Desde que el presidente Daniel Ortega anunció en julio que “no habrá más elecciones”, el régimen nicaragüense ha retrocedido. Sin embargo, una enmienda constitucional ha cortado el camino hacia las elecciones de forma más agresiva que en 2021, cuando fueron detenidos siete candidatos de la oposición.
En septiembre, la Asamblea sandinista amplió el mandato presidencial de seis a siete años y aplazó las elecciones generales hasta 2028. También prohibieron que se presentaran a elecciones los miembros de la oposición “vinculados a intentos de golpe de Estado, financiamiento extranjero, sanciones internacionales o actos contra la soberanía”.
Estas acusaciones son similares a las que Nicaragua empujó a su oposición política a la cárcel o al exilio. Según investigadores de la ONU, desde 2018 el régimen ha expulsado a cientos de disidentes, despojándolos de su ciudadanía, sus propiedades y sus derechos políticos. A diferencia de 2021, cuando las dos principales coaliciones de la oposición intentaron sin éxito alcanzar una alianza electoral desde dentro de Nicaragua, la oposición ahora se encuentra en el exilio.
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En un país donde ondear la bandera sin permiso puede constituir un delito, las nuevas reformas no llegan a prohibir el voto a candidatos no autorizados. Juan Carlos Gutiérrez, un analista político nicaragüense exiliado al que se le retiró la ciudadanía en 2023, afirmó a El Faro que los cambios institucionalizan aún más la dictadura. El régimen, en caso de una crisis estatal, busca “transitar bajo sus propias normas” y “dentro de un discurso manipulado de soberanía”.
La nueva reforma también amplía a siete años los mandatos de los jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, un ámbito en el que la copresidenta Rosario Murillo ha enfrentado dudas sobre si podría mantener el control en el caso de que Ortega, que en noviembre cumplirá 81 años, falleciera. La extensión del mandato también se aplicará a los diputados, alcaldes y funcionarios designados por la Presidencia o el legislativo.
Esta es la segunda reforma en menos de dos años. La de 2025 consagraron a Murillo como copresidenta y eliminaron la separación de poderes. Ortega ha modificado la constitución más de diez veces, aprobando la reelección presidencial indefinida y adoptando la bandera oficialista del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como símbolo nacional.
Para muchos, la represión durante el ciclo electoral de 2021 supuso un punto de no retorno. Juan Sebastián Chamorro, uno de los candidatos acusados de “traición a la patria”, dijo a El Faro que las últimas amenazas electorales de Ortega no hicieron más que poner de manifiesto una realidad que viene de lejos. “Él no acabó con las elecciones; las elecciones ya estaban muertas”, dijo. “En el momento en que no se permite la participación opositora, no hay elecciones”.
La agenda de Washington
En los últimos dos años, Nicaragua se ha retirado de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo y otros organismos multilaterales, poniendo fin a su participación tras informes desfavorables para la narrativa del Gobierno.
A pesar de las obligaciones que ha asumido Nicaragua en tratados vigentes, las nuevas reformas constitucionales —cuya ratificación está prevista para enero de 2027— establecen que ninguna “ley extranjera” tendrá jurisdicción en el país.
“Estamos en una época de desvergüenza donde las viejas tácticas de avergonzar y señalar con el dedo ya no funcionan”, dijo a El Faro Dora María Téllez, exlíder exiliada del Movimiento de Renovación Sandinista. “Las consecuencias que sí les podrían llamar la atención a Ortega y Murillo son económicas, familiares”.
En Washington, Nicaragua se ha colado en la retórica del Gobierno de Trump sobre Venezuela y Cuba, pero no sobresale. Tras las nuevas reformas, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que Estados Unidos “insta a sus socios internacionales a que cesen de inmediato sus operaciones habituales con esta brutal dictadura”.
Entre Biden y Trump, el Departamento de Estado ha impuesto sanciones de visa a más 2,000 funcionarios nicaragüenses. Los dos principales partidos estadounidenses han propuesto sanciones en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica (CAFTA-DR). Trump ha impuesto nuevos aranceles para Nicaragua, aunque ha eximido productos de CAFTA.
En julio, la Cámara de Representantes remitió al Senado un proyecto de ley presupuestaria en materia de seguridad nacional que destina 15 millones de dólares para la política hacia Nicaragua. Si el proyecto se convierte en ley, Rubio dispondrá de 90 días para presentar un informe sobre los esfuerzos estadounidenses para apoyar una transición democrática en Nicaragua.
