Todo estaba listo para cancelar el TPS salvadoreño, pero intervino un lobby improvisado

Han pasado casi 30 días desde que el Gobierno de Donald Trump dejó el futuro de más de 170,000 salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) resumido en un mensaje tan breve como incierto: la protección que les permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos seguiría vigente mientras su Gobierno haga un anuncio “en el momento apropiado”.

Aquel aviso, publicado el 9 de septiembre en la página web del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se limitó a señalar de forma ambigua que  no han tomado una decisión final sobre el programa y que, mientras no existiera un anuncio oficial, los beneficiarios podían continuar trabajando de forma legal.  Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca en 2025, su administración ha cancelado el TPS de 13 países, entre ellos Venezuela, Afganistán, Nicaragua y Honduras. El Salvador, por el momento, quedó fuera de esa lista. La pregunta es por qué.

Parte de la respuesta está en una investigación del periodista Jonathan Blitzer quien desde hace más de una década cubre migración y la relación entre Estados Unidos y Centroamérica, publicada en The New Yorker, el 30 de septiembre de 2026. El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, conocido por sus siglas en inglés como DHS) ya tenía preparado el memorándum para cancelar el TPS de los salvadoreños y se disponía a hacerlo público.El 5 de octubre El Faro habló con  Blitzer y explicó qué tan avanzada estaba la decisión de cancelar el TPS: “Todas mis fuentes conectadas al Departamento de Homeland Security, que es el departamento indicado como para tomar las decisiones de cancelar o extender TPS, me dijeron que la cancelación era un hecho. Y no iba a haber ni siquiera un debate al respecto, ya que es un proceso bastante extenso en términos administrativos”. Según Blitzer, la cancelación se frenó por una intervención de alto nivel desde la Casa Blanca porque “alguien pidió directamente al secretario de Seguridad Nacional que pausara la decisión”.

Mientras en Washington se decidía el futuro del TPS de los salvadoreños, el Gobierno de Nayib Bukele guardó silencio sobre sus gestiones. El 16 de julio, menos de dos meses antes de la fecha límite, Bukele hizo una visita a la Casa Blanca y se reunió a puerta cerrada con Trump en el Despacho Oval. Ninguno de los dos Gobiernos informó qué discutieron. Cuando llegó el 9 de septiembre, Bukele tampoco habló del TPS. Tampoco lo hicieron públicamente la embajadora salvadoreña en Washington, Milena Mayorga, ni la canciller Alexandra Hill.

Según Blitzer, hacerlo públicamente habría chocado con el discurso que el propio Bukele ha construido sobre la seguridad del país. “Bukele no quiere demostrar esta posición de forma pública porque toda su imagen política está basada en la idea de que él ha logrado hacer que el país (El Salvador) sea increíblemente seguro”, dijo.

Y ese discurso aparecía, paradójicamente, en el documento que podía terminar con el TPS. Blitzer contó a El Faro un detalle que no incluyó en su reportaje: “Según fuentes que pudieron ver el memorándum original decía que cancelaban el TPS porque El Salvador es un país más seguro que los Estados Unidos”.

Los homicidios en El Salvador se redujeron drásticamente. La caída comenzó antes del régimen de excepción. El Faro documentó en tres investigaciones publicadas en 2020, 2021 y 2025 que funcionarios del Gobierno de Bukele negociaron con las pandillas la reducción de homicidios a cambio de beneficios carcelarios y apoyo electoral.El régimen de excepción fue impuesto a finales de marzo de 2022, después de que una ruptura de esas negociaciones desembocara en un fin de semana con 87 asesinatos. Desde entonces, la Policía puede capturar a una persona sin una orden judicial y mantenerla detenida sin que se le informe de inmediato de qué se le acusa. Bajo esas reglas, la Policía ha realizado más de 93,000 capturas. Es decir, el 2 % de la población salvadoreña está en prisión.Organizaciones nacionales e internacionales han documentado capturas de personas sin vínculos con esas estructuras, algunas detenidas por su apariencia, denuncias sin corroborar o durante redadas en comunidades pobres. También han documentado desapariciones forzadas, torturas, malos tratos y muertes bajo custodia del Estado.El modelo carcelario que Bukele presenta como prueba de la seguridad de El Salvador también le ha servido a la política migratoria de Trump. En 2025, Estados Unidos pagó al Gobierno salvadoreño para encarcelar en el CECOT a personas deportadas desde ese país.

