Información recién entregada a un grupo de expertos de las Naciones Unidas implica a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en al menos 80 “alegaciones de adopciones ilegales” cometidas por el Estado entre 1968 y 1996.
En el 40 % de estos casos, la identidad de los niños fue cambiada. El Faro tuvo acceso a ocho de ellos, que involucran a nueve niños puestos en adopción entre enero y agosto de 1982. Los documentos en poder del periódico muestran que Consuelo Porras se involucró en adopciones cuestionadas no solo para niños guatemaltecos, en su mayoría indígenas, sino también para hijos de madres de El Salvador y Honduras.
En aquel entonces, Porras trabajaba en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Documentos de procesos de adopción en poder de este medio la identifican entre enero y agosto de 1982 como la administradora del Hogar Elisa Martínez (HEM), un centro que formaba parte del programa nacional de adopciones.
En un comunicado del pasado 16 de febrero, los expertos dijeron estar “alarmados por alegaciones de adopciones ilegales históricas y el presunto papel de una alta funcionaria en Guatemala”, señalando por nombre a Porras. Ese día, la fiscal se postuló a la Corte de Constitucionalidad, donde fue magistrada suplente de 2016 a 2018. “Los y las expertas señalaron que actualmente se está llevando a cabo un proceso de nombramiento judicial e instaron a todos los actores a ejercer cautela ante estas graves alegaciones, que aún no han sido investigadas”, agrega su denuncia en la página de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH).
El grupo de expertos incluye a cinco relatoras y relatores especiales de Naciones Unidas, con asignaciones que van desde la independencia judicial hasta la trata de personas y violencia contra mujeres y niños. Lo conforman además tres representantes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Desde 2022, la fiscal general ha sido sancionada por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por corrupción y su embestida contra el proceso electoral de 2023. El pasado 3 de marzo, tras conocerse la denuncia del grupo de expertos, Porras no fue electa a la Corte de Constitucionalidad. Ahora se ha presentado para un tercer período al frente del Ministerio Público (MP) de Guatemala.
El Faro obtuvo su expediente de postulación para Fiscal General y Jefe del MP en 2018, cuando asumió el cargo, y lo comparó con su reciente postulación para un tercer período. Ese empleo, desde el que se señala su participación en las adopciones ilegales, ya no aparece en su currículum. Solo tres semanas antes de la denuncia hecha pública por la ONU, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia emitió una nueva constancia de su récord laboral que no incluye el cargo de administradora del Hogar Elisa Martínez.
Una muestra de los casos
Este periódico tuvo acceso a más de 100 hojas provenientes de ocho expedientes parciales de adopción. Los registros incluyen muchos “informes sociales”, elaborados por trabajadoras sociales perfilando tanto a los niños como, a menudo, a sus supuestas madres; registros y solicitudes de actas de nacimiento y pasaportes; cartas del Estado dando consentimiento a las familias sustitutas y las escrituras finales de adopción.
El Faro recibió estos documentos de una organización internacional. Esta organización dice que los mismos documentos también aparecen en los registros de organizaciones de víctimas en las Américas y en Europa. El periódico consultó a otra organización internacional, que visitó el Archivo Histórico de la Policía Nacional en Guatemala y tuvo acceso a uno de los casos incluidos en este reportaje. Esta organización ha confirmado la autenticidad de los documentos de este caso, que se cuenta entre los ocho que obtuvo El Faro.
Esta segunda organización opina que “siempre hay un grado de incerteza” sobre la veracidad de registros de adopciones antiguas a primera vista, pero que “se tiene la confianza de que el grupo de expertos (de la ONU) tiene la pericia inicial para verificar un documento que les fue trasladado”. Los expertos “tienen la obligación de ahondar”, agrega esta organización, “pero el grupo no pondría en riesgo su prestigio si no tuvieran algún grado alto que supera la incerteza”.
