El régimen encarceló a sus padres e internó al niño de 11 años en el Psiquiátrico, rodeado de adultos

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Días después de que los niños se mudaron a la aldea que está en el cerro, la abuela los matriculó en la escuela del cantón más cercano, a menos de un kilómetro de distancia. Miguel cursaba cuarto grado y su hermano quinto. Con el paso de los días, la abuela notó cambios drásticos en la conducta de Miguel: a veces tenía la mirada pérdida, como inmerso en una profunda tristeza; a veces era rebelde, impulsivo. Su desinterés por continuar en la escuela era manifiesto.

A la abuela le cuesta describir la conducta de su nieto.

“Fíjese que el niño… mire… se me ponía quizás de lo mismo, la depresión. Él se ponía así, hiperactivo (...) a veces le digo que sea alguna cosa de abuso y me dice él que no. Se siente triste y como que le cae depresión y por eso él ni ganas de hacer nada le da. Yo le digo: ‘¿qué te pasa?’ ‘Estoy triste por mi papá y mi mamá’. Entonces, para mí es duro ver a los niños así, sufrir por sus papás”.

La Ley Crecer Juntos, aprobada en la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas, el partido de Nayib Bukele, establece en el artículo 158 que el CONAPINA tiene la obligación de aprobar programas preventivos y especializados para garantizar los derechos de la niñez y de adolescentes, en coordinación con el Ministerio de Salud. La especialista señaló que la falta de información oficial en este sentido impide saber cuáles son esos programas. “No he encontrado ningún tipo de programas para niños en condición de abandono, y menos de programas en salud mental”, dijo.

El Faro envió consultas a CONAPINA y al Ministerio de Salud el 10 y 11 de diciembre, pero al cierre de esta nota no había respuesta.

Un informe de la organización Cristosal de 2024 titulado “El silencio no es opción” también concluyó que “no se implementan programas que comprendan las situaciones particulares que afectan a los cientos de niños, niñas y adolescentes impactados por el régimen de excepción”. Además, el informe coincide en que la falta de información de las autoridades impide saber con precisión el número de niñas, niños y adolescentes que se ven expuestos al abandono como consecuencia de las detenciones. El informe dice que “al menos 62,022 niños, niñas y adolescentes menores de 15 años en El Salvador pueden haber sufrido alguna modalidad de abandono a consecuencia de las actuales políticas de seguridad”.

“Según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, en 2022, había en El Salvador 506,566 niñas, niños y adolescentes en abandono, pero a partir de 2022 —tras cinco años seguidos de reducción— se observa un repunte del 0.8% respecto de 2021”, dice el informe de Cristosal.

Al menos 176 hijos o hijas de personas detenidas quedaron en orfandad por la muerte de sus padres bajo custodia estatal, según el mismo estudio. Y más grave aún: al menos cuatro niños o niñas murieron en las cárceles salvadoreñas, entre 2022 y 2024.

Dice el artículo 46 de la Ley Crecer Juntos: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a crecer, convivir, desarrollarse y criarse con su madre, padre y familia, incluyendo a las personas con las que han construido lazos o vínculos de carácter socio afectivo”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en 2022 sobre los efectos de separar a los hijos de los padres. “Tanto la separación de los progenitores, cuidadores principales y/o referentes adultos como la vida en prisión pueden tener un impacto sobre los derechos y desarrollo integral de niño o niña, sobre todo durante la primera infancia, etapa de vida que resulta crucial para el desarrollo del cerebro y de las capacidades de niñas y niños”.

El Faro también envió un mensaje por X a Linda Amaya de Morán, directora ejecutiva de CONAPINA, pero tampoco respondió. En marzo, ella habló con un periodista del medio estadounidense The Post and Courier que visitó El Salvador. En el artículo publicado, Morán explica que su oficina se encarga de buscar a los niños que quedan en situación de abandono tras la captura de sus padres. “Morán describió un proceso de tres frentes para identificar a los niños y niñas, incluyendo la información sobre el sistema judicial y el censo poblacional”, dice el artículo. “Morán dijo que los jueces preguntan a los acusados si tienen hijos. Vecinos, escuelas y clínicas de salud remiten los casos a [organizaciones no gubernamentales] que se enteran de los padres arrestados después de alguna investigación”, agrega el texto.

El artículo agrega que Morán sabe que hay niños que quedan bajo el cuidado de vecinos, parientes u orfanatos.

Tras el cierre de la Oficina de Cooperación Extranjera de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés), una organización llamada Whole Child International que se dedicaba a darle atención a los niños que quedaban sin padres tras capturas del régimen de excepción tuvo que cerrar operaciones porque se quedó sin financiamiento.

—¿Por qué la captura de los padres afectó más a uno de los niños?

