La “sospechosa” de un homicidio en el Centro Histórico sigue presa, pese a que lo cometió un soldado

El seis de noviembre de 2025, Silvia y su hija de cuatro años salieron desde un cantón de Santo Tomás hacia una tienda de ropa usada en el Centro Histórico de San Salvador. Cuando la mujer de 32 años caminaba por la Avenida Cuscatlán, frente al Palacio Nacional, la Policía la capturó por parecer sospechosa de un crimen que había sucedido tres horas y media antes.

Ese día, Jéssica Solís, de 42 años, fue asesinada por el disparo de un francotirador mientras se tomaba una fotografía en una de las esquinas del Palacio Nacional, uno de los lugares más fotografiados y vigilados del Centro Histórico de San Salvador, escenario de campaña del partido oficial Nuevas Ideas y de las dos tomas de posesión del autoritario líder salvadoreño Nayib Bukele.

El crimen ocurrió a la 1:30 de la tarde. En menos de una hora, las autoridades retiraron el cadáver ensangrentado de Solís y lavaron con detergente la escena del homicidio. No quedó ni un rastro de sangre, pero sí un fuerte operativo policial para capturar al responsable, cuentan vendedores del Centro Histórico de San Salvador que hablaron con este periódico.

Aproximadamente a las 4:30 de la tarde, Silvia y su pequeña hija se bajaron de un bus de la ruta uno, en una parada contigua al excine Apolo. Caminaron rumbo a la Catedral Metropolitana y ahí cuatro policías la detuvieron por parecer sospechosa de ejecutar el disparo de alta precisión que acabó con la vida de Solís. “Se ha procedido a la captura de una persona sospechosa. En este momento, se encuentra en proceso de interrogatorio. Continuamos trabajando para esclarecer el hecho”, publicó la Policía en la red social X, a las 5:58 pm. No hubo más información pública con que la Policía sustentara esa captura.

Silvia no tiene ningún entrenamiento como tiradora de élite porque toda su vida ha sido vendedora ambulante en los alrededores del Mercado Central. Ella es una vendedora de temporada, de “cachadas”, cuentan sus familiares: a veces vende frutas o verduras; a veces, cuando hace frío, vende gorros o suéters.

Sin embargo, aquel seis de noviembre de 2025, la Policía la convirtió en sospechosa de un asesinato por unos tatuajes en su pecho y espalda. Esos tatuajes son su nombre y el de sus hijos.

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Un día antes de su captura como sospechosa del asesinato, el cinco de noviembre de 2025, Silvia Verónica Hernández estuvo toda la noche en una vigilia de la iglesia profética El Rostro de Jesucristo, ubicada en la esquina sur, entre la calle Francisco Menéndez y la calle Modelo de San Salvador.

Tras la noche de cantos y plegarias, Silvia no fue a trabajar. A la 1:30 de la tarde, cuando el crimen ocurrió en el Centro Histórico, la vendedora estaba descansando en su casa de lámina y bahareque, asentada bajo la sombra de unos mangos frondosos. Así lo cuenta Julio Barrera, su compañero de vida: “A esa hora, ella en la casa estaba descansando porque habíamos estado en vigilia un día antes. Se quedó durmiendo. Ella salía a vender, pero ese día me dijo: no voy a salir. Ella estaba desvelada y no vino a vender”.

La vigilia era el preámbulo de una fiesta más grande, programada para el siete de noviembre de 2025: el duodécimo aniversario de la iglesia El Rostro de Jesucristo. Los feligreses preparaban sus mejores galas. Por eso, cuando Silvia despertó, dijo a su compañero de vida que iría a un shopping, ubicado en las cercanías del Hospital Paravida de San Salvador, a comprarle un saco. Esto recuerda Julio de la llamada que recibió minutos antes de las cuatro de la tarde.

一Le quiero ir a comprar un saco. Quiero que salga elegante 一dijo Silvia.

