Asamblea Legislativa contrató a socio de diputado que negoció con las pandillas

El 3 de julio de 2024, la Asamblea Legislativa contrató como asistente técnico a Guillermo Antonio Figueroa Santos, de 35 años, quien es socio empresarial del diputado suplente Víctor Manuel Martínez Santana, uno de los negociadores del Gobierno de Nayib Bukele que durante varios años antes del régimen de excepción pactó con las tres pandillas salvadoreñas.

El diputado suplente y el empleado legislativo son fundadores, accionistas y administradores de Be Cool Entretenimiento, S.A de C.V, una sociedad creada el 27 de marzo de 2019, que se dedica a la elaboración y comercialización de alimentos, a la venta de bebidas, y al servicio de restaurante y entretenimiento.

Según documentos del Registro de Comercio, además del diputado y del empleado legislativo, otras dos personas figuran como fundadores: Juan Carlos Benítez, un salvadoreño que vive en San Francisco, Estados Unidos; y Carlos Ovidio Rosales Mejía. El capital inicial de Be Cool Entretenimiento fue de 2,000 dólares, dividido en 20 acciones, cada una de las acciones con un valor nominal de 100 dólares.

El diputado Martínez Santana suscribió cinco acciones (500 dólares), pero solo pagó el 35 % de la suscripción: 135 dólares. El resto de los accionistas pagaron el 5 % de las demás acciones; es decir, 25 dólares.

“Los otorgantes por unanimidad acuerdan por este medio elegir como administrador único propietario a Guillermo Antonio Figueroa Santos y como administrador único suplente a Víctor Manuel Martínez Santana”, consigna la escritura de constitución de la sociedad, elaborada por el notario Edgar Alfonso Escobar Chácón.

Be Cool Entretenimiento fue fundada en marzo de 2019, apenas un mes después de que Bukele ganara las elecciones presidenciales. Durante los meses de campaña, Martínez Santana negoció con las pandillas apoyo electoral a favor de Bukele, algo que tras el triunfo electoral de Nuevas Ideas les permitió a los líderes pandilleros en libertad el ingreso ilegal a cárceles de máxima seguridad. El 5 de julio de 2019, por ejemplo, el director de Centros Penales, Osiris Luna, ingresó con varias personas encapuchadas al penal de Zacatecoluca. La Fiscalía concluyó que entre los encapuchados estaban el director de Reconstrucción de Tejido Social, Carlos Marroquín, y el diputado suplente, Martínez Santana. No era la primera vez que Marroquín y Martínez Santana representaron a Bukele en la negociación con las pandillas. En noviembre de 2014, cuando Bukele estaba en campaña para ser alcalde de San Salvador también negoció con las pandillas. El acuerdo con esos grupos criminales estuvo vigente entre 2015 y 2018, cuando Bukele fue alcalde. En ese período, Marroquín trabajó en la Unidad Municipal de Reconstrucción de Tejido Social, mientras que Martínez Santana como coordinador de Arte X. En mayo de 2025, El Faro entrevistó a dos líderes del Barrio 18, facción Revolucionarios, quienes detallaron la negociación con Bukele. Charli, un reconocido líder pandillero capturado y liberado sin explicación por el Gobierno de Bukele durante el régimen de excepción, detalló que las negociaciones con Bukele iniciaron cuando era candidato a alcalde y que una vez en ese puesto entregó a la pandilla una veintena de puestos en el fracasado Mercado Cuscatlán. Liro, otro jefe pandillero a quien el Gobierno de Bukele sacó del país en un carro oficial hacia Guatemala para escapar de la Policía, confesó que su pandilla amenazó en las comunidades para que el partido de Bukele ganara las elecciones municipales de 2015.

Al mismo tiempo que negociaba con las pandillas apoyo total para Nuevas Ideas, en las elecciones legislativas de 2021, Martínez Santana se inscribió como candidato a diputado suplente de la diputada Suecy Beverly Callejas Estrada, una funcionaria que en su séptimo mes de trabajo como vicepresidenta de la Asamblea Legislativa recibió un préstamo de $210,000 del estatal Banco Hipotecario, según una investigación de Redacción Regional, publicada en febrero de 2024.

En las elecciones municipales legislativas de febrero de 2024, Martínez Santana fue reelecto diputado suplente por San Salvador. Cinco meses más tarde, el socio del diputado suplente fue contratado como técnico I, devengando un salario mensual de $1,000 y asignado a Amílcar Geovanny Zaldaña Cáceres, viceministro de Transporte en los primeros dos años del Gobierno de Bukele, y quien en 2021 fue electo diputado de Nuevas Ideas por el departamento de Santa Ana. Zaldaña Cáceres fue reelecto en febrero de 2024 y en agosto de ese año publicó en su cuenta de X los nombres de sus asistentes, entre ellos el de Figueroa Santos.

