Al menos cinco jueces ascendidos en 2021 y dos que han emitido fallos contra activistas y defensores de derechos humanos fueron elegidos el viernes 28 de noviembre como nuevos representantes de la judicatura ante la Corte Suprema de Justicia. Entre los elegidos está la jueza que decretó la prisión provisional para los ambientalistas Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, y otro juez que ha demorado la entrega de la sentencia absolutoria a los cinco ambientalistas de Santa Marta.
Este tipo de nombramientos en cargos de coordinación y de alta representación ocurre mientras hay jueces críticos con el Gobierno a quienes se les ha obligado a renunciar, o han sido degradados a cargos con menores salarios y prestaciones, y han sido puestos en un régimen de disponibilidad que afecta su estabilidad laboral. Hay jueces que también han tenido que irse al exilio.
La elección de los representantes fue el viernes 28 de noviembre, el hotel Sheraton Presidente de San Salvador. El nombre de la instancia elegida es “Mesa Judicial”, creada en los años 90 por el Órgano Judicial con la idea que sirviera de enlace entre la Corte Suprema y los jueces, para atender sus demandas laborales.
Desde el 1 de mayo de 2021, cuando la Presidencia de Bukele descabezó el Órgano Judicial, la independencia de los jueces salvadoreños se ha debilitado. En agosto de 2025, 23 organizaciones expertas señalaron el desplome de la democracia y describieron que la judicatura es “funcional” a Bukele. Un estudio de la Fundación para el Debido Proceso de 2024 documentó el sometimiento de jueces al Ejecutivo a través del reemplazo de la cúpula y el control a través de leyes que atacan su estabilidad laboral. Desde 2022, el presidente de la Corte perdió poder administrativo para delegarlo en la mayoría de magistrados que fueron colocados por el bukelismo.
La Mesa Judicial se coordina con una instancia de mucho poder en el Órgano Judicial, la Comisión de Enlace de la Corte Suprema. En esta comisión hay dos magistrados con mucho poder: Alex Marroquín y Elsy Dueñas, dos magistrados que han recibido mucho poder desde que fueron nombrados por los diputados de Bukele. Marroquín es el coordinador de la comisión y es quien dirigió la sustitución de jueces y magistrados sin el debido proceso en 2021. Dueñas ha sido premiada por los diputados de Bukele: es la primera y única funcionaria que pasará un total de 18 años en un puesto de magistrada de la CSJ.
La mesa está compuesta por ocho propietarios y ocho suplentes, y sus miembros resultan de una votación, cada dos años, en el marco de la Convención Judicial, un encuentro organizado por la Corte que, en teoría, sirve para discutir sobre el estado de la justicia. La Mesa Judicial cumple los acuerdos que ahí se toman pero este año no se tomó ninguno. “La convención de este año es otro esfuerzo del régimen para darle legitimidad al Órgano Judicial”, explicó un juez que asistió a la convención que pidió reserva de su nombre por temor a sufrir represalias laborales.
La convención de este año fue un evento de asistencia obligatoria, según un oficio al que El Faro tuvo acceso, al que no podían asistir ni público ajeno ni periodistas. Un periodista de El Faro intentó ingresar al evento pero los encargados le dijeron que era un evento privado.
Hoy en día, la identidad de los jueces y magistrados está reservada por la Corte Suprema. La oficina de prensa de los tribunales dejó de brindar ese tipo de datos después de que los diputados de Nuevas Ideas destituyeron sin el debido proceso al presidente de la Corte Suprema, a la Sala de lo Constitucional, y a la Fiscalía General de la República en mayo de 2021. En las notas de prensa, ya no suelen aparecer los nombres de los jueces ni juezas.
El bloqueo completo de información se consolidó en agosto y septiembre de 2021, cuando Casa Presidencial forzó al retiro a centenares de jueces y magistrados solo por tener 60 años o más. Los nombres de los nuevos jueces y magistrados se mantuvieron ocultos, y las actas de Corte Plena de la Corte, donde se discuten los nombramientos, censuran esa información. Muchos puestos se asignaron ignorando los requisitos. El ascenso de categoría le dio a los jueces mejores salarios y prestaciones.
La CSJ removió a dos jueces en 2024 para habilitar dos espacios en Cámaras de segunda instancia, para dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral que terminaron sus funciones. Esos magistrados —Dora Martínez y Guillermo Welman— fueron piezas claves para permitir la reelección inconstitucional de Bukele, pues tenían la potestad de interpretar que la candidatura de Bukele violaba la constitución.
El régimen de excepción además creó Tribunales de Crimen Organizado, y la identidad de los jueces que dirigen dichas instancias tampoco pueden conocerse gracias a reformas legales. Ellos tienen a cargo los expedientes de 85,000 personas detenidas desde marzo de 2022, pero estos tampoco pueden conocerse.
