El pasado 15 de agosto se cumplieron dos años desde la confiscación ilegal de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua, una de las principales instituciones privadas de educación superior en el país y bastión intelectual de Centroamérica. Los codictadores Rosario Murillo y Daniel Ortega, que décadas antes fueron líderes estudiantiles durante la dictadura Somoza, lanzaron en los últimos meses una dura ofensiva con el fin de someter al sistema universitario bajo su total control mediante la reorganización de los organismos reguladores, purgas internas y la instalación de leales en puestos claves.
En mayo, bajo el pretexto de llevar a cabo una “reorganización institucional”, Murillo y Ortega eliminaron el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), organismos reguladores de la educación superior pública. En su lugar, crearon un Consejo Nacional de Rectores Universitarios (CNRU), compuesto por 12 rectores alineados con el sandinismo, todos ellos nombrados sin procesos internos ni criterios transparentes.
Murillo también anunció el nombramiento del burócrata sandinista Bismarck Santana como secretario técnico especializado, a cargo de antiguas funciones del CNU como el registro de títulos y grados. Hoy parece irónico que, antes de convertirse en un administrador leal al poder en Nicaragua, Santana fue partícipe de alto perfil en las protestas estudiantiles de 1995 a favor de la asignación del seis por ciento constitucional del presupuesto nacional a las universidades, una batalla que se destacó por defender la autonomía y la estabilidad de las universidades nicaragüenses.
Si bien la búsqueda de control por parte del sandinismo sobre la educación superior remonta a la década de 1990, una reforma en 2023 a la Ley de Autonomía Universitaria dio al poder ejecutivo una autoridad sin precedentes en la historia reciente. Según Confidencial, tras esta reforma el régimen destituyó a rectores, vicerrectores y secretarios generales de siete universidades públicas.
En la Nicaragua de Ortega y Murillo, ni siquiera los fieles se salvaron de esta barrida. Por ejemplo, Ramona Rodríguez ocupó la presidencia de la CNU desde 2021 hasta su precipitada destitución en 2025, cuando fue reasignada a un puesto menor en un centro de formación empresarial. Como rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) durante las protestas de 2018, Rodríguez permitió el ingreso de paramilitares y policías al campus, donde varios estudiantes fueron asesinados. En la CNU, Rodríguez fue clave en la confiscación de más de dos docenas de universidades privadas.
Por supuesto, una de ellas es la UCA, dirigida por la Compañía de Jesús y cuyas instalaciones fueron ocupadas por el régimen el 15 de agosto de 2023. La UCA desempeñó un papel importante en las protestas de 2018 y dio refugio a los estudiantes atacados por la Policía. El régimen respondió tildando a la UCA de “centro terrorista” y convirtiendo sus edificios en la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, donde la bandera sandinista ondea sobre el campus, al igual que en todas las universidades de Nicaragua en la actualidad.
La confiscación fue la culminación de un lento proceso de represión. Según Divergentes, que analizó el presupuesto asignado a la UCA entre 2015 y 2022, la universidad fue despojada gradualmente de su asignación presupuestaria constitucional. El padre José María Tojeira, portavoz de la Compañía de Jesús en Nicaragua, estima que la confiscación equivalía a un robo de 60 millones de dólares en activos. Asimismo, Tojeira indicó a Confidencial que se está considerando la posibilidad de presentar una demanda internacional contra el Estado de Nicaragua.
La confiscación de la UCA impidió a más de 5000 estudiantes completar sus estudios universitarios en la institución. Asimismo, el régimen despidió a 710 profesionales, entre ellos 418 profesores y 292 miembros del personal. El desmantelamiento de la institución también obligó al exilio a investigadores académicos y estudiantes que se opusieron a la confiscación.
Así fue para un investigador académico que trabajó en la UCA durante 14 años y se vio obligado a exiliarse con su familia debido a la violencia política. Cuatro días después de la confiscación, partió hacia El Salvador, donde fue acogido por el campus local de la UCA, antes de trasladarse a Guatemala. “La confiscación de la UCA fue el cierre del último frente académico para el pensamiento crítico en el país”, dijo a El Faro, lamentando el desmantelamiento de un sistema que educaba a más de 8000 estudiantes.
Para Yaritzha Mairena, una ex-líder estudiantil y presa política ahora exiliada en Costa Rica, la estatal UNAN fue una de las primeras instituciones en las que el régimen Ortega-Murillo se empeñó en tomar el control. “Las universidades públicas son el corazón del pensamiento crítico y la formación del futuro de una nación”, dice. En 2018, Mairena fue una de las estudiantes que se atrincheró dentro de la UNAN durante un ataque paramilitar. Estuvo encarcelada durante más de un año y fue expulsada de la universidad junto con más de 140 estudiantes.