Silvia salió de un cantón de Santo Tomás sin saber que en el Centro Histórico de San Salvador habían asesinado a una mujer y que un amplio operativo policial buscaba etiquetar a alguien como responsable del crimen. “Eso pasó rápido. Aún en las redes (sociales) sale que ahí limpiaron, lavaron, quitaron todo y como que no había pasado nada. Eso sí, que andaba un operativo parando a mundo y reymundo, como dicen. Casualidad que ella iba pasando y llevaba descubierto el tatuaje, por eso la detuvieron (...) Era el blanco perfecto, pues, para involucrarla, porque andaban buscando un culpable”, dice Julio.

El Faro Audio · Declaraciones de Julio Barrera, compañero de vida de Silvia Hernández

Al momento del arresto, Silvia no tenía su Documento Único de Identidad (DUI) porque lo había dejado en el ochentero carro rojo de su compañero de vida. Tras la captura de su compañera, Julio llevó el documento donde estaba detenida, frente al Palacio Nacional, e intentó convencer a los policías de que los tatuajes no tienen ninguna relación con pandillas, pero la respuesta que recibió de los agentes es que se hiciera a un lado y se mantuviera en silencio o de lo contrario también iba a ser detenido por el régimen de excepción. Le dijeron que Silvia iba a quedar detenida por la muerte de Solís.

一Solo me dijeron: apártese, no se meta en esto porque sino hasta a usted lo vamos a llevar. Hágase a un ladito y no hable (...) Aquí de un sólo le vamos a poner por la muerte que había pasado… y nosotros ni sabíamos lo que había pasado. El policía me dijo: (ella) va por sospechosa, como que tenían una presión, porque en ese momento no se sabía qué había pasado.

A Silvia la trasladaron a una delegación en las cercanías del Parque Infantil, mientras que Julio llamó a su suegra para que la Policía le entregara a su hijastra de cuatro años. Luego, Julio fue al Mercado Sagrado Corazón de Jesús a comprar el uniforme blanco que usan las presas. Como a las 6:30 de la noche, Silvia fue trasladada a Medicina Legal y su familia logró darle el uniforme cuando salía en la patrulla policial. En las redes sociales abundaban las conjeturas sobre lo sucedido: desde que Silvia acompañaba a Solís (pese a que fue capturada tres horas y media después del crimen) o que el móvil de la muerte era por un pleito entre ellas.

A las nueve de la noche, las cuentas Héroe Azul y Comandante Jaguar, que suelen difundir información privilegiada de operativos policiales, publicaron fotos de dos policías que sostienen a una mujer cabizbaja, con un vestido rojo largo y las manos hacia atrás. El pie de foto es el mismo en ambas cuentas: “según fuentes no oficiales esta sería la principal sospechosa del homicidio de esta tarde en el Centro Histórico de San Salvador. Inteligencia continúa trabajando para recabar las pruebas necesarias”. Esa noche, a Silvia la encarcelaron en la bartolina del puesto policial de la colonia Montserrat.

Casi a la medianoche del seis de noviembre, la familia tuvo esperanzas de que Silvia pronto recuperaría su libertad. A las 11:30 de la noche, la Policía identificó al responsable: Derman Fernando Jorge Benítez, soldado destacado en el Centro Histórico. Según las autoridades, el militar accionó accidentalmente su arma de fuego y anunció que sería procesado por homicidio culposo.

El 24 de noviembre de 2025, 18 días después del homicidio, el soldado fue acusado ante el Juzgado Tercero de Paz. Hasta el momento, las autoridades no han detallado sí realizaron alguna pericia al arma o sí existen entrevistas u otras pruebas para calificar el homicidio como culposo. El proceso contra Jorge Benítez, al igual que los más de 92,414 casos del régimen de excepción, tiene reserva total.

一Agarraron al que había disparado y no hay nada que ver con ella 一dijo su esposo.

La Fuerza Armada también asumió responsabilidad en el hecho. A las 11:43 de la noche, esa institución pidió disculpas, ofreció una compensación económica a la familia Solís y prometió colaborar con la investigación. “Acompañamos a la familia en este momento tan doloroso. Sabemos que no hay manera de aliviar lo sucedido, ni llenar el vacío que deja un ser querido. Reconocemos el impacto humano y emocional que este suceso provoca. Por ello, y como muestra de solidaridad y responsabilidad, se entregará a la familia una compensación económica de 200,000 dólares, con el fin de brindar ayuda en esta difícil situación”.