El grupo de expertos de la ONU, por su parte, se limitó a decir que “recibió información” sobre 80 casos de adopciones irregulares que involucran a Porras y otros funcionarios. Pidieron “investigaciones independientes sobre las alegaciones” y dijeron que están “en contacto con las autoridades guatemaltecas al respecto”, sin brindar más detalles sobre si conocieron o validaron casos específicos.
Entre los nueve niños de los que tuvo conocimiento El Faro, cuatro nacieron en Guatemala de madres salvadoreñas, según registros de nacimiento e informes internos del programa de adopciones. La quinta niña nació en El Salvador, pero luego emigró a Guatemala, donde fue puesta en adopción. Dos hermanos nacieron en Guatemala de la misma madre hondureña y los últimos dos niños nacieron en Guatemala de madres guatemaltecas. Con la excepción de un caso, el Estado escondió la identidad de la madre en el proceso de adopción. En este único caso, al inicio el Estado reconocía que la madre era salvadoreña, pero luego registró que “no consta” su país de origen.
Para proteger la privacidad y seguridad de las personas puestas en adopción, El Faro no identificará por nombre a ningún niño o niña, padre o madre, familia sustituta, ni el país destino de la adopción. Pero entre enero y agosto de 1982, los funcionarios guatemaltecos facilitaron adopciones en países como Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Suecia, Bélgica y Guatemala. Los nombres de uno de los padres y madres sustitutos corresponden con los nombres y el Estado donde residen un exalcalde estadounidense y su esposa, oriundos del Medio Oeste de Estados Unidos.
Un engranaje de funcionarios
Para finales de la década de 1970, en medio del conflicto armado interno, Guatemala se había convertido en el epicentro del mercado mundial de adopciones, a menudo irregulares y sin control judicial alguno. El país suspendió todas las adopciones internacionales en 2008. “Todavía se suele citar como el peor de los casos en materia de adopción internacional, un ejemplo de lo que puede salir mal cuando familias de países ricos participan, a menudo sin saberlo, en un mercado comercial de niños procedentes de países pobres”, escribió en 2024 Rachel Nolan, historiadora de la Universidad de Boston, en un reconocido libro sobre adopciones ilegales en Guatemala.
Durante tres décadas, los hogares Elisa Martínez y Rafael Ayáu —donde trabajó Consuelo Porras en múltiples cargos durante más de nueve años— recibieron a cientos de niños que fueron posteriormente adoptados.
Los casos de adopción obtenidos por este periódico iniciaron antes de que Porras asumiera como administradora del Elisa Martínez. Porras aparece en los documentos entre otros funcionarios e instituciones del Estado con distintos niveles de involucramiento en distintas etapas: trabajadoras sociales, compañeras administradoras, el Ministerio Público, notarios, jueces y registradores públicos de la Ciudad de Guatemala y de la segunda ciudad del país, Quetzaltenango.
Como administradora del Hogar Elisa Martínez, Porras tenía acceso a los expedientes de niños puestos en adopción. Los expertos de la ONU afirman que Porras, en este cargo, era, “según se informa”, la “tutora legal” de los niños en cuestión, desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982.
Los mismos documentos también lo afirman. El 8 de junio de 1982, en una escritura para finalizar la adopción de dos niños, el notario Ángel Alfredo Figueroa consignó la presencia de “María Consuelo Porras Argueta” y la citó como “Administradora del Hogar ‘Elisa Martínez’”. El acta consignó que “la Administradora del Hogar Elisa Martínez (da) su consentimiento para la adopción en calidad de tutriz de la menor de acuerdo a lo preceptuado por el artículo trescientos ocho del Código Civil” (sic). Al final del documento hay una firma consistente con la que Consuelo Porras ha entregado en las dos postulaciones a fiscal general que están en poder del periódico.
