El 22 de enero, una niña se asoma asustada al ver a un grupo de hombres armados. Con sus caras cubiertas, acaban de montar guardia frente a su casa, en el barrio El Gallito, en la capital, cinco días después de que el presidente Bernardo Arévalo declarara estado de sitio durante un mes. Una serie de motines de las pandillas al interior de las carceles, seguido del asesinato de 11 policias en ataques dirigidos, llevó a un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad en barrios como este. Un despliegue de decenas de unidades combinadas entre policías y militares recorrió durante el estado de sitio los barrios marginales del país, haciendo revisiones y detenciones principalmente de jóvenes. Los 30 días de estado de sitio, según el presidente Arévalo, dieron como resultado la captura de 83 pandilleros, se incautaron 4,9 toneladas de cocaína en puerto Quetzal, se redujeron las extorsiones en 33% y se aisló en un furgón de la cárcel Renovación 1 a Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias Lobo, líder de la pandilla Barrio 18.
Arévalo anunció en una conferencia de prensa que el estado de sitio acabaría el 16 de febrero. El país ahora está bajo estado de prevención, una medida excepcional menor que durará 15 días y que no necesita el aval del Congreso. También se lanzó el plan llamado Centinela Metropolitano que consiste en operativos policiales en todo el departamento de Guatemala. Las patrullas conjuntas de policías y militares continuarán en todo el país.
En una región marcada por el régimen de excepción decretado en El Salvador por el bukelismo en marzo de 2022, tras una masacre de 87 personas cometida en un solo fin de semana por la Mara Salvatrucha-13, Arévalo se apresuró desde un primer momento a destacar que en su medida se respetarán los derechos humanos, a diferencia del salvadoreño, que siempre ha hecho una diferenciación entre los derechos humanos de los ciudadanos a los que considera buenos y los malos, a pesar de que su régimen ha demostrado encarcelar a decenas de inocentes que incluso han salido muertos de las cárceles sin llegar a su juicio. Después de un mes de estado de sitio en Guatemala, no hay informes que indiquen si se han violado derechos de personas en los barrios del país. El Procurador de Derechos Humanos de Guatemala publicó un comunicado el 23 de enero de 2026 reiterando que la aplicación del estado de sitio no suspende los derechos humanos y que no exonera a las autoridades de ninguna obligación de rendir cuentas.