La abuela tiene una escalofriante hipótesis. Los dos niños, ahora de 12 años, comparten padre, pero son hijos de madres diferentes. En su corta vida, el hermano de Miguel ha enfrentado situaciones traumáticas, como la desaparición de su madre hace siete años. Por eso, la abuela cree que la detención de su padre y su madrastra no le afectó tanto.

La madre del hermano de Miguel se llamaba Liseth. Era una obrera que trabajaba cerca del Parque Infantil de San Salvador. El 10 de septiembre de 2018, como a las seis de la tarde, envió unos audios a su familia para informarles que ya había terminado su jornada laboral y que se dirigía a tomar el bus para regresar a casa. Nunca regresó.

“Llegaron las once de la noche y cuando le llamaba se oía como que contestaban, pero no decían nada. Se oía silencio y quitaron la foto de perfil que andaba ella. Mi hijo puso la demanda en San Salvador. Le llamaron de Medicina Legal para que fuera a ver la ropa, tenían como un álbum, pero no era la ropa de ella”.

El Faro no encontró en los documentos Guacamaya Leaks ningún dato relacionado con esa desaparición. La Policía, por su parte, mantiene en secreto la cifra de personas desaparecidas desde el 2022, a pesar de las exigencias de familiares de las víctimas que piden transparencia y agilidad en las investigaciones.

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Mientras lo llevaban en una silla de ruedas al pabellón de intervención en crisis, Miguel vio a una decena de hombres que lo miraban curiosos desde atrás de unos barrotes. Lloró y sintió miedo cuando lo separaron de su abuela y lo encerraron con aquellos desconocidos en una especie de galera donde había 40 camas y, al fondo, una pila con agua, dos duchas y tres inodoros. El pabellón tenía barrotes al frente y al costado izquierdo, desde donde los internos podían ver la llegada de nuevos pacientes, el trajín diario de empleados que pasaban al área de emergencia o de tratamiento de adicciones.

Miguel compartió el pabellón de crisis con tres niños de entre 11 y 13 años; tres adolescentes, de entre 15 y 17 años. El resto eran adultos con edades entre los 30 y 55 años. La abuela reprocha que en el hospital nunca le dijeron que su nieto iba a compartir espacio con adultos que padecen perturbaciones mentales.

“Le dije al doctor: ‘¿No va haber gente mayor, adulta?’ ‘No, ahí solo adolescentes van a haber, solo niños pequeños’, me dijo. ¡Y mentiras! Dice él que había gente mayor también”.

Junto a la cama de Miguel estaba la de un hombre que pasaba de los 30 años y que interrumpía el sueño del niño con una plática recurrente: la misma pregunta todas las noches.

— A veces no podía dormir porque había uno que tampoco era normal. Me hablaba todas las noches, me decía: ¿Vos qué tenés ganas de comer? Yo tengo ganas de comer tal cosa. Ya dormite, le decía yo, tengo sueño. Después me decía: ¿Qué querés comer? A veces, el amigo que yo tenía le decía: ¡Ya callate!, ¡Ya callate!, ¡Ya dormite! Ya tengo sueño y no estés antojando.

Cuando no gritaba, cuando la araña no visitaba su mente, cuando no cantaba, Kevin “puteaba” a sus vecinos de cama de manera sorpresiva, sin motivo. Miguel recuerda que una vez Kevin y El Uruguayo llegaron hasta los golpes. El Uruguayo recibió un golpe en la cabeza, mientras que Kevin acabó amarrado a una cama por decisión de las autoridades hospitalarias.

Durante los días que estuvo internado, Miguel considera que solo tuvo un amigo: Ernesto, de 13 años. Él había caído en depresión porque su madre también fue capturada por el régimen de excepción. Esa detención, en un municipio al norte de San Salvador, coincidió con la muerte de un gatito que era su mascota. Ernesto contó a Miguel que por esas dos razones cayó en depresión.

—Él me dijo cuando llegué de que todo iba a estar bien y de que no me preocupara, de que íbamos a salir rápido.

Un niño consolando a otro en un psiquiátrico.

Además de los ánimos que recibió de Ernesto, un empleado del hospital le reveló a Miguel otra clave para salir rápido de ahí.

—Me dijeron que me tenía que tomar las pastillas, tenía que comer y hacer caso.

Los empleados de limpieza del hospital repetían a Miguel que la recompensa por acatar ese consejo era regresar a casa.

Miguel extrañaba su casa y estaba harto de la monotonía de aquel lugar. Un hombre de unos 40 años que tenía un brazo fracturado le preguntó un día si tenía hermanos. Al siguiente día le hizo la misma pregunta. Y, al tercero, también. A Miguel le contaron que ese hombre perdió la cordura cuando lo examinaron y le pusieron unos cablecitos en la cabeza. En aquel pabellón todos manifestaban pavor ante la posibilidad de ser sometidos a ese examen. Esa prueba se llama electroencefalografía, una prueba neurológica que registra la actividad eléctrica del cerebro y que sirve para diagnosticar trastornos como epilepsia, problemas de sueño o daños cerebrales.

