Tribunal de apelaciones resucita caso Pegasus de El Faro en Estados Unidos
<p>Una corte en Estados Unidos ha reactivado la demanda internacional de miembros de El Faro contra NSO Group, el desarrollador israelí del software de espionaje Pegasus. Tras meses de espera, en los que el tribunal recibió más de una docena de cartas de apoyo a la demanda, los jueces revocaron la desestimación del caso y lo devolvieron al Distrito Norte de California.</p>
Roman Gressier
Este martes 8, el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito falló a favor de 18 miembros actuales y antiguos de El Faro en una importante demanda internacional por espionaje contra NSO Group, el desarrollador y proveedor israelí del software Pegasus. Los jueces dictaminaron que el caso puede continuar en California, revocando la decisión del Tribunal de Distrito de marzo de 2024 de que el caso “tiene lugar en un tribunal de Israel o El Salvador, y no aquí”.
El caso, presentado en noviembre de 2022, volverá ahora al Distrito Norte de California para continuar su curso. La apelación había recibido el apoyo en cartas dirigidas al tribunal de más de una docena de importantes empresas tecnológicas y organizaciones de prensa y privacidad, entre ellas Google, Microsoft, Electronic Frontier Foundation y The New York Times Company.
Microsoft, por ejemplo, escribió en su blog que “los mercenarios cibernéticos como NSO Group han explotado nuestra tecnología atacando a nuestros usuarios y creemos que las víctimas tienen derecho a recurrir a la justicia, incluso si se encuentran fuera de los Estados Unidos”.
“La necesidad de aplicar la CFAA (Ley de Fraude y Abuso Informático) fuera del territorio nacional se ha vuelto aún más urgente a medida que los datos y la infraestructura informática se han vuelto cada vez más transfronterizos”, escribió el Electronic Privacy Information Center en un escrito amicus curiae.
Según The Citizen Lab y Access Now, el software espía Pegasus —que NSO afirma vender solo a gobiernos, supuestamente para luchar contra el crimen organizado— fue utilizado decenas de veces entre 2020 y 2021 contra los demandantes por un operador ubicado en El Salvador. The Citizen Lab calificó este patrón de espionaje ilegal como “uno de los casos de persecución más impactantes y obsesivos que hemos investigado”.
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El 8 de marzo de 2024, el juez James Donato, del Distrito Norte de California, había escrito que “es comprensible que un jurado local tenga dificultades para aceptar participar en un largo juicio que involucra a demandantes y demandados puramente extranjeros, y hechos ocurridos en países extranjeros”. Sin embargo, en una revocación por dos votos contra uno, la mayoría de los magistrados del tribunal de apelación señaló que uno de los demandantes es ciudadano estadounidense y que dos se registraron como residentes en el periodo relevante para el caso.
Los jueces de apelación escribieron que “parece que el tribunal de distrito determinó incorrectamente que debía aplicar la norma relativa a los demandantes extranjeros”. Añadieron que la corte “mostró poca o nula deferencia por la elección del foro por parte de los demandantes (...) y trasladó la carga de la prueba de los demandados a los demandantes” en cuanto a la afirmación de que ciertos elementos de prueba están en servidores en California.
La jueza disidente Bridget S. Bade adoptó la postura contraria y escribió que “no había ninguna razón para que el tribunal de distrito” reconociera a los ciudadanos y residentes estadounidenses: “El tribunal de distrito observó acertadamente” que “el Distrito Norte de California no es su foro de origen”, opinó.
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“Los fabricantes de spyware que participan en la persecución de periodistas no deberían poder operar con impunidad”, declaró Carrie DeCell, abogada que defendió la apelación y miembro del Knight First Amendment Institute. “Los tribunales estadounidenses deben garantizar que se les exijan responsabilidades por sus actos cuando estos violan la legislación estadounidense, como ha ocurrido en este caso”.
“Es una noticia muy buena”, comenta el director de El Faro, Carlos Dada. “Nos anima a seguir exigiendo ante la judicial que cese el uso de programas de espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos”.
Último caso en Estados Unidos
Los miembros de El Faro presentaron la demanda contra NSO en California, en lugar de en El Salvador, alegando la falta de garantías de un poder judicial controlado por Nayib Bukele desde 2021. Solo en los últimos dos meses, la Asociación de Periodistas de El Salvador informa que decenas de periodistas han huido de El Salvador en una escalada de represión contra la sociedad civil, que ha incluido detenciones políticas de alto perfil y la aprobación de una Ley de Agentes Extranjeros similar a la de Nicaragua.
A principios de junio, tras publicar importantes informaciones sobre las negociaciones secretas de Bukele con las pandillas salvadoreñas, El Faro anunció que varios miembros de la redacción no habían regresado a El Salvador desde la conferencia anual de periodismo ForoCAP, en Costa Rica, tras ser advertidos por fuente diplomática y de otro tipo de una operación policial para detenerlos en el aeropuerto.
La semana pasada, en una nueva escalada de este panorama, El Faro denunció un informe de una fuente de inteligencia policial sobre un complot del gabinete del presidente de facto Nayib Bukele para presentar falsas acusaciones de narcotráfico contra miembros de la redacción.
Además de esta nueva amenaza, El Faro ha denunciado acusaciones infundadas de lavado de dinero y evasión fiscal por parte del gobierno de El Salvador que se remontan a 2021. Entre los demandantes se encuentran miembros actuales y antiguos de El Faro que recibieron medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ese mismo año, debido a un “riesgo grave y urgente de sufrir daños irreparables a sus derechos humanos”.
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En su audiencia de confirmación en el Senado en marzo, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que “no dudo que pudo haber” un uso del software espía Pegasus contra la sociedad civil o funcionarios estadounidenses durante su mandato en El Salvador entre 2019 y 2021. Desde que abandonó el país, el embajador Johnson se ha mantenido cercano a Bukele.
En una importante revelación de conversaciones bilaterales privadas, Johnson añadió: “Yo hacía énfasis con todo mundo con el que hablaba, desde el presidente Bukele hasta todo su gobierno, que no puede permitirse la vigilancia contra empleados de la Embajada”.
El despliegue de Pegasus contra la sociedad civil, periodistas, diplomáticos y otros actores ha sido ampliamente documentado a nivel mundial. A principios de mayo, tras un juicio de seis años, el Distrito Norte de California ordenó a NSO Group pagar a WhatsApp 167 millones de dólares estadounidenses en concepto de daños y perjuicios por la explotación de la plataforma en cientos de hackeos conocidos.
Meses antes, Apple, que también litigaba contra NSO en el mismo distrito que WhatsApp y los miembros de El Faro, acordó con la empresa israelí retirar su demanda en septiembre de 2024. En una retirada que suscitó críticas de los grupos de derechos digitales, el gigante tecnológico argumentó que la etapa de descubrimiento podría forzar la revelación de información empresarial que comprometería sus esfuerzos para combatir el spyware ilegal.
Esto deja el caso El Faro como la última demanda pendiente contra NSO Group en Estados Unidos. En cuanto a la apelación, “esta noticia nos cae particularmente bien en estos momentos, en los que buena parte de nuestro equipo ha tenido que exiliarse de la persecución del régimen de Bukele”, dice Dada. “Nos alienta saber que un tribunal de California entiende la amenaza para la libertad de prensa que significa que autoridades estatales utilicen sofisticados programas para intervenir las comunicaciones de los periodistas”.