El banco de la dictadura salvadoreña

Desde su llegada a Casa Presidencial, los arquitectos de la dictadura emprendieron la toma de todas las instituciones del Estado no solo con fines políticos sino, y sobre todo, con el fin de saquearlo sin oposición. 

El Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, fue convertido en centro de captación de fondos para ser distribuidos entre el grupo familiar de los Bukele, sus amigos, funcionarios leales y las empresas que todos los anteriores habían creando o crearían para convertir ese saqueo en préstamos amparados en contratos con el mismo Estado.  

Bandesal nació por decreto en 2012, en sustitución del Banco Multisectorial de Inversiones, con el objetivo de apoyar con tasas bajas el desarrollo de pequeñas empresas; así como financiar a proyectos de interés nacional. Menos de una década después, la dictadura lo convirtió en una de las piezas clave de su saqueo, fondeando y administrando dos de las grandes cajas negras del bukelato y proporcionando decenas de millones con los cuales Nayib Bukele presumía comprar bitcoins desde su teléfono personal. 

El banco estatal salvadoreño ha administrado al menos $600 millones de los más de $3 mil millones de dólares que la dictadura desapareció sin rendir cuentas. Hasta ahora, las beneficiarias de estos fondos que hemos conocido son personas relevantes en la operación de la dictadura.

Solo en días recientes, dos investigaciones de El Faro involucran a ese banco en desembolsos millonarios a grandes operadores. Uno, en esta misma revista, da cuenta de un préstamo por casi $30 millones de dólares a Coatl, una empresa investigada por corrupción por la extinta CICIES, en la que fungieron como vicepresidentes el actual presidente del Legislativo, Ernesto Castro; y la secretaria privada del presidente, Claudia Juana Rodríguez, a quien Nayib Bukele dejó como encargada del despacho presidencial cuando hizo campaña para su reelección.

Como en una rueda de caballitos, Claudia Juana Rodríguez, siendo designada presidencial, juramentó como presidente de Bandesal a Nelson Rivas Hernández, en diciembre de 2022. Meses después, Bandesal otorgaba el crédito millonario a Coatl, la empresa de la que ella fue vicepresidenta. El respaldo para solicitar el préstamo eran contratos de Coatl con el Estado.

Otra nota en El Faro informaba hace unos días de un fondo no reembolsable por más de un millón de dólares que Bandesal hizo a una empresa de Porfirio Chica, arquitecto de las campañas sucias de la dictadura y contratista favorito de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial. Este desembolso fue solicitado por el subsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Andrés Ortiz, mediante carta dirigida al presidente de Bandesal, Nelson Rivas.

Son apenas migajas en comparación con todo el dinero movido desde el banco, la mayoría en sigilo.

Rivas Hernández es el cuarto presidente del banco desde la llegada de Bukele al poder. El primero fue Juan Pablo Durán, quien inició la piñata. Lo primero que salió a la luz pública, en plena pandemia, fue un préstamo otorgado sin controles a la hermana de Carolina Recinos, jefa de gabinete de Bukele y una de sus principales operadoras.

En 2020, tras la presión de Karim Bukele, hermano del presidente, la Asamblea aprobó endeudamiento con el Banco Centroamericano de Inversión Económica, el BCIE, por $600 millones destinados a la creación de un fondo para apoyar a pequeños emprendedores, llamado Firempresa. Nunca hubo rendición de cuentas del destino de esos $600 millones, pero uno de sus primeros beneficiados fue el entonces ministro de Agricultura, Pablo Anliker, cuya empresa recibió un préstamo por casi medio millón de dólares de Bandesal.

Anliker ha sido un corrupto destacado en el bukelato. La Corte De Cuentas le cuestionó por no justificar $133 millones de dólares en compras durante la pandemia, y ante las sospechas criminales trasladó el caso a la fiscalía, que iniciaba sus investigaciones cuando Bukele sustituyó al fiscal y desintegró la unidad que investigaba a sus funcionarios. El saqueo fue tan escandaloso que Anliker tuvo que dejar el gabinete, y aún así la dictadura continuó beneficiándolo.  

Bandesal, aún presidida entonces por Juan Pablo Durán, encontró nuevas maneras de distribuir el préstamo del BCIE.  Una red de periodistas investigativos llamada OCCRP documentó después que, de los $600 millones del préstamo del BCIE, al menos $200 millones fueron desviados para la creación de un Fideicomiso para empujar la implementación del bitcoin en El Salvador, llamado Fidebitcoin.

Todas las actas del comité que administra los fondos de este fideicomiso han sido decretadas bajo reserva. El Faro tuvo acceso a una de estas actas secretas que muestra que de ese fideicomiso fueron ejecutados $60 millones para comprar bitcoin y esta erogación fue justificada como necesaria para capitalizar la billetera estatal de criptomonedas Chivo. 

Firempresa y Fidebitcoin son dos de las cajas negras de la dictadura: partidas estatales millonarias que funcionan como la antigua partida secreta: bajo reserva y sin rendición de cuentas.

Por razones aún desconocidas, Juan Pablo Durán fue desechado por la dictadura y abandonó el banco en 2022. Meses después fue detenido en el aeropuerto por la fiscalía impuesta por Bukele; y posteriormente acusado de lavado de dinero y de beneficiarse con fondos del banco. Aún guarda prisión. No hemos visto las pruebas del juicio, que fue decretado en reserva, pero el record de su administración levanta serias sospechas de que, si hubo lavado de dinero o cohecho, fue a favor de los leales a la dictadura. Es evidente, también, que no convenía a los Bukele que Durán estuviera libre y compartiera todo lo que sabía de las operaciones en Bandesal. 

Tras la salida de Durán, en 2022, la presidencia del banco estuvo apenas siete meses en manos de Mario Salazar, quien renunció para ser sustituido por Moisés Cabrera Alvarenga en octubre de 2023. Este renunció dos meses después, para dar paso al nombramiento de Nelson Rivas Hernández y su juramentación por la designada presidencial.

Los dos fideicomisos creados por el banco, Firempresa y Fidebitcoin, han negado acceso a los veedores nombrados por ley para verificar el uso de los millonarios fondos, al igual que hizo el fondo para atender la emergencia por el COVID, Fopromide, que contó con más de $2 mil millones en fondos cuyo uso permanece sin contralorías.

Como en toda dictadura, en el centro de todos estos proyectos cleptocráticos está el gobernante y su familia (como lo comenzaba ya a establecer la unidad antimafias de la fiscalía que el mismo gobernante desintegró); a partir de allí, los beneficios se van distribuyendo en los círculos concéntricos. 

Estamos ante un mayúsculo esquema de corrupción. Pero el problema no estriba solo en que los allegados al presidente se beneficien de los fondos públicos; no en que lo hagan con unos recursos que debían destinarse a proyectos estratégicos para el Estado o para quienes los necesitan para salir de la pobreza; sino en que lo hagan mediante la adquisición de deuda pública. Es decir, el aumento en las fortunas del clan Bukele y los bukelistas se hace a costa del endeudamiento del Estado, que todos los salvadoreños deberemos pagar durante las siguientes generaciones. 

Así funciona el banco de la dictadura.