El secretismo aplica para otros casos que no están relacionados al régimen de excepción. El caso de Ruth López, que el 4 de diciembre cumplió 200 días encarcelada, es uno de ellos. Otros casos de presos políticos han tenido el mismo trato desde 2021.
Jueces cercanos al poder
La Mesa Judicial la conforman dos jueces por cada una de las cuatro zonas geográficas del país: central, paracentral, occidente y oriente.
José Mauricio Henríquez Iraheta es uno de los jueces elegidos para estar en la Mesa Judicial en representación de la zona paracentral del país. Es juez de sentencia de San Vicente. Él ya pertenecía a la mesa, y tenía el cargo de secretario. Su participación en la Convención Nacional donde fue reelecto provocó un nuevo atraso en un expediente que él tiene en su juzgado. Es el expediente en el que cinco ambientalistas de Santa Marta estaban siendo procesados por supuesto crimen de guerra. Debido a la Convención Nacional, la sentencia absolutoria del caso que debía entregarse por escrito a las partes este viernes 28 no se entregó. Según una nota de La Prensa Gráfica, el tribunal emitió un escrito: “se procederá a reprogramar nueva fecha para su entrega, dado que la misma se encuentra en revisión, y en virtud de la Convención Judicial Año 2025”.
Debido a esta nueva prórroga, el proceso contra los ambientalistas no ha podido cerrarse formalmente. En septiembre también se suspendió la entrega del documento, días después de conocerse el fallo oral, el 24 de septiembre. La sentencia escrita es necesaria para finalizar o apelar el caso. El tribunal de Henríquez programó para el 19 de diciembre la entrega de la sentencia, es decir casi tres meses de la primera fecha designada.
La nueva prórroga abona a la hipótesis de organizaciones ambientalistas de que el caso es una persecución política debido a la resistencia que los ambientalistas mostraron contra el regreso de la minería metálica en el país. La absolución de los cinco ambientalistas en septiembre demostró que el caso no tenía sustento. Los ambientalistas de Santa Marta fueron detenidos en enero de 2023, acusados de privar de libertad y asesinar a una persona durante la guerra civil. El caso, como lo demostraron dos sentencias posteriores, ya estaba prescrito, es decir, que no podía investigarse debido a la antigüedad de los hechos.
Otro juez que fue elegido para la Mesa Judicial hasta 2027 es José Rodolfo Meléndez González. Él va representando la zona central del país. Era juez Tercero de lo Civil y Mercantil de San Salvador que después de la depuración forzada de 2021 fue ascendido a magistrado de Cámara de Menores, por la renuncia de otro juez.
Como suplente de la zona central fue elegida Miriam Gerardine Aldana Revelo, ex procuradora general de la República que estaba en funciones cuando Bukele impulsó la cuarentena por Covid-19 que provocó cientos de violaciones de derechos humanos. Al salir del cargo, fue nombrada jueza de crimen organizado, según una publicación de La Prensa Gráfica. También ocupó la jefatura de la Unidad Técnica Ejecutiva, una oficina responsable de coordinar a cinco instancias judiciales, entre ellas, la Corte Suprema, y la Fiscalía. Aldana fue nombrada jueza de paz de Santa Tecla, y fue ella quien decretó la detención contra los ambientalistas Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, detenidos el 13 de mayo de 2025, después de una protesta pacífica cerca de la residencia particular de Bukele.
Otro juez que será suplente en la mesa por la zona central es José Antonio García Lizama. Con la depuración forzada, en septiembre de 2021, fue ascendido a presidente del Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca. Antes, fue juez del Segundo de Sentencia de esa ciudad. Desde 2022 está en la Mesa Judicial y fue candidato de Arena al Parlacen en 2006.
Por la zona occidental, fue elegido Miguel Ángel Umaña Argueta. Él fue ascendido de juez de instrucción de Metapán a Magistrado de Cámara Mixta de Sonsonate en la depuración de 2021. En octubre de 2024, fue trasladado sin mayor explicación a la Cámara Mixta de Ahuachapán, para que Guillermo Welman, ex magistrado del TSE que habilitó la reelección de Bukele, pudiera ocupar su lugar en Sonsonate.
Otro juez elegido es Omar Alexander Hernández, quien fue ascendido tras la depuración judicial de 2021. De juez interino en el 11 de Paz de San Salvador pasó a magistrado de Cámara Segunda de Menores de Santa Ana. En 2017 ordenó la detención provisional para Eduardo Interiano, tío del presidente del presidente de Arena, de ese entonces, Mauricio Interiano.
Por la zona oriental fue elegido, entre otros, Juan Carlos Flores Espinal. Él era juez de primera instancia de Gotera y a raíz de la depuración de 2021 lo nombraron magistrado de Cámara Penal de San Miguel junto con el papá del ministro de Seguridad, Hector Villatoro. Espinal ha estado en la mesa judicial desde entonces.