Dividida, pobre y con miedo a Bukele, la oposición replantea sus ideologías

Tras salir de la Presidencia en 2019, el FMLN perdió 19 de sus 23 diputados en las elecciones legislativas de 2021. Dentro del partido surgieron voces críticas que atribuyeron el colapso a que el Frente se había convertido en una fuerza sin ideas, vaciada de su esencia guerrera y revolucionaria tras 30 años de vida política.

En una entrevista de noviembre de 2022, José Luis Merino —el único excomandante guerrillero que conservaba una posición de liderazgo tras la llegada de Bukele al Gobierno— afirmó que este resultado electoral era consecuencia de “no haber cambiado ni un pelo del sistema y, en cambio, solo haberlo administrado” durante los diez años que gobernaron el Ejecutivo (2009-2019). Según Merino, la ideología revolucionaria se diluyó al permitir la incorporación de miles de ciudadanos sin formación política, completamente “crudos en términos ideológicos”. Los dirigentes del partido —agregó— eran “estadistas” que “perdieron la humildad” y dejaron de conectar con el pueblo: eran “tigres a los que el enemigo había limado las garras y los colmillos”.

Merino, conocido por su seudónimo de guerra Ramiro Vásquez, heredó el liderazgo del Partido Comunista Salvadoreño tras la muerte de Schafik Hándal en 2006. Estuvo en la Comisión Política —máxima instancia de dirección permanente— hasta la derrota electoral de 2019 y fungió como Secretario de Organización Nacional. Para 2022, diversos exdirigentes lo señalaban como el poder real detrás de la jefatura formal ejercida por el secretario general Óscar Ortiz. 

En aquella entrevista de noviembre de 2022, Merino aseguró que el partido trabajaba en silencio para los comicios de 2024: “Estamos trabajando, calladitos, todos los días para recuperar, primero, el tejido partidario afectado por dos derrotas electorales, y recuperar la confianza del pueblo”. Sin embargo, llegada esa elección en la que Bukele se reeligió violando la Constitución, el FMLN tocó fondo de forma inédita al no obtener ningún diputado ni ninguna alcaldía. 

Ante la debacle, el partido rojo donde Bukele empezó su carrera política, ejecutó un viraje ideológico y convirtió en política interna lo que Merino criticaba. En diciembre de 2025, el FMLN avaló la “ciudadanización”, la inscripción de candidaturas presidenciales, legislativas y municipales de personas sin pasado militante. 

Siete meses después, en julio de 2026, el médico y sindicalista Rafael Aguirre se inscribió como precandidato presidencial del Frente, y días más tarde anunció como compañera de fórmula a la enfermera Madaí Santos. Esta apertura se produce en el período de mayor rechazo popular hacia el FMLN. Según el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), la intención de voto por el partido ha seguido una tendencia decreciente. Se situó en un 1.9 % en junio de 2025, y luego 0.9% en 2026. La preferencia partidaria general se ubicó al 1.3 % en 2026. 

El viraje ideológico en el FMLN no es algo exclusivo en ese partido. Desde la llegada de Bukele, otros partidos de oposición han replanteado sus ideologías. En ARENA, el partido de derecha tradicional, el giro ha sido hacia el conservadurismo, alejándose del horizonte más progresista que se había discutido incluso en documentos internos. 

En el partido VAMOS, los esfuerzos de Claudia Ortiz, su figura política más prominente, de aliarse a movimientos sociales de izquierda para masificar el partido han bloqueado por ahora su posibilidad de reelegirse en la Asamblea. Ortiz, la diputada de oposición que más ha crecido en intención de voto según el IUDOP, está a las puertas de ser expulsada de VAMOS, que ha rechazado sus diálogos con grupos como el Movimiento de Izquierda Salvadoreña (MIS). 

Este reportaje se construyó a partir de la entrevista con 12 dirigentes o candidatos del FMLN, ARENA y VAMOS, así como con declaraciones públicas de dirigentes de esos y otros partidos. También se consultaron documentos internos y acuerdos tomados por esos institutos. 

De las respuestas y consultas, se desprende que los cambios ideológicos han provocado rupturas o divisiones internas en sus estructuras. 

El viraje ideológico, como lo demuestra el caso del FMLN, se debe también a un asunto de practicidad y sobrevivencia. “La apertura a candidaturas externas es también reflejo de las dificultades de los partidos para conseguir candidatos en sus propias filas de militantes tradicionales”, explicaba en julio pasado Acción Ciudadana, una entidad dedicada a la fiscalización de la gestión pública. 

Mucho miedo y pocas probabilidades

La apertura ideológica no es el único rasgo que define a la oposición actualmente. Después de siete años de Gobierno de Bukele, ningún partido se atreve siquiera a cuestionar en público la hegemonía del presidente actual. La oposición sabe, encuestas en mano, que Bukele tiene garantizada su segunda reelección (un 63 % de la población dijo al IUDOP que Nuevas Ideas debe seguir en la Presidencia). 