Pero la relación entre Trump y Bukele no se limita a la cooperación en seguridad. En 2025, El Salvador recibió casi 10,000 millones de dólares en remesas, equivalentes al 27.5 % del PIB, y más del 90 % de ese dinero llegó desde Estados Unidos. Para Blitzer, esa dependencia también ayuda a explicar las gestiones del Gobierno salvadoreño para evitar la cancelación del TPS. “Para Bukele siempre ha sido un balance muy complicado. Por un lado, la economía salvadoreña depende de las remesas que vienen de Estados Unidos, pero, por cuestiones políticas, él no puede admitir que tiene esa desesperación. Así que una dimensión importante era el rol del Gobierno de El Salvador en tener estas conversaciones con miembros de la administración Trump”, dijo Blitzer.

La presión desde el sector de la construcción

Pero las gestiones del Gobierno de Bukele no fueron la única presión sobre la Casa Blanca. Blitzer identificó otro factor que pesó en la decisión de la Casa Blanca: la industria de la construcción. En Washington D. C. y sus alrededores, el sector emplea a numerosos salvadoreños con TPS y participa en proyectos vinculados al Gobierno federal.  

Según Blitzer, el lobby de la construcción advirtió a la Casa Blanca que cancelar el programa podría provocar “una pausa significativa en varios proyectos en la capital”. Entre las empresas que aparecieron en su reportería estaba Clark Construction, que trabaja en la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca.

La administración de Trump y Clark Construction negaron al periodista que la decisión sobre el TPS estuviera relacionada con el salón de baile. También aseguraron que en esa obra no trabajan personas amparadas por el programa.

Blitzer explicó a El Faro que no es posible determinar qué tuvo más influencia en la decisión de frenar la cancelación: las gestiones del Gobierno de Bukele o las advertencias de la industria de la construcción.

Pero considera que ambas permiten entender una decisión que, hasta pocas horas antes, no estaba prevista. “Todo estaba listo para cancelar el TPS”, dijo. “Esto me da la impresión de que fue consecuencia de un lobby un poco más improvisado”.

La incertidumbre después del 9 de septiembre

Alianza Américas advirtió esta semana que el aviso publicado por el Departamento de Seguridad Nacional el 9 de septiembre no constituye una prórroga formal: no fija una nueva fecha de vigencia ni establece instrucciones claras para que empleadores y agencias estatales verifiquen los permisos de trabajo y el estatus migratorio de los salvadoreños beneficiarios.

La organización sostiene que esa falta de claridad ha provocado que algunos salvadoreños con TPS enfrenten dificultades para renovar sus licencias de conducir, comprobar que están autorizados para trabajar o demostrar su estatus ante agencias estatales.

“Este limbo no es un resultado positivo ni representa tiempo ganado para las personas con TPS. Es incertidumbre”, señaló Alianza Américas en un comunicado publicado el 5 de octubre. La organización advirtió que conducir con una licencia vencida puede derivar, dependiendo del estado, en multas u otras consecuencias legales y que, en jurisdicciones que mantienen acuerdos una interacción con autoridades locales puede aumentar el riesgo de entrar en contacto con ICE.

Creado en 1990, el TPS es un programa humanitario diseñado para otorgar el derecho a permanecer y trabajar en Estados Unidos a migrantes cuyos países enfrentan conflictos armados, desastres ambientales u otras “condiciones extraordinarias y temporales”. Un amparo concedido a El Salvador a raíz de los terremotos de 2001.