Las propiedades del Centro Histórico de San Salvador están altamente cotizadas y la familia presidencial ha seguido comprando cada vez más. En los últimos cinco meses, a través de Lagencia, S. A. de C. V., Karim y Yusef Bukele, hermanos y asesores del presidente de El Salvador, adquirieron tres nuevas propiedades por un monto conjunto de $1.25 millones. Los inmuebles están ubicados en la intersección de la 8.ª calle oriente y la 4.ª avenida sur, una zona reconocida por su riqueza cultural e histórica.
Entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, la compra de los nuevos inmuebles en el Centro fue negociada por Karim Bukele en calidad de administrador único propietario y representante legal de la sociedad. Con estas nuevas adquisiciones, y en solo tres años, los hermanos del presidente ya son dueños de cinco inmuebles que suman 3.036,64 metros cuadrados en el Centro Histórico, según información pública disponible en el Centro Nacional de Registros (CNR) y analizada por El Faro y Redacción Regional.
Las compras de Lagencia en el Centro ascienden a $2,8 millones y comenzaron en 2023, dos meses y medio después de la entrada en vigencia de la Ley de Creación de la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador (APLAN). Dicha ley, ratificada por Nayib Bukele, otorga “exención del impuesto sobre la renta por un periodo de diez años a aquellas inversiones en construcción, remodelación, mejoramiento, ampliación, recuperación y conservación de inmuebles” en inversiones de $1,000 o más en inmuebles que tengan un mínimo de 25 metros cuadrados. Los inversores en el Centro también están exentos de los impuestos municipales.
Según declaraciones de Adriana Larín, directora general de la APLAN, durante una entrevista del noticiero oficialista, la apuesta por el Centro ha atraído $194 millones en proyectos de inversión. La implementación de esta normativa también es denunciada por asfixiar a propietarios de inmuebles que no cumplen con los criterios del Gobierno e incluso expulsar a pequeños comerciantes y vendedores informales de la zona que han sido desalojados en varios casos bajo amenazas de capturas en el marco del régimen de excepción, que permite encarcelamientos exprés y niega el derecho a la defensa.
Karim y Yusef Bukele nunca han tenido ningún cargo formal en los gobiernos de su hermano; sin embargo, son parte del pequeño círculo de toma de decisiones. Karim ha integrado delegaciones oficiales del Gobierno desde que su hermano llegó a la Presidencia en 2019, mientras que Yusef fue clave en las negociaciones de los bonos bitcoin. Los hermanos Bukele, además, fueron perfilados por el extinto Grupo Especial Antimafia (GEA) de la Fiscalía General de la República como el “centro de poder” en la investigación Catedral, que reveló el pacto del la actual administración con las pandillas y casos de corrupción en las compras de emergencia durante la pandemia de covid-19.
Un amigo de todos los hermanos, que conoce el funcionamiento de esta administración, dijo para un reportaje publicado por El Faro en 2020: “Se han repartido por áreas: Yusef es el del gabinete económico; Karim, el estratega político, el de los discursos; Ibrajim es emisario para negociaciones o misiones especiales del presidente: por ejemplo, ejecutar proyectos de reactivación económica”.
Empresarios, funcionarios públicos y dos representantes de gremiales del sector privado coinciden en que Karim, que fue también jefe de campaña de Nayib, es el estratega y más alto negociador del Gobierno de Nuevas Ideas. Una muestra de su poder de decisión ocurrió en la sesión legislativa del 4 de mayo de 2020, en la que la Asamblea votó a favor de que el Ejecutivo pueda contraer $1,000 millones más en deuda. Fue la primera aparición pública de Karim como negociador de votos en la Asamblea Legislativa.
Otro ejemplo de la influencia de los hermanos del presidente ha sido confirmada por uno de ellos: Ibrajim dijo a El Faro el 1 de junio de 2019 que él había efectuado alrededor de 270 entrevistas a potenciales integrantes del Gobierno, y que envió el listado depurado de aspirantes del área económica y de autónomas para que el presidente eligiera. También se presentó como 'asesor del presidente' ante ejecutivos de negocios de Turquía durante una misión oficial en la que acompañó a Nayib Bukele, del 18 al 25 de agosto de 2019. El Faro, además, reveló que existieron negociaciones de alto nivel entre inversionistas extranjeros de criptomonedas y los hermanos Bukele, al menos desde mayo de 2021, un mes antes de que la Ley Bitcoin fuera presentada formalmente a El Salvador y al mundo.
Junto a las propiedades del Centro, en los últimos seis meses Lagencia también compró a $350,000 un inmueble de 253,97 metros cuadrados en la pudiente colonia Escalón de la capital.