La imbatibilidad de Bukele en la elección presidencial hizo que VAMOS ni siquiera llamara a elección interna para definir su fórmula presidencial. VAMOS contenderá solo en la elección de diputados y alcaldes. En ARENA, Carlos García Saade, su presidente, dice a menudo que lo que ofrecen es ayudar a que Bukele tenga un contrapeso, “un balance de poder”. Aguirre dice que su candidatura es un salto de fe: “Es el mismo partido, pero hasta ahora no se había presentado una propuesta desde el movimiento ciudadano. Vamos a ver en las nuevas encuestas qué receptividad le da la ciudadanía a una participación ciudadana”. 

Además de la popularidad de Bukele, el discurso que comparten las fuentes entrevistadas de los tres partidos de oposición (FMLN, ARENA y VAMOS) es la creencia de que la mesa está inclinada a favor de Nuevas Ideas y de que el árbitro, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no ofrece garantías para que haya una competencia justa. 

Los entrevistados apuntan primero a la presidenta del TSE, Roxana Soriano, quien a pesar de haber sido precandidata del partido Nuevas Ideas fue nombrada en el cargo a mediados de 2024. Desde su llegada, el TSE hizo despidos masivos de personal técnico con amplia experiencia y contrató a personas de confianza de Soriano en puestos claves. Un reportaje de FOCOS también detalla que la subjefa del Registro Electoral —a cargo de la elaboración del padrón de votantes de todas las elecciones— es la sobrina de Javier Argueta, un exasesor jurídico de Casa Presidencial, sancionado por Estados Unidos por orquestar la destitución de funcionarios judiciales. Estados Unidos le devolvió la visa a Argueta en 2025.

Originalmente, las elecciones de 2027 solo iban a ser legislativas y municipales, pero unas reformas promovidas por Nuevas Ideas en julio de este año también adelantaron la votación presidencial, que al inicio estaba prevista para 2029. La oposición tuvo que adaptarse sobre la marcha. Entre 2021 y 2026, Bukele impulsó una reingeniería electoral que aumenta las posibilidades electorales de Nuevas Ideas y disminuyen las del resto. Se habilitó la reelección presidencial, se redujeron diputados y municipios, se modificó la fórmula para repartir escaños, se eliminó el financiamiento público de los partidos y se cambiaron las reglas para integrar el TSE. En conjunto, las reformas ampliaron las ventajas de Bukele y Nuevas Ideas, mientras se bloqueó a la oposición y se minimizó la competencia. 

Un ejemplo elocuente es la reforma al voto para los salvadoreños en el extranjero. En mayo de 2026 el oficialismo creó la circunscripción de salvadoreños en el exterior. Antes solo había 14 circunscripciones correspondientes a cada departamento del país. La circunscripción para la diáspora no modificó la cantidad de diputados de la Asamblea (se mantuvo en 60) con lo que la nueva circunscripción se creó tomando cinco diputaciones del departamento de San Salvador y una de La Libertad. En esos departamentos, se golpeó a la oposición porque al haber menos diputados en juego se eleva el umbral de votos necesario para ganar un escaño. Acción Ciudadana calcula que, con el cambio, el partido ARENA perdería sus únicos diputados: uno en San Salvador y otro en La Libertad y solo VAMOS conservaría su escaño.

Ante la imposibilidad del triunfo, todos los consultados ven la elección de 2027 como un peldaño que puede servir para acumular fuerza. En el FMLN, su secretario general, Manuel “el Chino” Flores, suele decir en entrevistas, sin entrar en detalles, que están dispuestos a aplicar una estrategia de resistencia prolongada, o como le gusta llamarla: “la estrategia persa”, en referencia a las maniobras usadas por el imperio persa en el siglo V antes de Cristo contra varias ciudades-Estado griegas, aprovechándose de la amplitud de su presencia territorial y de la diversidad de su ejército. 

Claudia Ortiz, de VAMOS, también dijo a El Faro, en julio, que está dispuesta a disputar la presidencia en algún momento futuro y que el proceso electoral de 2027 es parte del proceso de acumulación de fuerzas. “No existen las condiciones para participar en la presidencial, hoy por hoy ningún otro partido tiene una figura del nivel del actual presidente. Pero eso no significa que eso no pueda cambiar. Hay que construir un liderazgo a nivel nacional a través de un proceso. Tengo aspiraciones presidenciales en algún momento, en el mediano plazo, largo plazo”.

Ahora Ortiz, la diputada más incómoda para el bukelismo depende de que el TSE, controlado por el oficialismo, decida su futuro político. El partido abrió un proceso disciplinario contra ella y suspendió sus derechos de afiliada cuando Ortiz denunció en público la exclusión de precandidatos que  había invitado al partido en el proceso de internas. 

El miedo también ha jugado un rol decisivo. Todos los partidos de oposición entrevistados confirman que ha sido más difícil que nunca conseguir candidaturas a los cargos en disputa en 2027. 

Marcela Villatoro, diputada de ARENA desde 2018 relata que varios candidatos que inicialmente habían aceptado participar se retiraron tras recibir llamadas de sus jefes advirtiéndoles de que no se involucraran en política para evitar problemas a las empresas donde trabajaban. Cesia Rivas, secretaria general de VAMOS, dice que cuando asumió el cargo en 2023 de inmediato recibió la advertencia de que debía diseñar un plan B en caso la amenazaran. “El exilio sería mi última opción”, dice Rivas. La diputada Ortiz también reconoce que el exilio “es un riesgo real, todo el mundo lo ve, pero no es mi escenario ideal”, dice. 