Negociador y emprendedor

Durante la última década, los tres principales partidos políticos de El Salvador han negociado con las pandillas la manipulación de las elecciones. Sin embargo, la Fiscalía que dirige Rodolfo Delgado, un funcionario manejado por el oficialismo, solo ha impulsado procesos judiciales contra dos partidos políticos: Arena y el FMLN. Contra el partido de Bukele, Nuevas Ideas, las investigaciones no avanzan; al contrario, Delgado se esforzó en desmantelar al grupo de fiscales que investigaban ese pacto criminal.

Mientras la Fiscalía de Delgado se mantiene en la displicencia, los funcionarios de Bukele que protagonizaron la negociación con las pandillas se han convertido en emprendedores y hasta han recibido premios por “la promoción y difusión” de derechos humanos.

El 12 de mayo de 2021, Carlos Marroquín, el principal negociador de Bukele con las pandillas, se asoció con un estudiante, en ese entonces de 36 años de edad, llamado Vladimir Antonio Hernández Argueta, para crear la sociedad Centro Integral de Salud y Movimiento, CISMO, S.A de C.V. “El capital inicial y de fundación de la sociedad también es de 10,000 dólares, moneda de los Estados Unidos de América, dividido en 100 acciones de 100 dólares”, consigna el documento que elaboró el notario Víctor Manuel Guevara Jíménez.

Los documentos detallan que Marroquín pagó 9,000 dólares para adquirir 90 acciones; mientras que Hernández Argueta desembolsó mil dólares para registrar a su nombre las otras diez acciones. En su primer año de operaciones, los activos de la empresa se triplicaron ya que reportaron en su balance un total de $49,362.75.

Hernández Argueta es el representante legal y administrador único, mientras que Marroquín, el administrador suplente. Entre septiembre y diciembre de 2021, apenas cuatro meses después de su fundación, la empresa publicó en su cuenta de Facebook una serie de actividades con las alcaldías de Zaragoza, en La Libertad, y Cuscatancingo, en San Salvador, gobernadas por Nuevas Ideas. El 18 de septiembre de 2021, la cuenta de Facebook de la Alcaldía de Cuscatancingo posteó el siguiente mensaje: “En la jornada médica llevada a cabo en coordinación con CISMO se atendieron más de 50 personas en su mayoría adultos mayores, donde se brindó atención en fisioterapia, psicología y medicina en general”.

Luego, el 20 de diciembre de 2021, el entonces alcalde de Zaragoza, César Godoy, publicó en Facebook: “Una vez más, la Unidad de la Mujer Ciudad de Zaragoza junto a CISMO realizaron una jornada de atención recreativa en asilo Giuseppe Angelucci”. “Estuvimos en @alcaldiadezaragoza_sv capacitando al equipo de trabajo sobre relaciones interpersonales y estrés laboral. Gracias por la confianza y brindar estos espacios para sus colaboradores”, publicó CISMO en su cuenta de Facebook, el 18 de enero de 2022.

A finales de 2021, cuando Marroquín hacía negocios con su empresa CISMO, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo sancionó por “dirigir, facilitar reuniones secretas con líderes de las pandillas”. En agosto de ese año, Marroquín también obtuvo un préstamo del estatal Banco Hipotecario por $167,000, para comprar un apartamento, dos parqueos y una bodega en la Residencial Las Nubes, en la zona alta de la colonia Escalón, de San Salvador. El apartamento de 134.92 metros cuadrados está en uno de los tres edificios de la residencial que pertenece a la jurisdicción de Cuscatancingo.

Pese a la sanción internacional por negociar con las pandillas, pese a reconocer en unos audios que sacó personalmente al líder pandillero Élmer Canales Rivera, alias Crook, hacia Guatemala en los meses previos a la masacre de 87 salvadoreños en marzo de 2022, y cuando aún debía 40 años de condena en El Salvador, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) entregó a Marroquín el Premio Nacional a la Promoción y Difusión en Derechos Humanos. La procuradora Raquel de Guevara, una funcionaria condenada por nepotismo, entregó el reconocimiento a Marroquín y otros funcionarios del oficialismo que trabajan en instituciones como la Dirección de Migración, el Ministerio de Salud, la Alcaldía de San Salvador, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud y hasta la Policía, una institución con múltiples denuncias de capturas arbitrarias y torturas en el marco del régimen de excepción.

“Gracias por cada esfuerzo solidario, por cada palabra y acción que busca proteger la vida, acompañar el sufrimiento, promover la justicia y sembrar la esperanza. Ustedes encarnan el verdadero sentido del servicio público y del compromiso ciudadano”, dijo De Guevara, la funcionaria que premió a funcionarios del oficialismo, pero que se ha burlado sobre el encarcelamiento de Ruth López, abogada de Cristosal; o que se mantiene en silencio sobre otros presos políticos.

La mañana del 17 de diciembre de 2025, El Faro solicitó en los correos oficiales del director Marroquín y de los diputados Zaldaña Cáceres y Martínez Santana una declaración o entrevista sobre el contenido de esta nota. También se envió correos electrónicos y se solicitó en las cuentas de redes sociales de las empresas CISMO y Be Cool Entretenimiento, pero hasta el momento de publicación no se obtuvo respuesta.