Esta empresa, nacida en 2017 con un activo de $2,000, solo posee balances correspondientes a los años 2017, 2021 y 2022 en los registros de acceso público. En esos mismos registros tampoco aparecen informes de auditorías, lo que supone un incumplimiento de las leyes salvadoreñas. Antes de las nuevas compras, Lagencia reportó tener activos que ascienden a $1,617,746, según una renovación de matrícula de la empresa presentada en diciembre de 2024.
Según el artículo 441 del Código de Comercio de El Salvador, todas las sociedades deben transparentar su situación financiera en el CNR para seguir funcionando. “El balance general, el estado de resultados y el estado de cambio en el patrimonio de empresas deberán estar certificados por contador público autorizado, debiendo depositarse en el registro de comercio para que surtan efectos frente a terceros. Sin su depósito, no harán fe”, apunta la normativa.
La empresa dirigida por los hermanos Bukele Ortez se dedica, según su acta de constitución, “a la producción digital, agencia digital, conceptualización y diseño de campañas publicitarias”. Como la mayoría de sociedades anónimas, también incluyó que podrá realizar cualquier actividad lícita: “por consiguiente, la sociedad podrá, entre otras cosas, comprar, vender, hipotecar, pignorar, gravar en cualquier forma, bienes raíces y muebles”.
Lagencia, al igual que otras empresas que los Bukele han usado para comprar tierras, pasó sus primeros años sin mayor movimiento. Los balances y escrituras de compraventa consultados revelan que no tuvo fluctuaciones en sus activos hasta 2023, cuando el clan Bukele inició su acumulación de tierras y propiedades.
Entre 2023 y 2026, periodo que traslapa las dos administraciones de Bukele, la familia presidencial ha adquirido 39 propiedades en el país, que suman 365 hectáreas y representan el 92 % del total de tierras que poseen. En ese periodo, Nayib Bukele ya llevaba años en el poder y con el control total de la Asamblea Legislativa, las cortes del país y la Fiscalía. Entre estas destacan fincas de café, terrenos en el lago de Coatepeque, playas privadas, fincas de caña de azúcar, apartamentos de lujo y casas en lugares exclusivos de San Salvador.
Pero la apuesta por el Centro Histórico para los Bukele es prioritaria. De los $12,2 millones que el clan ha invertido en inmuebles desde que Nayib Bukele llegó al poder, las inversiones en el Centro destacan por ser las más cuantiosas, siendo casi la cuarta parte del total. Incluso han superado el valor de las tierras con mayor extensión y en las que opera una finca de café, adquiridas por una sociedad dirigida por el presidente en la zona occidental del país. En el caso de compras totales de Lagencia en todo el país, las inversiones en el Centro Histórico representan más del 86 %.
Desde el Gobierno, la revitalización de la zona también es una apuesta estratégica. La Ley que creó la APLAN, una oficina adscrita al Ejecutivo, establece que las inversiones dentro de las 80 cuadras claves del proyecto estén exentas de impuestos. Tres de las cinco propiedades de los Bukele entran en esta área delimitada, mientras que las dos nuevas propiedades restantes son colindantes de la 8.ª calle oriente entre la 4.ª y la 6.ª avenida sur, donde en la madrugada del 13 de febrero un incendio consumió varios edificios históricos y causó la muerte de cinco personas, entre ellas una mujer embarazada y una menor de cinco años. A una semana del incidente, las autoridades no han explicado qué causó las llamas, mientras policías y militares aún custodian las ruinas.
La apuesta de los Bukele en el Centro Histórico
El 14 de febrero, después de que los bomberos apagaran el fuego, los ojos de la ciudadanía apuntaron hacia los edificios centenarios que fueron alcanzados por las llamas. Entre las propiedades afectadas se encuentra el edificio de la Sociedad de Artesanos La Concordia, que forma parte de los inmuebles adquiridos por la familia Bukele.
El mismo día, Karim Bukele reconoció que esa propiedad era suya. “Sí, la Casa Samayoa es de mi propiedad, al igual que La Concordia”, escribió Karim Bukele en la red social X el 14 de febrero. El edificio está ubicado en la 8.ª calle oriente y 4.ª avenida sur #240, a tres cuadras o a cinco minutos caminando de la Plaza Gerardo Barrios.
Según la escritura de compraventa disponible en el CNR, la empresa de los hermanos Bukele compró el edificio a la Asociación de Artesanos de El Salvador “La Concordia” el 9 de septiembre de 2025 por $444,000. Karim Bukele, como representante legal de su sociedad, realizó personalmente el pago a través de dos cheques de caja del Banco Davivienda. El primero fue el 26 de junio de 2025, por un monto de $15,000 en concepto de arras o garantía de promesa de venta. El segundo cheque con los restantes $429,000 fue entregado el día de la firma de la escritura.