En este caso, la escritura final da los nombres de los dos niños puestos en adopción y los identifica como “hijos de padres desconocidos”. Pero al menos tres informes sociales, elaborados por el Hogar Elisa Martínez en 1977, identificaron a la madre por nombre. También la nombró un informe del Hogar de Quetzaltenango ese mismo año, cuando trasladaron a los niños al programa de adopciones en el HEM. Es decir: el Hogar Elisa Martínez sabía quién era la madre, pero Porras, la administradora, autorizó la adopción borrando su nombre de los documentos finales.
Informes sociales como estos forman la base escrita de lo que sabía el Estado sobre los niños. En cada uno de los ocho casos conocidos por El Faro, sin excepción, estos informes identificaron por nombre y apellido tanto a los niños como a la madre. En cada adopción, Porras firmó al menos un documento en la cadena de papelería. En algunos, no mintió personalmente. En múltiples otros, tuvo un papel central: puso que una niña salvadoreña había nacido en Guatemala y declaró “padres desconocidos” en trámites para un pasaporte, un acta de nacimiento y esta última escritura de adopción de los niños de madre hondureña.
Los funcionarios creían que la mayoría de las madres eran trabajadoras sexuales, por lo que el Estado decía que no sabía quiénes eran los padres. El Estado creía que dos de las ocho madres habían sido asesinadas. Pero al cerrar la adopción, los funcionarios dijeron que no sabían quiénes eran.
En el caso de la madre hondureña, en junio de 1977, uno de los informes sociales consignó que la madre había muerto por “heridas producidas por proyectil de arma de fuego, en el tórax”, según el Hospital General. “La madre era de origen hondureño y su medio de vida era la prostitución”, dice el informe. Agrega, con paréntesis incluido, que al Hogar Elisa Martínez “se han presentado algunas personas amigas de la madre (ya fallecida), pero por no convenir a los menores no se les ha permito que los visitas, tomando en cuenta que en nada beneficiarían a los niños” (sic).
El caso más flagrante dentro de los analizados por este periódico es el de una niña nacida en 1974 en Sonsonate, El Salvador. Migró a Quetzaltenango, Guatemala, con su madre, donde fue puesta en adopción tras la muerte de su madre. El Faro vio una fotocopia de su partida de nacimiento, así como un recibo de ingreso del documento.
La muerte de esta madre, identificada por nombre en múltiples registros, fue investigada por el Ministerio Público de Guatemala como un asesinato. En marzo de 1981, el registrador de Quetzaltenango, Rubén Darío Rossal, confirmó que la madre había muerto: “Falleció en esta ciudad” en diciembre de 1977, escribió, “a consecuencia de: Intoxicación por monóxido de carbono”. “La fallecida era de veinticinco años de edad, soltera, originaria de El Salvador y vecina de esta ciudad”, agregó.
Un informe de ingreso al sistema de adopciones, de abril de 1978, cita el “motivo de la colocación” de la niña en adopción como “fallecimiento de la madre”. Un informe del Hogar de Quetzaltenango la identifica como “salvadoreña de origen”. En un reporte de marzo de 1981, agrega que su madre “falleció a consecuencia de asfixia producida por monóxido de carbano” (sic) y que “fue encontrada muerta dentro del baúl de un carro”.
Las autoridades guatemaltecas ingresaron a la niña en el programa de adopciones. Cuando fue trasladada al Hogar Elisa Martínez en marzo de 1981, un informe nombró a la madre y mencionó la investigación por su muerte. Un año y medio después, el 6 de agosto de 1982, Consuelo Porras pidió un pasaporte para la niña en una carta al Director General de Migración. Escribió que la niña “nació en esta capital”, “hija de padres desconocidos, asistida en el Hogar ‘Elisa Martínez’ por abandono”.
Porras omite su cargo en el HEM
Hace ocho años, antes de que el presidente Jimmy Morales escogiera a Consuelo Porras como fiscal general, la candidata informó a la Comisión de Postulación que, entre el 2 de abril de 1973 y el 1 de septiembre de 1982, ejerció varios cargos en instituciones de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. El último fue como administradora del Hogar Elisa Martínez.