Pese a la captura del soldado, Silvia siguió detenida al día siguiente. Y su lío jurídico pareció empeorar en las horas siguientes porque fue trasladada del puesto de la colonia Montserrat hacia El Penalito, unas bartolinas ubicadas a un costado del mercado de mayoreo La Tiendona, donde encarcelan a los detenidos por el régimen de excepción antes de llevarlos a un centro penal. Ahí estuvo cuatro días.

El 11 de noviembre de 2025, previo a su traslado hacia la zona cuatro del penal de Apanteos en Santa Ana, a Silvia la llevaron a un chequeo médico a una clínica ubicada en las cercanías del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (INFRAMEN). En ese lugar, Julio logró conversar durante unos minutos con ella. Hasta ese momento, Silvia desconocía por qué la habían capturado.

一En la clínica tuve la oportunidad de hablar con ella. Ahí nos comentó y se dio cuenta de todo lo que había sucedido. Me dijo que hasta le habían enseñado los videos que habían hecho virales. Hay unos videos en los que ella sale bailando con los policías, pero eso es montaje. Entonces, me dice: “mirá, yo ni sabía por qué me detuvieron” 一cuenta Julio.

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Silvia tiene nueve meses de estar detenida, pese a que posee solvencia policial, un documento que acredita que una persona carece de antecedentes policíacos o no es requerida en un proceso judicial pendiente.

La vendedora había solicitado la solvencia policial antes de ser capturada, para presentarla ante la Confederación Internacional de Capellanes (CICAP), una organización no gubernamental de ayuda humanitaria. Según su página web, el CICAP integra una red amplia y diversa de personas naturales y jurídicas 一federaciones, confederaciones, asociaciones, gremios y organizaciones一 con presencia nacional e internacional.

“Por medio de este escrito, queremos manifestar que la señora Silvia Verónica Hernández de Hernández, capellán Ad Honorem de nuestra institución, CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE CAPELLANES, por sus siglas CICAP, y cuando la recibimos de alumna para capacitarle presentó su solvencia policial, por lo que consideramos que está solvente de cualquier asunto con la ley”, consigna una constancia que el general y reverendo Pedro Ernesto Alarcón Baires firmó el 24 de noviembre de 2025.

Según el diploma, Silvia participó en cuatro talleres, uno de los cuales era evangelismo, proyección social, oratoria y capellanía hospitalaria. La capellanía hospitalaria es una iniciativa dedicada a ofrecer un servicio integral de apoyo espiritual, emocional y religioso a las personas que enfrentan momentos difíciles debido a enfermedades, tratamientos médicos o situaciones de crisis en entornos hospitalarios.

一Si ella hubiera tenido algo, ahí hubiera quedado detenida en ese momento que sacó la solvencia, porque ese es un requisito que nos piden para pertenecer a una capellanía. No hemos podido que el abogado, que el juez logre leer estos papeles. No sabemos nada de ella, no sabemos cuándo puede tener audiencia 一dice Julio, mientras saca de un fólder plástico los documentos del CICAP, tres constancias de buena conducta firmadas por los pastores de tres iglesias, un recibo de energía eléctrica y las cuatro partidas de nacimiento de los hijos de Silvia.

La carta de recomendación que firmó Melvin González, pastor de la Iglesia Profética Camino hacia la Fe, dice: “Como hermana en Cristo (Silvia) ha demostrado su convicción de Fe hacia nuestro Dios Todopoderoso, no dudo en que ella además de ser una madre soltera luchadora, responsable a sus hijos, siempre anda activa en los deberes de la iglesia”. Una segunda carta, firmada por Raúl Escobar, pastor de la Iglesia Profética Jehová es mi Luz y Salvación, consigna lo siguiente: “Ha demostrado una profunda fe y un compromiso constante con los principios cristianos. Su participación ha sido notable en actividades, grupos de estudio bíblico, ministerios de servicio comunitario. Su compromiso es un testimonio de madurez espiritual”.