Según el historiador Salvador Guzmán, artesanos salvadoreños fundaron la asociación en 1872 y se propuso “el mejoramiento de la condición moral y material de sus miembros y en general de la clase obrera”. Previo a la venta, el edificio era usado todavía como punto de reunión de socios de La Concordia y albergaba a algunas familias y negocios varios.
El 14 de octubre de 2025, un mes después, Lagencia compró un inmueble vecino, calle de por medio, de La Concordia. La empresa pagó $488,000 por el edificio de 525 metros cuadrados. El pago se hizo mediante dos cheques de caja: una primera cantidad por $65,000 y un cheque más por el resto. En 2003, ese inmueble le había costado a su antigua dueña $27,000.
La Casa Samayoa, también propiedad de los hermanos Bukele, es vecina a La Concordia y no sufrió daños por el incendio. Según la compraventa, una empresa de los padres del diputado oficialista William Soriano vendió a Lagencia este inmueble por $288,000 el 29 de agosto de 2024.
Karim Bukele, en representación de Lagencia, emitió dos cheques a la familia Soriano por la Casa Samayoa: uno por $152,586 y otro por $135,413 a favor de la empresa Productos Mar y Sol. Según un artículo de El Diario de Hoy, la empresa de la familia Soriano enfrentaba desde 2017 un litigio con Hacienda, debido a que modificaron declaraciones de impuestos con montos de transacciones que no habían podido demostrar que hubieran ocurrido.
El 18 de agosto de 2017, el caso llegó a manos de la Fiscalía, que señaló que la empresa había entregado información falsa a Hacienda y ordenó un embargo por $213,000 con una anotación preventiva a la Casa Samayoa. No está claro cómo la empresa de la familia Soriano logró transferir en 2024 la propiedad a la empresa de la familia Bukele aún con el procedimiento de embargo de la Fiscalía en ejecución. Para ese año, la Fiscalía estaba ya bajo pleno control de Nayib Bukele.
La última compra que Lagencia realizó en la zona concluyó el 9 de febrero, cuatro días antes del incendio, por un monto de $322,000. Al igual que con los inmuebles anteriores, Karim pagó $50,000 en arras por promesa de venta con un cheque de Davivienda el 15 de diciembre de 2025. Y el resto, cuando firmaron la escritura. La dueña anterior, una comerciante de 75 años, compró el inmueble de 483 metros cuadrados en 2022 por $28,500. Es decir, que en cuestión de cuatro años, el inmueble aumentó su valor once veces.
Tras casi una semana del incendio, la cruz calle del Centro Histórico donde se encuentran los inmuebles de los Bukele, estaba acordonada con cinta amarilla y custodiada por decenas de militares y policías. El rastro de las llamas aún podía verse en los escombros de La Concordia y las lotificaciones de al lado que funcionaban como comedor y gimnasio, cuyas máquinas yacen apiladas como cadáveres metálicos, y el edificio de enfrente, semiderruido, que es hoy propiedad de la empresa de los hermanos del presidente.
Según el historiador Carlos Cañas Dinarte, esta parte del Centro Histórico se convirtió en un laboratorio de construcción para experimentar con diversos materiales luego de la erupción y el terremoto de 1917. “Toda esa zona pasó a ser reconstruida con materiales importados de California y Bélgica, con la lámina troquelada. Importaron tecnología de reconstrucción rápida, pero eficiente”, acotó. “Lo que tenemos en esa área de San Salvador es un museo de la arquitectura al aire libre”.
El valor patrimonial del Centro Histórico de San Salvador ha sido reconocido en papel por diferentes gobiernos. La zona fue declarada patrimonio cultural de El Salvador desde 2008. En 2016, la Secretaría de Cultura de la Presidencia reforzó las medidas de protección hacia bienes como estos que actualmente tienen más de un siglo.
Cañas Dinarte agregó que el Gobierno actual “prácticamente borró la Ley de Patrimonio Cultural, eliminó los diagnósticos que tendría que haber emitido el Ministerio de Cultura y le dejó todo eso a una nueva estructura: la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN)”.
En el Centro Histórico, la APLAN es la ley. Dirime quién puede hacer y quién no. Nació el 30 de marzo de 2023 como dependencia del Ministerio de Turismo. Según la ley que la rige, la APLAN se encarga de “proteger, preservar y regular un área delimitada del Centro Histórico de San Salvador, declarándola zona cultural, turística y de desarrollo para el fomento actividades e inversión de capital”; pero que en la práctica ha servido como una herramienta de desalojo de comercios y vendedores informales que no van con la estética que busca el Gobierno en ese espacio.