El candidato Aguirre, del FMLN, asegura que sus compañeros en los sindicatos le han advertido del peligro de ser encarcelado en 2027 o de ser obligado al exilio. Desde que se convirtió en vocero de las denuncias en el sector salud, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) comenzó un proceso de despido en su contra. “A partir de febrero del 2027 ya no van a querer una figura crítica a la situación del sistema de salud porque muchas veces les hemos arrebatado la narrativa”, dice Aguirre. 

Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Cristosal y el Grupo de Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) han documentado la existencia de presos y perseguidos políticos. Según el GIPES, la persecución política en El Salvador opera mediante el régimen de excepción, pues no solo es usado contra personas vinculadas con pandillas, sino también contra opositores políticos o personas percibidas como tales. Ahí hay periodistas, defensores de derechos humanos, dirigentes sociales, abogados, líderes comunitarios y miembros de organizaciones de la sociedad civil. Contra ellos ocurren detenciones arbitrarias, procesos penales sin garantías, hostigamiento, vigilancia, amenazas, restricciones a la libertad de expresión y desplazamiento o exilio.

El Comité de Familiares de Presos y Perseguidos Políticos (COFAPPES) surgió en 2021 a raíz de las capturas de exfuncionarios del FMLN. Desde entonces ha registrado 96 personas víctimas de prisión política. Para abril de 2025, COFAPPES tenía el registro de 119 casos de prisión y persecución política, de los que 7 eran del partido ARENA de derechas. El 94.1 % restante eran de movimientos progresistas, de movimientos sociales, sindicales o ambientales. En septiembre de 2026, el Comité reporta que hay 33 personas presas, 16 con sentencia y 17 sin ella a pesar de que ya hubo un veredicto del juez. Esto quiere decir que la sentencia no se ha entregado por escrito a las partes, con lo cual tampoco puede declararse como cosa juzgada ni tampoco se puede apelar ante instancias superiores.

 Dirigentes de un movimiento conocido como Alianza por un El Salvador en Paz 15 de Septiembre fueron detenidos el 30 de mayo de 2024 bajo acusaciones de fraguar atentados terroristas contra Bukele. Más de dos años después, los dirigentes siguen encarcelados y la audiencia única abierta a cargo del juez tres del Tribunal Primero contra el Crimen Organizado se ha suspendido en varias ocasiones. El Comité de Familiares de Presos y Perseguidos Políticos de El Salvador (COFAPPES) ha denunciado que se trata de un caso más de persecución política. Miles de veteranos de guerra se habían convertido en la base social de un movimiento político que en la campaña electoral 2023-2024 intentó aglutinar una candidatura única para competir contra Bukele. En el video de las capturas se observa que en una casa de los detenidos encontraron petardos y bolsas con sulfato de amonio. El periódico El Diario de Hoy consultó explosivistas y señaló que el sulfato de amonio mostrado por la Policía no es por sí mismo un explosivo, sino un fertilizante de uso corriente. El testimonio que originó el caso era de un informante que la Fiscalía, posteriormente, decidió desechar.

En general, las encuestas también reflejan que hay temor a hablar y opinar en público sobre política. Seis de cada diez salvadoreños evitan hacerlo, según el IUDOP, y más de la mitad de la población cree que hay consecuencias negativas por expresarse en forma crítica sobre el Gobierno y del presidente en redes sociales u otro medio. A diferencia de la multitudinaria marcha crítica a Bukele de hace cinco años, donde participaron unos 15,000 manifestantes, la del 15 de septiembre de este año apenas alcanzó unos 800 participantes.

En ARENA, el presidente García Saade asegura que ocultaron hasta el último momento la identidad de su fórmula presidencial —compuesta por la exdiputada Maytée Iraheta y la dirigente arenera Verónica Henríquez- por temor. Dijo que años atrás, algunos de sus candidatos o posibles candidatos habían recibido agresiones. En mayo de 2021, cuando el bukelismo ya había tomado control ilegalmente de la Fiscalía General de la República, fue detenido Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador por ARENA, quien además había dicho que deseaba formar su propio partido y buscar la Presidencia de la República. Pasó cuatro años en prisión preventiva hasta que enfrentó juicio y fue condenado a 18 años de cárcel por fraude electoral. El Departamento de Estado de los Estados Unidos lo consideraba un preso político. “La gente se me acerca en el súper y me da apoyo, pero hablan bajito, con un gran miedo”, dice García.

Otro problema en común: no hay dinero

El miedo también ha debilitado el financiamiento de los partidos. En 2024, año electoral, las donaciones recibidas por los partidos se redujo un 90 % comparado con 2023, según un estudio de Acción Ciudadana.

Hay partidos donde la reducción del financiamiento privado es más notorio, como ARENA. Hace una década, las donaciones en este partido podían alcanzar 20 millones de dólares para una sola campaña, provenientes de empresas y donantes particulares. Pero en 2024, el total donado fue infinitamente menor, apenas alcanzó 9,778 dólares. Partidos más pequeños y nuevos como VAMOS recibieron más aportes:17,920 dólares. VAMOS rechazó el financiamiento público estatal en 2024. 