Rosa de Hernández, madre de Silvia, cuenta que cuando su hija era menor de edad fue detenida dos veces. La primera vez en 2008, cuando estaba vendiendo chicles y cebollas en una calle aledaña al Mercado Central, junto con otros dos niños de su edad, entre los 12 y 13 años. Esa vez, la Policía le decomisó cinco dólares, pero horas después fue liberada. Luego, en 2012, la Policía la capturó por segunda vez en la entrada de su casa en un caserío de Santo Tomás, por el tatuaje del nombre de su primogénita que tiene en la espalda. “Ella no es pandillera. Si yo supiera que ella anduvo en maras, matando, cobrando renta y todas esas babosadas, quizás ni paquete le pusiera, ni la buscaría”, dice su madre.

Rosa argumenta que durante más de una década su familia fue víctima de las pandillas porque pagaban renta por el pequeño espacio en la Séptima Avenida Sur, una calle contigua al Mercado Central. “Uno tenía que pagar para poder vender. Los puestos grandes pagaban diez dólares y los puestos pequeños pagaban tres dólares diarios. Dejamos de pagar la renta cuando entraron los de AVIMCES, ya como en los últimos cinco años. Ellos cobraban un dólar por la seguridad”.

El Faro consultó con dos abogados penalistas cómo las detenciones de Silvia cuando era menor de edad pueden invalidar la solvencia policial que le entregó la misma Policía, según los documentos del CICAP. “En primer lugar, la Constitución dice que nadie puede abocarse a causas pendientes o fenecidas para abrirle un nuevo proceso. Eso lo prohíbe la Constitución. En segundo lugar, los menores no tienen antecedentes porque la Ley Penal Juvenil y los tratados internacionales ordenan que no debe haber registro. ¿De dónde sacan que esta persona tiene antecedentes? Si aparece en la base de datos que estaba solvente, pero han usado los datos de cuando era menor, entonces han violado la Ley Penal Juvenil y los tratados internacionales. La otra posibilidad es que simplemente le crearon una ficha para joderla”, explica una de las dos fuentes consultadas.

La violación a principios constitucionales como el derecho a no ser procesado dos veces por la misma causa, la creación de fichas policiales falsas para convertir a alguien en pandillero de la noche a la mañana, son situaciones cotidianas del régimen de excepción, la publicitada política de seguridad en vigor desde marzo de 2022, tras el quiebre de la negociación secreta entre el Gobierno de Bukele con las pandillas salvadoreñas.

一Yo esperaba que después que se había esclarecido lo del soldado, que a él se le había disparado el arma, ella saliera… pero dicen que hoy las audiencias son agrupaciones, las agrupan, entonces no la han agrupado para hacerle la audiencia. Estamos esperando que la agrupen, pero para eso puede tardar hasta más de un año. Ella iba por sospechosa y después le han puesto el régimen. Yo no entiendo todo eso 一lamenta Julio.

La Procuraduría General de la República, obligada a proporcionar defensores públicos a quien no puede pagar un abogado privado, es una pieza de la maquinaria que no cuestiona los criterios jurídicos por los cuales miles de personas están encarceladas sin mayores pruebas. Rosa cuenta que ha buscado en múltiples ocasiones a María José Vásquez, la defensora pública asignada al caso, pero no ha logrado ubicarla en su oficina y, en la escasa comunicación que han tenido, le ha sugerido resignación ante la decisión de jueces y fiscales. “Es como que no tuviera abogado”, explica Rosa.

一Las primeras tres veces que le llamé, me decía: “es que la van agrupar”. A ella tienen que hacerle la audiencia sola porque sola la han agarrado 一reclama.

Por dos razones, a la madre le parece surrealista que las autoridades “agrupen” a su hija con otros pandilleros: la primera, porque en la zona del Mercado Central la familia fue víctima de las extorsiones de esos grupos; la segunda, porque en el lugar donde viven, el caserío Santa Cruz, ni siquiera había mareros. “Por lo menos donde yo vivo ni pandilleros había ni hay… donde vivía nunca ha habido pandillas”.

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La abuela Rosa se convirtió en mamá Rosa en un abrir y cerrar de ojos, algo para lo que no estaba preparada ni física ni económicamente.