La ley fue impulsada por la exministra de Cultura, Mariemm Pleitez, y la ministra de Turismo, Morena Ileana Valdez Vigil, y contó con la iniciativa de la Presidencia de Bukele. Fue aprobada por la Asamblea Legislativa 2021-2023, compuesta por 64 de 84 diputados del partido oficialista Nuevas Ideas, del cual los hermanos Karim, Yusef e Ibrahim Bukele son fundadores.
El capítulo tres de la normativa establece que las inversiones en el área delimitada por la APLAN gozarán de exenciones de los impuestos municipales y fiscales por un máximo de 10 años, y los gastos que inversionistas hagan al reconstruir o renovar sitios de uso y fines públicos serán deducibles del impuesto sobre la renta.
De los cinco inmuebles que Karim ha comprado en el Centro, tres están bajo la sombrilla de la APLAN, mientras que La Concordia y la Casa Samayoa quedan fuera del área delimitada. Dos meses y medio después de que Nayib Bukele sancionara la ley de esta entidad, Lagencia compró un edificio de más de 80 años, estilo art déco, de 506 metros cuadrados, por $1.3 millones, ubicado en la 2.ª calle oriente a un costo de $1.3 millones, a cuatro cuadras de la Plaza Gerardo Barrios, según reveló Redacción Regional en octubre de 2024. En la compraventa consta que el vendedor recibió los $1.3 millones “a su entera satisfacción”. Es decir, la empresa de los hermanos Bukele hizo esta inversión millonaria en un solo pago.
El 12 de octubre de 2024, días después de que se revelara esa primera y millonaria inversión, Karim Bukele, el principal asesor político del presidente, dijo al periódico español El País que su familia estaba adquiriendo propiedades con movimientos de capital que ya poseían y con préstamos hipotecarios a empresas con poco capital, usando como garantía a otras empresas de la familia valoradas en millones de dólares. Al 20 de febrero de 2026, Lagencia no ha inscrito en el CNR ningún mutuo hipotecario ni ninguna garantía que respalde lo afirmado por Karim Bukele, según los registros disponibles al público.
El edificio está en la categoría de uso mixto 2, es decir que ahí pueden operar negocios de restaurantes, alojamientos, galerías, museos, librerías, farmacias y tiendas. Otros dos de los inmuebles entran en la categoría de uso mixto 6 de la normativa de la APLAN. Según la ley, los Bukele solo podrían usar estos terrenos para instalar estacionamientos y restaurantes de comida rápida que formen parte de un centro comercial, y restaurantes con comida a la carta y consumo limitado de bebidas alcohólicas.
Redacción Regional y El Faro intentaron obtener una respuesta de Karim Bukele sobre las nuevas propiedades compradas a través de Lagencia y conocer si han solicitado ser beneficiarios de las exenciones fiscales impulsadas por el Gobierno de su hermano. Al cierre de este reportaje, no hubo respuesta. Como no ha habido desde septiembre de 2024, cuando Redacción Regional publicó la primera de una serie de investigaciones sobre el enriquecimiento patrimonial de la familia presidencial.
Esta alianza periodística también intentó obtener reacciones de la APLAN, de los Bukele y del Ministerio de Turismo, a través de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
A parte de la versión que Karim Bukele dio a El País en 2024, las otras explicaciones que los Bukele han brindado sobre las inversiones de su familia y sus empresas y sobre su incremento patrimonial han sido publicadas desde sus redes sociales.
El 14 de febrero, luego de que Karim revelara que compró La Concordia, usuarios de X cuestionaron su capacidad adquisitiva. A lo que respondió: “Pues compramos Yamaha, una de las distribuidoras de medicamentos más grandes del país, una agencia de publicidad de las más grandes también, una fábrica de confección de ropa, inversiones en bancos y en empresas en EEUU, etc… todo antes de 2019”.
Al día siguiente agregó que el origen de su fortuna familiar en realidad comenzó cuando su abuelo llegó desde Jerusalén. “De hecho fue de mi abuelo (que vino de Jerusalén) y así comenzó el capital de mi familia —dijo en respuesta a una cuenta que mencionó el negocio de venta de camisas Norma que los Bukele tuvieron en el Centro—; eran las camisas más vendidas en todo el país. Tampoco mencioné que a la hora de vender el canal 12 a TV Azteca, mi padre era el que más tenía acciones en dicha empresa, al igual que cuando vendieron Cable Color (el primero). Tampoco mencioné que era el accionista personal más grande del Banco Salvadoreño, antes de su venta; entre otros muchos, etcétera. Y pues, todo antes de 2019, bastante antes”, aseguró sin presentar pruebas.