—Uno tiene su propia cama. No me gustaba que llegaban y se acostaban en el suelo, después llegaban a acostarse en la cama mía, digamos, todos tierrosos y yo me enojaba.

—¿Eran niños o adultos?

—Ya adultos, gente grande.

—¿Adultos cómo de qué edad?

—Como de 30 años.

El Faro envió un correo al director general del Hospital Nacional Psiquiátrico , pero al cierre de esta nota no contestó. También se llamó por teléfono, pero el servicio de operadora nunca respondió.

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La iglesia El Rey Viene está al final de una planicie de cañales, al costado de una calle polvosa. Tiene paredes de color celeste, un salón con sillas plásticas, y flores blancas acomodadas alrededor de una mesa, cubierta con un mantel. El pastor tiene un micrófono en la mano, pero grita extasiado y su voz se expande hasta las colinas y cerros de alrededor.

—¿¡Dónde están los aleluyas que han venido por su respuesta!? ¡Hay, aleluya! Sí es necesario llorar en la presencia de Dios, llore. Sí es necesario, aleluya, ¡Oh, gloria a Dios!

En ese púlpito donde gritaba ese pastor, frente a ese mismo altar, fue donde se paró un día Miguel y dio su testimonio ante la feligresía. Agarró el micrófono y contó parte de lo que sufrió en el Psiquiátrico. Les dijo que Dios lo rescató de ese terrible lugar.

—Dije que Dios me había sacado del hospital. Yo le daba gracias a Dios porque ya no quería estar ahí, porque solo llorando pasaba. No me gustaba estar ahí y dije que Dios me había sacado de ahí.

Miguel se ha unido a un grupo de jóvenes de la iglesia, continúa tomando los medicamentos que le dieron en el hospital y ha terminado el quinto grado, aunque sus notas no han mejorado. En noviembre de 2025 repuso actividades educativas para mejorar sus calificaciones. La mayor nota que obtuvo este año fue de siete en la materia de artística, mientras que en otras asignaturas como sociales y lenguaje fue de cuatro.

Ahora que los niños han terminado la escuela, las aflicciones económicas de la abuela han tenido un leve alivio porque dice que ya no tiene que comprar materiales educativos que le piden para las tareas escolares. Ella sobrevivía con algunos dólares que le regalaban sus cuatro hijos. Sin embargo, ahora que el padre que mantenía a los niños está detenido, aquel par de dólares no le alcanzan para cubrir nuevas necesidades.

—El cargo de los niños lo tengo yo nada más. Lo que hago es ir a vender: verdura, si me dan cosas de pipiancito, ayote. Voy a traer lo que es chicharra allá al mercado, fruta para vender, para ir pasando. Ya para cosas de juguetes ya no alcanzó. Lo que quisiera es que ellos salieran para ya sentirme un poco más descansada porque a mi edad, verdad… Ya me siento cansada y yo lidiando con los niños, que están estudiando. Hay que ver cómo se les da para la escuela, rebuscarse para comprarles lo que a ellos les piden para deberes.

La pobreza en la que vive la abuela ha interrumpido el tratamiento que los médicos ordenaron para su nieto.

A inicios de octubre de 2025, por ejemplo, el niño tenía una “consulta de control y seguimiento” con la psicóloga de la unidad de salud de su municipio. Según los documentos médicos, Miguel padece un “episodio depresivo moderado”. La abuela no tenía dinero para pagar los pasajes y llevar al niño a la consulta, lo que sí tenía era un ciento de pipianes y otro de ayotes para salir a vender. La anciana, entonces, se enfrentó a este dilema: rebuscarse para llevar al niño a la consulta o salir a vender para tener dinero y comprar comida para el siguiente día. Ese día no lo llevó donde la psicóloga porque tenía venta. Para ella era más importante “sacar unos dólares” para la comida.

El tratamiento médico de Miguel es un desbalance para las míseras finanzas de la abuela. Viajar todos los meses al Psiquiátrico para recoger la medicina del niño es una obligación que le gustaría evitar porque gasta en pasajes un dinero que no tiene. Sin embargo, hace un esfuerzo extra para ir a reclamar el panibifen, un antidepresivo; el psicodol, un fármaco para tratar, entre otras cosas, episodios de trastorno bipolar o problemas de agresividad en personas con autismo; y la fluoxetina, un antidepresivo que el niño debe tomar cada mañana.

—Entonces, tengo que llevarlo allá al hospital para ver cómo ha salido en el exámen y todo eso. Quiero preguntar si tiene que estar tomando pastillas siempre o qué. Tengo que estar pendiente: ¡tomátela, tomátela! Ahí tiene un gran puño de pastillas porque a veces me toca mañanear. A las ocho le toca tomarla y él no se levanta”, cuenta la abuela a la que el régimen de excepción ha convertido en madre otra vez.

*Con reportes de Gabriel Labrador