El Faro entrevistó a un gran empresario que acostumbró a financiar a ARENA desde los años 80. Es el representante de una familia cuyas compañías aglutinan millones de dólares en activos e inversiones. Las preguntas buscaban comprender por qué ya no financia ARENA. Su primera respuesta no deja lugar a dudas de lo alejado que se siente del partido que hace años mejor lo representaba.

—¿Qué piensa de ARENA en estos momentos? 

—¿Qué es eso? —respondió. 

El empresario, que habló bajo condición de anonimato para evitar represalias fiscales del Gobierno, confirmó que había entregado una donación a VAMOS en 2024 porque Claudia Ortiz le parecía una buena política. Dijo que otra razón por la que dejó de donar a ARENA era por temor al acoso fiscal de Hacienda “y por miedo a que me encarcelen”. También dijo que el partido no le despertaba ninguna confianza desde la derrota de 2019 y que había dirigentes de los que había escuchado insistentes rumores sobre su amistad y negocios con funcionarios de Nuevas Ideas. 

—¿Tiene pruebas de eso? 

—No, pero mirá las actuaciones del partido, dan pena. 

El empresario no quiso entrar en detalles. Confirmó que las votaciones a favor del régimen de excepción y de las reformas constitucionales propuestas por el oficialismo, como la que eliminó la deuda política en enero de 2026, le parecían ejemplos de un actuar errático. 

La diputada por San Salvador Marcela Villatoro, de Arena, asegura que el partido les advirtió que cada candidato tendría que costear su propia campaña. La contienda es desigual, comparado con Nuevas Ideas, dice. “Nosotros llevamos absolutamente nada más que nuestra voz y nuestro trabajo y lo que queremos hacer y lo que queremos cambiar. Cuando ellos llegan con cocinas, televisiones de última generación, bicicletas, bolsas de víveres. Es difícil competir con eso”. 

Los problemas económicos en ARENA se arrastran desde hace varios años. En 2021, el partido adeudaba 7 millones de dólares a distintos acreedores. Junto al temor de los financistas privados, el régimen de Bukele encontró los caminos para ahogar a los partidos al evitar entregarles el financiamiento estatal que estaba obligado a darles. En la campaña 2020-2021, por ejemplo, ARENA debía recibir 8 millones de dólares, pero el Ministerio de Hacienda dijo que el dinero debía usarse para la atención de la pandemia por Covid-19. Luego, en la campaña previa a 2024, la justificación oficial para no desembolsar el dinero fue que estaba confiscado por un proceso de extinción de dominio por el desvío de un donativo hecho por Taiwán.

Antes de eliminar por completo el financiamiento público a los partidos, el Gobierno entregó finalmente parte de la deuda política a ARENA, un aproximado de 2 millones de dólares.  

Al FMLN tampoco le llegó el dinero. En noviembre de 2023, el entonces secretario general Óscar Ortiz dijo que el partido evaluaba no participar en la elección porque el Gobierno no había entregado la deuda política de dos campañas, valorada en 3.9 millones. 

El FMLN entró en números rojos. Cinco empleados del partido, entre ellos la veterana jefa de comunicaciones, Geraldina Castillo, demandaron judicialmente al partido en 2022 por la falta de pago de sus indemnizaciones cuando fueron despedidos. Los empleados habían esperado varios años para que el partido cumpliera con los pagos. En enero de 2025, en los tribunales de San Salvador, un juez ordenó al FMLN que debía vender uno de los pocos inmuebles que aún poseía y así obtener dinero para pagar las deudas a los demandantes. El local que el partido vendió era la sede efemelenista en Ayutuxtepeque, construida en 2012, con mano de obra de la propia militancia. El Frente también ha vendido tres locales más en Usulután, Sonsonate y Cuscatlán, y hay una amenaza latente sobre el local en Mejicanos. 

A juicio de un exdirigente del FMLN que pidió anonimato, el problema de fondo que revela la venta de los inmuebles del partido es que “no hay una estrategia para fortalecer el partido, sino que solo se trata de irla pasando, de ir viendo cómo se solventan los problemas económicos vendiendo los locales y ya”. La página web del Frente está deshabilitada desde 2022. La cuenta en X (@FMLNOficial), creada en 2010 y con 134,000 seguidores, no postea nada desde enero de 2022.

Por todas estas carencias, frente a la reelección inconstitucional de Bukele en 2024, el Frente y ARENA se trazaron como objetivo sencillamente subsistir. “En el 2024 la idea era sobrevivir. Teníamos un partido destruido, teníamos un partido a punto de desaparecer, fue el peor momento del partido”, dijo el presidente arenero Carlos García Saade en una entrevista con Julio Villagrán en agosto pasado. El candidato presidencial del FMLN, “El Chino” Flores, fue más tajante en sus primeras declaraciones después de la votación en la que quedó en un lejano segundo lugar, 2.5 millones de votos por debajo de Bukele. “¿Qué perdimos nosotros si no teníamos nada?”  