“La academia es el nuevo campo de batalla contra el autoritarismo en Centroamérica”
No obstante, la persecución de los estudiantes no termina ni siquiera en el exilio: Según un informe de Confidencial, a la mayoría de los expulsados se les borraron o denegaron sus expedientes académicos y, hasta la fecha, no hay cifras definitivas sobre cuántos pudieron reanudar sus estudios dentro o fuera del país. Un estudio reveló que el 95 % de los estudiantes nicaragüenses se desplazaron a Costa Rica, Estados Unidos, Rumanía, España y los Países Bajos, pero aun así se enfrentaron a la denegación de sus documentos académicos.
Cuatro fuentes entrevistadas por El Faro coincidieron en que la autonomía universitaria ya no existe en Nicaragua. Décadas después de que Nicaragua se convirtiera en el último país de Centroamérica en garantizarla, el ex preso político Juan Sebastián Chamorro afirma que Ortega ha destruido la educación objetiva y de calidad, al considerar las universidades como «centros de resistencia, protesta y pensamiento», lo que representa una amenaza intrínseca a la libertad académica.
“Si estudiar en Nicaragua significa sentarse en una silla dentro de un salón de clases, sí, es posible hacer eso”, agrega Chamorro, economista y excandidato presidencial y ahora investigador visitante en la Universidad Notre Dame. “Lo que realmente importa es la calidad de la educación y eso está deteriorado”, agrega.
Un asedio interminable en Guatemala
Dice mucho sobre la realidad que enfrentan los activistas universitarios en Centroamérica que, mientras algunos nicaragüenses buscan refugio en universidades guatemaltecas, en Guatemala se está expulsando y llevando a juicio a los estudiantes de ese país también.
En Guatemala, el punto de quiebre fue la ocupación de las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) en mayo de 2022, manifestación que duró casi 400 días, como reacción a la elección fraudulenta del actual rector Walter Mazariegos —aliado político del presidente Alejandro Giammattei—, en la que se impidió votar a electores disidentes. Los activistas incluso tildan a Mazariegos de “narco-rector”. Está previsto que se postule a la reelección el próximo año, de nuevo sin garantías de un proceso transparente.
A raíz de la ocupación de la USAC, la oficina de la fiscal general Consuelo Porras ha acusado a decenas de estudiantes, profesores y otros empleados de delitos como destrucción de patrimonio cultural, asociación ilícita o tráfico de influencias. En noviembre de 2023, los fiscales realizaron 33 allanamientos y emitieron 27 órdenes de captura, incluyendo al exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien hace pocos días anunció que ahora lleva tres años en el exilio.
Los cargos, que continúan ampliándose contra más estudiantes, fueron tan descarados que, en otro intento más de impedir ilegalmente que asumieran sus cargos, el Ministerio Público acusó en 2023 hasta al presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera de “dañar el patrimonio nacional”. Esto por haber publicado en sus redes sociales mensajes de apoyo a los estudiantes en medio de la campaña electoral.
Ya en mayo de este año, el Consejo Superior Universitario de la USAC expulsó a 10 estudiantes reconocidos por su excelencia académica que habían participado en las protestas contra Mazariegos. Actualmente, el “caso USAC” abarca a 14 acusados, entre ellos estudiantes, académicos y sindicalistas. Las audiencias de dos casos apenas han llegado a la etapa intermedia debido a suspensiones recurrentes. Este próximo 27 de agosto, se espera que el segundo grupo de acusados avance hacia dicha etapa.
Lo que puede parecer desde fuera de Guatemala una lucha interna en realidad atraviesa las más altas esferas de la política nacional: la USAC es la única universidad del país que participa en la toma de decisiones dentro de más de 60 instituciones del Estado; tiene el poder de proponer legislación y cada cinco años elige a uno de los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el tribunal más poderoso del país.
Los señalamientos de corrupción contra la rectoría de la USAC no son nuevos. La elección de Mazariegos, quien durante años fue decano de Humanidades, ocurrió tras el arresto en febrero de 2021 de los exrectores Murphy Paiz y Estuardo Gálvez, acusados de asociación ilícita, tráfico de influencias y violaciones a la constitución.
Pero la elección de Mazariegos alcanzó nuevos niveles: mientras la policía y otros grupos de choque bloqueaban la entrada de la mayoría de votantes opositores, el CSU no logró el quórum necesario para el voto. Los opositores de Mazariegos también argumentan que él solo contaba con tres años de experiencia docente, pese a que los reglamentos exigen al menos cinco para ejercer el cargo de rector.
