El péndulo vuelve a la derecha en Honduras entre juicios políticos y guiños religiosos

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Apenas dos meses y medio después de asumir el cargo, tras unas elecciones controvertidas empañadas por denuncias de fraude, los aliados en el Congreso del presidente respaldado por Trump, Nasry “Tito” Asfura, ya han destituido a una oleada de funcionarios del antiguo partido oficial, Libre.

Honduras no tiene una arraigada tradición de funcionarios públicos no partidistas. Los tres principales partidos del país han pasado años repartiéndose las principales instituciones, restando importancia a las acusaciones de juego sucio. Ahora, ese tira y afloja a tres bandas parece haberse roto.

A la cabeza de la lista está el exfiscal general Johel Zelaya, quien fue nombrado ilegalmente en 2023 por Libre tras meses de regateos con la oposición. Ahora, él mismo ha sido objeto de irregularidades. Fue destituido de su cargo a finales de marzo en un juicio político exprés.

A esa destitución le siguió rápidamente la del representante de Libre en el Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, quien desempeñó un papel clave en la narrativa de fraude del partido Libre en las últimas elecciones y en algunos retrasos del proceso. Ochoa abandonó el país también a finales de marzo.

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Los partidos Nacional y Liberal en el Congreso centraron entonces su atención en el juez del Tribunal de Justicia Electoral Mario Morazán, un designado de Libre acusado de romper maliciosamente el quórum durante decisiones electorales clave, al retirarse de las votaciones.

La siguiente fue Raquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, quien dimitió antes de que un proceso de destitución por juicio político pudiera alcanzarla también. Se mantiene en la Corte Suprema como magistrada de rango inferior.

Ahora el Congreso se está preparando para seleccionar a los sustitutos. Se requiere una mayoría de dos tercios —es decir, 86 de 128 votos— para nombrarlos, y solo los representantes del Partido Nacional y del Partido Liberal suman 90.

Gobierna el “bipartidismo”

Durante décadas, ese mismo sistema bipartidista conservador gobernó Honduras. El ascenso al poder del expresidente Manuel “Mel” Zelaya en 2005 con uno de esos partidos, los liberales —y su posterior deserción—, sacudió ese equilibrio.

El establishment bipartidista alegó que el presidente quería aferrarse al poder mediante un controvertido referéndum conocido como la “Cuarta Urna”. Lanzaron un golpe de Estado ilegal respaldado por el ejército y derrocaron a Zelaya. Dos años más tarde, en 2011, Zelaya y sus aliados fundaron Libertad y Refundación (Libre) en “resistencia” al golpe. Y una década más tarde, Libre llegó al poder con la nueva presidenta, ex primera dama y esposa de Zelaya, Xiomara Castro.

Libre solo pasó un mandato en el poder, de 2022 a 2026, marcado por estancamiento y pugnas dentro de su propio partido, con la oposición y con grupos de la sociedad civil, que consideraban que incumplían sus promesas anticorrupción.

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La reciente oleada de procesos de destitución pone de manifiesto una estrategia del resurgido Partido Nacional para recuperar el control de las instituciones. “Los políticos están quitando a aquellos funcionarios más vinculados con el gobierno anterior de todas las instituciones para poner ahí a gente, ya sea del Partido Nacional o Liberal”, afirma Joaquín Mejía, investigador de ERIC-SJ, de la Compañía de Jesús en Honduras.

Algunas organizaciones de la sociedad civil hondureña alentaron los procesos de destitución por considerarlos necesarios para defender el estado de derecho. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que fueron contrarios a las normas internacionales.

Otras 19 organizaciones internacionales de derechos humanos calificaron las destituciones de “incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos y en un contexto de alta polarización institucional debido al reciente cambio de gobierno.”

La destitución del fiscal general Johel Zelaya fue prácticamente un hecho en dos días. “En menos de 48 horas desarrollaron un proceso acelerado: se recibió la denuncia, la admitieron, escucharon testigos de cargo sin permitir repreguntas y deliberaron, recomendando mi destitución”, publicó el exfiscal en X.

“La votación (en los juicios políticos) se está llevando a cabo levantando la mano y eso no necesariamente garantiza transparencia”, señaló Cristian Nolasco, jefe de la unidad de comunicaciones estratégicas del Consejo Nacional Anticorrupción. El Consejo Nacional Anticorrupción y su directora, Gabriela Castellanos, fueron una voz destacada en el respaldo a los juicios políticos, señalando irregularidades durante el proceso electoral de 2025.

“El gobierno anterior no nos cerró las puertas de inicio, pero luego las cerró”, dijo Nolasco a El Faro. “Este gobierno las mantiene completamente abiertas, pero basado en experiencias anteriores también corremos el riesgo de que en su momento se cierren”.

“Una nueva era que va para largo”

En sus primeros meses, Asfura y sus aliados no han perdido tiempo en marcar un retorno a los antiguos tintes religiosos-conservadores de la política hondureña, con oraciones oficiales y un intento fallido en febrero de legislar la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas. Sobre la nueva administración se cierne la larga sombra del expresidente y líder del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, a quien Trump indultó días antes de las elecciones de noviembre.

“El núcleo duro del gobierno de Juan Orlando Hernández es el que está controlando en este momento y creo que Asfura se encuentra en desventaja”, afirma Mejía. “Al principio, (Asfura) se quiso desligar, pero ahora (la gente de Hernández) le está comiendo el mandado”.

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Un punto de continuidad entre ambos son los vínculos con Trump e Israel, países a los que Asfura ya ha visitado, rompiendo con el discurso antiimperialista que a veces utilizaba Castro. Asfura fue invitado a la Cumbre Escudo de las Américas de Trump y ha debatido la cooperación en materia de tráfico de drogas y pandillas.

El presidente hondureño, junto con Nayib Bukele de El Salvador, es uno de los dos jefes de Estado centroamericanos de ascendencia palestina. Durante una visita en enero con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el presidente electo Asfura acordó fortalecer las relaciones una vez que asumiera el cargo, poniendo fin a los enfrentamientos con el gobierno de Libre por el genocidio en Gaza. “Ha traicionado a su pueblo y se ha vinculado estrechamente con Israel, para que veamos los niveles de deterioro moral”, dijo Mejía.

Asfura también mantiene una estrecha relación con el sector privado. “Hemos llegado a acuerdos que se van a ir dando poco a poco, a medida van pasando las semanas y los meses en materia económica, para poder aperturar las puertas de los intercambios económicos, tanto en las importaciones como exportaciones que vamos a tener a Estados Unidos”, declaró el ministro de Hacienda, Emilio Hernández, a la agencia de noticias EFE.

Mejía señala que la administración de Castro “tenía vínculos más estrechos con la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, pero no con la COHEP”, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Pero en febrero, Asfura nombró a Gustavo Solórzano, director de Asuntos Jurídicos del COHEP, para un alto cargo en la banca.

Tras la jornada electoral, en un reportaje de El Faro sobre las negociaciones privadas entre las partes para evitar la violencia y finalizar los resultados, Solórzano calificó de falsa la información de que el propio COHEP estuviera negociando con los candidatos. El periódico se puso en contacto con Solórzano, el COHEP y la designada presidencial María Antonieta Mejía para este artículo, pero no concedieron entrevistas.

“No estamos ante un simple cambio de gobierno, sino ante un cambio de época y este cambio de época va para largo”, concluye Mejía.