Sin embargo, nadie en el clan Bukele ha explicado por qué esperaron hasta que Nayib fuera presidente para adquirir tantas propiedades en El Salvador, entre las que figuran playas, fincas de café, lagos o inversiones en zonas estratégicas del Gobierno, como el Centro Histórico.
Inversores, asesores, hermanos
Aunque el único de los hermanos obligado por ley a presentar su declaración patrimonial es Nayib Bukele, expertos en transparencia señalan que el papel de sus hermanos en el Gobierno podría abrir la puerta a conflictos que deberían ser de especial interés de los entes contralores del Estado por el potencial conflicto de intereses.
Karim Bukele, por ejemplo, opera como el principal asesor de su hermano presidente y es jefe de su campaña política. A juicio de dos fuentes del Ejecutivo que hablan desde el anonimato por temor a represalias y que participaron de la creación de la política de rescate del Centro Histórico, Karim es “el cerebro” detrás de la medida. “El Centro Histórico es su pasión. Le obsesiona”, dice una de las fuentes. El 14 de noviembre de 2023, en plena campaña presidencial para la reelección inconstitucional de su hermano, Karim fue uno de los protagonistas centrales durante la inauguración de la Biblioteca Nacional, donada por el Gobierno de China y televisada a través de cadena nacional. La obra es la joya de la corona del atractivo turístico del renovado Centro Histórico con el que la propaganda oficialista vende El Salvador al mundo.
Su socio fundador en Lagencia, su hermano Yusef Bukele, se perfiló como el interlocutor entre el Gobierno y la empresa privada. También ha sido fundamental en la estrategia Bitcoin y de la fallida implementación del criptoactivo como moneda nacional y bonos bitcoin, según investigaciones reveladas por El Faro.
En el caso del mandatario, este no ha dado a conocer la versión pública de su informe patrimonial de salida de la gestión 2019-2024 ni el correspondiente a la toma de posesión inconstitucional de junio de 2024. La única conocida es la declaración de inicio de Gobierno, de 2019, cuando aseguró tener un patrimonio junto con su esposa de $2.5 millones, de los cuales solo $171,423.64 eran inmuebles. En los últimos seis años, solo entre Prepare, S. A. de C. V., y Bu-Ro, S. A. de C. V., las empresas fundadas y dirigidas únicamente por la pareja presidencial han comprado tres propiedades que suman $1.8 millones, ubicadas al final de la calle La Mascota y en la playa El Flor, en el área natural protegida de Los Cóbanos.
Bukele incluso ha incumplido la Ley Anticorrupción que él mismo solicitó y aprobó el 11 de febrero de 2025. En la normativa que emitió la Asamblea que él controla, se estableció que la versión pública de la declaración patrimonial de los funcionarios es de carácter oficiosa, “siendo obligación del Ministerio de Hacienda publicarla en un portal electrónico creado específicamente para ello a efecto de que sea de fácil acceso a la ciudadanía, a más tardar quince días hábiles luego de haber sido presentada por el sujeto obligado”.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, afirma que esta ley solo fue un formalismo para cumplir con las obligaciones en transparencia que el Fondo Monetario Intencionalidad (FMI) pidió al Gobierno de Bukele para entregar el primer desembolso de los $1,400 millones que habían acordado.
“En el fondo, el Gobierno no tenía ningún interés en cumplir con las disposiciones que ahí se plasmaron. El caso de las declaraciones patrimoniales lo ilustra bien: ya estaba vigente la ley de enriquecimiento ilícito de funcionarios, ya había jurisprudencia suficiente que obligaba a hacer pública esa información y no lo cumplió ni el Gobierno ni la Corte Suprema de Justicia. Entonces no hay ningún interés en cumplir la ley, solo en cumplir el requisito del FMI”, señaló Escobar.
Jonathan Sisco, abogado constitucionalista de Cristosal, agregó que “en un país donde las encuestas señalan la economía y la corrupción como las principales preocupaciones, el problema no es solo jurídico: es ético y político. Mientras millones de familias cumplen sus obligaciones y enfrentan dificultades, cualquier privilegio para una élite vinculada al poder erosiona la confianza pública. Cuando no hay transparencia, lo único que queda es la especulación. Por eso la información pública es fundamental: permite verificar que lo público sirva al interés de las mayorías y no a un grupo cercano al poder”.