Según el analista político Gutiérrez, las acciones de Washington hacia Nicaragua, Cuba y Venezuela forman parte de una narrativa que busca demostrar el control de Estados Unidos “en su patio trasero” de cara a las elecciones de mitad de mandato. Bajo el mandato de Trump, las acciones unilaterales de Estados Unidos han irritado a sus aliados tradicionales. En un aparente cambio de tono hacia el multilateralismo, Rubio afirmó en septiembre que el país “aplicará medidas en la próxima Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la OEA” sobre Nicaragua.
En julio, el Consejo Permanente de la OEA convocó una sesión extraordinaria para abordar la situación en Nicaragua. Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica y Antigua y Barbuda propusieron una consulta de ministros de Asuntos Exteriores, que fue aprobada por 29 votos a favor. Solo México se abstuvo y Brasil se opuso. Esta semana, la coalición liderada por Estados Unidos presentó una propuesta para sostener la reunión el próximo viernes 2 de octubre.
Antes de la salida de Nicaragua, la OEA se enfrentó con Nicaragua en varias ocasiones. En 2021, la OEA rechazó la reelección de Ortega. Nicaragua se retiró de la organización en 2023, siendo el primer país en hacerlo desde la creación del organismo en 1948. El actual presidente de la OEA, Albert Ramdin, ha pedido “decisiones individuales y colectivas para imponer sanciones y ejercer más presión sobre Nicaragua”.
Sin embargo, el embajador dominicano Josué Fiallo, expresidente del Consejo Permanente de la OEA, calificó la cumbre propuesta como “un intento de relaciones públicas por parte de Estados Unidos para mostrar que está haciendo algo”. Dijo a El Faro que la mayoría de votos a favor fueron coaccionados por Estados Unidos, lo que interpretó como una falta de estrategia coherente y consensuada en la región.
Por otro lado, Gutiérrez argumentó que “Estados Unidos pudiera estar apostando por rescatar un mecanismo multilateral que avale un mecanismo de presión que ahogue a una dictadura”.
Una “transición ordenada”
En agosto, 15 grupos de la oposición en el exilio presentaron una propuesta para una “transición ordenada” de veinticuatro meses que contemplaba el establecimiento de una junta temporal, una constituyente y elecciones libres. Chamorro la describe como una hoja de ruta para el “día después” del régimen, con “cambios básicos necesarios para establecer las bases de una democracia”.
“Todas las herramientas están sobre la mesa”, afirmó Chamorro, al tiempo que reconocía las diferentes estrategias de Estados Unidos respecto a Nicaragua y Venezuela. “Cualquier solución con tal de salir de esta dictadura tiene que ser considerada, desde una extracción hasta una negociación o desde una transición democrática”.
Haciéndose eco tanto de divisiones pasadas dentro de la oposición como de la invasión estadounidense en Venezuela este año, otros grupos opositores como la Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua rechazaron el plan. “Resulta indefendible y hasta fuera de discusión cualquier propuesta que, sin atisbo de vergüenza y memoria histórica, plantea acciones militares contra Nicaragua, unilaterales o multinacionales”, señala el comunicado. Los grupos también condenaron que funcionarios de Estados Unidos “decidan, con nombre y apellidos, quiénes serán los miembros de una Junta de Transición Nacional o nuevos gobernantes de Nicaragua”.
Téllez se mostró escéptica ante una estrategia liderada por Estados Unidos. “La dictadura de Nicaragua es un problema en primer lugar de los nicaragüenses”, afirmó. Pero también reconoce el rol clave de los países de la región. “Una posición fuerte del continente americano los puede sentar en un diálogo para abrir una transición a la democracia”.
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“El reto es construir una fuerza de oposición que sea lo suficientemente fuerte, coherente y diversa como para inspirar esperanza en Nicaragua”, señaló Gutiérrez.
Manuel Orozco, director de Migración, Remesas y Desarrollo en Diálogo Interamericano, afirmó que es difícil definir quiénes “se autodenominan como opositores en un país donde el sistema de partidos ha sido eliminado”. Agregó: “El trabajo consiste en que ellos se reformulen como un movimiento cívico coordinado que tiene una agenda de resistencia política en Nicaragua y que esté dispuesto a ofrecer más insumos a la comunidad latinoamericana”..
Con los disidentes nicaragüenses dispersos en el exilio, la política migratoria interna de Estados Unidos parece entorpecer el apoyo a su causa. La operación “Nica Welcome”, que recibió a más de 200 presos políticos, parece ser asunto del pasado. Ahora, más de media docena de expresos políticos y disidentes corren el riesgo de ser deportados.
*Con reportes de Roman Gressier.