En El Salvador, una persona tiene un “riesgo muy alto” de sufrir torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, a manos de agentes del Estado, según el Índice Global de Tortura 2026 presentado esta semana por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
El Índice posiciona al país en la categoría máxima que ubica a naciones caracterizadas por “violaciones sistemáticas de la prohibición absoluta de la tortura” y donde existen “salvaguardas muy débiles para prevenir y proteger” contra casos de tortura y otros malos tratos. Esta es la segunda vez que el Índice coloca a El Salvador en esa categoría.
El estudio sostiene que la situación del país se ha deteriorado con la llegada del régimen de excepción, vigente ininterrumpidamente desde marzo de 2022, y que, hasta abril de 2026, ha llevado a prisión a más de 91,990 personas.
En las siete dimensiones que analiza el estudio, El Salvador recibe las peores evaluaciones, “riesgo muy alto” en cuatro pilares, y de “alto riesgo” en las tres restantes, por su “compromiso político limitado para combatir la tortura”; su “violencia institucional y brutalidad policial generalizada”; sus fallas “graves y sistémicas” en la prevención de la tortura y otros malos tratos en las cárceles.
El Faro ha documentado testimonios que describen torturas y otros tratos crueles. Como el caso de Walter Vladimir Sandoval Peñate, de 37 años, que era un hombre sano, sin tatuajes y sin rasguños, cuando ingresó a las bartolinas de la Policía en Ahuachapán. 72 horas después, el tres de abril de 2022, Walter era un cadáver con signos de tortura: presentaba hematomas en los pies, brazos y hombros, y tenía las muñecas casi cortadas por la presión de las esposas. Walter murió por un trauma cerrado de tórax, según la esquela de Medicina Legal.
El informe recoge que el personal penitenciario impone castigos “como el aislamiento, la suspensiones de los detenidos por las muñecas por horas con los pies apenas tocando el suelo, restricciones a las visitas familiares, privación de alimentos y agua, ejercicio forzado y el uso de gas lacrimógeno dentro de las celdas”.
Este periódico también ha podido identificar con nombre y apellido a al menos a un custodio penitenciario salvadoreño, señalado por cometer, ordenar o tolerar torturas al interior de la prisión de Mariona.
El Índice también analiza que en El Salvador la impunidad por tortura persiste por “graves deficiencias estructurales” en el sistema de justicia, Fiscalía y defensoría de derechos humanos. Donde los grupos vulnerables son los más desprotegidos sumado a la falta de una ley que defina a las víctimas de tortura y que garantice su derecho a recursos judiciales.
De acuerdo con el informe, el Gobierno de Nayib Bukele, lejos de impulsar reformas, “ha construido una narrativa oficial que niega públicamente la existencia de la tortura y legitima los malos tratos”.
El Índice da validez a las graves violaciones a derechos humanos y posibles “crímenes de lesa humanidad” que han documentado organizaciones y expertos independientes, entre las que además de torturas y tratos crueles, también se incluye ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.