Tras la captura de Silvia, ahora tiene a su cargo a una niña de cinco años que va al kínder y a dos varones de 9 y 11 años que cursan segundo y cuarto grado en la escuela Joaquín Rodezno. Durante algunos días también tuvo a su cargo a la primogénita de Silvia, de 15 años, quien quedó embarazada y ahora vende zanahorias y papas en los alrededores del Mercado Central.

Cuando Silvia era libre, los niños estudiaban en una escuela de Olocuilta, pero Rosa decidió cambiarlos de escuela hacia San Salvador, porque todos los días tiene que vender cebollas y papas. Todos los días, la familia sale del caserío entre las 4:00 y 4:30 de la mañana, caminan durante más de media hora sobre una calle maltrecha que serpentea sobre un cerro.

“Un saco de cebolla cuesta 45 dólares y se le gana entre 6 y 7 dólares. Cuando las ventas están buenas, se puede vender un saco en un día, pero a veces la venta se termina en dos o tres días. Solo Dios sabe cómo alcanzo para mantener a los niños. Hay ratos que me la veo a palitos. Imagínese, de desayuno les compro un dólar de pupusas a cada uno, más el café que cuesta $0.25, ahí ya se hacen cuatro dólares. De almuerzo, gasto como cinco dólares. En la noche, cuando regreso a la casa tengo que llegar a lavar los uniformes. Viera… solo Dios conmigo. Yo sí quisiera que ella (Silvia) saliera para que los ande llevando”, dice la madre.

Silvia es madre soltera. Ahora que ella está detenida toda la responsabilidad de los niños ha quedado en manos de Rosa. La única persona que ayuda a la señora es Julio, el compañero de vida que Silvia conoció en la Iglesia El Rostro de Jesucristo hace un año. Por las tardes, él recoge a los niños en el mercado y los lleva hasta el cantón, y se encarga de llevar los paquetes al penal. “Dicen que en el penal la pelota de jabón vale $6. ¿Y yo cómo voy a alcanzar para estar pagando $6? En cambio aquí (en el mercado) yo llevo tres bolas de jabón que valen $3.50 o $3.25. Le voy a dejar el paquete porque él (Julio) me anda llevando, ese señor es una gran persona. Yo le digo a él: si usted no la hubiera conocido, yo no le pusiera el paquete”, cuenta la madre.

Lejos de que las penurias se disipen del horizonte de Rosa y su familia, el panorama parece más sombrío. En julio de 2026, ella y otros vendedores ubicados sobre la Séptima Avenida Sur recibieron una notificación de la Alcaldía de San Salvador Centro, controlada por el partido oficial: serán desalojados como parte del reordenamiento del Centro Histórico. Es probable que, a partir del 15 de septiembre próximo, Rosa se quede sin el lugar donde ha vendido durante 25 años. “Ahí donde han desalojado han puesto sillas negras y han sembrado palitos. Sí, se ve bonito, pero los vendedores qué. Ahí se ve que el presidente solo va viendo al que tiene. Se ve bonito, pero a uno que lo van a desalojar ¿de qué va a comer?”.

El Centro Histórico es un lugar de interés inmobiliario para la familia Bukele.

Los hermanos del presidente compraron cinco inmuebles en el Centro Histórico de San Salvador por $2,8 millones. Las compras comenzaron en 2023, dos meses y medio después de la entrada en vigencia de la Ley de Creación de la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador (APLAN). Dicha ley, ratificada por Bukele, otorga exención del impuesto sobre la renta por un período de diez años a aquellas inversiones en construcción, remodelación, mejoramiento, ampliación, recuperación y conservación de inmuebles en inversiones de $1,000 o más en inmuebles que tengan un mínimo de 25 metros cuadrados. Los inversores en el Centro también están exentos de los impuestos municipales.

Entre la gentrificación del Centro Histórico de San Salvador y la falta de independencia del sistema judicial, la familia apela al hombre que ha concentrado todo el poder en El Salvador. “Dios tal vez pueda tocar el corazón del presidente y tomar cartas en el asunto. Investigar bien todo esto, que se vean los hechos como han pasado”, dice Julio.