El Gobierno salvadoreño utilizó 22 de cada 100 dólares de su presupuesto para el pago de la deuda pública. Pagar préstamos, deudas y sus intereses se ha convertido en el rubro principal del presupuesto de Nayib Bukele, más que el gasto en salud y más que el gasto conjunto en educación, protección social y derechos, y pensiones. “Es una deuda que desplaza derechos”, señala Amnistía Internacional en un informe publicado este martes.
El estudio analiza la evolución del gasto público salvadoreño entre 2015 y 2025 para verificar si el dinero gastado en esa década ha presentado avances o retrocesos en la garantía de los derechos sociales y económicos de la ciudadanía salvadoreña
Por ejemplo, si tomamos el plan de gastos de 2025, de los $13,102 millones programados el gobierno destinó $2,826.6 millones para pagar el servicio de la deuda, un monto superior a la inversión en salud ($2,541.3 millones) y también al del gasto educativo ($1,330 millones), según datos oficiales.
Esto también se explica porque el pago de la deuda se triplicó en la última década, pasando de $815 millones en 2015 a más de $2,800 millones en 2025.
“El crecimiento de la deuda tiene implicaciones en términos de las obligaciones internacionales en derechos humanos para financiar derechos, ya que ha reducido el espacio fiscal disponible para movilizar recursos y ha elevado el riesgo de ajustes fiscales futuros, donde generalmente existen recortes a servicios públicos que pueden afectar el acceso a derechos económicos y sociales de los grupos más vulnerables”, reseña Amnistía en el informe.
El estudio sostiene que aunque el Gobierno de Bukele ha hecho crecer el presupuesto en su conjunto más del 70% respecto al gobierno anterior pero “gastar más no ha significado más derechos económicos y sociales” que eleven la calidad de vida de la población y garanticen mejores servicios básicos en educación y salud, dice el análisis.
En el ramo de Salud, hubo más inversión en el rubro pero mayor costo para las personas. Por ejemplo, la cantidad de doctores, enfermeros y enfermeras, y demás personal médico pasó de 29.6 por cada 10 mil habitantes en 2018 a 16.2 en 2025. Mientras, el gasto anual de los salvadoreños para pagar medicinas, consultas o análisis clínicos aumentó de $117 a $163 en el mismo período.
Lo mismo ocurre con el gasto en construcción de obras públicas. La inversión creció a un ritmo de 19% desde la llegada de Bukele al poder pero esto no produjo un aumento significativo del crecimiento económico, que aumentó en promedio 2.5%. Al mismo tiempo, la evidencia recogida por Amnistía con base a investigaciones periodísticas, detalla que han existido proyectos de infraestructura con sobrecostos, retrasos, falta de articulación con las municipalidades y beneficios limitados.
En educación, Mi Nueva Escuela, el programa más ambicioso del rubro, que contemplaba la construcción y remodelación de 5,150 centros escolares desde 2021, apenas se ha cumplido. Hasta 2024, solo ha intervenido 424, menos del 10% de escuelas han sido intervenidas.
Finalmente, las cifras de pobreza también indican que aunque haya aumentado el gasto, este no ha protegido a quienes enfrentan más dificultades. La pobreza extrema alcanzó el 7.7 hogares de cada 100 en 2025, 3.2 más hogares con pobreza extrema que en 2019. Los programas del Gobierno destinados a erradicar la pobreza fueron recortados un 12% en promedio en ese período.