Incluyó en 2018 una constancia de la Sección de Archivo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia que cita —con paréntesis incluido— su título y asignación de “Administrador de Centro Asistencial II (Centro de Bienestar Social Colón y Hogar Elisa Martínez)”. El mismo documento señala que, antes de llegar al Elisa Martínez, ejerció los cargos de Maestro II y Maestro Asistente II en el Hogar Rafael Ayáu, otro centro para hospedar a niños en el programa de adopciones.
Este año, su expediente para la reelección ya no menciona el Hogar Elisa Martínez. Cada hoja tiene un número secuencial consecutivo, con las siglas CP, que corresponden a Consuelo Porras. No hay ruptura en el orden ni en la firma de las hojas. La carpeta tiene un currículum general como hilo conductor, entrelazado con la documentación de cada afirmación. Su currículum de este año informa que trabajó en la Secretaría de Bienestar Social del 1 de octubre de 1979 al 31 de agosto de 1982, pero sólo menciona el Hogar Rafael Ayáu.
También este año, un récord laboral firmado el pasado 26 de enero por la misma oficina de Archivo de la Secretaría omite al Hogar Elisa Martínez. Una constancia de ese mismo día también lo omite. Firman ambos documentos el jefe del Departamento de Gestión de Personal de la Secretaría y un auxiliar de archivo.
Tres semanas después, Porras dijo a mediados de febrero, tras la denuncia de la ONU, que los casos son “fals(o)s y políticamente instrumentalizad(o)s”. En un mensaje en la red social X, dirigido al secretario general António Guterres, la fiscal pidió una “revisión, aclaración y corrección” oficial.
El Faro también buscó a la fiscal Porras para obtener su versión. Por la mañana del martes 17, se le pidió una entrevista y se le preguntó por qué su cargo en el Hogar Elisa Martínez ya no aparece en su currículum presentado este año a la Comisión de Postulación. Juan Luis Pantaleón, asesor del Despacho Superior del MP, envió una respuesta por mensaje en WhatsApp, pasadas las nueve de la noche del martes: “La información contenida en los documentos presentados ante instancias de postulación se encuentra debidamente sustentada en registros y documentación oficial”. No respondió sobre la petición de entrevista con la fiscal Porras ni dio más detalles.
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“Consuelo para los niños, terror para los corruptos”, dice el perfil de Porras en la red social X, en medio del proceso de postulación. En su foto de perfil, abraza a una niña en indumentaria indígena. Su postulación de este año la identifica desde 2009 a 2014 como magistrada de la Sala de Apelaciones para la Niñez y Adolescencia.
A mediados de marzo, una Comisión de Postulación en Guatemala recibió “tachas”, o señalamientos en contra de los 49 aspirantes a fiscal general. Ese período ha concluido. El 17 de abril, la Comisión de Postulación debe presentar al presidente Bernardo Arévalo una nómina de seis candidatos. Un mes después, el 17 de mayo, debe asumir el próximo o la próxima fiscal general de Guatemala.
Los expertos de la ONU, por su parte, indican que una adopción ilegal puede incluir “fraude en la declaración de adoptabilidad, la falsificación de documentos oficiales, la coacción o la falta de consentimiento libre e informado de los padres biológicos, así como el beneficio financiero indebido para los intermediarios”.
Estos expertos consideran que estas decenas de casos de adopción podrían constituir desapariciones forzadas, cometidas por el Estado entre 1968 y 1996. Dicen que “están en contacto con las autoridades guatemaltecas al respecto”. “Todas las personas contra las cuales existan alegaciones creíbles de conductas incompatibles con los estándares de derechos humanos (...) no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se realice una investigación pronta, independiente y exhaustiva”, escribieron. Los expertos también lamentaron “que las madres afectadas por estas adopciones ilegales aparentemente no hayan recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas”.