El autosabotaje de VAMOS 

VAMOS, el partido opositor, no competirá en la elección presidencial y, sin embargo, aparece en sondeos de opinión como una de las opciones que la gente considera a la hora de pensar en su voto en 2027. La diputada Ortiz es, comparada con otros partidos de oposición, quien más ha crecido en intención de voto en los últimos años. Según el IUDOP, es la segunda opción en la que la gente está pensando para elegir diputados, después de ARENA. 

Ortiz está compitiendo para un tercer período como diputada de la Asamblea por San Salvador. Pero su carrera podría truncarse y ni siquiera presentarse a la elección en 2027.

El partido la ha suspendido y con ello su derecho a participar en la votación de febrero. La suspensión se debe a un proceso disciplinario que la dirigencia abrió ante una denuncia de otros militantes de VAMOS que reclamaron que Ortiz había divulgado información interna del partido. Se referían a que, en julio, la diputada Ortiz denunció lo que consideraba anomalías en el proceso de selección de candidaturas a diputados y alcaldes para 2027. 

En el fondo, lo que subyace es un conflicto por el rol que podría jugar VAMOS en la vida política del país y por el papel que tendría la diputada Ortiz en ese escenario. La diputada tiene criterios encontrados con la actual secretaria general de VAMOS, la diputada suplente y abogada Cesia Rivas. 

Ortiz dice que “este momento de la historia requiere un partido grande, diverso y con reglas claras”. Ella ha dicho, en entrevistas con El Faro, que aspirará en algún momento a una candidatura presidencial, pero que ese momento llegará más adelante, “cuando haya condiciones”.

Rivas ha presentado resistencia a esa noción de amplitud que promueve Ortiz. Rivas apela a la coherencia con los principios originales del partido y rechaza la idea de crecimiento acelerado. "La cantidad nunca va a ser mejor que la calidad", dice. 

El partido aprobó abrirse a la sociedad civil y entablar alianzas. La diputada Ortiz, como Secretaria Nacional de Sociedad Civil, buscó esos acercamientos y entabló diálogo con grupos como el Movimiento de Izquierda Salvadoreña (MIS), el grupo de afectados de COSAVI, la cooperativa de ahorros que estafó a sus inversionistas, y comunidades con liderazgos locales, como ocurrió en Soyapango. Ortiz los invitó a participar en el proceso de internas para elegir candidaturas, pero fueron excluidos. La dirigencia argumenta que algunos no cumplían requisitos mínimos de estudios y que además era imposible entregar candidaturas de manera directa sin pasar por elecciones internas. También se prohibió la incorporación de personas que hubieran competido recientemente por otros partidos. 

Ortiz dice que no pidió trato exclusivo para nadie, pero denunció que algunos criterios de preselección no estaban por escrito, que solo los conocían algunos miembros de la cúpula del partido y que más parecían filtros antojadizos. Lo denunció en público en julio, a través de redes sociales, y ahí comenzó la división interna. Ortiz también anunció su interés en presidir VAMOS y por ello exigió que el partido convocara a elecciones internas, antes de que en septiembre terminara el periodo de la actual cúpula. 

Desde la dirigencia de VAMOS, lo declarado por Ortiz se tomó como una afrenta. “La ruta para crecer tampoco es elegir un caudillo propio para aplicar los mismos métodos políticos de los caudillos”, dijo Josué Alvarenga, un exasesor de Ortiz en la fracción legislativa. “VAMOS nació en 2017, era un partido pequeño con una identidad conservadora muy fuerte, digamos lo que es”, dice Wendy Alfaro, secretaria de organización del partido. Alfaro, que se convirtió en una de las voces de denuncia más fuerte sobre la poca transparencia electoral, fue hostigada por policías en junio de 2025 y, tras otras advertencias, se exilió. Alfaro señala que una afiliación masiva con pocos filtros permite la llegada de militantes que distorsionan la esencia de VAMOS. “Flexibilizar las reglas o aliarse con sectores ideológicamente opuestos pone en riesgo la coherencia entre lo que el partido dice y lo que hace”, dijo a través de una llamada. 

Según Alfaro, llegará un momento en que la gente necesite una opción por la que votar para sustituir a Bukele. “Esa opción tiene que estar bien fundamentada y tiene que ser coherente con los principios con los que se creó. No podemos llegar al poder siendo tan incoherentes como Nuevas Ideas”, dice. 

El partido abrió un proceso disciplinario contra Ortiz y hubo cartas exigiendo su expulsión. El Tribunal de Honor y Disciplina suspendió sus derechos de militante pero Ortiz asegura que esa suspensión es ilegal. Ella y algunos miembros del Consejo Ejecutivo Nacional convocaron a una Asamblea General Extraordinaria el domingo 27 de septiembre para juramentar algunas plazas vacantes en el Tribunal de Honor y Disciplina y también en la Comisión Electoral Permanente (CEP), que es el árbitro interno encargado de administrar el proceso de selección de candidatos. 

