La crisis de vivienda que mantiene a miles de familias salvadoreñas en mesones

<p>Este episodio analiza la crisis de vivienda en El Salvador, donde miles de familias sobreviven en condiciones precarias debido a los bajos salarios y al alto costo de las casas. Ante la falta de opciones accesibles, muchas personas recurren a alternativas informales en los centros de las principales ciudades del país, como vivir en mesones.</p>

Graciela Barrera Gabriela Cáceres Gabriel Labrador

En este episodio hablamos sobre la crisis de vivienda en El Salvador que obliga a miles de familias a vivir en condiciones precarias debido a los bajos ingresos y al alto costo de las viviendas. Aunque el país enfrenta un déficit de al menos 400 mil casas, las opciones planteadas por la ministra de Vivienda, Michelle Sol, como ahorrar durante años o acceder a créditos, resultan inaccesibles para la mayoría de la población, cuyos ingresos mensuales no superan los 435 dólares. Mientras los precios de las viviendas en el Área Metropolitana de San Salvador superan los 200 mil dólares, muchas personas recurren a vivir en mesones: espacios reducidos y deteriorados donde varias familias comparten baños y servicios básicos.

Una investigación de la Alianza Periodística Intermedios reveló que empresas vinculadas a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, recibieron casi 184 mil dólares en contratos públicos durante las administraciones de Nayib Bukele, primero en la alcaldía de San Salvador y luego como presidente de El Salvador. Las adjudicaciones, según la investigación, se realizaron sin competencia abierta.

También hablamos sobre las nuevas reglas para decomisos de mercadería en el Centro Histórico de San Salvador. Mientras la alcaldía asegura que busca ordenar el comercio informal, vendedores ambulantes denunciaron a La Prensa Gráfica que los decomisos continúan siendo arbitrarios, que las multas son demasiado altas y que muchas veces recuperar la mercadería cuesta más que perderla.

Y esta semana se cumplió un año de la detención de Ruth López, abogada y defensora de derechos humanos. Sus familiares denunciaron que Centros Penales no les notificó sobre un traslado ni sobre una intervención médica que recibió el fin de semana. Cristosal señaló que el Estado salvadoreño incumplió medidas ordenadas por la CIDH relacionadas con el derecho a la salud y la información a familiares.

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Este episodio fue grabado el viernes 22 de mayo de 2026.