías. Foto de El Faro: Víctor Peña.
El nombre de Josselyn Palacios, de 24 años, se viralizó el 19 de julio de 2022 luego de que diversos medios dieran cobertura a una marcha en la que decenas de personas protestaban por la detención de uno o varios de sus familiares durante el Régimen de Excepción , que hasta la fecha y según datos oficiales registra más de 47,000 capturados. En la marcha, Josselyn acusó a la Policía por la detención arbitraria de su hermano Gerson de Jesús Palacios, de 26 años, quien fue capturado el 15 de abril cerca de su zona residencial y que hasta la fecha no ha recobrado su libertad. Los videos y fotos de Josselyn, en los que gritaba consignas de libertad para los detenidos bajo el régimen, inundaron las redes sociales. 'Menos represión y más educación', 'No tendrán la comodidad de nuestro silencio', 'No son delincuentes, son inocentes', perifoneó Josselyn una y otra vez durante el recorrido. Diversas organizaciones de defensa de derechos humanos nacionales e internacionales han presentado informes que describen muchas detenciones arbitrarias e incluso decenas de muertes de personas capturadas cuyos cadáveres presentaron signos de tortura. Tras la protesta, una cuenta verificada de Twitter registrada como Comando Azul , que perteneció hasta 2019 a la Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y con más de 21,000 seguidores, compartió dos fotografías : en una se veía a Josselyn durante la protesta y, en la segunda, aparecía la misma mujer, pero mucho más joven, acompañada de un hombre y haciendo una señal con su mano, las fotografías iban acompañadas de una descripción, 'Mujer que dirigía marcha contra el Régimen de Excepción fue identificada como miembro de la Mara Salvatrucha-13 y hermana de otro pandillero que delinque en Perulapía'. El tweet de Comando Azul fue suficiente para que páginas afines al oficialismo, incluyendo algunas que por su contenido de operativos y capturas apuntan a ser cuentas alimentadas por policías, se unieran para acusar a Josselyn. Ella recibió mensajes de familiares y amigos con las capturas de pantalla de todas esas publicaciones. Josselyn decidió huir de su lugar de residencia el mismo día. La señal que ella hizo en la fotografía de 2013 no es la señal con la que se identifican los miembros de la Mara Salvatrucha-13 y que llaman 'la garra pandillera'. Ella levantó tres dedos: meñique, índice y pulgar. Los pandilleros no levantan el pulgar para identificarse con su grupo criminal. Lo que Josselyn aparece haciendo en la imagen por la que incluso el diputado Guillermo Gallegos la acusó de marera es una señal internacional de los amantes del rock. Tres días después de la marcha para exigir la libertad de los detenidos durante el régimen, Josselyn hacía fila para comprar un boleto de autobús para salir de El Salvador, lo hacía por temor a ser detenida tras la difamación viralizada: 'Imagínese que yo no conozco ni Santa Ana ni San Miguel y ahora tengo que salir de mi país a causa del régimen, dígame si eso no es una injusticia. Ojalá algún día se pueda hacer justicia', dijo. Ella abandonó el país el 22 de julio del 2022 por la mañana. Foto de El Faro: Carlos Barrera
Frente a Mariona, a mediados de este 2022, decenas de personas dormían a la orilla de la calle, en carpetas y al lado de una canaleta por donde corren aguas pestilentes. Esperaban la liberación de sus familiares detenidos durante el régimen. Foto de El Faro: Carlos Barrera
Durante las noches, las personas que regresan de sus trabajos al Distrito Italia, en Tonacatepe, tienen que hacer largas filas para poder ingresar a su zona de residencia. En la entrada al lugar, los militares revisan las pertenencias y piden los documentos personales para verificar que la dirección de su identificación indique que la persona es residente del lugar. Foto de El Faro: Carlos Barrera.
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Eran las 7:30 de la noche del 27 de abril y los cuatro liberados ese día ya había sido entregados a sus familias. Noelys González seguía parada a la orilla de la calle de barro que lleva al penal de Izalco, bajo la tormenta, desde lejos observaba si aparecía su hermano, un motorista que fue detenido el 7 abril en Juayúa, Sonsonate. Ella no tenía idea de cómo iba a regresar a su casa esa noche: "No sé si me iré caminando o si me voy a quedar a dormir aquí en la calle. Hoy tenía la esperanza de que saliera mi hermano, y aquí voy a esperar, tal vez sale". A diario, decenas de mujeres llegan a esa misma calle con la esperanza de que su familiar salga libre. La mayoría, como Noelys, terminan el día frustradas y vapuleadas por el calor y la lluvia de la época en Izalco. Foto de El Faro: Carlos Barrera.
Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo, de Guatemala, es custodiada por su equipo de seguridad, en el sótano de la Torre de Tribunales de la Ciudad de Guatemala, el 16 de febrero de 2022. Aifán renunció a su cargo en marzo y abandonó Guatemala para buscar asilo en a Washington D.C., después de una fuerte persecución y amenazas de los grupos de poder y el Estado guatemalteco. Foto de El Faro: Víctor Peña.
La madrugada del domingo 27 de marzo, después de 62 asesinatos a nivel nacional, la Asamblea Legislativa aprobó un Régimen de Excepción que limitó ciertas garantías constitucionales a la ciudadanía. Desde su cuenta de Twitter, el presidente Bukele anunció que los servicios religiosos, eventos deportivos y comercio podían seguir realizandose, al igual que la vida cotidiana, pero que en algunas zonas se realizarían cierres temporales. No especificó en qué zonas. Aunque el régimen no limita la libertad de movilidad, en la comunidad San José El Pino, de Santa Tecla, centenares de residentes se sorprendieron cuando al regresar a su casa por la tarde del domingo fueron advertidos por la militares y policías de que una vez adentro no podrían salir más. La Libertad, el departamento al que pertenece esta comunidad, fue en el que más asesinatos ocurrieron el sábado, el día más violento de lo que va del siglo. 12 personas fueron asesinadas en La Libertad; dos de ellas, en el municipio de Santa Tecla. El Pino, como es conocida popularmente, es un bastión histórico de la MS-13. Durante este domingo, hombres, mujeres con bebés, niños, niñas y hasta ancianos eran detenidos y revisados por los cuerpos de seguridad que una y otra vez daban el mismo aviso: "Si entra, ya no va a poder salir". Aquel residente de la comunidad que llevara un tatuaje, así no fuera alusivo a pandillas, era detenido con las manos en la cabeza y las piernas abiertas, contra una pared. En algunos casos, las personas retenidas eran insultadas por policías y militares y obligadas a hincarse mientras esperaban, como el hombre de la imagen, que llegó alrededor de las cinco de la tarde a El Pino. Tenía un tatuaje alusivo al rock, y eso argumentaba, pero lo tuvieron de rodillas durante 20 minutos. Un hombre preguntó: "¿Y mañana nos van a dejar salir a trabajar?". Un soldado respondió: "Eso no se lo puedo contestar". Foto de El Faro: Carlos Barrera
Daniel, de 16 años, es estudiante del Centro Escolar Caserío Lempamar. Cursará noveno grado en 2023. El 5 de noviembre, después de 6 días de acoso militar, fue detenido y torturado durante algunas horas junto a siete compañeros de escuela. La detención la realizaron infantes de Marina que patrullan la zona del Bajo Lempa. Foto de El Faro: Carlos Barrera
En la Hacienda La Labor, del departamento de Ahuachapán, cada mañana, los lavaderos comunitarios reciben a las mujeres que llegan para lavar sus ropas y bañar a sus hijos. Los domingos hay más afluencia. Llegan desde las 4:00 de la mañana para lograr un espacio y aprovechar que las pilas están repletas de agua. Algunos hombres se aparecen a media mañana para cargar los guacales con la ropa limpia y llevarlos hasta sus casas. La Labor se ve amenazada por la construcción de de 1,764 casas, que puede dejarlos sin agua. Foto de El Faro: Víctor Peña.
El trabajo de los habitantes de Potonico parece minúsculo comparado con las cantidades de basura, en su mayoría plástico, que han sido arrastradas por la corriente hacia el embalse del Cerrón Grande, en el norte de El Salvador. Según comentaron, un día los trabajadores del Ministerio de Medio Ambiente intentaron colocar un trasmallo para recolectar más basura, pero este cedió debido al peso, obligando a que el trabajo de recolección se haga de forma manual en medio de las grandes islas y playas de desechos. Foto de El Faro: Carlos Barrera
Agentes de policía suben a dos detenidos a una patrulla frente al edificio de la Procuraduría General de la República, en San Salvador. Los supuestos pandilleros fueron capturados bajo el régimen de excepción y llegaron a la Procuraduría para buscar representación legal de un defensor público. Foto de El Faro: Víctor Peña.