El 27 de septiembre, la Asamblea convocada por Ortiz sesionó y designó a cuatro personas en la CEP y otras tres en el Tribunal de Honor. Sin embargo, la dirigencia de Cesia Rivas asegura que la Asamblea no tenía carácter legal y que los nombramientos no podían hacerse. El TSE, controlado por el bukelismo, tendrá la última palabra para definir si lo actuado por Ortiz está apegado a los estatutos. Por ahora, el TSE ya renovó el mandato de la secretaria Rivas por seis meses más, pues el plazo original terminó el 25 de septiembre. El futuro de una de las diputadas opositoras más reconocida dentro y fuera del país, está en manos de una institución controlada por la dictadura.

Arena vuelve al conservadurismo

Tras la derrota electoral ante el FMLN de marzo de 2009 —que puso fin a 20 años de gobiernos continuos de ARENA— y en medio de una severa crisis financiera y política, el empresario y miembro del consejo asesor del partido, Roberto Murray Meza (ya fallecido), convocó a un grupo de intelectuales no militantes del partido para elaborar una propuesta de renovación ideológica. En marzo de 2010 el documento estuvo listo y lo llamaron "Un nuevo compromiso para El Salvador". 

El diagnóstico al que llegaron implicó una revisión de los postulados más dogmáticos del partido y un giro respecto a la tradición partidaria. El documento reconoció abiertamente una "escandalosa corrupción" durante el gobierno de Elías Antonio Saca, el envilecimiento de las instituciones y la pérdida de la democracia interna a manos de un "grupo de amigos y compadres". Los intelectuales propusieron redefinir a ARENA como un partido liberal en el sentido clásico y rechazó la etiqueta de partido conservador. Sugirió distanciar al partido de los discursos anticomunistas tradicionales de la Guerra Fría para enfocarse en la reforma política y la lucha contra la pobreza. Y la lista de propuestas continuaba… 

El documento le fue entregado al entonces presidente de ARENA, el expresidente Alfredo Cristiani (ahora en el exilio), para catalizar el debate interno. Sin embargo, por temor a la resistencia de los sectores más conservadores del partido, Cristiani lo mantuvo bajo estricto secreto y se negó a distribuirlo a la militancia. Uno de sus autores, el exguerrillero Salvador Samayoa, llegó a calificarlo como una “bomba atómica de papel". En la elección de 2014, el documento se había filtrado al internet y sirvió para un nuevo debate —también secreto— sobre la ideología partidaria. Ernesto Muyshondt, entonces vicepresidente de ARENA, dijo que el documento había servido para impulsar una serie de reformas que aún estaban en marcha. ARENA, de todas maneras, perdió esa y las siguientes dos elecciones presidenciales, frente al FMLN en 2014 y frente a Bukele en 2019. 

En 2024, ARENA obtuvo su peor resultado electoral en 42 años de historia: 177,881 votos presidenciales, 5.44 %, dos diputados y una alcaldía. Después de esos resultados estallaron públicamente disputas internas, y la diputada Marcela Villatoro reclamó cambios en la conducción del partido. El 6 de marzo de 2024, García Saade —que dos años antes había propuesto recuperar los principios tradicionales de “Dios, Familia, Patria y Libertad”— anunció: “Hoy comienza la verdadera renovación de ARENA”. 

La Carta Ideológica que el partido elaboró a mediados de 2024 fue producto de ese replanteamiento. El nuevo documento establecía, explícitamente, que ARENA es un “partido conservador” y que su razón de ser exigía la defensa de los valores tradicionales. 

El documento también dice que el partido prioriza la defensa de la familia tradicional, la profesión de la fe cristiana, el derecho a la vida desde la concepción y el combate directo contra la "ideología de género y el progresismo radical". García Saade, en una entrevista de noviembre de 2025, mencionó que la década pasada, cuando ARENA abogó por los derechos de la población LGBTI y cuando propició la discusión del matrimonio entre personas del mismo sexo, “perdió el rumbo. “En su momento, veíamos un partido conservador defendiendo temas progresistas y hasta incluso hubo diputados que sugirieron que se aprobaran las cuatro causales del aborto. Arena es un partido conservador que defiende la vida desde la concepción. Al que no le gusta dentro del partido se puede salir porque eso es lo que vamos a defender”, dijo.

La nueva Carta Ideológica define al Estado como un “mero facilitador” que no debe intervenir en la economía más que para velar por el cumplimiento de contratos. En 2010, en la revisión tras la primera derrota presidencial, el documento de los intelectuales cuestionaba el "capitalismo salvaje" y las fuerzas irrestrictas del mercado, y consignaba que el Estado debía proteger a los ciudadanos de los abusos empresariales, cobros indebidos y monopolios. 

El Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) presidido por García Saade contrató a una empresa que les ayudaría a implementar una estrategia de “rebranding” para cambiar la percepción que se tenía del partido. El proceso estaba enfocado en estrategia de comunicación e identidad visual. Diseñaron un eslogan y una marca denominada "Renovación ARENA – Aquí estamos". El estratega detrás del proceso orbita en el mundo de Donald Trump y de Marco Rubio. 