“Este es el caso más descarado de violación a la autonomía universitaria. Un tribunal intervino a pesar de que los propios reglamentos universitarios indican claramente por qué no debía realizarse la elección”, dice a El Faro el exlíder estudiantil sancarlista Andrés García, quien fue expulsado de la universidad y ahora es asesor del bloque legislativo del partido gobernante Semilla. “Recuperar la universidad es para nosotros empezar a recuperar el país”, añade.
El paro en Guatemala resucita al movimiento sancarlista
La defensora de derechos humanos Iduvina Hernández ve la elección de Mazariegos como un signo del declive de la USAC, institución que en el pasado jugó un papel clave en la resistencia contra el autoritarismo. Según ella, el exilio, la desaparición forzada y el asesinato de activistas universitarios durante los 36 años del conflicto armado fueron el preludio del fraude y la criminalización que hoy vuelven a poner en entredicho la autonomía de la única universidad pública del país.
“Allí es donde vemos entonces una ausencia en la práctica de respeto y de apego a la normativa universitaria y al estado de derecho que regula la vida universitaria”, afirma Hernandez. La autonomía de la USAC, agrega, “sirvió en épocas pasadas para que la universidad fuera una autora de primer nivel en la vida nacional”.
Temor a una nueva Nicaragua
En El Salvador, la crisis universitaria aún está lejos del nivel de asfixia financiera e intimidación que se vive en Nicaragua. Nayib Bukele no ha logrado someter a la academia a su control: aunque gran parte de la sociedad civil y la prensa enfrentan hostigamiento policial sistemático o el exilio, la UCA sigue siendo una de las pocas voces que critican abiertamente al régimen de Bukele y, lo más importante, desde dentro del país.
Pero eso no significa que la principal universidad de El Salvador esté libre del temor que persigue a la sociedad civil. Dos fuentes cercanas a la UCA, que solicitaron hablar en anonimato por miedo a represalias, coincidieron en que existe un temor real de sufrir una persecución similar a la que enfrentó la UCA en Nicaragua. La Asamblea controlada por Bukele intentó presionar a la universidad al interpelar al rector Andreu Oliva en 2022 ante una comisión sobre las ONG “fachada” que supuestamente malversaron fondos de gobiernos anteriores.
La aprobación en mayo de una Ley de Agentes Extranjeros en los pasos de Nicaragua ha puesto en alerta incluso a la Universidad de El Salvador (UES), además de otras instituciones de educación superior. En una entrevista con El Faro a finales de junio, el rector Juan Rosa Quintanilla admitió no saber con certeza cómo afectará la ley a la universidad, aunque el Consejo Universitario de la UES ya ha expresado su preocupación.
Durante su campaña presidencial en 2018, Bukele prometió reforzar el apoyo a la UES. Desde entonces, ha acumulado una deuda considerable con la universidad, que ascendió a $29.8 millones de dólares en febrero de este año, lo cual afectó servicios básicos, investigaciones y contratos. Esto a pesar de que el gobierno ha utilizado repetidamente las instalaciones universitarias para eventos, como los comicios de 2024. Mientras tanto, la UES ha dependido fuertemente de donaciones internacionales para mantenerse operativa.
Quintanilla afirmó en el momento de la entrevista que la deuda del gobierno se había reducido drásticamente a un total de $1.981 millones. “Hay preocupación entre los donantes internacionales sobre cómo esta (Ley de Agentes Extranjeros) impactará su capacidad de apoyar a la universidad. Honestamente, no conozco a fondo el contenido de la ley”, aseguró Rosa Quintanilla. “No podemos desmantelar todo lo que hemos construido para sostener la vida universitaria durante la crisis financiera, porque podría repetirse un escenario en el que no haya presupuesto.”
La década entre los años 40 y 50 fue clave para los movimientos estudiantiles en Centroamérica al lanzarse a la lucha por la autonomía universitaria en las instituciones de educación superior. A medida que la región vive un retorno del autoritarismo, el historiador salvadoreño Héctor Lindo señala que una constante en estos gobiernos es la hostilidad hacia la educación superior. Los estudiantes que piensan de forma independiente resultan molestos.
Al igual que Lindo, la defensora de derechos humanos Iduvina Hernández también resalta que el pensamiento crítico que se cultiva en estas instituciones es fundamental para la defensa de las libertades, los derechos y la lucha contra el abuso de poder. “En la medida en que dictadores y abusadores se sientan amenazados por el pensamiento crítico de las universidades autónomas, van a limitar su autonomía”.