La audiencia especial de revisión de medidas no llegó a tiempo para José Leónidas Bonilla, quién fue capturado el 26 de abril del 2022 debido al Régimen de Excepción mientras se encontraba en su casa, que recientemente había adquirido atreves del Fondo Social para la Vivienda, en San Juan Opico. A Bonilla le imputaron el delito por el cual se han capturado a miles de salvadoreños, asociaciones ilícitas. Cuando lo capturaron, José ya tenía padecimiento de la presión arterial y el corazón, por lo que necesitaba de medicamentos para mantener la estabilidad física, dichos medicamentos no fueron proporcionados durante los más de cuatro meses de detención en el penal de Mariona, comentaron sus familiares, ya que a finales de agosto a Bonilla lo trasladaron penal al hospital Zacamil debido a un Síndrome Coronario siendo un daño colateral sufrido por la falta de medicamentos. De Zacamil fue trasladado un par de días después a la Unidad de Cuidados Intensivos covid-19 del Hospital Rosales debido a complicaciones por el contagio del virus, la familia no sabe si del penal salió contagiado o si el virus fue adquirido en el Hospital Nacional Zacamil. José Bonilla entró en una lista que lleva más de 80 nombres de personas fallecidas en poder del gobierno del presidente Bukele durante el Régimen de Excepción. Murió el 3 de septiembre debido a fallas en su corazón, cerebro, riñones e hígado, dijeron los doctores a familiares encargados. Su funeral se realizó el lunes 5 de septiembre, el mismo día en el que había sido programada la audiencia especial de revisión de medidas que la familia solicitó para que Bonilla tuviera acceso a sus medicamentos. "Él es una víctima del Régimen de Excepción", dijo su hermana Claudia Montufar.
Entre este grupo de mujeres estaba Roxana Peña. Buscaba a su hijo e intentó ubicarlo en un microbús que trasladaba a unos internos desde el penal de Mariona hacia su audiencia en el Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, el 28 de abril de 2022. Roxana es empleada de un comedor en la colonia Santa Lucía de Ilopango. Dejó su trabajo de lado para hacer todos los trámites que el abogado ha pedido. Roxana ha gastado más de $300 en documentos y la primera parte del pago del defensor de su hijo, del que no da nombre porque tiene miedo que las autoridades arremetan contra él. Foto de El Faro: Víctor Peña.
Un grupo de mujeres camina hacia el Centro Penitenciario de Izalco para entregar paquetes de ropa y alimentos a sus familiares detenidos durante el Régimen de Excepción. Estas mujeres esperan por más de ocho horas para acercarse al penal cuando los policías y militares autorizan. Caminan desde el punto de espera más de un kilómetro y medio con los paquetes en la cabeza y espalda durante una media hora. Casi una hora después, algunos regresan de nuevo con sus paquetes porque su familiar no está en la lista, y tampoco lograron obtener ningún tipo de información. Foto de El Faro: Víctor Peña.
Elena recorre cada dos semanas 160 kilómetros para sobrevivir. Viaja de su pueblo a la capital y regresa unos días después con algunos billetes para sobrevivir en su aldea, una comunidad remota del municipio de Samayac, en el departamento de Suchitepéquez, en la costa pacífica de Guatemala. Tiene 32 años y tres hijos, que alimenta con los malabares que realiza a diario sobre la 2a Avenida y 14 Calle, en la Zona 1 de la Ciudad de Guatemala. 'En mi aldea no hay ayuda del Gobierno ni nada', dice. Elena Ixtoc es mamá soltera y asegura que, junto a sus hijos y su madre, fue desplazada de unos terrenos en el año 2018 por sus propios familiares, en el municipio de Nahualá, en el departamento de Sololá, y se estableció en Samayac. Elena no tiene estudios. Eso le impide acceder a un empleo formal y a mejores oportunidades en su pueblo. Hace dos años esas carencias la desplazaron a la capital, donde vive por dos semanas en un cuarto de mesón de la Zona 1, por el que paga 200 quetzales. Todos los días se viste como payasa desde las 6:00 de la mañana, carga a su hijo de tres años en su espalda, y la acompaña su hija de siete. Hace malabares para ganarse entre 60 y 75 quetzales (unos $10) por día, cubrir la cuota del mesón, comer y guardar para llevar a Samayac. Su hijo mayor, de 13 años, se queda en la aldea con su abuela para asistir a la escuela. Foto de El Faro: Víctor Peña.