La firma contratada es Partner 305 LLC, con sede en Miami, Florida, y su estratega principal es el consultor costarricense Daniel Quirós Araya. En una entrevista publicada por La Prensa de Nicaragua el 15 de marzo de 2026, Quirós aparece descrito como consultor que ha trabajado en Estados Unidos, México, Brasil, Paraguay, Chile y Argentina. En Estados Unidos, trabajó en la campaña de Trump para el voto en español. Quirós ha participado en CPAC México, un cónclave de políticos y organizaciones conservadoras, y en el que también trabaja Eduardo Verástegui, figura estrechamente vinculada al movimiento conservador estadounidense y que incluso visitó a Bukele en 2024 para promover una película. En México, en 2024, coincidieron Quirós, Verástegui y las dos más altas autoridades de ARENA: García Saade y el vicepresidente de ideología, Ricardo Godoy, que también ha contratado los servicios de Quirós para hacer un branding personal. El periódico mexicano Milenio identifica a Quirós como participante de CPAC 2022 y 2024 y como fundador del Frente Hemisférico por la Libertad y director de comunicación de la Asamblea de la Resistencia contra la Dictadura Cubana. Su firma fue investigada por autoridades mexicanas por un financiamiento del entonces candidato presidencial Verástegui.

En ARENA, el vínculo de Quirós proviene del vicepresidente de ideología Ricardo Godoy, con quien ha coincidido en redes de organizaciones políticas conservadoras y anticomunistas en Florida. Mientras trabajaba para ARENA, Quirós figuraba al mismo tiempo como el estratega detrás de Laura Fernández, la presidenta de Costa Rica, que se ha definido abiertamente admiradora de Bukele. Carlos Borja, quien fungió como encargado de finanzas de ARENA hasta 2024, confirmó a El Faro que el partido le pagó a Partner 305 LLC con fondos provenientes de la deuda política, aunque dijo no recordar el monto exacto. 

FMLN: dos cabezas se disputan el movimiento social

En el FMLN persiste una ruptura entre dos corrientes internas, la Corriente Revolucionaria Socialista (CRS) y la corriente “ramirista”, como se conoce a la facción que hoy domina el FMLN, liderada por José Luis Merino, y que hace alusión a su seudónimo de guerra: Ramiro Vásquez. La CRS dirigió el partido durante 15 años, liderada por Medardo González, conocido como comandante Milton Méndez, principal articulador de las victorias presidenciales del Frente en 2009 y 2014. Junto con él, la Comisión Política estuvo integrada por otros ex comandantes guerrilleros y líderes históricos, hasta que anunciaron su jubilación después de la derrota frente a Bukele.

 A partir de entonces, la corriente “ramirista” tomó las riendas del Frente. El actual candidato presidencial, el médico Rafael Aguirre, y también el secretario general actual, “El Chino” Flores, están alineados con esta corriente, según dos exdirigentes consultados para este reportaje de manera independiente y que pidieron anonimato por temor a que el régimen de Bukele los persiga. Ambos intentan separarse lo más posible de la CRS. “El secretario general soy yo. La época de la comandancia ya pasó”, dijo Flores, en enero de 2026, en la entrevista Punto Ciudadano. Cuando a Aguirre le preguntaron su opinión sobre los casos judiciales abiertos contra exdirigentes por presunto enriquecimiento ilícito, el candidato no habló de la presunción de inocencia o que en muchos casos las pruebas fueran incongruentes, sino que destacó que los implicados estaban “presos o han tenido que huir” o “en el exilio”. “¿De cuáles dirigentes estamos hablando? Entendería yo que las personas que se encuentran en este momento en el partido no deben nada”, dijo. 

Las diferencias con la corriente ramirista llegaron al punto de que algunos líderes de la CRS se plantearon crear otro partido. “Con el TSE que tenemos, es imposible que nos dejen inscribir otro partido de izquierda, entonces nos encontramos en un dilema”, explicó a El Faro un excomandante de la CRS entrevistado en agosto. Merino, en una serie de entrevistas en noviembre de 2022, reconoció también la ruptura. “Yo sé que han crecido las diferencias internas”, dijo. Las dos fuentes del FMLN dijeron que el conflicto no ha salido tanto a la luz porque hay claridad de que el “enemigo es Bukele, no la otra corriente”.La CRS quiere recuperar presencia en los organismos de dirección del partido pero se encuentra en desventaja desde que en febrero de 2019 anunció el retiro de toda la dirigencia que en ese momento respondía a esa corriente. 

Ahora, dos fuentes aseguran que aquella decisión de retirarse “fue precipitada” o “demasiado sectaria”. “Apartarnos fue una decisión muy apresurada, porque la CRS se quedó prácticamente sin nada de margen de disputa interna”, dice una fuente del partido que habló con El Faro. Algunos de los líderes más notables de la CRS están además en el exilio.

Una reforma de estatutos en 2021 limitó a diez personas la cantidad de delegados que cada departamento del país nombra en la Convención Nacional, la máxima autoridad del partido. Antes, la representación era proporcional a la militancia de cada departamento, lo que permitía ejercer influencia desde ciertos lugares. “Antes de esa reforma creímos que podíamos rescatar el partido”, dijo uno de los excomandantes de la CRS. “Ahora es notoria la exclusión”, agregó, y mencionó que se habían cerrado los espacios de discusión en los congresos nacionales, y que ha habido un proceso de aislamiento de la dirección departamental de San Salvador (donde la CRS tiene mayoría) porque no se le permitió participar en la selección de candidatos del departamento y porque la votación interna no fue en la sede departamental, conocida como 2-29, como sí se hizo en el resto del país, sino que fue en la sede nacional, conocida como local 13-16. 

Las giras del candidato presidencial Aguirre para visitar a la militancia han sido en sectores donde domina la estructura ramirista. La Convención Nacional de septiembre de 2025, donde se tomó la decisión de participar en la presidencial, se celebró de manera inusual fuera de San Salvador. Se eligió el municipio de San Francisco Javier, Usulután, donde la corriente merinista es mayoría. “Fue una manera de bloquear el debate, porque la CRS era de la opinión que no había que participar en la presidencial, porque es un proceso ilegítimo y que había que priorizar la elección de diputados”, dijo una de las fuentes.  

Ante la nula posiblidad de disputar espacios de poder o de toma de decisión en el interior del Frente, la CRS apuesta por recuperar y acumular fuerza desde afuera. “Por ahora nuestra lógica es fortalecernos a través de alianzas con sectores sociales mientras al Chino (secretario general) hay que dejarlo con las moscas (grupos irrelevantes)”, dijo el excomandante. 

En el fondo, la corriente que domine en el FMLN determinará la postura que el partido tendrá ante el régimen de Bukele. La CRS expulsó a Bukele del FMLN en 2017, después de negarle la candidatura presidencial, mientras que Merino ha sido señalado de ser cercano a él y de incluso financiarlo a través de las empresas ALBA. Este fue un conglomerado financiado con petróleo venezolano que durante los gobiernos del FMLN, entre 2009 y 2019, patrocinó programas sociales del Gobierno. Las empresas Alba fueron investigadas por la Fiscalía y el 30 de mayo de 2019, último día de la administración del presidente efemelenista, Salvador Sánchez Cerén, fueron allanadas. La investigación quedó congelada tras la sustitución del fiscal y la imposición de Rodolfo Delgado, el fiscal leal a Bukele.

En noviembre de 2022, Merino admitió por primera vez que Bukele tuvo una relación financiera con Albapetróleos, cosa que había negado antes: “Él tuvo crédito en Alba, es cierto, pero fue en los períodos en los que él era… no sé cómo decirlo… de los militantes con mérito en el FMLN y que solicitaban financiamiento para el funcionamiento de sus empresas. Él era un empresario, el crédito debe andar por un millón 200 mil, un millón 300 mil”, dijo Merino. En las filas del FMLN, en 2023, había militantes que creían que el Frente de Merino estaba haciéndole un favor político a Bukele. “Si el FMLN lleva candidato presidencial, está haciéndole el juego a Bukele”, dijo Eugenio Chicas, exsecretario de comunicaciones de la Presidencia en el Gobierno 2014-2019. Chicas es un preso político desde 2025.

Merino también ha dicho que el FMLN debe aprender a reconocer y aplaudir las cosas buenas que ha hecho la administración Bukele. “El Gobierno (de Bukele) está intentando hacer muchas cosas que nosotros estábamos obligados a haber hecho: el tema de las pandillas. Pero esa incapacidad de reconocer las cosas buenas que se hacen nos está afectando nuestra relación con la gente. Yo he estado en reunión con gente que nos exige que seamos capaces de reconocer que esa parte la están haciendo bien”, dijo. “Lo que hay que denunciar son los abusos”, agregó.  

La encuesta del Iudop de junio de 2026 revela que el Frente decreció en términos de preferencia partidaria. Pasó de 1.9 % en 2025 a 1.3 % en 2026. Tanto la CRS como la corriente ramirista han expresado que para revertir la baja aceptación deben volver a conectar con las demandas de la población. Ambas corrientes han entrado en una sigilosa batalla para ganar la simpatía del movimiento social, los colectivos, sindicatos y otras agrupaciones disidentes del oficialismo.

La CRS ya tiene una alianza informal con organizaciones del movimiento social. Una de las expresiones más emblemáticas es el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BPR), surgido en 2020, y que aglutina a más de 30 organizaciones. El BRP ha cuidado de no aparecer vinculada directamente a la CRS, pero en marzo de 2023, el propio BRP publicó un comunicado titulado “Demanda judicial contra Medardo González: un caso más de persecución política del régimen de Bukele”, en el que reivindicaba la trayectoria política de González y hablaba de la persecución política de la que era víctima junto con Lorena Peña (ahora en el exilio) y Eugenio Chicas, otros exdirigentes de la CRS. 

La corriente ramirista, por su parte, también ha buscado aliarse con la sociedad civil. Por eso apostó por la “ciudadanización” de sus candidaturas y seleccionó a dos sindicalistas de salud para su fórmula presidencial. Merino lo decía así en una entrevista de noviembre de 2022: “Estamos involucrados en un esfuerzo extraordinario de trabajar porque se reorganice la fuerza social en El Salvador y porque otra vez las calles de San Salvador tiemblen cuando marcha el pueblo anunciando, exigiendo el respeto a su derecho”.

Por ahora, ese temblor parece lejano y en ninguna conversación privada con los políticos de oposición se pone en duda de que Bukele seguirá en el poder hasta 2033… O más allá.

*Con reportes de Graciela Barrera